COLUMNA DE OPINIÓN

Opinión: La Soberanía, la izquierda boutique chilena y la relación con Argentina

19 de febrero de 2021

Jorge G. Guzmán Mag., MPhil & PhD Polar cantabrigiensis, MagallaniaCorp – Punta Arenas

Para Argentina su reclamo sobre espacios administrados por el Reino Unido (Falklands/Malvinas, etc.), sobre la llamada Antártica Argentina y sobre territorio adyacentes al Punto F (al Sureste de las Islas Diego Ramírez) son partes de una sola unidad de su división política-administrativa.

Ninguna sorpresa ha causado un comunicado de cierto “Foro Permanente de Política Exterior” con el que un grupo de la elite de la izquierda santiaguina ha celebrado la declaración presidencial Piñera-Fernández. Según ese “colectivo”, dicha declaración ha restablecido “el indispensable diálogo político que corresponde a la historia más que bicentenaria de nuestros países”, incluido, según ellos,  el apoyo de la administración Piñera a la “soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, territorios y – una curiosidad – mar adyacente”.

Se trata de grupo de ex ministros, subsecretarios, embajadores y parlamentarios de los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría, para quienes las críticas surgidas desde diversos sectores luego del apoyo del actual gobierno a ciertos “legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y -sorprendentemente- los espacios marítimos circundantes” (no “mar adyacente“).

 Para este grupo de “progresistas”, cualquier opinión en contrario es producto de una supuesta “añeja retórica nacionalista, reminiscente del siglo XIX y distanciada del conocimiento de las formas contemporáneas de proyectar la soberanía y el interés nacional”.

La verdad es que, lejos de ser una cuestión de “retórica” del siglo XIX, este un problema esencialmente material, que debe entenderse tanto desde la geografía como del Derecho Internacional del siglo XXI.

El comunicado del referido “foro” no es sino un intento de escapar a la responsabilidad que a varios de los firmantes les corresponde en un asunto sumamente grave. Ocurre que por muchos años la élite de la izquierda cool ignoró la amenaza que para nuestra integridad territorial representa el reclamo de plataforma continental más allá de las 200 millas, concretado en 2009 por el gobierno peronista de la ahora Vicepresidenta Cristina Fernández.  Hasta el año anterior el actual presidente argentino había sido su Jefe de Gabinete de Ministros.

Desde entonces, al norte y al sur del área de aplicación del Tratado Antártico, la pretensión argentina se sobrepone a extensos “espacios oceánicos“ pertenecientes a Magallanes y Antártica Chilena.

No obstante que los firmantes afirman que dicha pretensión es “inoponible a nuestro país por ser un acto unilateral que Chile no acepta y carece de efecto jurídico conforme al derecho internacional”, lo concreto es que esto es sostenible solo después que, en mayo de 2020, el ex Canciller Teodoro Ribera tomara cartas en el asunto. Antes, durante largos años de ejercicio, ninguno de los ex cancilleres, ex subsecretarios y ex embajadores firmantes se interesó por un problema a todas luces complejo e incómodo que, en los hechos y en el derecho, supone un nuevo y muy complejo diferendo limítrofe con nuestro vecino.

Por esta razón, ni en 2009 durante el gobierno Bachelet 1 (cuando Argentina presentó ante el organismo competente los datos y la cartografía con los límites exteriores de su pretensión de territorio submarino), ni en 2016 durante el gobierno Bachelet 2 (cuando Argentina celebró lo que estimó constituía la validación “por parte de Naciones Unidas“ de, nada menos, sus “límites definitivos con la humanidad“, la diplomacia de la izquierda chilena hizo objeción de la sobreposición de tales límites que – muy importante- en la interpretación Argentina de la Convención del Mar y del Reglamento del organismo competente, son “definitivos y obligatorios”.

Es más, en 2009 Chile no estuvo entre los países que objetaron a Argentina haber violentado un “acuerdo de caballeros” suscrito en 2005, que obligaba a cualquier país que decidiera incluir espacios de plataforma continental situados dentro del área de aplicación del Tratado Antártico despachar una Nota diplomática solicitando al organismo receptor “no revisar, por el momento” ese componente su reclamo. El gobierno Bachelet 1 no lo hizo, a pesar de que, como claramente se observa en un mapa oficial argentino conocido desde el mismo año (inspirado en una disposición constitucional y ahora acompañado de una ley), la pretensión argentina incluye parte fundamental de nuestra Provincia Antártica, al norte y al sur de la latitud 60°sur.

En esta y otras declaraciones personeros de la élite santiaguina de la izquierda han intentado confundir a la opinión pública, arguyendo que el endose chileno a la pretensión argentina sobre territorios administrados por el Reino Unido y espacios cubiertos por la normativa del Tratado Antártico, es una materia distinta y separada de la pretensión de nuestros vecinos sobre territorio submarino chileno más allá del Punto F del Tratado de Paz y Amistad. No es así.’

Para Argentina su reclamo sobre espacios administrados por el Reino Unido (Falklands/Malvinas, etc.), sobre la llamada Antártica Argentina y sobre territorio adyacentes al Punto F (al Sureste de las Islas Diego Ramírez) son partes de una sola unidad de su división política-administrativa: La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con capital en Ushuaia. Ciego el que no quiera ver.

Sin preocuparse de comprender este difícil asunto, este “colectivo” confunde además nuestro “Mar Territorial“ con  los espacios de suelo y subsuelo en el Mar Austral Circumpolar, en los cuales la Convención del Mar reconoce a Chile una plataforma continental jurídica de 200 millas contadas desde las líneas de base de las Islas Diego Ramírez. Pese a ello, en 2009, de manera inconsulta y pese a la “amistad” entre Cristina Fernández y Michelle Bachelet, ante el silencio de la diplomacia izquierdista que dirigía nuestra Cancillería, Argentina formalizó su pretensión sobre ese territorio chileno.

El actual gobierno tiene la obligación de demostrar que esos territorios chilenos se prolongan hacia el Este y el Sureste para verificar, con argumentos científicos y legales que Magallanes y Antártica Chiles es -conforme lo establecen el Decreto Antártico de 1940 y el Estatuto Antártico de 2021- una continuidad geográfica, ambiental y jurídica consistente con el Derecho Internacional del siglo XX, nunca un capricho nacionalista, como pretende un pequeño “colectivo“ la izquierda cool de Santiago.

La relación con nuestro vecino del Este es, por supuesto, prioritaria para el conjunto del país. Su éxito, sin embargo, no puede, ni debe, ser a costa nuestros territorios más australes. Estos espacios representan una enorme esperanza para las futuras generaciones de chilenos, en tanto guardan riquezas y recursos que serán de vital importancia para nuestros nietos y bisnietos.

Fuente: Página web Infogate

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