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El Líbero

Miguel Ángel Martínez: ¿Qué hay detrás de las elecciones regionales en Venezuela?

Publicado el 30 de noviembre de 2021

Miguel Ángel Martínez Meucci, Académico, Estudios Políticos Universidad Austral de Chile

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Algunos ven un positivo punto de inflexión en el continuo deterioro de la situación política de ese país, mientras otros las consideran una hábil maniobra del chavismo para consolidar un sistema de partidos a su medida.

Todos deseamos que Venezuela alcance una solución pacífica e institucional a los males que la han venido aquejando durante el presente siglo. Los venezolanos somos los primeros en desear el remedio menos traumático al respecto. Y los estados democráticos de la región y de todo Occidente esperan, por lo general, no tener que verse obligados a gestionar la espinosa cuestión venezolana. Esta esperanza generalizada es tan grande que, en ocasiones, conduce a ver soluciones allí donde no las hay, o a fingir que es así por razones de conveniencia.

Las elecciones regionales del pasado domingo 21 de noviembre en Venezuela generaron una gran expectativa durante todo el año 2021, ya que se las veía como una gran oportunidad para modificar la compleja dinámica que ha tenido lugar entre chavismo y oposición desde que el gobierno venezolano abandonara en 2016 (según acreditan los principales índices de evaluación de la democracia en el mundo: V-DemPolityThe Economist Intelligence Unit, etc.) la condición de régimen híbrido o autoritarismo competitivo para convertirse en un autoritarismo hegemónico. O para decirlo en términos más llanos, en una dictadura pura y dura.

Desde principios de 2016, y con el apoyo de un poder judicial absolutamente bajo su control, el chavismo no sólo desconoció por completo las decisiones de una Asamblea Nacional en la que la oposición había alcanzado (diciembre de 2015) dos tercios de la cámara, sino que además conculcó arbitrariamente, hacia el mes de octubre, la posibilidad de realizar un referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. Ya en 2017, y para contar con una suerte de poder parlamentario paralelo que le facilitara una legislación de excepción permanente, el chavismo convocó de modo irregular una Asamblea Constituyente que nunca produjo un nuevo texto constitucional (y en cuya elección la propia compañía informática que proporciona las máquinas de votación denunció irregularidades determinantes), pero que estuvo operativa durante más de tres años, justo hasta dos semanas después de que el oficialismo realizara unas nuevas elecciones parlamentarias con las que volvió a tomar control de la Asamblea Nacional (diciembre 2020).

Durante todo ese tiempo (2017-2020), una buena parte de la oposición se negó sistemáticamente a participar en comicios cuyos resultados se verían condicionados por el chavismo mediante toda suerte de mecanismos irregulares: la ilegalización de varias fuerzas políticas y la negativa a registrar a otras; la inhabilitación, hostigamiento e incluso encarcelamiento de los candidatos más representativos (muchos actualmente en el exilio, como Julio Borges, Antonio Ledezma, Leopoldo López o David Smolansky) y la cooptación de otros —popularmente conocidos como “alacranes”—; el desarrollo de procesos judiciales para “secuestrar” las tarjetas de los partidos tradicionales y ponerlas a favor de candidatos afines al chavismo; la presión sobre el electorado más vulnerable (conminado a votar por el oficialismo, so pena de no recibir las cajas de alimentación conocidas como “CLAP”); y diversas formas de control e intimidación de los centros de votación durante las jornadas electorales (“puntos rojos”); etc. Y allí donde algún gobernador opositor logró vencer en las elecciones regionales de 2017, se le restringió el acceso a recursos y se le designó un “protector” como gobernador paralelo del chavismo.

Fue en ese contexto, y tras la negativa de casi 60 países democráticos a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales de mayo de 2018 (por las que Maduro se perpetuó en el poder tras la victoria sobre un candidato ex chavista como Henry Falcón, no acompañado por el resto de la oposición), cuando surgió la tesis del “gobierno interino” presidido por el diputado Juan Guaidó. No obstante, la ausencia de control sobre los medios de fuerza ha impedido que dicha tesis haya ido más allá del control de diversos activos del Estado venezolano en el extranjero (la red de estaciones de servicio CITGO en los Estados Unidos; Monomeros en Colombia; el oro en Inglaterra, etc.) y que se haya ido desgastando con el paso del tiempo.

Dicho desgaste, unido a la pérdida de la Asamblea Nacional por parte de la oposición el año pasado, no ha hecho más que profundizar las divisiones existentes en el seno de la oposición venezolana. A menudo se achaca únicamente esta división a los egos y la estrechez de miras, pero lo cierto es que debe mucho también al constante hostigamiento de un régimen autoritario que, en vez de barrer con todos sus adversarios —tal como burdamente parece estar haciendo Daniel Ortega en Nicaragua—, se ha dedicado más bien a configurar una oposición a su medida, eliminando a las figuras y organizaciones más incómodas mientras genera espacios de participación para una gran variedad de candidatos y partidos que no comprometen su continuidad en el poder.

Con el propósito de avanzar en esta línea, que le ayuda a evitar la condena internacional y a exigir tanto el levantamiento de las sanciones como la recuperación del control de los activos del Estado venezolano en el extranjero, el chavismo aceptó participar junto a la oposición en el Proceso de Negociación y Diálogo que se instaló en México con la facilitación del estado noruego. Y aunque de momento dichos diálogos están suspendidos por Nicolás Maduro, en protesta por la deportación desde Cabo Verde a EE.UU. del empresario colombiano Álex Saab (considerado como testaferro personal de Maduro y cerebro de la compleja arquitectura financiera mundial mediante la cual el chavismo ha intentado evadir las sanciones foráneas), no cabe duda de que tal instancia ha sido decisiva para que el oficialismo ofrezca algunas mínimas garantías de participación a la oposición.

Como todo hecho político, lo anterior puede ser objeto de varias lecturas. Tal como se desprende del informe preliminar elaborado por la misión de observación enviada por la Unión Europea (encabezada por la eurodiputada Isabel Santos, del Partido Socialista portugués, y enviada por Josep Borrell contra las recomendaciones de los asesores), las elecciones siguen marcadas por la falta de independencia judicial, el control financiero del Estado, las violaciones a los derechos humanos y las “insuficientes condiciones democráticas” en general. No obstante, se reseñan algunas mejoras en las condiciones electorales y se considera a estos comicios como “un posible primer paso hacia un acuerdo político amplio sobre las condiciones necesarias para realizar elecciones aceptadas por todas las partes en Venezuela”.

Pero por otro lado, no se puede perder de vista el control ejercido por el chavismo para que los opositores que cuentan con opciones de llegar a algunos cargos regionales terminen siendo, finalmente, quienes no se le oponen, debido a que han sido cooptados, financiados o exonerados de persecución política con ese preciso propósito. Esto lo percibe una ciudadanía que según los datos del régimen chavista se abstuvo en un 59% de votar en esta oportunidad, aunque todo hace pensar que la abstención podría haber alcanzado en realidad cifras cercanas al 70%. A ello cabe añadir los turbios nexos financieros que vinculan al chavismo con diversos gobiernos socialistas en todo Occidente, y que quizás explican por qué todos parecen condenar abiertamente las elecciones fraudulentas en un país de escasos recursos como Nicaragua, mientras muchos insisten nuevamente en otorgarle el beneficio de la duda a las que se realizan en la rica pero expoliada y depauperada Venezuela.

Dice el afamado economista y consultor Paul Collier en su libro Guerra en el club de la miseria (2009, Madrid: Turner Noema) que, en su opinión, “el pánico que mostraban las autoridades soviéticas a cualquier forma de consulta electoral nos ha llevado a creer que los comicios son, en sí mismos, el logro fundamental. Lo cierto, sin embargo, es que no es tan difícil amañar unas elecciones: tan sólo los dictadores verdaderamente paranoicos las evitan”. Las elecciones son necesarias para la redemocratización de Venezuela, pero sólo si previamente contamos con las garantías de que en ellas, en verdad, será posible elegir.

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Fuente:  Página web medio digital El Líbero.

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