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El Líbero

Publicado el 25 de febrero de 2021

De 2.000 denuncias por violencia en la macrozona sur, 1.800 están archivadas: la cifra de impunidad que marcará la cumbre de poderes del Estado de hoy

De las más de 2.000 causas, únicamente 2 tuvieron resultados entre 2017 y principios de 2020; y alrededor de 200 siguen en curso en la macrozona sur. Los datos los refrendan las víctimas. La Asociación de Contratistas Forestales sostiene que aproximadamente de 80 querellas presentadas desde 2018, solo 2 tienen condena; y Fedesur contabiliza solo una sentencia en 2015, por los más de 500 camiones que les han incendiado. Esta mañana el Presidente de la Corte Suprema y el Fiscal Nacional asistirán al encuentro convocado por La Moneda. Desde la región confían en que la impunidad sea uno de los puntos abordados. 

“La lucha contra la violencia, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado no es solamente del Gobierno, no es solamente de Carabineros y la Policía de Investigaciones, también involucra al Ministerio Público, la Fiscalía y a los Tribunales de Justicia”, dijo el Presidente Sebastián Piñera la tarde del miércoles al ser consultado sobre el acuerdo nacional al que convocó con respecto a la Macrozona Sur el pasado 22 de febrero.

Ese día el Jefe de Estado hizo público que hoy se reunirán los representantes de los Poderes del Estado para lograr “acuerdos políticos de buena fe” en la atención de la violencia que ha recrudecido en el último tiempo, incluso en medio del estado de excepción constitucional debido a la pandemia. Al encuentro, que comenzará a las 9:00 horas, están invitados también el Fiscal Nacional Jorge Abbott, y representantes de la Contraloría. Mientras que por el Poder Judicial estará presente el Presidente de la Corte Suprema Guillermo Silva.

La cita, trascendió, permitirá abordar las distintas acciones que pueden emprender cada uno y las responsabilidades que tienen con respecto a La Araucanía y la Provincia de Arauco, en Biobío.

Desde la IX Región confían en que se atienda particularmente las responsabilidades del Poder Judicial. Datos a los que tuvo acceso El Líbero indican que, en cifras gruesas, entre 2017 y principios de 2020 hubo más de 2.000 causas de las cuales 2 han llegado a resultado, 200 siguen en curso y 1.800 están archivadas. La situación mejoró levemente en el transcurso del año pasado cuando, de acuerdo con la cuenta pública de la Fiscalía Regional de la Araucanía, se logró la condena de otros 44 imputados por delitos vinculados a violencia rural.

Precisamente, la impunidad con la que se cometen estos atentados es uno de los factores que más reclaman las víctimas de la violencia rural en la IX Región. José Villagrán, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), afirma que hasta finales de 2020 su gremio contabilizaba 575 camiones quemados desde 1997, y que por estos hechos solo existió una condena en 2015, cuando el responsable quedó con reclusión nocturna.

“Hemos presentado más de 100 querellas y lamentablemente el Ministerio Público las archiva porque nunca tiene antecedentes y nunca las pruebas son suficientes. Esperamos que en esta reunión se planteen las situaciones como son; que de una vez por todas los Poderes del Estado nos entreguen a nosotros, los ciudadanos, a todos los chilenos, la seguridad que necesitamos, que el Estado de Derecho funcione y que la impunidad se termine”, subraya Villagrán.

Una situación parecida experimentan los integrantes de la Asociación de Contratistas Forestales A.G. (Acoforag). René Muñoz, presidente del gremio, detalla que entre 2018 y 2020 fueron víctimas de 251 ataques, por esta razón presentaron alrededor de 80 querellas; y únicamente en dos de esos casos hay condenados: uno por un hecho ocurrido en la Región de La Araucanía y otro por un suceso en el Biobío. En las demás, la Fiscalía “no ha perseverado”.

“Este tema lo mencioné en la reunión que tuvimos con el ministro Delgado el miércoles, y lo dijo el fiscal Juan Yáñez, quien tiene dedicación exclusiva para investigar hechos de violencia rural en Arauco, no están las condiciones para poder realizar las investigaciones y realizar las notificaciones que se requieren. Las condiciones de seguridad no permiten avanzar. Yo le pediría especialmente al Fiscal Nacional que persevere, que la Fiscalía busque los medios para alcanzar resultados. Los resultados de la Fiscalía son paupérrimos. La Fiscalía para nosotros es un fracaso; y se lo podemos decir al fiscal aquí y en donde él quiera, porque los resultados nos avalan”, subraya Muñoz.

En la cuenta pública presentada por el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, el 27 de enero, informó que en 2020 registraron 122 hechos de alta connotación, 50 más que el año 2019 -cuando contabilizaron 72-, lo que representa un incremento de un 69%; y 3 de cada 4 delitos ocurrieron en la Provincia de Malleco.

En el período, dijo Paredes, “se observaron alzas en atentados incendiarios en la Ruta 5 Sur; en ataques a unidades policiales, principalmente Comisaría de Collipulli y Subcomisaría de Ercilla, y de casos con uso de armamento de alto calibre”. Asimismo, recordó el impacto que tuvieron 6 fallecidos (cuatro en 2020 y dos en los primeros días de 2021).

En cuanto a los resultados, el persecutor manifestó que en 2020 la Fiscalía logró en La Araucanía la condena de 44 imputados por delitos vinculados a violencia rural (por hechos que no necesariamente ocurrieron ese año), siete de ellos por delitos graves como incendio, robo calificado o robo con violencia.

Además, en el período, la Fiscalía logró la prisión preventiva de 35 personas, 21 de ellas por hechos ocurridos en el año 2020, cuatro de ellos por ataques incendiarios y otros cinco por ataques a Carabineros con armas de fuego o bombas molotov, quienes deberían ser llevados a juicio este año. No obstante, en el caso de los seis fallecidos aún no hay detenidos, hechos que son cuestionados en la Macrozona Sur.

Conocedores del tema explican que el escenario es más complejo sin los proyectos de ley a los que el Ejecutivo ha solicitado dar urgencia en el Congreso como la reforma a la Ley Antiterrorista; o los proyectos de ley para proteger la infraestructura crítica; la Ley Juan Barrios que busca evitar la quema y la muerte de personas por camiones incendiados; la ley de usurpación de predios que permita sanciones más acordes a la gravedad de este delito, ya que hasta ahora se maneja prácticamente como una falta. En este caso una de las dificultades es que Carabineros, para actuar, necesita hacerlo en flagrancia, es decir durante las primeras 12 horas de la toma, si esto no se logra hay que esperar varios días hasta que un juez emita la orden de desalojo.

Además, también está la Ley Antirrobo de Madera, que ya fue rechazada por el Legislativo, y que volverán a presentar a través de una moción parlamentaria. Sobre esto último, el robo de madera ha sido identificado como una de las principales fuentes de financiamiento de los grupos violentos. Se trata de un negocio que, se calcula, mueve entre 15 a 20 millones de dólares al año.

A esto se suma el tráfico de drogas. De acuerdo con el fiscal Paredes, en 2020 hubo un foco investigativo por cultivo y tráfico de marihuana en sectores rurales de la comuna de Ercilla.

“El balance de este trabajo investigativo arroja en total la detención de 24 personas y la incautación de 2.686 plantas de marihuana, más de 62 kilos de la droga seca y procesada y más de 28 millones de pesos. Para dimensionar el dinero que mueve esta actividad ilícita, quiero explicar que de los antecedentes que existen en la investigación se sabe que los imputados vendían cada gramo de droga procesada en $3.500. Si consideramos que de cada planta adulta pueden obtener hasta medio kilo de droga -esto según estimaciones de la PDI-, solo con las plantas incautadas durante 2020 las personas que se dedican a su cultivo y venta pudieron  ganar aproximadamente 2.200 millones de pesos”.

Se han dado cuenta de que la mejor forma de lograr efectividad es a través de la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes; y es la que facilita obtener pruebas más contundentes, a través de la utilización de drones o escuchas telefónicas. Evidencias que son más difíciles de obtener mediante, por ejemplo, la implementación de la actual Ley Antiterrorista, que ha demostrado su infectividad y por la cual, desde que está vigente, solo se han obtenido dos condenas.

Quienes han visto de cerca cómo se lleva a cabo la atención de los hechos de seguridad en el sur reclaman, en reserva, mayor cooperación de jueces y de fiscales. Subrayan que solo en La Araucanía existe una Fiscalía de Alta Complejidad, mientras que para el caso de Arauco, si bien en el Biobío hay un fiscal con dedicación exclusiva, este no se encuentra en esa provincia, sino que en Concepción. Además, sostienen que la celeridad que se alcanzó en 2020 con las causas fue producto de que lograron detenciones en flagrancia, más que como resultado de la acción investigativa.

Una crítica que lanzan en este sentido tiene que ver con el caso de las tres escuelas quemadas en menos de 10 días en la provincia de Arauco, en julio de 2020. En ese caso, señalan, las autoridades lograron identificar a los responsables. Sin embargo, la lentitud con la que la Fiscalía habría entregado las órdenes de registro, apuntan, fue uno de los factores para que no se encontraran las pruebas suficientes que permitieran su detención. En los casos de robo de madera aplicaría este mismo desafío, pues los tiempos que demora la justicia en aprobar, por ejemplo, escuchas telefónicas hacen que se “pierda la oportunidad”.

“Si la Fiscalía y los jueces no están alineados es muy difícil. Y más difícil aún si no contamos con leyes que faciliten la acción de las policías”, analiza un entendido de cómo se lleva a cabo la persecución de estos crímenes. 

Una propuesta que ha emanado es la posibilidad de que exista una Fiscalía para la Macrozona Sur, ya que esto, sostienen, facilita la acción judicial en los casos de los delitos que se cometen al sur del Biobío y al norte de La Araucanía, así como la coordinación de las autoridades. Otra propuesta es que los responsables de hechos asociados a la violencia rural sean juzgados en tribunales de justicia fuera de la zona de conflicto.

Señalan la existencia de un “incentivo perverso” para los fiscales: un llamado bono por investigación, que se le otorga a los persecutores por casos cerrados, categoría que también incluye los casos archivados.

Asimismo, en cuanto a los fiscales otra arista que puede influir en su desempeño es que, al menos para el año 2015, en la IX región es donde había más persecutores con medidas de protección de todo el país, según el propio fiscal nacional Abbott. En la zona hay registro de amenazas de muerte a los fiscales que investigan causas relacionadas con la violencia. Sin embargo, el mismo Abbott afirmó que en La Araucanía “no hay terrorismo”, sino “actos concretos que buscan provocar cierto temor en un grupo determinado de personas”.

En esta línea, con respecto a la reunión que se llevará a cabo hoy en La Moneda, Alejo Apraiz, presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural en La Araucanía (Avvru), apunta que es crucial que “todos los poderes del Estado entiendan que hay terrorismo y narcoterrorismo. Las policías no tienen respaldo político y es necesario dotarlas para que puedan cumplir con su labor”.

En cuanto al Poder Judicial, Apraiz opina que en lo que se refiere a la violencia rural es “demasiado garantista, y exige pruebas muy altas a las policías”.

René Muñoz, de Acoforag, hace el punto de que es bueno que los poderes públicos se reúnan para abordar el tema, pero lamentó que “hayan tenido que esperar 20 muertos, 150 cabañas destruidas y la quema de 850 equipos forestales. Tuvimos que sufrir todo esto antes de que se tomara la decisión de ubicar un punto de control en un camino. Lo que requería era voluntad política, porque en cuanto quisieron hacerlo, lo instalaron”.

Fuente: Página web El Líbero

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