COLUMNA DE OPINIÓN

EL SISTEMA INQUISITIVO EN EL JUZGAMIENTO DE LOS MILITARES EN RETIRO

Patricio Schiavetti Rosas

Abogado

Director ASOFAR A.G.

Los militares en retiro son juzgados en procesos por “infracción a los derechos humanos”, por un Ministro de Corte de Apelaciones, en que el Juez investiga, acusa y sentencia.

El sistema inquisitivo, es el modelo procesal penal opuesto al acusatorio. Este sistema tiene como caracteres, el de confusión de funciones, no consagra el debido proceso, no da lugar al acceso al sumario, tiene ausencia de imparcialidad judicial, ausencia de igualdad de armas, escrituralidad, ausencia de contradicción, reserva, presunción de culpabilidad, entre otros.

En el sistema inquisitivo los procesos y juicios penales son burocráticos y lentos, escritos en expedientes interminables y solo el que tiene interés jurídico accede al expediente. En cambio, en el sistema acusatorio las audiencias son públicas, con presencia del juez y de las partes que intervienen en el procedimiento.

El sistema inquisitivo se reprodujo desde la fundación de Roma en la época monárquica romana hasta el 509 antes de Cristo, a través del Arcaico Sistema Procesal de Acciones de la Ley; después de la República, en la época imperial, es decir, desde el imperio de Augusto, 27 AC., hasta la caída del Imperio Romano.

De allí que en el Gobierno del Presidente Eduardo Frei, se impulsó la modificación del procedimiento procesal penal, a través de su Ministra de Justicia Soledad Alvear, un cambio en el sistema de procesamiento de las causas judiciales penales, que terminó con el sistema inquisitivo, y estableció un esquema acusatorio, en que se dividen las funciones de investigar, que están radicadas en un ente autónomo, el Ministerio Público , quien solicita la formalización del imputado a los Juzgados de Garantía, que velan por el cumplimiento de las normas procesales y dicta fallos en delitos de penas bajas, hurtos de bajo monto, manejo en estado de ebriedad, etc.,  y Tribunales Orales, que dictan las sentencias en los juicios por delitos con penas altas, homicidio, violación, etc.

Esta reforma reemplazó el viejo sistema inquisitivo y escrito que operaba en Chile desde principios del siglo XX, por un sistema acusatorio y oral, cuyos protagonistas son los Fiscales del Ministerio Público y los Defensores, que deben litigar (acusando y defendiendo al imputado respectivamente) en procedimientos orales, ante los Juzgados de Garantía o Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, según sea el caso.

Las bases del nuevo sistema (denominado adversarial) son la controversia entre las partes involucradas, la elección de las audiencias como la metodología más eficiente para la toma de decisiones, y la inmediación, esto es que el juicio se desarrolla ante el juez, quien decide de inmediato de acuerdo con lo que vio, eliminándose los expedientes escritos. Otra de las características de este sistema es la existencia de criterios de oportunidad y salidas alternativas que otorgan al ministerio público la posibilidad de regular su carga de trabajo y proveen de mejores respuestas al sistema penal frente al conflicto.

Este cambio fue implementado gradualmente en todas las regiones de Chile, iniciándose en la Región de Coquimbo y la Región de la Araucanía, el 16 de octubre de 2000, para terminar en la Región Metropolitana de Santiago el día 16 de junio de 2005, durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar.

En definitiva, se estableció un “sistema democrático”, el acusatorio, oral, que consagra el debido proceso, con acceso de las partes a la carpeta investigativa, en que hay una igualdad de trata tanto al imputado con a la víctima. El primero tiene derecho a defensa, a través de la Defensoría Penal Pública y la víctima de ser representada por el Fiscal Local o Regional, según corresponda.

¿Qué es y qué hace la Fiscalía?

La Fiscalía es un organismo estatal autónomo, que no es parte de ninguno de los poderes del Estado, y se encarga de dirigir la investigación de los delitos, formalizar la investigación en contra de determinadas personas, acusar a los presuntos responsables y proteger a víctimas y testigos.

Trabaja en conjunto con Carabineros y Policía de Investigaciones y los organismos auxiliares, como, por ejemplo, el Servicio Médico Legal y el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Esta institución no forma parte del Poder Judicial.

¿Qué es y qué hace la Defensoría Penal Pública?

Es la entidad encargada de proveer un abogado defensor a todas las personas que así lo requieran y no puedan contratar a un abogado para su legítima defensa.

Funciona bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia.

Su labor es de defensa legal y profesional al imputado (acusado), informarle de sus derechos y de los procedimientos legales en que se verá involucrado, y solicitar al Tribunal medidas de protección a su favor.

Estos defensores son públicos o pueden ser privados, licitados por la Defensoría.

Esta Institución no forma parte del Poder Judicial.

Los principios que inspiran la Reforma Procesal Penal, están contemplados en el Código Procesal Penal. En el Libro Primero de este («Disposiciones generales»), su Título I («Principios básicos») se aboca a tal materia. Podemos destacar:

•     Juicio previo: Ninguna persona podrá ser condenada o penada, ni sometida a una de las medidas de seguridad establecidas en este Código, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público, desarrollado en conformidad con las normas de este cuerpo legal.

•     Única persecución: “La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho» Esto implica la consagración del principio procesal del non bis in ídem.

•     Juez natural: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”.

•     Exclusividad de la investigación penal: El Ministerio Público dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinaren la participación punible y los que acreditaren la inocencia del imputado, en la forma prevista por la Constitución y la ley.

•     Presunción de inocencia del imputado: Ninguna persona será considerada como culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.

•     Legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad: No se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación o restricción de libertad a ninguna persona, sino en los casos y en la forma señalados por la Constitución y las leyes. Las normas que autorizan dichas actuaciones, no pueden ser aplicadas por analogía, y deben interpretarse de manera restrictiva.

Estos principios que inspiraron la reforma procesal penal, por supuesto que no se encuentran presentes en el sistema inquisitivo.

Cuál fue mi sorpresa como abogado, al revisar la modificación del procedimiento penal, se pudo observar que a los militares en retiro se les continuaba aplicando el procedimiento inquisitivo, de la Roma del siglo 27 AC., siguiendo radicados ante los Ministros de Cortes, existiendo una absoluta falta de igualdad ante La ley, garantía que está consagrada en el artículo 19 N° 3° de la Constitución Política.

La Constitución en dicha norma dispone “la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”.

Es decir, existe una desigualdad aberrante, una justicia y un procedimiento penal para el grueso de los chilenos, el acusatorio, y un procedimiento inquisitivo anti democrático, para un pequeño número de ciudadanos, los militares en retiro.

Esta situación se ha tratado de revertir, por ejemplo, ante el Juzgado de Garantía de Villa Alemana, pero estos Tribunales se han negado a asumir el conocimiento de los procesos por “infracción a los derechos humanos”.

La odiosa diferencia que se mantiene desde el año 2000 en que se inició la aplicación de la reforma en las Regiones de Coquimbo y de La Araucanía, no tiene otra explicación y conclusión, que los militares “no tienen derechos humanos” y que el lema de la infame izquierda de “ni perdón ni olvido” nos acompañara por generaciones en la vida política del país.

Lo anterior, lo hemos observado en la implementación del indulto conmutativo de pena que tramitó el Gobierno y que favoreció a los reos comunes, sin que se concediera ningún indulto administrativo a los condenados de Punta Peuco y Colina Uno.

Tampoco hemos aprendido nada de nuestra historia. Luego de la violenta Guerra Civil de 1891, que provocó la muerte de muchos chilenos, el Gobierno de don Jorge Montt Álvarez, dictó cuatro leyes de amnistía, que fueron aceptadas por todos los sectores de la nación y vinieron a apaciguar los espíritus, que el país tanto requería, después de haber estado tan terriblemente dividido, entre Balmacedistas, Poder Ejecutivo, apoyado por los militares y el Congreso, apoyado por la Marina.

Para concluir este documento, no me queda, sino que invitarlos a que dialoguen con los candidatos que ustedes apoyarán para constituyente, de manera que, de salir elegidos, al escribir la próxima Carta Fundamental, consagren una norma a nivel constitucional que establezca como principio, que en Chile existe un solo sistema procesal penal, el acusatorio, oral, poniendo término al injusto, arbitrario y anti democrático sistema inquisitivo, que tanto afecta a nuestros militares en retiro.

Para ser consecuente, también se debería impulsar la modificación legal del Código de Justicia Militar, que aún mantiene la aplicación del sistema inquisitivo en el juzgamiento de los militares en la comisión de delitos militares.

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