COLUMNA DE OPINIÓN

El Mostrador

Respuesta a FF.AA., Defensa y Constitución: una revisión necesaria

John Griffiths Spielman

16 de septiembre de 2021

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Con la finalidad de favorecer el intercambio de opiniones y diálogo académico en estas materias, me permitiré opinar respecto de algunos de los principales contenidos del texto publicado por el exsubdirector de la ANEPE, Sr. Mladen Yopo. Como la defensa es un tema de todos y al serlo requiere de diálogo, ese diálogo para que sea fructífero nos obliga a despojarnos –en lo posible– de todos nuestros sesgos y prejuicios, así como fortalecer acuerdos y consensos, ya que será nuestra patria la que nos demande mejores niveles de bienestar, desarrollo y seguridad. Y esa tarea es de todos, civiles y militares.

El exsubdirector de la ANEPE, Sr. Mladen Yopo, en su opinión del 15 de septiembre en el artículo que se titula “Fuerzas Armadas, Defensa y Constitución: una revisión necesaria”, materializa una serie de afirmaciones y propuestas con distintos ejemplos y fundamentos, dejando en el aire la idea de que, de ser aceptadas sus propuestas en el prospecto de una nueva Constitución, todos los males –que el autor adjudica a las instituciones de la Defensa– serían subsanados.

Seguidamente, enumera una serie de hechos, algunos aún en plena investigación, que –a juicio del autor– son evidencia de su propuesta, para continuar con la existencia en la historia constitucional de Chile de un poder oculto que ha consagrado determinadas conductas, volviendo de paso a presentar y confundir la denominada “Doctrina de Seguridad Nacional”, con el concepto de “Seguridad Nacional».

En consecuencia y con la finalidad de favorecer el intercambio de opiniones y diálogo académico en estas materias, me permitiré opinar respecto de algunos de sus principales contenidos.

Es necesario reflexionar, en primer lugar, sobre cuál es la finalidad de una Constitución Política. Ciertamente no es la explicitación de leyes, para evitar hechos específicos, ya que ellos son precisamente materia de los cuerpos legales jurídicos existentes. En consecuencia, pareciera que el propósito de una Carta Magna es establecer un marco regulatorio de las reglas del juego en una sociedad en la que priman la libertad e igualdad ante la ley de cada ciudadano, equilibrio de poderes, entre otras consideraciones. En otras palabras, su finalidad es establecer límites al ejercicio del poder, regulando las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos, para proteger los legítimos derechos y libertades individuales.

Si las FF.AA. deben o no estar en texto constitucional, no es un debate cualquiera. La importancia profunda de ese debate es que lo que debe estar en la Constitución Política de la República es la definición de cuáles instituciones y de qué características, materializarán el monopolio del uso legítimo de la fuerza entregado al Estado. Lo contrario sería argumentar que el Estado no debe monopolizar el uso de la fuerza, que nadie está obligado a renunciar a la violencia para el logro de objetivos políticos y que los ciudadanos deben defenderse a sí mismos, entre ellos y contra el Estado.

Si revisamos la Constitución Política, en el capítulo XI, artículos 101 al 105, y tratamos de encontrar en su contenido alguna disposición que haya impedido a las autoridades o la ley de operar en el marco de una sociedad democrática, creo no es posible encontrarla. La pregunta es entonces: ¿cuál es el motivo para no incluir en el texto constitucional la forma en que el Estado se organiza para ejercer el monopolio de la fuerza que le es entregado por el soberano?¿Es conveniente señalar qué instituciones y de cuáles características serán las que materializarán ese monopolio del uso de la fuerza? ¿Si se deja a criterio de una ley simple, podría el gobierno de turno legalizar milicias armadas, tropas paralelas, guerrillas revolucionarias, aprovechando que la Constitución no lo impide?

Parece más razonable especificar cuáles son las instituciones que serán depositarias, en forma exclusiva y excluyente, del monopolio del uso de la fuerza, las características que deberán tener para garantizar los contrapesos de poder que el monopolio del uso de la fuerza provee, y la determinación de la forma en que estas especialísimas instituciones se vincularán en su relación de mando con el poder político democráticamente elegido.

Adicionalmente, si se requiere y en eso estoy de acuerdo, precisar qué es la no deliberación, concepto establecido en la Constitución de 1833, y tomado por Mariano Egaña de la Constitución francesa de 1791 (Título IV, Art. 12). Existe consenso, en el ámbito jurídico, que la deliberación es del tipo política, ya que lo contrario sería que estas no pueden “reflexionar antes de tomar una decisión” y, en consecuencia, no podrían asesorar al poder político en ninguna circunstancia, como usted –si lo sabe– es la conducta normal en toda democracia.

Si queremos discutir estas nociones no debiéramos permanecer atados a un corsé ideológico, que no nos permite distinguir entre los prejuicios individuales de cada persona con lo que el Estado y sus ciudadanos requerirán a futuro, ante las amenazas que ya se explicitan en diversas publicaciones especializadas y están en nuestro horizonte cercano. En síntesis, la Seguridad Nacional no es lo mismo que la “Doctrina de Seguridad Nacional”. Le podríamos llamar seguridad estatal o como prefiera el señor Yopo, pero el cambio de nombre en nada afecta al concepto que está detrás.

En síntesis, la no deliberación es la del tipo partidista u opinar en política contingente, influyendo en el resultado de la deliberación o debate, en contra de lo ya resuelto, políticamente. La otra noción es apelar a que las Fuerzas Armadas no puedan expresar su opinión, en materias de su específico desempeño, con el debido respeto y consecuencia administrativa y jurídica. Apelar a que “se institucionalizó la securitización de la sociedad en el concepto de orden público”, desde 1833, no solo es errado sino que además requiere ser probado, cosa que no ocurre en el artículo en comento. El orden público, otro concepto tratado en forma errónea por el autor, está presente en la mayoría de los textos legales de sociedades democráticas modernas y el concepto de “securitización” es de finales de la década de 1980 y se refiere a una noción amplia de la seguridad que nunca ha sido propuesta por los militares o Fuerzas Armadas de ningún país, tampoco en Chile.

Otro asunto que creo necesario abordar es que no debemos confundir la “Doctrina de Seguridad Nacional” (Francisco Leal Buitrago: La Seguridad Nacional a la Deriva, 2002) con el concepto moderno de Seguridad Nacional, este último hoy consagrado en la legislación de muchos países, así como en la literatura de los estudios de seguridad y estratégicos. No en vano, las principales universidades del mundo poseen programas de Seguridad Nacional y la literatura de la disciplina está disponible a quien quiera acceder a ella. Es más, la seguridad, junto al desarrollo, dan forma al bienestar del ciudadano y todas las anteriores expresan el bien común, que es la finalidad última de todo Estado, como forma de organización política.

Si queremos discutir estas nociones no debiéramos permanecer atados a un corsé ideológico, que no nos permite distinguir entre los prejuicios individuales de cada persona con lo que el Estado y sus ciudadanos requerirán a futuro, ante las amenazas que ya se explicitan en diversas publicaciones especializadas y están en nuestro horizonte cercano. En síntesis, la Seguridad Nacional no es lo mismo que la “Doctrina de Seguridad Nacional”. Le podríamos llamar seguridad estatal o como prefiera el señor Yopo, pero el cambio de nombre en nada afecta al concepto que está detrás, porque el concepto explica una necesidad real que existe, y está íntimamente ligado a la finalidad y necesidad del Estado. Negarlo sería como pretender cambiarle nombre a la primavera para curar la alergia al polen. Con todo, adicionalmente, y ante el mayor impacto de las amenazas emergentes, los Estados ya han adoptado recientemente arquitecturas de seguridad para hacer frente a estos fenómenos, como es el caso de Reino Unido en 2010 o España 2011.

Creo que los grados de autonomía de las instituciones son en la práctica algo sobre lo que se puede conversar y mejorar, pero que, sin duda, ello es responsabilidad de los liderazgos del mundo político, ya que poseen sobradas atribuciones para dirigir, mandar y controlar y, de no tenerlas, debieran haber sido materia de ley hace mucho rato. Culpar a las instituciones de autonomía es precisamente situarlas en un plano superior, que no poseen ni constitucional ni legalmente. Así como los presupuestos que se formulan son claramente una responsabilidad política, en función de la mantención de un nivel de seguridad y defensa que se estima el adecuado, para hacer frente a los desafíos políticos e interés nacional. Ser más eficiente, por cierto que es un objetivo por robustecer. Es bueno comprender que las instituciones del Estado no quiebran, como algunos señalan, sino que se adaptan a las prioridades que, en última instancia, resuelve la conducción política.

Con todo, expresar que existe “una sobrerrepresentación de las FFAA en la Constitución Política”, es una afirmación que igualmente requiere ser demostrada. Si efectuamos un ejercicio comparado de las disposiciones sobre las Fuerzas Armadas, en textos constitucionales de los principales países de la OCDE, y aun de la región, veremos que son sensiblemente parecidas.

El autor menciona que la amplitud de las misiones de la Defensa afecta su eficacia y eficiencia, así como la de otros organismos públicos creados para ello. Al respecto, vale la pena señalar que tanto la Defensa como la diplomacia y otras funciones son instrumento de poder de un Estado que se deben combinar con distinto énfasis en el problema estratégico o de Seguridad Nacional a enfrentar. Las Fuerzas Armadas poseen un despliegue único en todo el territorio nacional y capacidades humanas y tecnológicas al servicio de su comunidad.

Luego, ¿cuál es el motivo para que no puedan servir a la comunidad, a la que se deben en tiempos de catástrofes o pandemias (COVID-19) como las que hoy enfrentamos?, si el conductor político así lo estima pertinente. ¿Existe algún Estado que haya dejado de lado estas capacidades por razones teóricas? ¿En qué impiden que otras instituciones afines robustezcan sus propios procesos, para los que fueron creadas? ¿Qué nos dice nuevamente la situación comparada? La mayor parte de los Estados, aun los más desarrollados, consideran el aporte y participación de sus Fuerzas Armadas, para enfrentar excepcionalmente singularidades catastróficas. Prescindir de ellas sería un serio error político. La evidencia de lo anterior se encuentra ampliamente difundida en los medios y redes de comunicación sociales. Por lo demás, las instituciones de la Defensa cumplen con las tareas encomendadas en esas áreas porque son obedientes y subordinadas y no porque sea de su interés particular.

Se expresa que “los conceptos de ‘seguridad nacional’ y de ‘orden público’ (…) son mecanismos destinados a dirimir controversias políticas internas y defender los llamados ‘valores nacionales’ (…) que hoy no se adecuan a la diversidad del país”, que constituyen afirmaciones infundadas. Estas afirmaciones, creo, requieren un mínimo de evidencia para ser expresadas. Más aún, el orden público es parte del Estado de Derecho del que todos gozamos y nos beneficiamos, uno de los verdaderos objetivos que una Constitución debe consagrar, para que nadie los afecte, con el debido equilibrio de las libertades individuales.

No percibo evidencia de que sean parte de una “mirada conservadora”, como la que se señala en el artículo, creo que es precisamente el orden público el que está al servicio de todos los ciudadanos, desde el más humilde al más poderoso, y de responsabilidad del gobierno su implementación y aseguramiento, con el debido respeto de todas las normas. Con razón, en la última encuesta de Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa (Athenalab) realizada en todo el país, en todos los grupos etarios y económicos, nueve de cada diez (9/10) chilenos perciben que su seguridad y orden público se encuentran seriamente afectados, así como la última encuesta CEP (agosto 2021) presenta que la principal preocupación del Gobierno debiera ser delincuencia, asaltos y robos, y no son percepciones conservadoras.

Finalmente, si estamos completamente de acuerdo en que la defensa es un tema de todos y al serlo requiere de diálogo, ese diálogo para que sea fructífero nos obliga a despojarnos –en lo posible– de todos nuestros sesgos y prejuicios, así como fortalecer acuerdos y consensos, ya que será nuestra patria la que nos demande mejores niveles de bienestar, desarrollo y seguridad. Esa tarea es de todos, civiles y militares, y en su cumplimiento debemos estar siempre dispuestos a dar lo mejor de nosotros con prescindencia de ideologías. Por sobre todo, debemos mirar cómo construimos una seguridad y defensa para Chile, de cara a los actuales y futuros desafíos y no mirando por el espejo retrovisor.

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A CONTINUACIÓN, COPIAMOS LA COLUMNA DEL EXSUBDIRECTOR DE LA ANEPE, SR. MLADEN YOPO, DEL 15 DE SEPTIEMBRE, TITULADA: “FUERZAS ARMADAS, DEFENSA Y CONSTITUCIÓN: UNA REVISIÓN NECESARIA”

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El Mostrador

FF.AA., Defensa y Constitución: una revisión necesaria

Mladen Yopo

15 de septiembre de 2021

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Miembros de las Fuerzas Armadas en servicio y en retiro, han declarado aprensiones sobre las reformas constitucionales que pudiesen producirse. En este sentido, es necesario aclarar desde ya que nadie quiere debilitarlas –esenciales para la Defensa–, sino que este cambio desde el escenario legal actual se explica como exigencia concreta a las FF.AA. en un Estado de derecho que eleva sus estándares, y en la necesidad del desarrollo del buen gobierno en el ámbito de la Defensa, lo que terminará potenciándolas y desarrollándolas profesionalmente, a través de la redistribución solidaria de un trabajo sistémico y el refortalecimiento de otros organismos públicos, especialmente creados para tareas específicas. Es claro, entonces, que hoy estamos en tiempos de remirarnos y buscar respuestas conjuntas.

A pesar de la campaña levantada en su contra, la Convención Constitucional entra en tierra derecha. Eso llevará a una segunda etapa, cual es la configuración de un debate para la confección de un texto definitivo (el marco de la vida nacional) a someter a la ciudadanía en un plebiscito de salida. Si bien los temas son diversos, específicos y transversales, una línea importante será la relación Fuerzas Armadas, Defensa y Constitución. Más aún ahora que hemos conocido de nuevos hechos que colocan una vez más actuaciones de las FF.AA. –de sus liderazgos principalmente y de su rol– en clara controversia con los estándares democráticos y que la nueva Constitución debe resolver tras la nueva realidad develada post 18 de octubre.

Entre estos hechos controvertidos, por ejemplo, han destacado las declaraciones y comunicados de los comandantes en Jefe (CJ) sobre hechos de la contingencia (estallido social, Araucanía, programa humorístico e incluso sobre el nuevo texto constitucional), lo que llevó a la Contraloría a mandarle un “recado” al ministro de Defensa y a las FF.AA. sobre la consideración de vulneración de la obligación de no deliberar (Art.101 de la Constitución actual). También esta el testimonio del general (r) Schafik Nazal, ante la Fiscalía, de cómo se intervinieron las comunicaciones de un periodista (Mauricio Weibel) y militares que denunciaban la corrupción en la institución (es decir, se espía al interior del país).

Como institución jurídica “matriz”, es la Constitución la encargada de definir el rol y potestades de las FF.AA., a pesar de que los imperativos militares se dan desde antes de la Independencia e imponen su marca autoritaria en la cultura estratégica de la chilenidad y, particularmente, en diversos acápites de la Carta Fundamental. Así, desde el orden portaliano con la Constitución de 1833, se institucionalizó la securitización de la sociedad en el concepto de orden público. El sobre-rol de las FF.AA. en función del estrecho y conservador concepto de “Razón de Estado”, fue reforzado en los 70 con la “Doctrina de Seguridad Nacional” y luego la ilegítima Constitución de 1980 y su concepción de «democracia protegida/autoritaria» (Jaime Guzmán), definió a las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad.

Luego están los casos de corrupción como el fraude de $3 mil millones en el Fondo de Ayuda Mutua (FAM) del Ejército (800 militares activos y retirados formalizados) y del ex-CJ del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, quien junto a su esposa, Ana María Pinochet, están formalizados por lavado de activos y malversación de $3.500 millones provenientes de gastos reservados, para no irnos más atrás y recordar casos como el de los Mirage, donde se procesa al ex-CJ de la FACH. O de los tanques Leopard, donde se condena altos oficiales por pagos indebidos, de los helicópteros Bell 412,  donde renuncia otro ex-CJ de la FACH; las coimas en el caso Fragatas, el Milicogate y el uso inadecuado de US$ 8 millones de la Ley Reservada del Cobre o de diversas denuncias de  sobreprecios y/o conflictos de intereses en la adquisición de bienes y servicios o enajenación de patrimonio –ahí está el intento de enajenación de parte de los terrenos del Hospital Militar en La Reina–.

Por último, en el mes del ignominioso golpe de Estado de 1973, están los casos de DD.HH. donde se confirmó el procesamiento del ex-CJ del Ejército, general (r) Juan Emilio Cheyre, como autor del delito de aplicación de tormentos a detenidos en el Regimiento Arica en 1973 (cuatro CJ han enfrentado juicios por corrupción o violaciones de los derechos humanos); de organismos de DD.HH. como Amnistía Internacional, que han acusado a las FF.AA. de “ataques generalizados en contra de la población, usando la fuerza de forma innecesaria y excesiva» durante las protestas del 2019-2020 –en una acto de defensa corporativa, las Fuerzas Armadas conjuntamente rechazaron el informe–, acusaciones que persiguieron al Presidente Piñera en su gira a Europa; o donde el 12 de septiembre se repiten marchas militares en un mall –la de la Escuela de Suboficiales en el mall Arauco Maipú– y que muchos consideraron “una provocación”.

Lo que hacen estos y otros hechos es constatar una realidad “paralela al Estado de derecho” vivida por las FF.AA.; una suerte de existencia de un Estado dentro del Estado (“deep state”), al referirnos a las prerrogativas que tienen la Fuerzas Armadas en relación con el Estado y la sociedad. Oxford Languages lo define como “maniobras secretas para manipular o controlar las políticas del gobierno”, con efectos negativos para la gobernabilidad democrática.

Como institución jurídica “matriz”, es la Constitución la encargada de definir el rol y potestades de las FF.AA., a pesar de que los imperativos militares se dan desde antes de la Independencia e imponen su marca autoritaria en la cultura estratégica de la chilenidad y, particularmente, en diversos acápites de la Carta Fundamental. Así, desde el orden portaliano con la Constitución de 1833, se institucionalizó la securitización de la sociedad en el concepto de orden público, el que proporciona elementos para comprender las realidades militarizadas y la institucionalización de lo excepcional expresado en un sobre-rol de las FF.AA. con consecuencias trágicas (episodios de represión y matanzas de connacionales).

El sobre-rol de las FF.AA. en función del estrecho y conservador concepto de “Razón de Estado”, fue reforzado en los 70 con la “Doctrina de Seguridad Nacional” y que sirvió para legitimar un nuevo militarismo y sus golpes en función de combatir un supuesto enemigo externo/interno. Luego, la ilegítima Constitución de 1980 y su concepción de «democracia protegida/autoritaria» (Jaime Guzmán), definió a las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad y con la atribución de representar su opinión frente a situaciones que, a su juicio, consideraran conflictivas. Esta concepción les consagra un supra-rol por encima de la figura clásica (democrática) de la Defensa. El Artículo 1º de la Constitución dice lo siguiente: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional”, una noción ambigua que amplía el rango de la amenaza/enemigo al ámbito interno y al uso de la fuerza militar como respuesta a este y otros desafíos a partir de una concepción de seguridad ampliada; es decir, extiende el rol de las FF.AA. (polivalencia) hacia ámbitos propiamente civiles o, en el mejor de los casos compartidos, con el desmedro de las instituciones civiles creadas para ello.

A partir de este estatus especial (particularmente en las Leyes Orgánicas Constitucionales) y de las funciones ambiguas que les conceden ciertos conceptos, es que cada CJ tiene las facultades para materializar una desmesurada autonomía en sus instituciones. Si bien el alto grado de poder/autonomía de las FF.AA. proviene del poder conservador histórico y fortalecido durante la dictadura cívico-militar, este se perpetuó con una transición pactada –las autoridades democráticas hicieron oídos sordos–, con enclaves autoritarios y una favorable maraña legal para defender los intereses corporativos. Pablo Contreras y Sebastián Salazar, tras analizar la normativa legal, dicen que “queda patente la existencia de amplios márgenes de autonomía en las FF.AA., (los que) grafican la compleja relación entre el poder civil y militar para materializar adecuadamente los principios de obediencia y no deliberación. Esta situación se concretiza por la subsistencia de privilegios y regímenes diferenciados, sin una justificación plausible, en favor de los militares; por las amplias decisiones discrecionales y carentes de motivación que adoptan sus autoridades en el ejercicio del mando; y por la falta de actualización de su normativa a partir de las reformas constitucionales del año 2005”.

En síntesis, hoy hay: a) una sobrerrepresentación de la FF.AA. en la Constitución (las homologa/equipara al Estado y la sociedad), lo que les otorga un estatus y grado de autonomía que afecta la subordinación al poder civil y genera otros problemas de transparencia/corrupción; b) la amplitud de la misión militar incrementa su influencia en asuntos ajenos a la Defensa, afectando su eficacia/eficiencia y la de otros organismos públicos creados para ello (rol-misión, presupuesto, planta de personal); c) la gobernabilidad y el desarrollo democrático pasan por garantizar que nadie las llame y/o apoye una solución militar en temas ajenos como la seguridad interna (salvo contadas excepciones); d) los conceptos de “seguridad nacional” y de «orden público» no solo están destinados a proteger la integridad del Estado, sino especialmente son mecanismos destinados a dirimir controversias políticas internas y defender los llamados “valores nacionales” (miradas conservadoras) y que hoy no se adecuan a la diversidad del país; e) la Defensa es un tema de todos, sus respuestas deben ser integrales y de todas las capacidades nacionales, a partir de una estrategia nacional democrática y de una Política de Defensa concordante (no hecha entre cuatro paredes); etc.

Además de un reanclaje de los relatos históricos a través de una desmilitarización social y cultural, es fundamental que el poder civil efectúe, en clave democrática, una revisión completa de la normativa vigente en estas materias. De este modo, se podrán eliminar o restringir todos aquellos aspectos, conceptos y leyes que distorsionen el rol esencial de la Fuerzas Armadas en su labor de la Defensa. Esto implica, entre otros: a) redimensionar su rol en la Constitución, incluyéndolas en el capítulo destinado a la Defensa como un organismo público especializado (desde su especificidad homologarlas al resto de la administración del Estado); b) consagrar al Presidente de la República en tiempos de paz y guerra como Jefe Supremo de las FF.AA. (hoy solo lo es en tiempos de guerra); c) instaurar un rol de tutelaje real del Ministerio de Defensa sobre las Fuerzas Armadas y que se refleje en una modificación de la Ley 20.424 (aprovechar de jerarquizar al conductor conjunto); d) definir la Política de Defensa como una expresión sistémica (de todos), pero teniendo a las FF.AA. como factor esencial; e) sacar del texto constitucional el concepto de «seguridad nacional» y cambiarlo por un concepto de seguridad democrática 2.0 (diferenciar seguridad interna y externa); f) precisar el concepto «orden público» en función de una gobernanza democrática; h) reformular los estados de excepción, sus usos y sus actores (mando civil en ellos).

Miembros de las Fuerzas Armadas, en servicio y en retiro, han declarado aprensiones sobre las reformas constitucionales que pudiesen producirse. En este sentido, es necesario aclarar desde ya que nadie quiere debilitarlas (esenciales para la Defensa), sino que este cambio desde el escenario legal actual se explica como exigencia concreta a las FF.AA. en un Estado de derecho que eleva sus estándares y en la necesidad del desarrollo del buen gobierno en el ámbito de la Defensa, lo que terminará potenciándolas y desarrollándolas profesionalmente, a través de la redistribución solidaria de un trabajo sistémico y el refortalecimiento de otros organismos públicos, especialmente creados para tareas específicas. Es claro, entonces, que hoy estamos en tiempos de remirarnos y buscar respuestas conjuntas.

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Fuente:  Página web medio digital El Mostrador

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