Cartas al director

Justicia transicional, no bondad:

En una columna publicada el lunes 14 en El Mercurio de Santiago, bajo este mismo título, Álvaro Ramis y Juan Ignacio Latorre dicen que en sociedades fracturadas, afectadas por graves conflictos y violaciones masivas a los DD.HH., la aplicación de un conjunto de medidas judiciales excepcionales permite la restauración de la confianza en las instituciones, el desescalamiento de la violencia y el mantenimiento de la paz. Este fue, precisamente, el objetivo buscado por la Ley de Amnistía de 1978.

Lamentablemente dicha ley solo le fue aplicada a quienes llevaban a cabo acciones de violencia revolucionaria, no a los militares y policías que debieron afrontarlos; muchos de los cuales, habiendo transcurrido más de cuatro décadas de ocurridos los supuestos hechos delictivos, están actualmente privados de libertad por sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes, vulnerándoseles principios esenciales del derecho penal —tales como los de legalidad, de irretroactividad de la ley penal y la presunción de inocencia— y sin habérseles respetado el derecho humano a un debido proceso.

Adolfo Paúl Latorre

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“Manifestantes” encapuchados:

Los carabineros no actuaron contra los “manifestantes” encapuchados que recientemente quemaron cuatro buses en la Alameda con Las Rejas y una sucursal bancaria en la esquina de calle Moneda con San Antonio —a pocas cuadras del Palacio de Gobierno— ni anteriormente contra las iglesias de la Asunción y San Francisco de Borja, como debieron haberlo hecho, porque habrían sido imputados como autores de delitos y calificados como un peligro para la sociedad y sus grupos familiares habrían quedado sin sustento.

Adolfo Paúl Latorre

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Veinte años de la reforma procesal penal:

Diversas personas han manifestado que la reforma procesal penal, que comenzó a aplicarse el año 2000, permitió dejar atrás un sistema inquisitivo, secreto, lento, con amplios espacios para la arbitrariedad y la vulneración de derechos humanos. Sin embargo, no quedó atrás para todos. Actualmente los ciudadanos se encuentran sometidos a dos clases distintas de justicia.

En efecto, a los militares y policías se les sigue aplicando el antiguo sistema de procedimiento penal (que le veda a los imputados el derecho a una adecuada defensa, a un juicio justo y a ser juzgados por un tribunal imparcial) porque los jueces y los legisladores le han dado carácter permanente a una disposición constitucional transitoria que —considerando la enorme magnitud de la reforma— fue establecida para permitir la entrada en vigencia gradual del nuevo sistema procesal penal en las diversas regiones del país.

La referida disposición autorizó la vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley durante el proceso de entrada en vigencia gradual (que comenzó el año 2000 en las regiones IV y IX y culminó el 2005 en la Metropolitana) puesto que en las regiones en las que ya había entrado en vigor el nuevo sistema procesal se aplicaba ese y en las que aún no entraba en vigor se aplicaba el antiguo, resultando penas muy diferentes por un mismo delito. Obviamente, cuando el nuevo sistema procesal penal entró en pleno vigor en todo el territorio nacional (el 16 de junio de 2005) tal disposición quedó tácitamente derogada.

Continuar aplicándole el sistema antiguo a una pequeña cantidad de personas, vulnerando lo dispuesto en el articulado permanente de nuestra Carta Fundamental y en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile —que garantizan la igualdad ante la ley y el debido proceso— constituye una discriminación absolutamente arbitraria, lo que está expresamente prohibido por nuestra Constitución Política.

Adolfo Paúl Latorre

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