El Plebiscito

Viña del Mar, 28 agosto 2020.

Adolfo Carrasco Lagos

Dada la cambiante evolución de las condiciones sanitarias a nivel nacional debido a la pandemia que nos afecta, el sentido común indica que el plebiscito del próximo 25 octubre debiera postergarse a una fecha que ofrezca a los ciudadanos que asistan a votar, una mucho mayor seguridad  de no ser contagiados.

Actualmente, algunas de las grandes ciudades que hace poco habían salido de su condición de cuarentena están volviendo a caer en ella, porque sus citadinos no respetan las sugerencias mínimas sanitarias que podrían afectar su salud.

Y este irrespeto para con el prójimo, de efectuarse el plebiscito en octubre en las condiciones actuales de inseguridad sanitaria,  podría aumentar los contagios de coronavirus en una gran cantidad de ciudadanos a nivel nacional.

Especial mención cabe hacer respecto a los ciudadanos de la 3ª y 4ª edad, que llevamos ya 5 meses en cuarentena, para que nos cuidemos y no nos contagiemos, por cuanto la mayoría de nosotros, si caemos, podríamos perder la vida dados los rigurosos procedimientos y el tiempo que involucra el estar sometidos, por ejemplo, a ventilación artificial.

Pero pareciera que estos serios problemas que afectan especialmente a los “viejos”, poco o nada interesan a los muchos políticos que insisten tozudamente que el plebiscito debe cumplirse, para conseguir y satisfacer sus ambiciones personales y partidarias. ¿Por qué tanto apuro? ¿Valen más las fechas programadas que la vida de muchos votantes? ¿No respetan esos políticos la vida de sus propios padres o abuelos? ¿Tampoco les importa no proteger la vida de miles de ciudadanos que se verán obligados a votar para que gane ya sea el “rechazo” o el “apruebo? Pareciera que, especialmente muchos políticos integrantes del Congreso Nacional, no han sopesado lo delicado de la situación a que quieren someter al ciudadano que concurra a votar y al resto de los involucrados en el proceso, tales como los vocales y apoderados que deben atender durante toda “una jornada extendida” las miles de mesas instaladas a lo largo del país; con razón, muchos de los miembros del Senado y Cámara de Diputados son los funcionarios públicos peor evaluados del país; sólo piensan en sí mismos, importándoles “un comino” el resto de los chilenos.

 Si se aplaza el plebiscito, quedarán liberados por ahora esos $31.000 millones reservados para esta consulta, que podrían usarse para cubrir otras necesidades urgentes del país, si así se decide.

Adolfo Carrasco Lagos

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