Carta al Director – Adolfo Paúl

Viña del Mar, 13 de julio de 2020.

Estados de excepción, RUF y certeza jurídica

Señor Director:

El Jefe de Gabinete del MDN Pablo Urquízar, en carta al Director publicada en La Tercera el lunes 13, refuta lo dicho por Francisco Orrego en su carta del domingo 12, en el sentido de que las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) vigentes son “verdaderas camisas de fuerza para que los uniformados puedan cumplir con su deber” y señala que tales reglas buscan otorgar “certeza jurídica” al personal militar.

Lo cierto es que tales RUF son tan restrictivas que le impiden a los miembros de las FF.AA. emplear todas sus capacidades para disuadir o reprimir a terroristas que quemen iglesias, saqueen e incendien supermercados o ejecuten otros actos de violencia vandálica.

Según el decreto que las establece (del 22/02/2020) los miembros de las FF.AA. “sólo” podrán usar armas de fuego “en legítima defensa y en el caso de que recintos militares o instalaciones de la infraestructura crítica sean atacados por personas que utilicen o se apresten a utilizar armas de fuego u otras armas letales”. Es decir, prácticamente, podrán actuar solo como meros espantajos.

La única certeza jurídica es que si ellos hicieren uso de sus armas de fuego a fin de cumplir su consigna, fuera de los casos precedentemente indicados, serán procesados y condenados a severas penas de prisión por violar los derechos humanos; lo que los inhibe, incluso, para usar sus armas en defensa propia, como lo hemos visto en casos de carabineros que son atacados con bombas molotov u otro tipo de armas letales.

                 Atentamente le saluda.

Adolfo Paúl Latorre

Abogado

Fraude de ley

Señor Director:

Las normas que le otorgan al Presidente de la República iniciativa exclusiva en materia administrativa y financiera son de antigua data en nuestras constituciones políticas.

El proyecto de reforma constitucional que autoriza el retiro de fondos de las AFP vulnera la norma del artículo 65 de nuestra Carta Fundamental, cuyo sentido y alcance son claros: evitar iniciativas legales en materia de seguridad social imprudentes o demagógicas que puedan importar gastos al erario; que en este caso “podría resultar en un aumento de la deuda pública de hasta 18 mil millones de dólares” (Ref. carta al Director “El 10% y el marco fiscal”, El Mercurio, Santiago, 12/07/2020).

Se ha dicho que tal proyecto es un “resquicio legal”. En realidad es más grave, pues constituye un “fraude de ley”; aquella argucia por la que amparándose en una norma se disfraza la realidad en pro de alcanzar ciertos objetivos que no son los propios de esa norma y que además están prohibidos por otras o que son contrarios al ordenamiento jurídico en general.

A fin de evitar este fraude, antes de aprobar la reforma propuesta debería aprobarse una disposición constitucional que derogue el precitado artículo 65.

                          Atentamente le saluda.

Adolfo Paúl Latorre

Abogado

Viña del Mar, 12 de julio de 2020.

Fraude de ley

Señor Director:

         Las normas que le otorgan al Presidente de la República iniciativa exclusiva en materia administrativa y financiera son de antigua data en nuestras constituciones políticas.

El proyecto de reforma constitucional que autoriza el retiro de fondos de las AFP vulnera la norma del artículo 65 de nuestra Carta Fundamental, cuyo sentido y alcance son claros: evitar iniciativas legales en materia de seguridad social imprudentes o demagógicas que puedan importar gastos al erario; que en este caso “podría resultar en un aumento de la deuda pública de hasta 18 mil millones de dólares”; según lo dicho en la carta al Director de José de Gregorio y otros, publicada en El Mercurio de Santiago el día 12 de julio del año en curso, bajo el título “El 10% y el marco fiscal”.

Dicho proyecto sería dictado en fraude de ley, que ocurre cuando se ejecuta un acto al amparo formal de una norma para conseguir un propósito prohibido por otra o contrario al ordenamiento jurídico en general, como ha señalado Hernán Corral Talciani. A fin de evitar este fraude, antes de aprobar la reforma propuesta debería aprobarse la agregación de una disposición constitucional que derogue el precitado artículo 65. 

                 Atentamente le saluda.

Adolfo Paúl Latorre

Abogado

Viña del Mar, 11 de julio de 2020.

Gobiernos de coalición  

Señor Director:

En relación con la situación de “Chile Vamos” nos parece pertinente citar a Karl Popper, quien se ha referido a las devastadoras consecuencias del sistema electoral de representación proporcional y a la conveniencia de un sistema bipartidista o algo que al menos se le acerque, ya que este último alienta a sus dos partidos a vivir un continuo proceso de autocrítica. El sistema proporcional tiende a aumentar la cantidad de partidos existentes, lo que a primera vista parece deseable: más partidos permiten más posibilidades de elección, más oportunidades, menos rigidez, más crítica y, por lo tanto, una mejor distribución de la influencia y del poder.

Esta primera impresión resulta totalmente engañosa. La proliferación de partidos conduce a hacer inevitable un gobierno de coalición, lo que dificulta su integración y la posibilidad de mantenerlo unido durante un tiempo razonable. Un gobierno de coalición significa la debilitación de la responsabilidad y, a menudo, permite que partidos pequeños ejerzan una influencia desproporcionadamente grande en las decisiones del gobierno, si están en condiciones de decidir con cuál de los dos grandes partidos aliarse.

En un sistema bipartidista —o de grandes bloques, que reflejan las grandes corrientes de opinión¾ el partido derrotado tiende a tomarse en serio su fracaso electoral y lo lleva a una reforma interna o a la revisión de sus metas y a la búsqueda de ideas nuevas; no así en un sistema de múltiples partidos que ven la derrota como parte del juego, ya que ninguno ha asumido responsabilidades claras. Contrariamente a lo que a primera vista se piensa, los sistemas de dos partidos suelen ser más flexibles que los pluripartidistas.

                                   Atentamente le saluda.

Adolfo Paúl Latorre

Abogado

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