Un Programa Político para Reemprender la Marcha

Sea por impedimento, vacancia o destitución, el período del actual Presidente de la República puede acortarse y dar comienzo a la carrera presidencial.

Dado que la derecha ni la izquierda -causantes de la crisis que vivimos- está en condiciones de identificar ni menos corregir sus causas, parece necesario que los grupos sociales responsables -Los Ciudadanos Comunes- entre los cuáles nos contamos preparen y propongan una alternativa.

Ya no basta más de lo mismo, es necesario corregir los déficits y potenciar los aciertos.

EL PROBLEMA

El país carece de liderazgos, los líderes políticos han fracasado en su función de intermediadores entre la ciudadanía y el estado; en su función negociadora entre los grupos de interés nacional y en la generación de ideas y soluciones para superar la crisis social y política que aqueja a Chile.

El Estado de Chile está en profunda descomposición.

En este momento histórico, el liderazgo político para la renovación de las prácticas políticas, corresponde a los Ciudadanos Comunes y su expresión productiva y creativa, los Empleados, los Profesionales, los Trabajadores independientes y las Pequeñas y Medianas Empresas, son fundamentales para promover las ideas y valores que hagan un Chile grande. Es el grupo integrado por los hombres y mujeres de trabajo de Chile, representantes del más profundo sentido común de los chilenos y los que sufren en forma más dura las inepcias de Estado, en sus tres componentes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Tenemos el derecho y el deber de hablar por los que no tienen voz, por los que son usados sin ser escuchados.

El problema de base: Decadencia del Estado.

Creemos que la institucionalidad estatal está enferma de muerte. Nació en una época ya pretérita y no ha incorporado los cambios sociales, económicos, políticos, tecnológicos, geopolíticos ocurridos en el último medio siglo.

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han conformado una oligarquía anticuada, autoreferente y anquilosada, con formas, rituales, intereses, procedimientos y fines que satisfacen las necesidades y preferencia de sus miembros e ignoran por completo a la ciudadanía.

Un ejemplo actual es el debate para hacer una Nueva Constitución. El reclamo de la ciudadanía ante deficiencias graves en temas como las pensiones, los sueldos, el endeudamiento de las personas, la salud, la educación, el cambio climático, el transporte público, la violencia y el vandalismo ideologizado y otras demandas concretas, que se resuelven en el ámbito legislativo y podrían haber sido enfrentadas desde ahora mismo, han terminado transformadas en un debate Constitucional prolongado, innecesario e ideológico que retardará en años el comienzo de las acciones para enfrentar las necesidades reales de los ciudadanos y concretar las soluciones. Es imprescindible que Chile tenga una Constitución estable, para ello, es más razonable modificarla que reemplazarla. Todas las materias que interesan a los chilenos, pueden y deben ser enfrentadas ahora, corrigiendo en el proceso aquellos aspectos en que las disposiciones Constitucionales entorpezcan su diseño o tramitación, mediante modificaciones puntuales. Los caprichos de las oligarquías políticas que administran deficientemente el Ejecutivo y el Poder Legislativo no pueden ser más importantes que las realidades de la vida de las personas. El Poder Judicial, por su parte, ha derivado en una casta que se auto genera, en medio de luchas internas alejadas por completo de la aplicación y perfeccionamiento de la justicia, con asociaciones y relaciones ilícitas con actores políticos y comerciales y con la adscripción de algunos de sus miembros a ideologías pretéritas a las que siguen fieles. La prevaricación y el abuso a los DDHH de los Militares y Policías, aplicados en sede judicial, ya no son tolerables. La falta de imparcialidad no puede continuar.

Declaración de principios del Ciudadano Común.

Condenamos todo acto de Intolerancia, descalificación, persecución o violencia contra la libertad de conciencia y el libre ejercicio de la fe.

Creemos en la existencia de Deberes y Derechos y que la sociedad no puede existir si ambos no son establecidos, cumplidos y respetados, simultáneamente y sin excepción, por todos los miembros de la sociedad. Defendemos la libertad de las personas y la autonomía de sus cuerpos sociales intermedios.

Exigimos la igualdad ante la Ley, sin excepciones ni excusas. Nos comprometemos a luchar hasta restablecer el imperio de la ley en Chile.

Creemos en la familia y promovemos su protección y defensa. Siendo la base de la sociedad, creemos que los ataque dirigidos a debilitarla o destruirla, atentan contra la Patria.

La Patria se materializa en el conjunto de ciudadanos comunes que viven y trabajan por su grandeza y seguridad y tratan de crear las condiciones económicas, sociales, políticas, de paz, de seguridad y de armonía social que les aseguren a todos una vida buena y justa. La Patria, se construye a lo largo de muchas generaciones y cada una de ellas tiene la obligación de hacerla avanzar hacia esa meta.

Consideramos que nuestra nación posee una identidad propia fundada en su historia, geografía, tradición y costumbres, con soberanía política, jurídica e integridad territorial y que es importante y conveniente conservarla y protegerla. Somos una Nación racialmente mestiza, en que sus diversas combinaciones étnicas pueden y deben convivir armónicamente, bajo un solo Estado.

El elemento fundamental de la paz y el progreso es la combinación de justicia social, solidaridad y subsidiaridad del Estado en lo económico y en lo social, elementos que, en ningún caso, reemplazan o sustituyen a la autonomía, la responsabilidad y el esfuerzo personal.

Creemos en la economía social de mercado, la iniciativa privada y la limitación de la presencia y accionar económico y productivo del Estado. Promovemos la existencia de un Estado eficaz, sobrio, profesional, transparente, tecnificado, despolitizado y fiscalizador de la aplicación de la subsidiariedad del estado en el ámbito económico y en el apoyo a personas y grupos que no pueden integrarse por si mismas a la plena vida social.

Creemos que es urgente que el Estado juegue un rol de liderazgo indicativo y coordinador en materia de innovación, emprendimiento, descentralización y desconcentración económica. Claramente ese rol hoy día es más urgente que nunca, cuando las grandes empresas están sustituyendo masa laboral con transformación digital y las empresa medianas y pequeñas tienen que hacerse cargo de generar esos puestos de trabajo.

Las personas son el centro de nuestra atención social, en particular los niños y los adultos mayores que requieren de nuestra atención y cuidado preferencial debido a su indefensión y vulnerabilidad;

Queremos un Chile con muchos negocios en muchas manos, en vez de pocos negocios en pocas manos. Para eso el Estado debe velar por la competencia leal, el acceso a créditos en igualdad de condiciones y priorizar los emprendimientos productivos por sobre los negocios financieros.

Promovemos activamente la meritocracia y rechazamos toda discriminación, de cualquier especie. Creemos que todo ser humano tiene igual valor intrínseco y debe contar con las mismas posibilidades para perfeccionarse, progresar y ascender social, económica y culturalmente. Esto implica igualdad de oportunidades efectivas, de emprendimiento individual y colectivo. Estas condiciones no se producen sin el esfuerzo y trabajo del interesado y el apoyo de la sociedad que lo rodea.

Consideramos que la conservación y cuidado del medio ambiente son obligaciones de todos los ciudadanos, sin excepción y en toda circunstancia y actividad.

Como forma de acción política rechazamos la corrupción, el populismo, el elitismo, el nepotismo, la discrecionalidad, la lucha de clases y el abuso de poder. Somos particularmente críticos del sistema de partidos actualmente existentes, de la baja calidad personal, profesional y de probidad de muchos de sus miembros y de su abusiva condición de privilegio.

Rechazamos la interferencia de organismos Internacionales en asuntos de nuestra soberanía y autodeterminación. Exigimos la revisión de todos los compromisos y obligaciones contraídos con la Organización de las Naciones Unidas y cualquiera de sus agencias y la eliminación de aquellas que constituyen vehículos de ideologías e intereses nacionales de otros países y grupos.

Rechazamos el uso de la violencia política, delictual, terrorista y exigimos al gobierno el fiel y estricto cumplimento de la Constitución y las leyes para su control y erradicación. Rechazamos la violencia social que se manifiesta mediante tomas, marchas, amenazas, obstrucción a la libertad de movimiento y denegación de uso de espacios y vías públicas. Creemos que los partidos, movimientos o grupos que sostienen, practican o promueven la violencia política, el conflicto social y las conductas e ideas antidemocráticas, deben estar prohibidos de actuar, difundir y hacer proselitismo político y sindical. Son medidas de autoprotección que han sido descuidadas con grave daño para la sociedad.

Para nosotros, la acción social es un medio para promover y defender los derechos y necesidades de los ciudadanos chilenos: para servir, no para servirse. Los cargos políticos y sindicales de todas las clases y niveles no se pueden prolongar por más de cuatro años con excepción del presidente de la República cuyo período será de ocho años, sin reelección, con una instancia de confirmación en su cargo en el 4o año de su período.

Recuperar la soberanía ciudadana. Chile ha llegado al final de un camino en que las oligarquías políticas, asociadas con algunos detentadores del poder económico, han monopolizado la soberanía ciudadana y en ciertas materias y circunstancias, usan y abusan de su poder, en desmedro de la clase media. Es urgente restablecer -y si es necesario imponer- la solidaridad, la responsabilidad social y ejercer supervisión -correspondiente al principio de subsidiaridad del Estado- sobre la forma en que, ambos grupos, realizan sus actividades. Los parlamentarios son representantes de los ciudadanos ante el Estado, están sujetos a su control y supervisión y deben atenerse a sus directivas e instrucciones. Las leyes que trabajen y voten deben interpretar en forma explícita las preferencias de sus representados. La ciudadanía debe tener acceso oportuno y completo a toda la información necesaria para evaluar y juzgar el desempeño de sus representantes.

La Ley es el amparo y protección del Ciudadano Común frente al poder político, del dinero y de la delincuencia. Creemos firmemente en la ley y en su cumplimiento y aplicación siempre y a todos; en toda actividad y circunstancia. La primera necesidad a ser satisfecha integralmente y sin excepciones son la seguridad pública y la contención total de la violencia.

En esta coyuntura histórica y política de Chile creemos que hay que posponer las diferencia y unirnos en torno a los grandes temas que son vitales para el futuro de Chile y que se encuadran en torno a la defensa de la Constitución.

LOS TRES PILARES DEL CRECIMIENTO Y LA PAZ SOCIAL

El crecimiento y desarrollo espectacular que tuvo nuestro pais comenzó a decaer cuando sus pilares fueron debilitados y luego destruidos por la conducción económica y política destinada a ello. Políticas deliberadamente orientadas a ese propósito, negligencias graves e incompetencia culpable reiterada, terminaron por crear y agudizar contradiciones sociales que nos han traído a la crisis que vivimos.

Para poner fin a esta crisis y REEMPRENDER LA MARCHA tenemos que resolver prioritaria y urgentemente tres déficits:

1.- Educación: crear un sistema de educación universal, de alta calidad y exigencia, permanente, abierto a muchas alternativas que aseguren que todas las personas tengan disponibles la oportunidad de estudiar y avanzar hasta donde su capacidad y esfuerzo lo permita.

Reestructurar los currículos para revertir el proceso de “deconstrucción” de los valores sociales, nacionales y morales, a que han sido sometidos los chilenos como parte de un programa antidemocrático y revolucionario. El desmantelamiento de la Educación Sexual Integral; la Autonomía Progresiva (PIN Parental) y la ideologización de la educación escolar deben ser erradicados a la brevedad. La educación es la única garantía de paz, movilidad y justicia social.

2.- Aplicación Social del Principio de Subsidiariedad. La aplicación de ese principio al ámbito productivo ha sido un éxito reconocido mundialmente, pero su aplicación no fue integral. En efecto, existen personas, familias y sectores sociales y económicos que, por diversas razones, no pueden incorporarse a la vida social en condiciones autónomas y dignas. Ellos deben ser apoyados por la sociedad en su conjunto -sector privado y público- bajo la coordinación, supervisión y evaluación del Estado, responsable final de su éxito.

3.- Promoción de los emprendimientos unipersonales, pequeños y medianos, con apoyo y estímulo permanente y eficaz del Estado. Sin esta política no será posible enfrentar la profunda reestructuración de los procesos productivos que adopten la automatización, la robotización y la desconcentración, que producirán cambios profundos en el empleo y los salarios.

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO

1.- Paz y Convivencia social. Este es un problema prioritario, complejo y pluricausal, que a nuestro juicio debe abordarse en forma urgente por parte del gobierno.

2.- Gestión Económica. El primer problema es reconstruir la economía mediante una combinación de recuperación de los empleos perdidos y la creación de nuevos empleos adecuados para enfrentar la nueva economía que comienza a emerger. Es el momento de hacer un gran esfuerzo educacional, formativo y de capacitación. En este proceso el apoyo y participación empresarial es fundamental.

3.- Institucionalidad Política. Durante los últimos decenios, las instituciones políticas, particularmente los partidos políticos y sus representantes en el Congreso, han conformado una oligarquía que ha dejado de representar a los ciudadanos y se ha autonomizado para la satisfacción de sus propios intereses. Las condiciones tecnológicas de manejo de la información, de mayor educación de la ciudadanía y herramientas de supervisión y control, posibilitan un cambio cualitativo de la organización y gestión de las instituciones del estado, que devuelva la soberanía a los ciudadanos, que restituya a los representantes políticos en su condición de mandatarios de los primeros y los sustraiga del control de la oligarquías partidarias y de las influencias económicas de particulares. Las condiciones salariales, laborales, de privilegios, de prebendas, asignaciones e incompetencia técnica y deficiente nivel cultural de los parlamentarios se han vuelto intolerables y el sistema parlamentario debe ser sometido a una revisión y cambio profundo.

4.- Seguridad y cumplimiento de la ley. La sociedad chilena es presa de una creciente anomia. En nombre de la democracia y la autonomía personal se está produciendo una creciente desviación de la ciudadanía hacia conductas negativas como el crimen; la delincuencia juvenil; el tráfico de drogas y la drogadicción; la violencia doméstica; la violencia política y social; la ruptura familiar; el suicidio; los desórdenes mentales y el alcoholismo que en definitiva potencian el colapso de la gobernabilidad e impiden una vida social sana, respetuosa y segura. Este es un problema complejo y pluricausal, que nuestro juicio, debe enfrentarse desde tres perspectivas:

a.- Generar las condiciones y estimular la integración de todas las personas a la vida en sociedad, respetando los márgenes de su libertad y preferencias personales, ejercidos en el marco de las leyes.

b.- Exigir el cumplimiento de las leyes. En este sentido, en Chile se aplica más rigor en los pequeños crímenes que en los mayores. En efecto, los delitos económicos, de corrupción, de abuso de poder, de abuso de acceso a información privilegiada, de prácticas monopólicas o de concertación dolosa dañan a más personas y más gravemente que otros como robos y hurtos menores. Sin mencionar el grave daño a la cohesión social. La pena de cárcel debe incorporar el castigo según la gravedad social del delito.

c.- Alcanzar un grado aceptable de seguridad y paz basado en leyes universales, aceptadas y respetadas, requiere urgentemente un Poder Judicial de mayor calidad de su personal, tecnológicamente actualizado, imparcialidad e independencia que el actual, lo que implica un proceso de largo aliento, cuyas líneas generales deben ser debatidos en forma urgente y aplicados en forma inexorable.

Fernando Thauby García

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