Carta al Director

Viña del Mar, 4 de octubre de 2020.

Asalto al Palacio de Invierno

Señor Director:

Comentando lo manifestado por Agustín Squella —hay que preocuparse más del millón doscientos mil chilenos presentes en la marcha de octubre 2019 y no de cincuenta vándalos— el destacado columnista Andrés Montero Jaramillo dijo: “Los vándalos fueron miles en todo Chile, estaban organizados y el daño que le hicieron a Chile y a los chilenos fue terrible. No es descartable que vuelvan a la carga y para eso hay que tener un plan preciso de acción, de lo contrario es posible que bajen por Alameda y se instalen en La Moneda”.

            No es por ser catastrofista, pero estas crudas palabras de Andrés Montero describen una posibilidad que debe ser tomada en serio.

En cualquier momento podrían reanudarse los actos de violencia y de destrucción vandálica iniciados con el estallido terrorista del 18 de octubre, impulsados por los promotores de la subversión y de la insurrección revolucionaria en curso, quienes se sienten libres y envalentonados para cometer tales actos porque no encuentran resistencia alguna, ni moral —ya no han sido condenados categóricamente; por el contrario, hay quienes los legitiman— ni física, puesto que no ha habido Fuerzas de Orden ni FF.AA. que se les opongan eficazmente. Esto último porque tales Fuerzas están sometidas a unas Reglas de Uso de la Fuerza tan extremada e imprudentemente restrictivas que, prácticamente, le impiden a los miembros de tales instituciones utilizar armas letales, dejándolos  sin capacidad disuasiva o represiva —ni siquiera serían capaces de evitar que turbas descontroladas destruyeran las mesas (urnas y libros de registro) e, incluso, incendiaran los locales de votación durante el próximo acto plebiscitario—, dejando a Chile indefenso y condenado a caer en manos de quienes están promoviendo la anarquía, el caos, la disolución social y la insurrección revolucionaria a fin de derrocar al gobierno legalmente constituido, hacerse con el poder total e instaurar una tiranía totalitaria que ahogaría la vida, la libertad, la propiedad y los demás derechos humanos de los ciudadanos. En un eventual asalto decisivo al “palacio de invierno” los revolucionarios usarían todo su potencial, incluidas las armas que tienen guardadas “por si las moscas”.

El Estado no solo tiene el derecho, sino que el deber de defenderse, con todos los medios a su alcance, aunque para ello sea preciso adoptar medidas extremas. Los gobernantes, por deber de autoridad, están obligados en justicia a aplicar la violencia física legítima del Estado para reprimir a quienes subvierten el orden social; los que no están dispuestos al diálogo o a escuchan razones, que no desisten en su empeño por llamados al orden y no son disuadidos por amenazas de “querellas contra quienes resulten responsables”.

Salus populi suprema lex est (la salvación del pueblo es ley suprema) era el primer principio del Derecho Público Romano. La historia solo condena a los pueblos que renuncian a defenderse.

                                  Atentamente le saluda.

Adolfo Paúl Latorre

Abogado

Viña del Mar, 6 de octubre de 2020.

Últimos hechos de violencia 

Señor Director:

            En relación con el artículo editorial publicado el 6 de octubre en El Mercurio de Santiago “Peligrosa normalización de la violencia” y el artículo titulado “Grupos más violentos y con alto poder de fuego protagonizan últimos hechos de violencia rural en Arauco y la Araucanía” en el que se cita al intendente Víctor Manoli quien reconoce que “ha fallado la inteligencia y se han permitido estos hechos de violencia”, cabría comentar que no solo ha fallado la inteligencia, también ha fallado la ley 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad, pues exige probar un hecho subjetivo que se basa en el fuero interno de una persona, como lo es la intención de los imputados, lo que hace prácticamente imposible condenar a quienes cometen actos terroristas. 

Hechos tales como la instalación de artefactos explosivos, atacar con armas de fuego o quemar vivas a personas, incendiar casas, escuelas, iglesias, vehículos o maquinarias, sin que tales actos vayan en beneficio económico de quienes los cometen, son hechos objetivos que constituyen per se una conducta terrorista.

Por otra parte, han fallado las autoridades al negarse a reconocer la realidad de la situación: que tales actos violentos son ejecutados por grupos de combatientes armados que utilizan una estrategia denominada “guerra de guerrillas”. No se trata de algo parecido a la guerra, es guerra de verdad y debe ser tratada como tal; teniendo en consideración que los guerrilleros tienen las ventajas de su gran movilidad, el conocimiento del terreno, su habilidad para diluirse entre la población civil, y su actuación en pequeños grupos y sin uniformes identificativos, lo que les permite operar de manera oculta y sorpresiva, moverse con rapidez y reunirse y dispersarse sin dejar rastro.

Como ha señalado el presidente de la Multigremial de La Araucanía Luciano Rivas: “mientras exista impunidad, los violentos seguirán libres quemando fuentes de trabajo, disparando, hiriendo y matando personas”. 

                                Atentamente le saluda.

Adolfo Paúl Latorre

Abogado

Viña del Mar, 7 de octubre de 2020.

Uso de la fuerza 

Señor Director:

            Carabineros manifestó que “el uso de la fuerza supone vencer la resistencia de los infractores a someterse al procedimiento”. Evidentemente, para vencer la resistencia de violentistas, Carabineros debe aplicar una violencia superior. 

Existe un concepto equivocado de la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Hay quienes piensan que se trata de una equivalencia.

Para imponerse sobre quienes cometen actos vandálicos u otro tipo de violencia ilegítima, las instituciones encargadas del orden público deben actuar con una violencia superior. La violencia física no solo es legítima, cuando es aplicada por la autoridad legítima, sino que es justa cuando es adecuada para lograr mediante ella la restitución del orden exigido por el bien común.

La proporcionalidad consiste en la respuesta a la pregunta: ¿cuánta fuerza utilizar? Ella debe estar en proporción a la resistencia ofrecida, a la gravedad del delito, al peligro representado por los violentistas, a la situación que se controla y al objetivo legítimo que se persigue, lo que en casos extremos justifica el empleo de medios letales.

La desproporción en el uso de la fuerza no solo puede predicarse respecto de la que es excesiva para cumplir con un determinado fin legítimo, sino que también respecto de la que es insuficiente para lograrlo.

El Estado tiene la prohibición de abusar de la fuerza, pero por otra parte tiene la obligación de usarla para reprimir la delincuencia, el terrorismo y la insurrección revolucionaria a fin de garantizar el Estado de Derecho y el orden institucional de la República.

                                    Atentamente le saluda.

Adolfo Paúl Latorre

Abogado

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