Crisis de la Constitución Política o crisis de incumplimiento

FRENTE A LA CONVENCIÓN: IDEAS FUNDAMENTALES PARA DEFENDER CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE A LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA

11 de diciembre de 2020

Patricio Schiavetti Rosas

1.- Defensa del Presupuesto de las Fuerzas Armadas, en dos aspectos:

a) Financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional: este aspecto está regulado por la Ley N° 21.174, que modificó la antigua Ley del Cobre.

El financiamiento de las Fuerzas Armadas estará integrado por los recursos económicos que disponga la Ley de Presupuestos del Sector Público como aporte fiscal e ingresos propios en moneda nacional o extranjera, y por los recursos que dispongan otras leyes.

Los recursos económicos que se asignen en la Ley de Presupuestos del Sector Público se destinarán a financiar el desarrollo de las actividades generales de las Fuerzas Armadas y las capacidades estratégicas de la defensa.

En vital mantener el financiamiento, para la lograr la renovación y mantención del material de guerra para permitir la conservación de la capacidad disuasiva de Chile.

 b) El financiamiento de las actividades generales: que corresponde a personal, infraestructura, material, no estratégico. En esta materia, será responsabilidad de los Comandantes en Jefe respectivos, remitir al Ministerio de Defensa Nacional sus necesidades generales de presupuesto, para que previo a escuchar al Jefe Estado Mayor Conjunto, sea aprobado por el MINDEF, para que en definitiva se incorpore al Proyecto de Presupuesto que elabora el Ministerio de Hacienda anualmente.

2.- Desarrollo de la Industria Nacional de la Defensa:

Coordinadamente entre todas las Instituciones la Defensa Nacional, lo que incluye a Carabineros. Se debe lleve llevar adelante, en un estrecho trabajo con los Científicos y las Universidades. Lo anterior, en materia de satélites, misiles, sistemas de armas, centrales de información y combate, drones, construcción naval, armamento, munición, mantención conjunta de aeronaves y helicópteros, etc. Solo para mencionar algunas, ASMAR, en el caso de la construcción de naves n avales y civiles, FAMAE, en lo que se refiere a la fabricación de armas y municiones, la Fuerza Aérea, con su Empresa ENAER que fabrica aviones. Especial mención debe hacerse sobre el Proyecto de Desarrollo del Sistema Satelital de Observación de la Tierra, que reemplazará al Fasat Charlie, que fue lanzado el 16 de diciembre de 2011, y que se incluye dentro de las obras que celebran el bicentenario del país.  A lo anterior, se debe establecer como política la mantención de Exposiciones Internacionales que realiza la Armada y la Fuerzas Aérea (ENADE) lo que permite tener acceso al conocimiento de nuevas tecnologías en el área de la defensa y compartir experiencias. La construcción del nuevo Buque Antártico de la Armada que reemplazará al “Viel” y las futuras construcciones de buques de transportes que reemplacen el actual “Aquiles” y las Barcazas tipo Batral, y la planificación futura de buques de guerra, es un buen ejemplo de lo que sostengo.

En esta materia, se debe tener presente toda la industria privada de DEFENSA, como SISDEF, DESA, DTS y otros. También, de alguna manera agregar a este concepto toda la industria de apoyo, como los contratistas de ASMAR. Esto último, para hacer ver a las autoridades, todo el impacto que implica la Industria de Defensa en el país, en materia de desarrollo científico, puestos de trabajos, ideas innovadoras, etc.

3.- Mantención de los beneficios que el Sistema Previsional actual de CAPREDENA y DIPRECA otorga a los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, ya que todos los sistemas previsionales de las Fuerzas Armadas extranjeras, de países organizados, se considera el sistema de reparto, dependiendo de los recursos del Estado y de las cotizaciones de sus integrantes. Abrir la puerta para explorar la posibilidad de avanzar hacia un sistema de cuenta individual abandonando gradualmente el de reparto, administrado por las referidas Cajas, tomando en consideración la especial condición de las carreras de los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, modificación que en ningún caso puede significar una pérdida de beneficios, puede resultar absolutamente dañino para el personal de las Fuerzas Armadas. Lo anterior, se deja en el plano del análisis, dado que hay que no puede desconocerse que el sistema de reparto ha producido un serio déficit en CAPREDENA, el cual debe ser anualmente cubierto con presupuesto de la nación.

4.- Defensa del Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas y de Carabineros:

Hay que oponerse drásticamente a la idea de establecer un Seguro Único Solidario, el que se formaría con la concurrencia de todas las cotizaciones de los distintos sistemas, FONASA, ISAPRES, CAPREDENA, DIPRECA, Mutualidades. Esta reforma produciría como consecuencia el término de la salud de las Fuerzas Armadas, dotadas de Hospitales y Centrales Odontológicas Institucionales, destinadas a la atención preferente de su personal.

En esta materia se debe defender la Ley N° 19.465 que establece el Sistema de Salud Conjunto de las Fuerzas Armadas, que, entre otras materias, permite la contratación de personal médico, dentistas y otros especialistas del área de la salud.

En cuanto a ésta ley se debe propender a que las Instituciones incorporen en sus presupuestos el financiamiento para la compra y renovación de equipos de alto costo, la mantención de las infraestructuras, materias todas que no pueden quedar sujetas al financiamiento de los Hospitales que generan fondos propios en su gestión.

5.- Mantención de la Inamovilidad Relativa de los Comandantes en Jefe y del General Director General de Carabineros:

Esta materia fue modificada en el Gobierno de Ricardo Lagos, que estableció en el inciso segundo del artículo 104 la posibilidad que el Presidente de la República, mediante decreto supremo fundado e informado previamente a la Cámara de Diputados y al Senado, pueda llamar a retiro a los Comandantes en Jefe del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros, antes de completar su respectivo período de cuatro años que estipula el inciso primero del artículo 104 de la Carta Fundamental.

6.- Escuelas Matrices:

Importancia de mantener la configuración de dos Escalafones separados, uno de Oficiales y otro de Personal de Tropa, Gente de Mar y Carabineros, por los distintos grados de preparación, funciones y ejercicios de mando. Los primeros con estudios con rango universitario y los segundo a nivel técnico. En ésta materia en muy importante impedir la modificación de las Leyes Orgánicas Constitucionales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros contenidas en las Leyes Números 18.948 y 18.961, respectivamente.

7.- Carrera Institucional:

En cuanto a los ascensos y el acceso a los altos grados de ambos Escalafones, se debe propender al ascenso por mérito y perfeccionamiento, en lugar de años de servicios, cuestión que en el caso de la Armada se ha ido estableciendo y perfeccionando.

8.- Justicia Militar: En esta materia se deben realizar una serie de modificaciones:

a) Consagrar en el Capítulo relativo a los derechos y garantías constitucionales, la existencia en Chile de un sistema procesal penal único, el oral, derogando el sistema inquisitivo, por ser absolutamente anti democrático, vulnerar la garantía de igualdad ante la ley, y no reunir los estándares mínimos de un debido proceso. Para ello se debe, además, derogar el Código de Procedimiento Penal.

b) Modificar el Código de Justicia Militar con el fin de poner término a la aplicación del juicio inquisitivo, estableciendo a nivel constitucional un solo sistema procesal penal. Esta reforma evitará, entre otros aspecto, que los mandos como los Comandantes en Jefes de Zonas, tengan además atribuciones judiciales.

Se deben establecer Tribunales Orales Militares, integrados por dos Oficiales Generales y un Oficial de Justicia del Grado de Coronel o Capitán de Navío, para el conocimiento de delitos graves y Tribunales de Garantía Militares, integrados exclusivamente por Oficiales de Justicia, para los delitos de poca gravedad.

Junto con lo anterior, se debe consagrar la existencia de un Ministerio Público Militar encargado de investigar los delitos de competencia de la justicia militar, de formalizar y acusar a los imputados militares ante los Tribunales que correspondan.

Esta modificación de la justicia militar requiere de voluntad política, presupuesto y un proceso gradual, al igual como se llevó adelante la reforma procesal penal. En todo caso, para avanzar en ésta modificación, se podría emplear la infraestructura y personal de apoyo tanto en las Fiscalías Regionales y Locales como en los Tribunales de Garantía y Orales, a lo largo del país, con la integración propuesta, para conocer de los delitos militares. En esta materia, soy partidario de mantener el funcionamiento de la Corte Marcial de la Armada situada en Valparaíso (solo para conocer de delitos cometidos por miembros de la Armada) y de la Corte Marcial radicada en Santiago, (cuyo conocimiento es para los delitos cuya responsabilidad es de militares, aviadores y carabineros), para conocer de los recursos interpuestos ante fallos de los Tribunales de primera instancia y conservar la competencia de la Corte Suprema, especialmente en el caso de recursos de casación y de queja, que en el caso de la justicia militar se integra además, por el Auditor General del Ejército.

c) Modificación del Escalafón de Justicia: Para cumplir lo antes señalado se debe llevar adelante una profunda modificación de los Escalafones de Justicia.

En mi opinión, estos deberían contemplar cuatro categorías de especialización:

1.- Auditores Asesores de los Mandos: Oficiales de Justicia especializados en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Comercial, Derecho del Mar, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, Reglamento de Disciplina de la Armada, para permitirles desempeñarse ante la CJA., Estado Mayor Conjunto, Estado Mayor de la Armada, Dirección General del Personal, Dirección General de los Servicios, Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, Dirección de Finanzas, Comandancias en Jefe de Zonas, etc.

2.- Asesores del Área Operativa: Especialistas en Derecho de la Guerra, con Cursos previos de Informaciones y/o de Estado Mayor, para asesorar al Comando de Operaciones Navales y sus fuerzas dependientes, Aviación Naval, Infantería de Marina, Fuerza de Submarinos, Comando de Transportes, Buzos Tácticos Fuerzas Especiales, etc.

3.- Auditores del Área de Justicia y Administrativa: Oficiales especializados en el Código de Justicia Militar, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, Reglamento de Disciplina, que los faculte para desempeñarse ante el Ministerio Público Militar, Tribunales Orales o de Garantía Militares, Fiscalías Administrativas, para establecer las responsabilidades penales. En el caso de las responsabilidades administrativas del personal de las respectivas Instituciones, estas deben ser investigadas por un Fiscal Administrativo y previos descargos, ser falladas en la línea del mando, por los Comandantes de Reparticiones, buques, Comandantes en Jefe de Zona, Comandante en Jefe de la Armada, Ministro de Defensa y Presidente de la República. Lo anterior, para evitar que estas responsabilidades sean investigadas por el Contralor General de la República , como ha sido el caso de 7 Generales de Carabineros a los cuales se indaga por hechos estratégicos y no administrativos.

9.- Orden Público:

En esta materia propongo 3 Cursos de Acción:

a) Creación del Ministerio de Orden Público: en cargado de mantener el orden público y de combatir el delito, de establecer políticas orientadas a éste aspecto, trabajando codo a codo con Carabineros y la PDI, dotado de Psicólogos, Sociólogos e Inteligencia, con un plan especial para detener el tráfico de estupefacientes y de cambiar la vida del barrio, en que la entretención no sea la droga, sino que el deporte. La creación del nuevo Ministerio no significaría un mayor gasto dado que toda la Subsecretaría de Prevención del Delito pasaría a depender del recientemente creado Organismo. En esto, debe producirse una racionalización del empleo de las Fuerzas Policiales sacándolas de labores administrativas de manera de destinarlas a la calle, con mejores y mayores equipos y planes de perfeccionamiento, regidas bajo un principio fundamental, cual es el de permitirles el empleo correcta de la fuerza, sin la existencia de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) que coartan su actuar y con respaldo concreto posterior después de su intervención, apoyo legal, no sumarios o decretos de retiro.

b) El Ministerio del Interior: sería el Ente coordinador del Plan de Gobierno con los distintos Ministerios, Gobiernos Regionales, Gobernaciones y Comunas, encargado del Presupuesto Regional y de su correcta implementación a través de los CORES. En su actuar, deberá tener una estrecha relación con la Secretaría de la Presidencia para intervenir el apoyo de la aprobación de proyectos de ley de interés del Ejecutivo. Para lo anterior, debe primar una política de diálogo y de buenas relaciones con todos los sectores políticos del país, sean de gobierno y de oposición, dado que interesa más el bien de Chile y no de los partidos que representa el Ministro.

c) Policía de Investigaciones de Chile: Como un aspecto novedoso que propongo incorporar, es consagrar a nivel Constitucional en el actual artículo 101 inciso segundo de la Carta Fundamental, que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública estén integradas por Carabineros y la PDI y que conforme al inciso final de dicha disposición de señale que las “Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, son obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas.

Lo anterior, teniendo en consideración que la PDI es un cuerpo armado, que no existe el deseo que dependa del Gobierno de turno y se transforme en una Policía Política, que teniendo la capacidad en personal, infraestructura e inteligencia, vigile ilegalmente a autoridades de gobierno, parlamentarios, empresarios, miembros de la Iglesias, periodistas y personas de influencia nacional, con los correspondientes perjuicios que ello conlleva.

Se debe tener presente que en la actualidad la PDI, conforme a su Ley Orgánica Constitucional aprobada por Decreto Ley N° 2.460, de 1979, sólo expresa en su artículo primero que su personal está sometido a un régimen jerárquico y disciplinario estricto y lo que es absolutamente insuficiente.

En este orden de ideas, se debe incorporar al Director General de la PDI al artículo 104 al Director General de la PDI, quién al igual que los respectivos Comandantes en Jefe de cada una de las ramas de las FF.AA. y General Director de Carabineros, gozarían de inamovilidad relativo, pudiendo ser llamados a retiro por decreto fundado del Presidente de la República, informado previamente a la Cámara de Diputados y el Senado.

d) Agencia Nacional de Inteligencia: Se debe llevar adelante una profunda reestructuración y modernización de la ANI, estudiando experiencias de Agencias Nacionales extranjeras, como el caso del Reino Unido y Francia, que permitan contar con inteligencia oportuna de manera que el Ejecutiva pueda tomar medidas oportunas y preventivas a tiempo. No puede volver a suceder lo del 18 de octubre del 2019, que sorprendió al Gobierno con un vandalismo desatado, sin saber qué hacer y como detener las acciones violentistas y terroristas. Situación similar se debe adoptar frente a lo que acontece en la Araucanía, en que reina el terrorismo hace años, con intervención extranjera, con financiamiento derivado del robo de madera, de la comisión de otros delitos, robo de armas y explosivos y tráfico de estupefacientes. No se puede permitir la consolidación de un Estado dentro del Estado chileno.

En esta materia, se debe coordinar la labor de inteligencia entre la ANI, Carabineros y PDI, dotándolos de medios modernos, equipos y personal especializado en el exterior, con el fin de adoptar cursos de acción preventivos y no tener que actuar cuando los hechos de violencia se producen. Ser proactivos y no reactivos.

Indudablemente que en esta tarea, falta un Área de Contrainteligencia que nos habría prevenido lo que ocurrió en octubre de 2019.

e) Modernización y no Reforma de Carabineros: Estimo que se debe llevar adelante un proceso de modernización de la Policía Uniformada, respetando sus normas constitucionales, legales, reglamentarias e históricas, modificando sus planes de estudios, estudiando experiencias de policías amigas extranjeras, apartando a su personal de labores administrativas, creando una buena Contraloría Institucional, con personal interno especializado, que realice periódicas auditorías de la implementación del presupuesto y los gastos, en ningún caso por especialistas externos. En definitiva, de debe llevar adelante su modernización con Carabineros y no contra Carabineros, sin considerar la Comisión nombrada para el efecto, que pretende una reforma radical, que desconoce la realidad policial y su historia.

La reforma más importante y urgente para que Carabineros pueda funcionar, es lo referido a la línea de mando en que deben estar involucrados los políticos que disponen su empleo. Resulta que Carabineros, lo que hace es poner fuerzas equipadas y entrenadas a disposición de las autoridades políticas (Intendentes y Gobernadores) quienes disponen su empleo operativo, pero al momento de rendir cuentas, la responsabilidad queda radicada en el Director General cuya única actuación fue entrenar y equipar las fuerzas, y no en la Autoridad que dispuso su empleo. Ni hablar que alguna Autoridad política vaya a firmar un plan de operaciones.

En resumen, una reforma urgente es determinar el involucramiento de las Autoridades que disponen el uso de Carabineros. Se tienen que hacer responsables de sus decisiones, de lo contrario seguirá pasando lo que presenciamos, que los Carabineros terminan sumariados, con procesos en que son tratados por el Ministerio Público como imputados en circunstancias que son las víctimas, apartados de sus funciones por resolución del Gobierno y afectados con resoluciones de retiro.

El peligro para la ciudadanía es que ya los miembros de la Institución no querrán intervenir, para no verse afectados por estas decisiones, dado que no tienen el respaldo del Gobierno ni de su alto mando, lo que puede conducir a una seria sublevación.

A lo anterior, se debe agregar la exigencia para el uso de sus armas, el cumplimiento de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), que limitan y coartan el actuar de la Policía Uniformada, debiendo probar siempre que obraron en legítimo defensa. A lo antes expuesto, se debe agregar la presencia permanente del Instituto de Derechos Humanos, que fiscaliza de manera parcial y poco objetiva el actuar de Carabineros. Por último, en los respectivos procesos, estarán presente abogados de Derechos Humanos que destina el Ministerio de Justicia, que en nada contribuyen a que se tenga un proceso justo, imparcial, teniendo además presente la filiación política de los Fiscales y Jueces.

f) Desarrollo de la Policía Marítima: En materia de combate al tráfico de estupefacientes, se debe continuar otorgando medios, personal, inteligencia, equipos, a la Policía Marítima que tiene presencia a lo largo de todo el territorio nacional, debiendo perfeccionarse la legislación para que no existan dudas sobre sus facultades y existencia. En esto la Dirección General del Territorio Marítimo debe jugar un rol vital dado que tiene el presupuesto y la capacidad para dar un eficiente resultado a esta misión, teniendo presente que más del 50% del tráfico proviene por mar. En su actuar debe actuar coordinadamente con el Ministerio Público, Carabineros e Investigaciones y requerir los apoyos a las Fuerzas Armadas en las fronteras en cuanto a aviones con visores nocturnos, drones, vehículos todo terreno, equipos de radio, etc.

g) Instituto Hidrográfico y Meteorología: La Armada debe seguir apoyando al SHOA en sus importantes tareas de ser los previsores de la ocurrencia de tsunamis, tarea que le corresponde cumplir coordinadamente con la ONEMI, y de confeccionar y publicar las cartas náuticas que permiten una segura navegación tanto a buques de guerra como barcos mercantes. Para ésta última tarea, se requiere continuar con el levantamiento hidrográfico a lo largo de todo Chile, en un trabajo mancomunada de la Marina con los científicos nacionales.

En lo que respecta al Servicio Meteorológico de la Armada, se debe perfeccionar su importancia a nivel nacional, designando a un Encargado Especialista, con un grado alto dentro de la Institución. Sabemos de su utilidad tanto para las Reparticiones terrestres como los buques de guerra y mercantes, destacando la labor que cumple la dotación Antártica a este respecto.

10.- Política Exterior:

Chile en materia de política exterior hemisférica debe salirse de la disputa bilateral entre Estados Unidos y China y crear nuevos e importantes nexos de relación con las potencias emergentes, como India, Nueva Zelanda y Australia.

El país debe continuar con su política de apertura de su comercio, manteniendo y desarrollando la suscripción de nuevos Tratados Comerciales con todos los países, estando pendiente el que debiera ratificarse con la Comunidad Europea y el TPP-11, Acuerdo de Asociación Transpacífico, el cual está firmado por Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur  y Vietnam, En el caso de Chile, el país firmó el Tratado, pero requiere su ratificación por el Congreso Nacional, estando pendiente su tramitación en el Senado.

En cuanto a la política exterior latinoamericana, Chile debe estrechar lazos con Brasil, su mayor socio comercial, debiendo mantener una relación cordial con Argentina, pero siempre expectante, de manera de defender en forma permanente los derechos nacionales tanto en la Plataforma Continental, Mar Austral, Plataforma Continental Extendida y derechos Antárticos.

En lo que respecta al Perú, se debe continuar con una relación amistosa, pero sin descuidar que ese país no da íntegro cumplimiento al fallo de la Haya, de fecha 27 de enero de 2014, que obliga, en atención a la nueva zona económica exclusiva establecida por la Corte. El país vecino debe concretar a la brevedad, su delimitación.

En lo que se refiere a Bolivia, se debe tener presente que la Corte de Justicia de la Haya mediante sentencia de fecha 1° de octubre de 2018, ratificó la postura chilena en el sentido que no debe negociar la salida al mar con el país vecino. Por consiguiente, se debe avanzar en una relación amistosa con Bolivia, pero teniendo como fundamento, para una posible nueva relación, el respeto irrestricto al Tratado de 1904, que no está sujeto a modificación alguna. Esta nueva política dependerá en gran medida de la actitud de su nuevo Presidente Luis Arce Catacora, del MAS. Ya nuestro país dio un paso, al haber asistido nuestro Canciller Andrés Allamand Zavala, al cambio de mando presidencial.

11.- Destacar la Importancia de la Armada a nivel Nacional:

La Armada debe continuar realizando todos los esfuerzos que sean necesarios, para que la Institución sea apreciada como una Organización seria, no corrupta y que está preocupada de velar por la defensa de los intereses marítimos, de la patria y de la seguridad nacional. Junto con lo anterior, deben apoyar a los ciudadanos en casos de pandemias, catástrofes, incendios y terremotos, cooperando en la mantención del orden público y del control sanitario. En esta labor se deben resaltar las tareas de los Buques “Sargento Aldea” y del “Cirujano Videla” que contribuyen a otorgar un serio apoyo sanitario y quirúrgico, éste último en las zonas australes del país.

La importancia de la Armada no puede ser puesta en dudas, para ello todo su personal debe contribuir en mantener su buena imagen. En esto juega un papel importante la Dirección de Comunicaciones de la Armada. En este aspecto debemos tener presente el resultado de las Encuestas, en que muestran un gran apoyo de los ciudadanos a la Institución.

En este aspecto, debemos lamentar lo ocurrido con las instituciones amigas del Ejército y Carabineros, en que se han llevado adelante varios procesos por Ministros de Corte por los delitos de fraude y malversación, en que han sido sometidos a procesos dos Comandantes en Jefe, un Director General de Carabineros, otros Generales y Oficiales del Alto Mando. En el entendido que las responsabilidades penales son personales, no se puede desconocer que ésta situaciones afectan seriamente a las Instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

12.- Plataforma Continental, Mar Austral, Plataforma Continental Extendida e Intereses Antárticos:

Por ser una materia de primera importancia para los intereses nacionales, la Institución se debe involucrar fuertemente en ésta materia, cooperando en las labores de la Cancillería con su conocimiento del tema y la elaboración oportuna de las cartas náuticas que permita al país realizar su defensa ante la Secretaría de la Plataforma Continental de la Organización de las Naciones Unidas, en el menor tiempo posible.

Lo anterior, teniendo en cuenta la presentación que el Gobierno Argentina ha hecho ante la Secretaría de la ONU, que afortunadamente carece de competencia, los últimos proyectos de ley aprobados por su Congreso gracias a la iniciativa del Gobierno del Presidente Alberto Fernández, las declaraciones de éste sobre la materia y los textos escolares que se han publicado, todos los cuales han sido repudiados por el Gobierno Chileno mediante las correspondientes notas diplomáticas de protesta.

A lo antes expuesto, se agrega la defensa de los intereses chilenos en la Antártida, para lo cual el país debe contar con una política de Estado, al igual que con el tema de la Plataforma Continental, debiendo dotar de medios navales, aéreos, personal especializado y bases dotadas de los elementos modernos e infraestructura, que permitan continuar con una presencia efectiva de Chile en dicho Continente, teniendo presente que éste constituye la mayor reserva de agua del planeta.

El país marcha hacia el precipicio y nadie puede permanecer como mero espectador del acontecer nacional. La situación amerita a ser protagonistas, más aún cuando deberemos luchar por lograr los 2/3 de los constituyentes, el próximo 11 de abril de 2021 y escribir una nueva Constitución, defendiendo con convicción fuerza, fe y pasión, un modelo libre.

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