CARTAS AL DIRECTOR

CARTAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE PRENSA

.

—————————————————————

CARTAS NO PUBLICADAS EN MEDIOS DE PRENSA

.

Normas de redacción:

La periodista Patricia Stambuk, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, declaró: “Ha pasado ante mis ojos un estatuto universitario lleno de dobletes innecesarios. Ni siquiera (as) y (os), sino que todos los cargos a palabra completa en masculino y femenino. Y hubo presión para aprobarlo solo si llevaba esas agotadoras reiteraciones. El Ministerio de Educación no se hizo problema. Hay una especie de temor a sugerir o establecer normas de redacción de documentos oficiales”.

A mi juicio no hay temor, por el contrario. Documentos oficiales, tales como: a) Guía de lenguaje inclusivo de género” del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile; b) “Orientaciones para un uso de lenguaje inclusivo de género en la SUSESO” de la Unidad de Comunicaciones Superintendencia de Seguridad Social; c) Instrucciones dadas por el ministro secretario general de la presidencia Nicolás Eyzaguirre en su oficio 934 del año 2016 sobre “consideraciones de género en la formulación de proyectos de ley”, en el que indica que se debe reemplazar, por ejemplo, el “todos” por “todos y todas”; “los alumnos” por “los alumnos y las alumnas”; “los derechos del hombre” por “los derechos de los hombres y las mujeres”.

Adolfo Paúl Latorre (28 de agosto)

.

Orden, violencia y derechos humanos:

La obligación fundamental de los gobernantes de un Estado es la conservación del orden público —un elemento esencial del bien común— sin el cual las diversas actividades no pueden ser desarrolladas con normalidad y tranquilidad.

A fin de cumplir tal cometido en muchas ocasiones es preciso aplicar la violencia física legítima del Estado para reprimir a guerrilleros, terroristas, insurgentes o delincuentes que están ejerciendo una violencia revolucionaria o vandálica, alterando el orden público o subvirtiendo el orden institucional de la República y afectando los derechos humanos de millones de personas; aunque ello acarree consecuencias fatales para las personas que están ejerciendo tal violencia ilegítima, las que son conocidas y aceptadas por ellas, lo que no significa un atentado contra sus derechos humanos.

El grado de fuerza que se utilice debe ser apreciado prudencialmente por la autoridad, respetando los principios de racionalidad y de proporcionalidad. La desproporción en el uso de la fuerza no solo puede predicarse respecto de la que es excesiva para cumplir con un determinado fin, sino que también respecto de la que es insuficiente para lograrlo.

Adolfo Paúl Latorre (30 de agosto)

.

Impacto público:

El presidente del Tribunal Constitucional Juan José Romero declaró (en una entrevista publicada el domingo 29 de agosto en El Mercurio de Santiago): “Nuestra labor fundamental es conocer causas y dictar sentencias. Todos concordarán que en casos difíciles, de mayor impacto público, hemos dictado sentencias”. No concuerdo con tal aserto, pues en dos casos que habrían causado impacto público dicho Tribunal no dictó sentencias.

Me refiero a los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de dos normas absolutamente inconstitucionales —porque atentan gravísimamente contra las garantías del debido proceso y de la igualdad ante la ley— que fueron declarados inadmisibles (roles 3015-16 y 3083-16). Dichas normas son la disposición constitucional octava transitoria y el artículo 483 del Código Procesal Penal, con las que se trata de justificar lo injustificable: la aplicación en la actualidad del antiguo sistema de procedimiento penal; un sistema que no respeta el derecho humano a un debido proceso, razón por la que fue reemplazado por el nuevo sistema procesal penal.

La disposición constitucional octava transitoria, que permitió la coexistencia del sistema procesal penal antiguo junto con el nuevo fue establecida, como lo señaló el propio Tribunal Constitucional, “para permitir la entrada en vigencia gradual o progresiva del nuevo sistema procesal penal” en las diversas regiones del país. Al entrar en vigor el nuevo sistema en todo el territorio nacional —el 16 de junio de 2005— dicha disposición quedó sin una causa o motivo razonable que la justifique y quedó derogada tácitamente.

Adolfo Paúl Latorre (1 de septiembre)

.

Tribunal Constitucional:

El Tribunal Constitucional es un órgano fundamental de la República, cuya función esencial es la de tutelar los derechos que nuestra Carta Fundamental asegura a todas las personas.

Lamentablemente dicho Alto Tribunal no acogió a tramitación el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto legal que vulnera palmaria y gravísimamente las garantías constitucionales del debido proceso y de la igualdad ante la ley (rol TC 3083-16).

Me refiero al artículo 483 del Código Procesal Penal que establece: “Las disposiciones de este Código sólo se aplicarán a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia”. Con este precepto legal se trata de justificar lo injustificable: la aplicación en la actualidad del antiguo sistema de procedimiento penal; un sistema que por no respetar el derecho humano a un debido proceso fue reemplazado por el nuevo sistema procesal penal; que entró en vigor en todo el territorio nacional el 16 de junio de 2005, al completarse el proceso de su entrada en vigencia gradual o progresiva en las diversas regiones del país.

El que a unas personas les sea aplicado el sistema procesal penal antiguo y a otras el nuevo constituye una discriminación arbitraria, pues no existe una causa o motivo razonable que justifique tal diferencia de trato. Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha declarado: “En un Estado Democrático de Derecho no resulta concebible que sus ciudadanos se encuentren sometidos a dos clases distintas de justicia”.

Adolfo Paúl Latorre (2 de septiembre)

3 Me gusta 🙂
PUBLICACIONES POR AUTOR
PROGRAMA REVELANDO
REVISTA ESLABÓN
HAZTE SOCIO DE ASOFAR
TRÁMITES DE DEFUNCIÓN
SUBSECRETARIA FF.AA.
CAPREDENA
MULTIGREMIAL FACIR
DEMODIGITAL.CL
REVISTA TRES ESPADAS

ASOFAR AG - Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro

Esmeralda 1074 Of. 401, Valparaíso - Tel 32 2254314 - asofar@gmail.com