CARTAS AL DIRECTOR

Violencia e impunidad:

Atentados incendiarios como el ocurrido anteayer en contra de una empresa inmobiliaria en Temuco y miles más, y de mayor gravedad, seguirán ocurriendo dentro del territorio nacional mientras el Gobierno le tenga absolutamente restringido a las Fuerzas de Orden y Seguridad y a las FF.AA. el empleo de sus armas de fuego. Los terroristas y los guerrilleros lo saben, de modo que actúan con absoluto desparpajo e impunidad.

El Gobierno parece no darse cuenta que en Chile se está librando una guerra subversiva e insurreccional y una guerra de guerrillas, rural y urbana, que obedece a una estrategia revolucionaria y que es, a fin de cuentas, una verdadera guerra contra el Estado de Chile y que debe ser enfrentada como tal.

La disyuntiva entre la anarquía y el orden dio origen al surgimiento de los Estados. La obligación esencial de los gobernantes es la conservación del orden público. Para el cumplimiento de tal obligación deben utilizar todos los medios de los que disponen, entre ellos el monopolio de la violencia física legítima.

Los Estados no tienen derecho ni a suicidarse ni a actuar con debilidad ante agresiones que los pongan en peligro y tienen la obligación de defenderse con todos los medios a su alcance, aunque para ello sea preciso adoptar medidas extremas. Salus populi suprema lex est era el primer principio del Derecho Público Romano.

La historia solo condena a los pueblos que renuncian a defenderse.

Adolfo Paúl Latorre

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Proceso constituyente

Existiendo la vía de las reformas constitucionales, no había necesidad o razón alguna que justificare el aciago proceso constituyente en curso, salvo el deseo de reducir a la nada la Constitución Política de 1980 por ser obra del Gobierno Militar; proceso que fue implantado sin un análisis serio y riguroso, siguiendo el camino de la descalificación y del engaño característico de la intelectualidad de izquierda.

Adolfo Paúl Latorre

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Peligro que nos acecha:

Chile está viviendo un proceso revolucionario impulsado por sectores radicales que por la vía violenta pretenden tomar el poder e implantar una tiranía marxista. Nuevamente, como en el año 1973, nuestra patria está en peligro.

En esa ocasión tal peligro fue conjurado por las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y ahora, en circunstancias que el Presidente de la República no cumple con su obligación esencial que es “la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República”: ¿quién salvará a Chile?

Los Estados no tienen derecho ni a suicidarse ni a actuar con debilidad ante agresiones que los pongan en peligro y tienen la obligación de defenderse con todos los medios a su alcance incluido, por cierto, el uso de la fuerza —de la violencia física legítima, cuyo monopolio lo tiene el Estado—; aunque para ello sea preciso adoptar medidas extremas. Salus populi suprema lex est era el primer principio del Derecho Público Romano.

Alone dijo: “Llega un momento en la existencia de los pueblos, como en la de los individuos, en que surge la tentación de morir”. ¿Está Chile en ese momento?

La historia solo condena a los pueblos que renuncian a defenderse.

Adolfo Paúl Latorre

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Límites inaceptables

Reconociendo que la situación en la Macrozona Sur ha llegado a límites inaceptables, el Presidente de la Repúlica dijo que necesitamos “tener una Ley Antiterrorista más eficaz y más útil que la que hoy día tenemos”; que iba a “convocar a los distintos sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil, para buscar un acuerdo nacional que nos permita unir nuestras fuerzas para poder derrotar esta ola de violencia y de atentados terroristas”; y que “hemos dispuesto, como gobierno, todos los medios que sean necesarios —logísticos, tecnológicos, de equipamiento, de dotación y de recursos financieros— para poder cumplir con eficacia esta misión”.

 Sin embargo, no ha reconocido que en la referida zona se está dando una guerra de guerrillas, subversiva e insurreccional, que obedece a una estrategia revolucionaria y que es, a fin de cuentas, una verdadera guerra contra el Estado de Chile y que debe ser enfrentada como tal.

 Difícilmente se puede lograr éxito en esta lucha si se le impide a las Fuerzas de Orden y Seguridad —o a las FF.AA. cuando realizan tareas de seguridad interior— usar armas letales para el cumplimiento de sus tareas (con mayor potencia de fuego que las utilizadas por los guerrilleros y terroristas, obviamente) y sin que se le asegure a los miembros de estas instituciones que no serán procesados y condenados por “violación de derechos humanos”, “uso excesivo de la fuerza” u otras figuras delictivas si lo hicieren, aunque ello acarree víctimas fatales.

De otro modo los integrantes de estas fuerzas quedan convertidos en meros espantajos, sin capacidad disuasiva o represiva alguna y los terroristas y guerrilleros continuarán actuando con absoluto desparpajo e impunidad e, incluso, con mayor virulencia.

Por otra parte, habría que establecer durísimas penas para los cabecillas o agitadores que inciten a la subversión del orden público o a la revuelta, al saqueo, a la destrucción de la propiedad pública o privada, a los incendios, a la usurpación de predios, a atacar a personal o equipamiento de las fuerzas policiales o militares, a la indisciplina dentro de las FF.AA. o policiales o dentro del personal de la administración pública, o al alzamiento contra el Gobierno constituido.

Adolfo Paúl Latorre

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Refundar Carabineros:

Se han alzado voces diciendo que es necesario refundar Carabineros, a fin de tener una policía “democrática” y terminar con su “militarización”.

Al respecto cabría preguntar qué es lo que se entiende por una “policía democrática”: ¿que no son jerarquizadas?, ¿que sus miembros elijen a sus autoridades mediante sufragio?, ¿que existe alternancia en el poder?, ¿que existen sindicatos? Al respecto cabría señalar lo que dice un cartel existente en la Escuela Naval de Annapolis: “La Armada está para defender la democracia de los Estados Unidos, pero la Armada no es democrática”.

En cuanto a su “desmilitarización”, lo que se pretende es disociar a Carabineros de Chile de las Fuerzas Armadas las que, actuando conjuntamente, constituyen el último bastión en la defensa del orden institucional de la República.

Adolfo Paúl Latorre

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Disolución de Carabineros:

Los militantes del Partido Comunista y del Frente Amplio consideran que la violencia revolucionaria es inevitable y legítima y saben que solo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista.

Por ello buscan la destrucción de Carabineros de Chile, pretensión que manifestaron explícitamente en un gran lienzo portado por representantes de esos partidos que llegaron hasta La Moneda el 18 de febrero y que decía: “Dejen de matar, disolución de Carabineros ahora”.

La destrucción de Carabineros como una institución centralizada, jerarquizada y militarizada que tiene presencia en todo el territorio nacional y su disociación de las FF.AA. es esencial para lograr el éxito de la revolución, pues ambas instituciones, actuando conjuntamente, constituyen el último bastión en la defensa del orden institucional de la República.

Adolfo Paúl Latorre

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Refundación de Carabineros:

En relación con la carta de Cristian Manríquez Gacitúa publicada el 23 de febrero en el Diario Constitucional bajo el título “¿No deliberantes?”, en la que se refiere a “una urgente y necesaria refundación o reorganización” de Carabineros de Chile y a la necesidad de someter a este cuerpo militarizado al “poder civil”, y en la que pregunta: “¿Son Carabineros una entidad no deliberante?”, cabría hacer algunos comentarios.

En cuanto al concepto de deliberación —y a que, según el autor, es inaceptable que el General Director de Carabineros haya manifestado su disconformidad con lo manifestado por una ministro de Estado en el sentido de que “sería vital tratar de tener una reformulación, una suerte de refundación de Carabineros”— cabría señalar que nuestra Carta Fundamental señala claramente que las FF.AA. y Carabineros “como cuerpos armados” son no deliberantes; y lo son solo en aspectos que dicen relación con la política contingente, con la política de los partidos. Con ello se trata de dotarlas de independencia frente al poder político.

Según Alejandro Silva Bascuñán el que estas fuerzas, como cuerpos armados, sean no deliberantes, quiere decir “que ninguno de los institutos armados, ni los diversos cuerpos que lo forman, ni sus miembros individualmente invocando o reunidos en su calidad de tales, dentro de sus respectivos grados, o con participación de componentes de grados diversos, pueden debatir acerca de los problemas colectivos con miras a uniformar apreciaciones o coordinar actitudes que conduzcan a expresar aplauso o crítica a los órganos del poder político o a hacer prevalecer soluciones propias en cualquier aspecto”.

Evidentemente, no constituye deliberación el hecho de que el General Director de Carabineros haya expresado su opinión ante su autoridad superior sobre un tema que guarda relación directa con su función específica y con la institución bajo su mando.

Sobre la subordinación de Carabineros al “poder civil”, me parece que ello nunca ha estado en duda. Por lo demás, no existe un “poder civil”; lo que existe es el “poder político”, que puede estar en manos de un civil o de un militar.

Sobre el tema en comento, cabría señalar que se han alzado voces diciendo que es necesario refundar Carabineros, a fin de tener una policía “democrática” y terminar con su “militarización”.

Al respecto cabría preguntar qué es lo que se entiende por una “policía democrática”: ¿que no son jerarquizadas?, ¿que sus miembros elijen a sus autoridades mediante sufragio?, ¿que existe alternancia en el poder?, ¿que existen sindicatos? Al respecto cabría señalar lo que dice un cartel existente en la Escuela Naval de Annapolis: “La Armada está para defender la democracia de los Estados Unidos, pero la Armada no es democrática”.

Los militantes del Partido Comunista y del Frente Amplio consideran que la violencia revolucionaria es inevitable y legítima y saben que solo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista.

Por ello buscan la destrucción de Carabineros de Chile, pretensión que manifestaron explícitamente en un gran lienzo portado por representantes de esos partidos que llegaron hasta La Moneda el 18 de febrero y que decía: “Dejen de matar, disolución de Carabineros ahora”.

La destrucción de Carabineros como una institución centralizada, jerarquizada y militarizada que tiene presencia en todo el territorio nacional y su disociación de las FF.AA. es esencial para lograr el éxito de la revolución, pues ambas instituciones, actuando conjuntamente, constituyen el último bastión en la defensa del orden institucional de la República.

Adolfo Paúl Latorre

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Patrullajes mixtos:        

¿Para qué servirán frente a la guerrilla y el terrorismo los “patrullajes mixtos” en la macrozona sur, en los que participarán Carabineros, la PDI y el Ejército, si no emplean sus armas de fuego?.

Los miembros de las fuerzas policiales y militares del Estado están absolutamente restringidos para el empleo de sus armas por absurdos decretos del Gobierno sobre el  uso de la fuerza, que pasan por sobre lo establecido en la ley (arts. 6, 208, 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar). 

Resulta más que razonable que las fuerzas del Estado usen sus armas de fuego, sin previos perifoneos con exhortaciones a la paz, contra quienes están cometiendo flagrantes delitos de carácter terrorista; desde encapuchados que portando fusiles AKA-47 o M-16 están bloqueando un camino hasta otros que están quemando vivo al conductor de un camión.

No veo otra forma eficaz para enfrentar a grupos armados radicalizados, ideologizados y violentos que, sin Dios ni ley, no atienden razones y que están dispuestos a destruirlo o quemarlo todo.

Lo ideal es solucionar el denominado “conflicto mapuche” mediante grandes acuerdos nacionales, razonables y justos y que tiendan al bien común, pero el recurso al uso de la fuerza no debe ser descartado. Sea como fuere, cualquier solución que se proponga requiere, como una condición sine qua non, terminar con las acciones de violencia terrorista y guerrillera en la zona.

Adolfo Paúl Latorre

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