Carta al Director

Viña del Mar, 16 de septiembre de 2020.

Proceso constituyente y plebiscito ratificatorio

Señor Director:

En las encuestas efectuadas con anterioridad al “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución” suscrito el 15 de noviembre de 2019, el cambio de la Carta Fundamental ocupaba uno de los últimos lugares en el listado de temas de preocupación ciudadana.

El proceso constituyente en curso tuvo origen en el precitado acuerdo y fue impulsado por minorías políticas que se valen de la violencia para alcanzar sus fines: un cambio profundo del orden político, social y económico de nuestra comunidad nacional; el cambio de la institucionalidad actual, propia de una sociedad libre y responsable, y su reemplazo por otra de orientación colectivista, igualitarista y estatista, que lleva en sí el germen del totalitarismo.

Los partidarios del “Apruebo” en el plebiscito constitucional, en su gran mayoría, tienen afinidad con los sectores políticos de izquierda, que son los que han venido promoviendo desde hace varios años el cambio de la Constitución mediante una Asamblea Constituyente y que pretenden instaurar “el otro modelo” o “el régimen de lo público”, eufemismos de “Estado socialista”.

El cambio de nuestra Carta Fundamental —en la eventualidad de que se impusiere la opción “Apruebo”— constituiría un asunto de tan enorme trascendencia, que exige que el nuevo texto constitucional propuesto a los ciudadanos en el plebiscito ratificatorio o “de salida” sea aprobado, en su integridad, con el voto conforme de a lo menos los dos tercios de los votantes. Ello debería quedar clara y categóricamente establecido, puesto que la norma del artículo 133 —“la Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio”— puede prestarse a interpretaciones antojadizas.

Atentamente le saluda.

Adolfo Paúl Latorre

Abogado

Viña del Mar, 14 de septiembre de 2020.

Debilitamiento de la Ley Suprema

Señor Director:

El debilitamiento de nuestra Constitución Política comenzó con un agujero en el dique del Estado de Derecho por el que ha estado entrando un hilo de agua y que, al no haber sido tapado oportunamente, se ha venido agrandando cada vez más y amenaza con destruir el dique entero.

Podríamos decir que el agujero primigenio fue la promulgación de la “ley de aborto” (21.030), no obstante que nuestra Carta Fundamental establece “la ley protege la vida del que está por nacer”. Para ello se utilizó el resquicio legal —forzamiento del propósito de una norma a fin de lograr un resultado deseado— de denominarla “despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”; en circunstancias que para tal despenalización habría bastado agregar un par de líneas en los artículos 344 y 345 del Código Penal. 

Lamentablemente el Tribunal Constitucional avaló tal despropósito al declarar que la referida ley es conforme con la Constitución Política. Otras resoluciones de ese Alto Tribunal han contribuido a debilitar la Ley Suprema, tales como las que —vulnerando las garantías constitucionales del debido proceso y de la igualdad ante la ley— han rechazado o declarado inadmisibles los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas que permiten la coexistencia de dos clasas distintas de justicia (con posterioridad a la fecha de entrada en pleno vigor del nuevo sistema procesal penal en todo el territorio de la República, el 16 de junio de 2005). 

Estos resquicios legales han llegado al extremo de lograr la aprobación de proyectos de ley inconstitucionales y al ejercicio de un “parlamentarismo de facto”.

                               Atentamente le saluda.

Adolfo Paúl Latorre

Abogado

Viña del Mar, 12 de septiembre de 2020.

Proporcionalidad en el uso de la fuerza

Señor Director:

Existe un concepto equivocado de la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Hay quienes piensan que se trata de una equivalencia: si un manifestante violento agrede a un policía con piedras, éste debe defenderse con piedras. Esta concepción es absurda.

Para combatir con éxito la violencia ilegítima e imponerse a quienes la ejercen, las instituciones encargadas de aplicar la violencia física legítima del Estado deben actuar con una potencia superior. La violencia física no solo es legítima —cuando es aplicada por la autoridad legítima— sino que es justa, cuando es adecuada para lograr mediante ella la restitución del orden exigido por el bien común.

La proporcionalidad consiste en la respuesta a la pregunta: ¿cuánta fuerza utilizar? Ella debe estar en proporción a la resistencia ofrecida, a la gravedad del delito, al peligro representado por los violentistas, a la situación que se controla y al objetivo legítimo que se persigue, lo que en casos extremos justifica el empleo de medios letales.

La desproporción en el uso de la fuerza no solo se puede predicar respecto de la que es excesiva para cumplir con un determinado fin, sino que también respecto de la que es insuficiente para lograrlo.

Si bien el Estado tiene la prohibición de abusar de la fuerza, tiene la obligación de usarla para reprimir la delincuencia, los actos vandálicos, la subversión, el terrorismo y la insurrección revolucionaria a fin de garantizar el Estado de Derecho y el orden institucional de la República.

                                    Atentamente le saluda.

Adolfo Paúl Latorre

Abogado

Viña del Mar, 12 de septiembre de 2020.

Infraestructura crítica, RUF y disuasión

Señor Director:

            En relación con el proyecto de reforma constitucional que faculta a las FF.AA. para proteger la infraestructura crítica sin necesidad de decretar estados de excepción, el Jefe de Gabinete del ministerio de Defensa Nacional Pablo Urquízar, en cartas publicadas en El Mercurio el 9 y el 12 del mes en curso, dice: “De este modo, las FF.AA. podrían cumplir adecuadamente el resguardo de bienes públicos cuyo normal funcionamiento es esencial para la vida de los chilenos” y que ellas pueden emplear sus armas “cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida”.

            Al respecto cabría comentar que si un militar hiciere uso de sus armas de fuego a fin de cumplir la consigna recibida y de ello resultaren personas heridas o fallecidas, difícilmente la Fiscalía o un tribunal ordinario le aplicará la eximente de responsabilidad criminal establecida en los artículos 208, 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar (puesto que, como la experiencia lo indica, estos órganos del Estado tienden a favorecer a los delincuentes y a perjudicar a los mlitares).

            Por otra parte, difícilmente las FF.AA. podrían “cumplir adecuadamente” dicha tarea de resguardo si estuvieran sujetas a las Reglas de Uso de la Fuerza para las FF.AA. en los Estados de Excepción Constitucional (RUF) actualmente vigentes (D.O. 22/02/2020), las que son tan extremadamente restrictivas que prácticamente dejan a los militares sin capacidad disuasiva o represiva alguna contra quienes están dispuestos a cometer o que están cometiendo actos terroristas, vandálicos o de violencia insurreccional (ellas establecen que los miembros de las FF.AA. podrán usar armas de fuego en legítima defensa y “sólo en el caso de enfrentamiento con personas que utilicen o se apresten a utilizar armas de fuego u otras armas letales, en los siguientes casos: en un ataque actual o inminente a un recinto militar y en la protección de las instalaciones, sistemas o componentes de empresas o servicios, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública cuya perturbación en su funcionamiento o destrucción tendría un grave impacto sobre la población”).

Un comentario final: La disuasión es un efecto psicológico que se logra mediante la amenaza de un daño que el agresor no está dispuesto a aceptar; que los beneficios que espera lograr si actúa no compensarían los daños que podría sufrir. Ella consiste en hacer temer al enemigo incluso su propia victoria. El efecto disuasivo no se logra con la presencia de militares que tienen prohibido el uso de sus armas de fuego o que no tienen la voluntad para emplearlas por el temor a que si lo hicieren serían encarcelados por “violar los derechos humanos”.

                           Atentamente le saluda.

Adolfo Paúl Latorre

 Abogado

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