CARTAS AL DIRECTOR

CARTAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE PRENSA

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CARTAS NO PUBLICADAS EN MEDIOS DE PRENSA

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Derecho de propiedad:

La historia nos enseña que cuando se afecta el derecho de propiedad se producen en los países gravísimas convulsiones sociales. Este derecho está siendo gravemente afectado o amenazado, tanto material como jurídicamente.

En este último aspecto cabría mencionar la reciente ley de reforma constitucional 21.330 del 28 de abril, que incorporó el derecho de los pensionados de rentas vitalicias a adelantar el pago de tales rentas —lo que acarrea un daño reputacional de Chile ante inversionistas extranjeros— y el proyecto de ley que deroga el D.L. 3500 de 1980 que dio origen a las AFP, crea el Instituto de Seguridad Social de Chile y “nacionaliza” los fondos de pensiones (una expropiación sin indemnización); iniciativa suscrita por los senadores Yasna Provoste, Ximena Órdenes, Alejandro Navarro, Alfonso de Urresti y Juan Ignacio Latorre; ingresado a tramitación en el Congreso el 13 de mayo de 2020 (boletín 13493-13).

Adolfo Paúl Latorre

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Colegiatura obligatoria y control ético:

En relación con la colegiatura obligatoria para el ejercicio de la profesión de abogado, propiciada por el Consejo General del Colegio de Abogados de Chile como parte del programa de una nueva Constitución, cabría señalar que a nadie se le puede obligar a pertenecer a una organización gremial para trabajar. El artículo 20 la Declaración Universal de los Derechos Humanos —que según el artículo 135 de la Carta Fundamental el texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar— establece: “Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”. Los consejeros fundamentan tal exigencia sobre la base de la necesidad de someter a los abogados al control ético de sus conductas.

Al respecto cabría comentar que durante una conversación que sostuve a fines del año 2012 con doña Olga Feliú Segovia, a la sazón presidente del Colegio de Abogados, refiriéndome a los abogados que ejercen como magistrados de los tribunales superiores de justicia que fallan contra normas legales expresas y vigentes en las causas seguidas contra militares que debieron afrontar la violencia revolucionaria y terrorista, le pregunté: ¿Cuál es la razón por la que el Colegio no ha ejercido la atribución que le otorga su ley orgánica, en el sentido de “Representar al Presidente de la República y a los Tribunales Superiores las incorrecciones que notare en la administración de justicia y hacerles las observaciones que estime conducentes para que ésta se ejercite en forma correcta y expedita”? Doña Olga me respondió: “Si lo hiciera, la mitad de los abogados colegiados se retiraría del Colegio”.

Adolfo Paúl Latorre

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