CARTAS AL DIRECTOR

CARTAS NO PUBLICADAS EN MEDIOS DE PRENSA

Secesión de territorios:

Las obligaciones esenciales de los gobernantes son la conservación del orden público y del patrimonio territorial del Estado.

En la Macrozona Sur la primera de ellas está absolutamente incumplida y, la segunda, severamente amenazada por grupos armados que están llevando a efecto una insurrección revolucionaria mediante una guerra de guerrillas, cuyo objetivo es conseguir el control político de esa parte del territorio nacional y arrebatárselo al Estado de Chile.

Lo ideal es solucionar el denominado “conflicto mapuche” mediante grandes acuerdos nacionales, razonables y justos y que tiendan al bien común, pero el recurso al uso de la fuerza no debe ser descartado.

Sea como fuere, cualquier solución que se proponga al denominado “conflicto mapuche” requiere, como una condición sine qua non, terminar con las acciones de violencia terrorista y guerrillera en la zona.

Adolfo Paúl Latorre

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Aún tenemos patria:

La incertidumbre, la angustia, el desánimo y la desesperanza debido a la falta de autoridad, de orden y de respeto a la ley inundan al presente el alma chilena.

Debemos levantar el espíritu, pues no todo está perdido. Aún hay personas que son respetuosas de nuestra historia, de nuestros héroes y de nuestras tradiciones; aún hay quienes saben de abnegación y de sacrificio y que están dispuestos a dar su vida en el cumplimiento de su deber; no todo es materialismo; no está todo corrupto; no todos blasfeman contra Dios y predican el odio; no todos atentan contra el matrimonio, la familia o la vida del niño que está por nacer; no todos apoyan la secesión de parte del territorio nacional; no todos atentan contra el orden institucional y los principios de una sociedad libre.

Aún tenemos patria, ciudadanos.

Adolfo Paúl Latorre

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Uso de la fuerza:

La obligación esencial de los gobernantes de un Estado es la conservación del orden público, para cuyo cumplimiento los Estados cuentan con el monopolio de la violencia física legítima.

Si bien el Estado tiene la prohibición de abusar de la fuerza, tiene la obligación de usarla para reprimir la delincuencia, el vandalismo, la subversión, el terrorismo, la guerrilla y la insurrección revolucionaria, que ponen en gravísimo riesgo la estabilidad y el orden institucional.

El grado de fuerza que se utilice debe ser apreciado prudencialmente por la autoridad, siguiendo los principios de racionalidad y de proporcionalidad. La desproporción en el uso de la fuerza no solo puede predicarse respecto de la que es excesiva para cumplir con un determinado fin, sino que también respecto de la que es insuficiente para lograrlo.

Esto último es lo que ocurre en la Macrozona Sur; en la que se está librando una guerra de guerrillas que obedece a una estrategia de violencia revolucionaria y que es, a fin de cuentas, una verdadera guerra contra el Estado de Chile, la que debe ser enfrentada como tal.

Lucía Santa Cruz pregunta —en una columna publicada el 26 de febrero del año en curso en El Mercurio de Santiago, titulada “Araucanía y el moderno Leviatán”—: “¿Qué pasa con nuestro Leviatán, que no ha sido capaz de poner fin a la violencia en La Araucanía?”. Además de las razones por ella señaladas, cabría agregar el “discurso de los derechos humanos”; que ha sido usado por el comunismo como un arma estratégica para quitar legitimidad al uso de la fuerza y para desarmar psicológica y moralmente a quienes, por deber de autoridad, están obligados en justicia a aplicar la violencia para reprimir a quienes subvierten el orden social.

Lo ideal es solucionar el denominado “conflicto mapuche” mediante grandes acuerdos nacionales, razonables y justos y que tiendan al bien común, pero el recurso al uso de la fuerza no debe ser descartado.

Sea como fuere, cualquier solución que se proponga requiere, como una condición sine qua non, terminar con las acciones de violencia terrorista y guerrillera en la zona.

Adolfo Paúl Latorre

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Fuerza insuficiente:

Las obligaciones esenciales de los gobernantes son la conservación del orden público y del patrimonio territorial del Estado, para cuyo cumplimiento éstos cuentan con el monopolio de la violencia física legítima.

En la Macrozona Sur la primera de ellas está absolutamente incumplida y, la segunda, severamente amenazada por grupos armados que están llevando a efecto una insurrección revolucionaria, cuyo objetivo es conseguir el control político de esa parte del territorio nacional y arrebatárselo al Estado de Chile.

Cualquier solución que se proponga al denominado “conflicto mapuche” requiere, como una condición sine qua non, terminar con las acciones de violencia terrorista y guerrillera en la zona.

El ideal es solucionarlo mediante grandes acuerdos nacionales, razonables y justos y que tiendan al bien común, pero el recurso al uso de la fuerza no debe ser descartado.

Si bien el Estado tiene la prohibición de abusar de la fuerza, tiene la obligación de usarla contra quienes ponen en riesgo la estabilidad política, el orden institucional de la República y la soberanía nacional. El grado de fuerza que se utilice debe ser apreciado prudencialmente por la autoridad, siguiendo los principios de racionalidad y de proporcionalidad.

La desproporción en el uso de la fuerza no solo puede predicarse respecto de la que es excesiva para cumplir con un determinado fin, sino que también respecto de la que es insuficiente para lograrlo. Por otra parte, resulta razonable que las fuerzas del Estado usen sus armas de fuego contra quienes están cometiendo flagrantes delitos de carácter terrorista; desde encapuchados que portando fusiles AKA-47 o M-16 están bloqueando un camino hasta otros que están quemando vivo al conductor de un camión.

Adolfo Paúl Latorre

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Profundo error:

El senador Huenchumilla declaró: “Si creen que matando mapuches se acabará el problema, están en un profundo error”.

Concuerdo con tal aserto, pues la mayoría de los mapuches no apoya la violencia, de la cual muchos de ellos son víctimas. A los que se debe aniquilar es a los guerrilleros y terroristas, sean éstos mapuches, diaguitas, colombianos, franceses, holandeses, españoles, senegaleses o chilenos no mapuches —o de la raza, color o nacionalidad que sean— que están llevando a cabo una insurrección revolucionaria, cuyo objetivo es conseguir el control político de parte del territorio nacional y arrebatárselo al Estado de Chile, y que ponen en riesgo la estabilidad política, el orden institucional de la República y la soberanía nacional.

Adolfo Paúl Latorre

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Por la razón o la fuerza:

Cualquier solución al denominado “conflicto mapuche” requiere terminar con las acciones de violencia en la macrozona sur.

Para ello existen dos opciones: que los terroristas depongan sus armas voluntariamente o que sean obligados a ello por la fuerza. Difícilmente podría darse la primera por grupos armados radicalizados que no atienden razones y que están dispuestos a destruirlo todo.

Para aniquilar la guerrilla y el terrorismo es preciso que policías y militares usen la fuerza en los términos indicados en el Código de Justicia Militar, sin las restricciones impuestas por decretos del Gobierno que los dejan sin capacidad disuasiva o represiva.

Tales funcionarios no se atreven a usar sus armas debido a esas restricciones y porque saben que si las usaren lo más probable es que serían condenados.

Por eso no las usan contra quienes están cometiendo flagrantes delitos de carácter terrorista —como encapuchados que portando fusiles M-16 o AKA-47 están bloqueando un camino o que están quemando vivo al conductor de un camión—. Ni siquiera lo hacen en defensa propia, como ocurrió con los carabineros que estaban en el interior de un furgón policial que fue incendiado con el claro propósito de darles muerte.

Así, los guerrilleros y terroristas quedan en libertad para actuar con absoluta impunidad.

Adolfo Paúl Latorre

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Debido proceso:

“En un Estado Democrático de Derecho no resulta concebible que sus ciudadanos se encuentren sometidos a dos clases distintas de justicia” ha declarado la Corte Suprema. El Presidente de dicha Corte, en su última cuenta pública afirmó: “No vamos a claudicar en nuestra misión de que se respete el debido proceso… entendemos nuestra misión como tributaria de un orden democrático, fundado en la igualdad ante la ley”.

Sin embargo, los jueces vulneran tales derechos humanos al aplicarles el antiguo sistema de procedimiento penal a los militares, como lo fue en el caso Frei. Justifican tal vulneración en el artículo 483 del Código Procesal Penal, que aplican sin realizar los debidos controles de constitucionalidad y de convencionalidad.

Dicho artículo —que establece que sus disposiciones solo se aplicarán a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia— se funda en la disposición constitucional octava transitoria, que fue establecida para permitir una desigualdad ante la ley durante el tiempo que tomó la entrada en vigencia gradual de la reforma procesal penal en las diversas regiones del país; disposición que al entrar en vigor el nuevo sistema procesal penal en todo el territorio nacional —el 16 de junio de 2005— perdió su razón de ser y solo establece una diferencia arbitraria, razón por la que devino en inconstitucional y quedó tácitamente derogada, así como el referido artículo 483.

Adolfo Paúl Latorre

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Venga de donde venga

Una idea generalizada que conspira en contra del combate al terrorismo es aquella de condenar la violencia “venga de donde venga”; es decir, una condena universal de la violencia, sin distinguir entre la que es ilegítima y la que es legítima.

Si al llegar a su casa usted viere a un sujeto que está agrediendo brutalmente a su esposa con la manifiesta intención de violarla: ¿trataría de disuadir al agresor con buenas palabras, llamaría por teléfono a carabineros para denunciar el hecho o ejercería algún grado de violencia física en su contra?.

El Estado tiene tiene la obligación de usar la violencia física legítima —de la cual tiene el monopolio— para reprimir la delincuencia, el terrorismo y la insurrección revolucionaria, a fin de garantizar el Estado de Derecho y lograr mediante ella la restitución del orden exigido por el bien común.

Adolfo Paúl Latorre

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