La difícil situación que vive nuestro país

Viña del Mar, 17 diciembre 2020

Adolfo Carrasco Lagos

Cada día aumentan los hechos delictivos que se iniciaron violentamente el 18 octubre del año pasado. Los  malhechores han mejorado sus tácticas para cumplir sus fechorías; incluso ya usan y muestran al mundo sin empacho sus armas de fuego más modernas y de mayor calibre que las autorizadas a  carabineros, que son una de las dos fuerzas que existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior. Pero pese a esta delicada misión, Carabineros.ha sido cada vez más restringido en su actuar para que, por ningún motivo, vayan a afectar los derechos humanos de los mafiosos, que se han transformado en los regalones del INDH.

Ya se  considera como un acto normal, el robar lo ajeno y comerciar drogas; el destruir y quemar iglesias, estaciones del metro, escuelas, bancos, supermercados, monumentos nacionales, buses del transporte colectivo y, recientemente, los de propulsión eléctrica,  afectando a “clientes” de diferentes layas, desde grandes empresas privadas, más las fiscales, hasta pequeñas pymes.

Y cada vez más confiados en la comisión de sus fechorías, gracias a la inacción de las policías, ahora controladas por un nuevo Ministro del Interior que debe cumplir las disposiciones del mismo Presidente de los anteriores ministros, asaltan  con más confianza los cuarteles policiales con bombas incendiarias y grandes piedras que lanzan con hondas especiales.

Las bandas de narcotraficantes se atreven ya a “arreglar cuentas” a balazos entre si en las vías públicas, tanto de día como de noche, con el consiguiente peligro para la vida de los transeúntes; también, grupos de 20/30 mafiosos invaden y roban en pocos minutos tiendas ubicadas en el interior de diferentes “malles”. Hay que agregar a esta ya larga lista, los robos de camiones cargados de diferentes productos comerciales que transitan por las rutas interregionales, y los robos de mercaderías desde el interior de camiones mientras éstos circulan por las calles de Santiago a plena luz del día.

Y en la mayoría de estos desmanes siempre hay actores, activistas y terroristas extranjeros hispanoparlantes, que son una muestra de la mala calidad humana de muchos de los inmigrantes que por miles fueron introducidos al país sin control,  como por ejemplo, durante el gobierno de Michelle Bachelet. 

Cabe mencionar, además, que en la 9ª región ya existe un verdadero ejército informal que controla parte de esa región. Al respecto, el líder de la Coordinadora Arauco- Malleco (CAM) Héctor Llaitul, durante la presentación de un libro de su autoría en dependencias  de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en octubre del año pasado, resumió  la ideología terrorista y acciones de ese grupo a lo largo de sus veinte años de existencia, agregando que “la lucha de nuestro pueblo-nación no va a caminar sustancialmente si no tiene el acompañamiento de los diversos sectores o distintas expresiones de lucha.” Es por tal propósito que permanentemente estos terroristas amedrentan a los pobladores residentes en el sector que han elegido para instalarse, ya sea quemando los predios y cosechas de aquellos que no se subordinan a la CAM, y las maquinarias pertenecientes a empresas que laboran en el área, además de prohibir el acceso de chilenos, incluyendo a carabineros, a la comunidad de Temucuicui de la comuna de Ercilla, lo que ha sido tácitamente aceptado por las autoridades nacionales.

Respecto a este preocupante resumen del actuar delictivo en nuestro país, muy poco puede hacer el actual gobierno, por cuanto no cuenta con el apoyo ni la capacidad para enfrentar a una mayoría opositora en el Parlamento, ni para cumplir eficientemente lo estipulado en el artículo 24 de la Constitución Política de la República, que en parte reza que la autoridad del presidente de la República, quien es el Jefe de Estado, “se extiende  a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo a la Constitución y las leyes.”

Es por todo lo anterior que ha llamado profundamente la atención la presentación de un proyecto de indulto general, por razones humanitarias, presentado por senadores liderados nada menos que por la Presidente del Senado, Sra. Adriana Muñoz quien, recordemos, ya manifestó que ella no respetaría la Constitución de la República si así lo estimare. La acompañaron en esta presentación Isabel Allende, Yasna Provoste, Alejandro Navarro y Juan Ignacio Latorre.

El proyecto de indulto general se solicita para todos los formalizados por los delitos cometidos a partir del 15 octubre del año pasado, tales como la destrucción y quema de múltiples estaciones del metro, saqueos, incendios, porte de artefactos incendiarios, desórdenes públicos, atentados contra la autoridad y otros delitos.

En resumen, estos senadores solicitan indulto general para personas que cometieron múltiples delitos que destruyeron bienes pertenecientes a todos los chilenos, que han afectado los derechos humanos de millones de ellos y que su reposición o reparación ha costado al país muchos millones de dólares. ¡Increíble pero cierto!

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