CARTAS AL DIRECTOR

CARTAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE PRENSA

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CARTAS NO PUBLICADAS EN MEDIOS DE PRENSA

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Validación de la violencia:

La reciente declaración de la Convención Constitucional que valida la violencia no dista mucho de la resolución adoptada por la unanimidad de los asistentes al XXII Congreso del Partido Socialista de Chile realizado en Chillán en noviembre de 1967, que se inclinó por la vía violenta como método para la conquista del poder: “El Partido Socialista, como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir en esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del socialismo. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del Estado de clase. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista”.

Ya sabemos como terminó esa historia, cuyas secuelas estamos sufriendo hasta el día de hoy, razón por la que deberíamos hacer todo lo posible para evitar su repetición o algo aun peor, como sería una guerra fratricida.

Adolfo Paúl Latorre (10 de julio)

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Obligación esencial del Estado:

La ceremonia fúnebre de Pablo Marchant, integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), con una “guardia armada” formada por encapuchados portando armas de guerra alrededor del féretro y las incesantes ráfagas de disparos con diverso tipo de armamento, así como la extendida y extrema violencia ejercida contra personas y bienes en la “macrozona sur” llevada a efecto por un ejército irregular compuesto por guerrilleros y terroristas, son una clarísima manifestación de que la CAM y otras organizaciones afines constituyen un enemigo interno que está en guerra contra el Estado de Chile, pero éste no se ha dado por enterado de algo tan evidente.

Los gobernantes del Estado no han cumplido su obligación esencial que es la conservación del orden público y la vigencia del Estado de Derecho, para lo cual —junto con medidas que tiendan a atacar la raíz del denominado “conflicto mapuche”, originado principalmente por la nefasta “ley indígena”— deben aplicar la violencia física legítima del Estado necesaria para restituir el orden exigido por el bien común.

Adolfo Paúl Latorre (14 de julio)

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