Artículos Adolfo Paúl Latorre

CARTAS AL DIRECTOR

CARTAS NO PUBLICADAS EN MEDIOS DE PRENSA

Chile en llamas:

Chile está en llamas por la violencia vandálica, guerrillera, terrorista e insurreccional que campea en su territorio. Los grupos que ejercen esta violencia actúan con absoluta impunidad, pues tanto Carabineros como las FF.AA., debido a insensatas reglas de uso de la fuerza, carecen de capacidades disuasivas y represivas.

La conservación del orden público —obligación esencial de todo gobernante— exige la aplicación de la violencia legítima del Estado para aniquilar a dichos grupos, que no cambiarán su conducta por la razón; solo lo harán por la fuerza.

El Estado tiene la obligación de usar la violencia física legítima —de la cual tiene el monopolio— para garantizar el Estado de Derecho y lograr mediante ella la restitución del orden exigido por el bien común.

Lamentablemente el gobierno no aplica la fuerza suficiente por el “discurso de los derechos humanos”, un arma estratégica del comunismo para quitar legitimidad al uso de la fuerza —y desarmar psicológicamente a quienes, por deber de autoridad, están obligados en justicia a aplicar la violencia para reprimir a quienes subvierten el orden social— y por el eslogan “hay que condenar la violencia venga de donde venga”, sin distinguir entre la que es legítima de la que es ilegítima.

Mientras no sean modificadas las reglas de uso de la fuerza, la violencia no sea condenada por todos los sectores de la sociedad y existan personas de la clase dirigente que la amparan, justifican o promueven, y que tratan de destruir o debilitar a Carabineros —lo que es hecho por instituciones del propio Estado— será imposible restablecer el orden público y la paz social.

Adolfo Paúl Latorre

.

Retiro de armas:

Concuerdo con la urgencia de retirar armas de la circulación, pero las de los delincuentes, no las de los particulares que las tienen para defenderse de los delincuentes.

Al respecto, debemos tener presente el postulado 10 del “Decálogo de Lenin”, conocido como “Manual para tomar el control de una sociedad: “Registre a todos aquellos que posean armas de fuego, para que sean confiscadas en el momento oportuno, haciendo imposible cualquier resistencia a la causa”

También cabría citar el postulado 10 del “Decálogo del joven socialista” de Santiago Carrillo: “Ármate tú, mientras haces todo lo posible por desarmar a un enemigo”.

Adolfo Paúl Latorre

.

Baquedano:

En relación con la profanación del monumento al general Baquedano y la incapacidad del Gobierno para cumplir su obligación esencial, que es la conservación del orden público, cabría citar el octavo postulado del Decálogo de Lenin: “Promueva disturbios y contribuya para que las autoridades constituidas no los repriman”.

Adolfo Paúl Latorre

.

Voto en dos días:

Si la votación de convencionales se hiciere en dos días, durante la noche del 10 al 11 de abril personas o grupos interesados por “rodear la Convención Constitucional” podrían tratar de sabotear el acto eleccionario mediante atentados anarquistas o terroristas.

Si a los militares a cargo de custodiar los locales de votación se les diere la consigna de asegurar la integridad de las urnas electorales, en tal caso no podrían cumplirla dadas las reglas de uso de la fuerza vigentes, que restringen extremadamente el uso de armas de fuego; lo que los deja sin capacidades disuasivas o represivas contra personas o grupos que están cometiendo o intentando cometer tales atentados. Esta incapacidad estimula la acción de tales personas o grupos, que saben que pueden quemar un colegio o realizar otros actos vandálicos con absoluta impunidad.

Difícilmente los militares podrían controlar a los agresores exhortándolos a deponer su actitud con buenas palabras. En muchos casos, la única forma para cumplir la consigna recibida es mediante el uso de armas de fuego.

La presencia de militares con armas que no pueden usar a nadie disuade. La disuasión es un efecto psicológico que se logra con medios ofensivos, mediante la amenaza de un daño que el agresor no está dispuesto a aceptar. Para que el efecto disuasivo se produzca es esencial que el disuasor cuente con la capacidad material para cumplir la amenaza y con la capacidad moral o la voluntad para llevarla a cabo.

Adolfo Paúl Latorre

.

Plaza de la Ignominia:

Si el monumento al general Baquedano fuese removido del destacado lugar en el que está ubicado, la plaza debería ser rebautizada como “Plaza de la Ignominia”.

Adolfo Paúl Latorre

.

Derrumbamiento:

El derrumbamiento o el traslado del monumento al general Baquedano sería un enorme triunfo de la izquierda radical y una clara señal del derrumbamiento de Chile y de su actual sistema político, económico, social y militar, que tendría repercusión mundial.

Es obligación del Presidente de la República, cuya “autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público” (art. 24 CPR) adoptar las medidas necesarias para evitar tal  desastre, por duras que sean: Salus populi suprema lex est (la salvación del pueblo es ley suprema: primer principio del Derecho Público Romano).

En virtud de lo anterior, considerando que los atentados contra el precitado monumento constituyen delitos de lesa patria y haciendo uso de su potestad reglamentaria (art. 32, 6º CPR) el Primer Mandatario debería dictar un decreto que establezca que la profanación del monumento a Baquedano —así como otros de enorme valor moral y patriótico, tales como el erigido a los Héroes de Iquique en Valparaíso— será repelida con armas letales por los carabineros o militares encargados de custodiarlo cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida, a quienes les será aplicada la eximente de responsabilidad penal establecida en el artículo 208 del Código de Justicia Militar.

Adolfo Paúl Latorre

7 Me gusta 🙂

CARTAS AL DIRECTOR

CARTAS NO PUBLICADAS EN MEDIOS DE PRENSA

Secesión de territorios:

Las obligaciones esenciales de los gobernantes son la conservación del orden público y del patrimonio territorial del Estado.

En la Macrozona Sur la primera de ellas está absolutamente incumplida y, la segunda, severamente amenazada por grupos armados que están llevando a efecto una insurrección revolucionaria mediante una guerra de guerrillas, cuyo objetivo es conseguir el control político de esa parte del territorio nacional y arrebatárselo al Estado de Chile.

Lo ideal es solucionar el denominado “conflicto mapuche” mediante grandes acuerdos nacionales, razonables y justos y que tiendan al bien común, pero el recurso al uso de la fuerza no debe ser descartado.

Sea como fuere, cualquier solución que se proponga al denominado “conflicto mapuche” requiere, como una condición sine qua non, terminar con las acciones de violencia terrorista y guerrillera en la zona.

Adolfo Paúl Latorre

.

Aún tenemos patria:

La incertidumbre, la angustia, el desánimo y la desesperanza debido a la falta de autoridad, de orden y de respeto a la ley inundan al presente el alma chilena.

Debemos levantar el espíritu, pues no todo está perdido. Aún hay personas que son respetuosas de nuestra historia, de nuestros héroes y de nuestras tradiciones; aún hay quienes saben de abnegación y de sacrificio y que están dispuestos a dar su vida en el cumplimiento de su deber; no todo es materialismo; no está todo corrupto; no todos blasfeman contra Dios y predican el odio; no todos atentan contra el matrimonio, la familia o la vida del niño que está por nacer; no todos apoyan la secesión de parte del territorio nacional; no todos atentan contra el orden institucional y los principios de una sociedad libre.

Aún tenemos patria, ciudadanos.

Adolfo Paúl Latorre

.

Uso de la fuerza:

La obligación esencial de los gobernantes de un Estado es la conservación del orden público, para cuyo cumplimiento los Estados cuentan con el monopolio de la violencia física legítima.

Si bien el Estado tiene la prohibición de abusar de la fuerza, tiene la obligación de usarla para reprimir la delincuencia, el vandalismo, la subversión, el terrorismo, la guerrilla y la insurrección revolucionaria, que ponen en gravísimo riesgo la estabilidad y el orden institucional.

El grado de fuerza que se utilice debe ser apreciado prudencialmente por la autoridad, siguiendo los principios de racionalidad y de proporcionalidad. La desproporción en el uso de la fuerza no solo puede predicarse respecto de la que es excesiva para cumplir con un determinado fin, sino que también respecto de la que es insuficiente para lograrlo.

Esto último es lo que ocurre en la Macrozona Sur; en la que se está librando una guerra de guerrillas que obedece a una estrategia de violencia revolucionaria y que es, a fin de cuentas, una verdadera guerra contra el Estado de Chile, la que debe ser enfrentada como tal.

Lucía Santa Cruz pregunta —en una columna publicada el 26 de febrero del año en curso en El Mercurio de Santiago, titulada “Araucanía y el moderno Leviatán”—: “¿Qué pasa con nuestro Leviatán, que no ha sido capaz de poner fin a la violencia en La Araucanía?”. Además de las razones por ella señaladas, cabría agregar el “discurso de los derechos humanos”; que ha sido usado por el comunismo como un arma estratégica para quitar legitimidad al uso de la fuerza y para desarmar psicológica y moralmente a quienes, por deber de autoridad, están obligados en justicia a aplicar la violencia para reprimir a quienes subvierten el orden social.

Lo ideal es solucionar el denominado “conflicto mapuche” mediante grandes acuerdos nacionales, razonables y justos y que tiendan al bien común, pero el recurso al uso de la fuerza no debe ser descartado.

Sea como fuere, cualquier solución que se proponga requiere, como una condición sine qua non, terminar con las acciones de violencia terrorista y guerrillera en la zona.

Adolfo Paúl Latorre

.

Fuerza insuficiente:

Las obligaciones esenciales de los gobernantes son la conservación del orden público y del patrimonio territorial del Estado, para cuyo cumplimiento éstos cuentan con el monopolio de la violencia física legítima.

En la Macrozona Sur la primera de ellas está absolutamente incumplida y, la segunda, severamente amenazada por grupos armados que están llevando a efecto una insurrección revolucionaria, cuyo objetivo es conseguir el control político de esa parte del territorio nacional y arrebatárselo al Estado de Chile.

Cualquier solución que se proponga al denominado “conflicto mapuche” requiere, como una condición sine qua non, terminar con las acciones de violencia terrorista y guerrillera en la zona.

El ideal es solucionarlo mediante grandes acuerdos nacionales, razonables y justos y que tiendan al bien común, pero el recurso al uso de la fuerza no debe ser descartado.

Si bien el Estado tiene la prohibición de abusar de la fuerza, tiene la obligación de usarla contra quienes ponen en riesgo la estabilidad política, el orden institucional de la República y la soberanía nacional. El grado de fuerza que se utilice debe ser apreciado prudencialmente por la autoridad, siguiendo los principios de racionalidad y de proporcionalidad.

La desproporción en el uso de la fuerza no solo puede predicarse respecto de la que es excesiva para cumplir con un determinado fin, sino que también respecto de la que es insuficiente para lograrlo. Por otra parte, resulta razonable que las fuerzas del Estado usen sus armas de fuego contra quienes están cometiendo flagrantes delitos de carácter terrorista; desde encapuchados que portando fusiles AKA-47 o M-16 están bloqueando un camino hasta otros que están quemando vivo al conductor de un camión.

Adolfo Paúl Latorre

.

Profundo error:

El senador Huenchumilla declaró: “Si creen que matando mapuches se acabará el problema, están en un profundo error”.

Concuerdo con tal aserto, pues la mayoría de los mapuches no apoya la violencia, de la cual muchos de ellos son víctimas. A los que se debe aniquilar es a los guerrilleros y terroristas, sean éstos mapuches, diaguitas, colombianos, franceses, holandeses, españoles, senegaleses o chilenos no mapuches —o de la raza, color o nacionalidad que sean— que están llevando a cabo una insurrección revolucionaria, cuyo objetivo es conseguir el control político de parte del territorio nacional y arrebatárselo al Estado de Chile, y que ponen en riesgo la estabilidad política, el orden institucional de la República y la soberanía nacional.

Adolfo Paúl Latorre

.

Por la razón o la fuerza:

Cualquier solución al denominado “conflicto mapuche” requiere terminar con las acciones de violencia en la macrozona sur.

Para ello existen dos opciones: que los terroristas depongan sus armas voluntariamente o que sean obligados a ello por la fuerza. Difícilmente podría darse la primera por grupos armados radicalizados que no atienden razones y que están dispuestos a destruirlo todo.

Para aniquilar la guerrilla y el terrorismo es preciso que policías y militares usen la fuerza en los términos indicados en el Código de Justicia Militar, sin las restricciones impuestas por decretos del Gobierno que los dejan sin capacidad disuasiva o represiva.

Tales funcionarios no se atreven a usar sus armas debido a esas restricciones y porque saben que si las usaren lo más probable es que serían condenados.

Por eso no las usan contra quienes están cometiendo flagrantes delitos de carácter terrorista —como encapuchados que portando fusiles M-16 o AKA-47 están bloqueando un camino o que están quemando vivo al conductor de un camión—. Ni siquiera lo hacen en defensa propia, como ocurrió con los carabineros que estaban en el interior de un furgón policial que fue incendiado con el claro propósito de darles muerte.

Así, los guerrilleros y terroristas quedan en libertad para actuar con absoluta impunidad.

Adolfo Paúl Latorre

.

Debido proceso:

“En un Estado Democrático de Derecho no resulta concebible que sus ciudadanos se encuentren sometidos a dos clases distintas de justicia” ha declarado la Corte Suprema. El Presidente de dicha Corte, en su última cuenta pública afirmó: “No vamos a claudicar en nuestra misión de que se respete el debido proceso… entendemos nuestra misión como tributaria de un orden democrático, fundado en la igualdad ante la ley”.

Sin embargo, los jueces vulneran tales derechos humanos al aplicarles el antiguo sistema de procedimiento penal a los militares, como lo fue en el caso Frei. Justifican tal vulneración en el artículo 483 del Código Procesal Penal, que aplican sin realizar los debidos controles de constitucionalidad y de convencionalidad.

Dicho artículo —que establece que sus disposiciones solo se aplicarán a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia— se funda en la disposición constitucional octava transitoria, que fue establecida para permitir una desigualdad ante la ley durante el tiempo que tomó la entrada en vigencia gradual de la reforma procesal penal en las diversas regiones del país; disposición que al entrar en vigor el nuevo sistema procesal penal en todo el territorio nacional —el 16 de junio de 2005— perdió su razón de ser y solo establece una diferencia arbitraria, razón por la que devino en inconstitucional y quedó tácitamente derogada, así como el referido artículo 483.

Adolfo Paúl Latorre

.

Venga de donde venga

Una idea generalizada que conspira en contra del combate al terrorismo es aquella de condenar la violencia “venga de donde venga”; es decir, una condena universal de la violencia, sin distinguir entre la que es ilegítima y la que es legítima.

Si al llegar a su casa usted viere a un sujeto que está agrediendo brutalmente a su esposa con la manifiesta intención de violarla: ¿trataría de disuadir al agresor con buenas palabras, llamaría por teléfono a carabineros para denunciar el hecho o ejercería algún grado de violencia física en su contra?.

El Estado tiene tiene la obligación de usar la violencia física legítima —de la cual tiene el monopolio— para reprimir la delincuencia, el terrorismo y la insurrección revolucionaria, a fin de garantizar el Estado de Derecho y lograr mediante ella la restitución del orden exigido por el bien común.

Adolfo Paúl Latorre

1 Me Gusta 🙂

CARTAS AL DIRECTOR

Violencia e impunidad:

Atentados incendiarios como el ocurrido anteayer en contra de una empresa inmobiliaria en Temuco y miles más, y de mayor gravedad, seguirán ocurriendo dentro del territorio nacional mientras el Gobierno le tenga absolutamente restringido a las Fuerzas de Orden y Seguridad y a las FF.AA. el empleo de sus armas de fuego. Los terroristas y los guerrilleros lo saben, de modo que actúan con absoluto desparpajo e impunidad.

El Gobierno parece no darse cuenta que en Chile se está librando una guerra subversiva e insurreccional y una guerra de guerrillas, rural y urbana, que obedece a una estrategia revolucionaria y que es, a fin de cuentas, una verdadera guerra contra el Estado de Chile y que debe ser enfrentada como tal.

La disyuntiva entre la anarquía y el orden dio origen al surgimiento de los Estados. La obligación esencial de los gobernantes es la conservación del orden público. Para el cumplimiento de tal obligación deben utilizar todos los medios de los que disponen, entre ellos el monopolio de la violencia física legítima.

Los Estados no tienen derecho ni a suicidarse ni a actuar con debilidad ante agresiones que los pongan en peligro y tienen la obligación de defenderse con todos los medios a su alcance, aunque para ello sea preciso adoptar medidas extremas. Salus populi suprema lex est era el primer principio del Derecho Público Romano.

La historia solo condena a los pueblos que renuncian a defenderse.

Adolfo Paúl Latorre

.

Proceso constituyente

Existiendo la vía de las reformas constitucionales, no había necesidad o razón alguna que justificare el aciago proceso constituyente en curso, salvo el deseo de reducir a la nada la Constitución Política de 1980 por ser obra del Gobierno Militar; proceso que fue implantado sin un análisis serio y riguroso, siguiendo el camino de la descalificación y del engaño característico de la intelectualidad de izquierda.

Adolfo Paúl Latorre

.

Peligro que nos acecha:

Chile está viviendo un proceso revolucionario impulsado por sectores radicales que por la vía violenta pretenden tomar el poder e implantar una tiranía marxista. Nuevamente, como en el año 1973, nuestra patria está en peligro.

En esa ocasión tal peligro fue conjurado por las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y ahora, en circunstancias que el Presidente de la República no cumple con su obligación esencial que es “la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República”: ¿quién salvará a Chile?

Los Estados no tienen derecho ni a suicidarse ni a actuar con debilidad ante agresiones que los pongan en peligro y tienen la obligación de defenderse con todos los medios a su alcance incluido, por cierto, el uso de la fuerza —de la violencia física legítima, cuyo monopolio lo tiene el Estado—; aunque para ello sea preciso adoptar medidas extremas. Salus populi suprema lex est era el primer principio del Derecho Público Romano.

Alone dijo: “Llega un momento en la existencia de los pueblos, como en la de los individuos, en que surge la tentación de morir”. ¿Está Chile en ese momento?

La historia solo condena a los pueblos que renuncian a defenderse.

Adolfo Paúl Latorre

.

Límites inaceptables

Reconociendo que la situación en la Macrozona Sur ha llegado a límites inaceptables, el Presidente de la Repúlica dijo que necesitamos “tener una Ley Antiterrorista más eficaz y más útil que la que hoy día tenemos”; que iba a “convocar a los distintos sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil, para buscar un acuerdo nacional que nos permita unir nuestras fuerzas para poder derrotar esta ola de violencia y de atentados terroristas”; y que “hemos dispuesto, como gobierno, todos los medios que sean necesarios —logísticos, tecnológicos, de equipamiento, de dotación y de recursos financieros— para poder cumplir con eficacia esta misión”.

 Sin embargo, no ha reconocido que en la referida zona se está dando una guerra de guerrillas, subversiva e insurreccional, que obedece a una estrategia revolucionaria y que es, a fin de cuentas, una verdadera guerra contra el Estado de Chile y que debe ser enfrentada como tal.

 Difícilmente se puede lograr éxito en esta lucha si se le impide a las Fuerzas de Orden y Seguridad —o a las FF.AA. cuando realizan tareas de seguridad interior— usar armas letales para el cumplimiento de sus tareas (con mayor potencia de fuego que las utilizadas por los guerrilleros y terroristas, obviamente) y sin que se le asegure a los miembros de estas instituciones que no serán procesados y condenados por “violación de derechos humanos”, “uso excesivo de la fuerza” u otras figuras delictivas si lo hicieren, aunque ello acarree víctimas fatales.

De otro modo los integrantes de estas fuerzas quedan convertidos en meros espantajos, sin capacidad disuasiva o represiva alguna y los terroristas y guerrilleros continuarán actuando con absoluto desparpajo e impunidad e, incluso, con mayor virulencia.

Por otra parte, habría que establecer durísimas penas para los cabecillas o agitadores que inciten a la subversión del orden público o a la revuelta, al saqueo, a la destrucción de la propiedad pública o privada, a los incendios, a la usurpación de predios, a atacar a personal o equipamiento de las fuerzas policiales o militares, a la indisciplina dentro de las FF.AA. o policiales o dentro del personal de la administración pública, o al alzamiento contra el Gobierno constituido.

Adolfo Paúl Latorre

.

Refundar Carabineros:

Se han alzado voces diciendo que es necesario refundar Carabineros, a fin de tener una policía “democrática” y terminar con su “militarización”.

Al respecto cabría preguntar qué es lo que se entiende por una “policía democrática”: ¿que no son jerarquizadas?, ¿que sus miembros elijen a sus autoridades mediante sufragio?, ¿que existe alternancia en el poder?, ¿que existen sindicatos? Al respecto cabría señalar lo que dice un cartel existente en la Escuela Naval de Annapolis: “La Armada está para defender la democracia de los Estados Unidos, pero la Armada no es democrática”.

En cuanto a su “desmilitarización”, lo que se pretende es disociar a Carabineros de Chile de las Fuerzas Armadas las que, actuando conjuntamente, constituyen el último bastión en la defensa del orden institucional de la República.

Adolfo Paúl Latorre

.

Disolución de Carabineros:

Los militantes del Partido Comunista y del Frente Amplio consideran que la violencia revolucionaria es inevitable y legítima y saben que solo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista.

Por ello buscan la destrucción de Carabineros de Chile, pretensión que manifestaron explícitamente en un gran lienzo portado por representantes de esos partidos que llegaron hasta La Moneda el 18 de febrero y que decía: “Dejen de matar, disolución de Carabineros ahora”.

La destrucción de Carabineros como una institución centralizada, jerarquizada y militarizada que tiene presencia en todo el territorio nacional y su disociación de las FF.AA. es esencial para lograr el éxito de la revolución, pues ambas instituciones, actuando conjuntamente, constituyen el último bastión en la defensa del orden institucional de la República.

Adolfo Paúl Latorre

.

Refundación de Carabineros:

En relación con la carta de Cristian Manríquez Gacitúa publicada el 23 de febrero en el Diario Constitucional bajo el título “¿No deliberantes?”, en la que se refiere a “una urgente y necesaria refundación o reorganización” de Carabineros de Chile y a la necesidad de someter a este cuerpo militarizado al “poder civil”, y en la que pregunta: “¿Son Carabineros una entidad no deliberante?”, cabría hacer algunos comentarios.

En cuanto al concepto de deliberación —y a que, según el autor, es inaceptable que el General Director de Carabineros haya manifestado su disconformidad con lo manifestado por una ministro de Estado en el sentido de que “sería vital tratar de tener una reformulación, una suerte de refundación de Carabineros”— cabría señalar que nuestra Carta Fundamental señala claramente que las FF.AA. y Carabineros “como cuerpos armados” son no deliberantes; y lo son solo en aspectos que dicen relación con la política contingente, con la política de los partidos. Con ello se trata de dotarlas de independencia frente al poder político.

Según Alejandro Silva Bascuñán el que estas fuerzas, como cuerpos armados, sean no deliberantes, quiere decir “que ninguno de los institutos armados, ni los diversos cuerpos que lo forman, ni sus miembros individualmente invocando o reunidos en su calidad de tales, dentro de sus respectivos grados, o con participación de componentes de grados diversos, pueden debatir acerca de los problemas colectivos con miras a uniformar apreciaciones o coordinar actitudes que conduzcan a expresar aplauso o crítica a los órganos del poder político o a hacer prevalecer soluciones propias en cualquier aspecto”.

Evidentemente, no constituye deliberación el hecho de que el General Director de Carabineros haya expresado su opinión ante su autoridad superior sobre un tema que guarda relación directa con su función específica y con la institución bajo su mando.

Sobre la subordinación de Carabineros al “poder civil”, me parece que ello nunca ha estado en duda. Por lo demás, no existe un “poder civil”; lo que existe es el “poder político”, que puede estar en manos de un civil o de un militar.

Sobre el tema en comento, cabría señalar que se han alzado voces diciendo que es necesario refundar Carabineros, a fin de tener una policía “democrática” y terminar con su “militarización”.

Al respecto cabría preguntar qué es lo que se entiende por una “policía democrática”: ¿que no son jerarquizadas?, ¿que sus miembros elijen a sus autoridades mediante sufragio?, ¿que existe alternancia en el poder?, ¿que existen sindicatos? Al respecto cabría señalar lo que dice un cartel existente en la Escuela Naval de Annapolis: “La Armada está para defender la democracia de los Estados Unidos, pero la Armada no es democrática”.

Los militantes del Partido Comunista y del Frente Amplio consideran que la violencia revolucionaria es inevitable y legítima y saben que solo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista.

Por ello buscan la destrucción de Carabineros de Chile, pretensión que manifestaron explícitamente en un gran lienzo portado por representantes de esos partidos que llegaron hasta La Moneda el 18 de febrero y que decía: “Dejen de matar, disolución de Carabineros ahora”.

La destrucción de Carabineros como una institución centralizada, jerarquizada y militarizada que tiene presencia en todo el territorio nacional y su disociación de las FF.AA. es esencial para lograr el éxito de la revolución, pues ambas instituciones, actuando conjuntamente, constituyen el último bastión en la defensa del orden institucional de la República.

Adolfo Paúl Latorre

.

Patrullajes mixtos:        

¿Para qué servirán frente a la guerrilla y el terrorismo los “patrullajes mixtos” en la macrozona sur, en los que participarán Carabineros, la PDI y el Ejército, si no emplean sus armas de fuego?.

Los miembros de las fuerzas policiales y militares del Estado están absolutamente restringidos para el empleo de sus armas por absurdos decretos del Gobierno sobre el  uso de la fuerza, que pasan por sobre lo establecido en la ley (arts. 6, 208, 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar). 

Resulta más que razonable que las fuerzas del Estado usen sus armas de fuego, sin previos perifoneos con exhortaciones a la paz, contra quienes están cometiendo flagrantes delitos de carácter terrorista; desde encapuchados que portando fusiles AKA-47 o M-16 están bloqueando un camino hasta otros que están quemando vivo al conductor de un camión.

No veo otra forma eficaz para enfrentar a grupos armados radicalizados, ideologizados y violentos que, sin Dios ni ley, no atienden razones y que están dispuestos a destruirlo o quemarlo todo.

Lo ideal es solucionar el denominado “conflicto mapuche” mediante grandes acuerdos nacionales, razonables y justos y que tiendan al bien común, pero el recurso al uso de la fuerza no debe ser descartado. Sea como fuere, cualquier solución que se proponga requiere, como una condición sine qua non, terminar con las acciones de violencia terrorista y guerrillera en la zona.

Adolfo Paúl Latorre

3 Me gusta 🙂

CARTAS AL DIRECTOR

Magister dixit:

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, dictó una acusación contra un militar en retiro por “el delito de secuestro calificado, en su carácter de lesa humanidad” (causa Rol 63.551, 10 febrero 2021), sin acreditar la existencia del hecho punible y por hechos ocurridos antes de la entrada en vigor de la ley que tipificó los delitos de lesa humanidad en nuestro ordenamiento jurídico; violentando la ley, principios esenciales del derecho penal y el sentido común.

Aunque lo antedicho se repite en numerosas causas sobre “violación de derechos humanos” en este caso llama la atención que, para fundamentar su auto acusatorio, dicho Ministro utilizó un argumentum ad verecundiam —argumento de autoridad o magister dixit—; una falacia consistente en defender algo como verdadero porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia, pero lo más inaudito es que se cita a sí mismo.

Adolfo Paúl Latorre

.

Uso de la fuerza y función policial

Los encapuchados que atacaron violentamente y quemaron el furgón policial en la calle Pío Nono el viernes 12 sabían que los carabineros no usarían sus armas.

Los carabineros que iban a bordo huyeron del lugar porque sabían que si las usaren serían condenados por “violación de derechos humanos”, por “uso excesivo de la fuerza” u otras figuras delictivas; y que durante los meses que durara el proceso quedarían sin remuneraciones y dejarían sin sustento económico a sus familias.

Los carabineros saben que la ley los exime de responsabilidad penal si usan sus armas en defensa propia y en otras circunstancias (arts. 410, 411 y 412 CJM), pero también saben que por sobre la ley tienen primacía los decretos supremos que restringen extremada, imprudente y absurdamente el uso de la fuerza; que les impiden cumplir con las funciones que les son propias y que los limitan a actuar como meros espantajos; sin capacidad disuasiva o represiva alguna, dejándole el campo libre a los subversivos, terroristas, guerrilleros y vándalos para que actúen impunemente; quemando, saqueando, asesinando, destruyendo bienes públicos y privados o cometiendo actos de violencia insurreccional sin resistencia eficaz alguna.

Como lo manifestó el excomandante en Jefe de la Armada Miguel Ángel Vergara Villalobos en una lúcida carta al Director publicada en El Mercurio de Santiago el domingo 14 de febrero: “Ya es hora de que dejemos de preguntarnos cuándo parará la creciente anarquía que reina en el país. La pregunta es cuándo el Gobierno, el mundo político, la Justicia, los organismos de derechos humanos y los medios de comunicación permitirán que los carabineros impongan el orden”.

¿No es de sentido común que lo único que corresponde hacer contra encapuchados que están bloqueando caminos portando fusiles ametralladora de guerra, quemando iglesias que son parte del patrimonio histórico nacional, u otros actos de similar naturaleza es abatirlos con armas letales?.

Adolfo Paúl Latorre

.

Amparo de internos de P. Peuco:

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por internos del penal Punta Peuco excluidos de la nómina para optar al beneficio de la libertad condicional, considerando que habían sido condenados por delitos de lesa humanidad y que no cumplían el requisito de tener cumplidos los 2/3 de la pena.

La ley 21.124 del 18 de enero de 2019 —que modificó el D.L. 321 de 1925— aumentó desde la mitad hasta 2/3 el tiempo mínimo de condena cumplido por los condenados por delitos de lesa humanidad para optar a dicho beneficio. De acuerdo con los principios de legalidad y de irretroactividad de la ley penal más gravosa, pro homine, de favorabilidad y de ultraactividad de la ley penal más beneficiosa, las modificaciones introducidas por dicha ley deben serle aplicadas solo a los condenados por delitos cuyo principio de ejecución haya tenido lugar con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor.

Por otra parte, en Chile ningún militar está condenado por “delitos de lesa humanidad”, ya que éstos fueron incorporados en nuestra legislación el 18 de julio de 2009 por la ley 20.357, la que señala expresamente que no puede aplicarse con efecto retroactivo.

De acuerdo con el sagrado principio de legalidad —nullum crimen, nulla poena sine praevia lege— nadie puede ser condenado por un delito que no estaba tipificado al momento de la ocurrencia de los hechos.

Adolfo Paúl Latorre

.

Mantención del sistema penal antiguo:

La mantención del sistema procesal penal inquisitivo antiguo, coexistiendo con el nuevo, vulnera gravísimamente la igualdad ante la ley y —cuando se aplica el antiguo— el debido proceso; garantizados constitucionalmente y por el derecho internacional de los derechos humanos.

Los chilenos se encuentren sometidos a dos clases distintas de justicia por lo establecido en el artículo 483 del Código Procesal Penal: “Las disposiciones de este Código sólo se aplicarán a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia”.

Esta norma se funda en la disposición constitucional octava transitoria, establecida para permitir una desigualdad ante la ley durante el tiempo que tomó la entrada en vigencia gradual de la reforma procesal penal en las diversas regiones del país.

Así, entre los años 2000 y 2005, en algunas regiones se aplicaba el sistema nuevo y en otras el antiguo. Pero cuando el nuevo sistema procesal penal entró en pleno vigor en todo el territorio nacional —el 16 de junio de 2005— dicha disposición transitoria perdió su ratio legis y solo establece una diferencia arbitraria, razón por la que devino en inconstitucional y quedó tácitamente derogada.

Lamentablemente los jueces, legisladores y gobernantes le han dado un carácter permanente a la precitada disposición. No obstante, las precitadas vulneraciones no se producirían si los jueces respetaran el sagrado principio de legalidad —nullum crimen, nulla poena sine praevia lege— y aplicaran las normas sobre prescripción de la acción penal.

Adolfo Paúl Latorre

.

Actitud heroica:

Los carabineros son personas realmente heroicas, que viven en un contexto durísimo y que afrontan cotidianamente miles de dificultades para cumplir su delicada misión de proteger a los ciudadanos de quienes ejercen la violencia ilegítima y subvierten el orden social, arriesgando incluso sus propias vidas. Por eso los admiro.

Lamentablemente ellos son usados como carne de cañón y, parafraseando a la honorable diputada Catalina Pérez: “En Chile la vida de un carabinero no vale nada”.

Adolfo Paúl Latorre

.

Disolución de Carabineros:

Con un gran lienzo y la frase “dejen de matar, disolución de Carabineros ahora” llegaron hasta La Moneda representantes del Frente Amplio y del Partido Comunista.

Tales representantes están convencidos que la violencia revolucionaria es inevitable y legítima y tienen clarísimo que solo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista.

Adolfo Paúl Latorre

4 Me gusta 🙂

CARTAS AL DIRECTOR

Conflicto mapuche:

En la macrozona sur hay un gran conflicto denominado “conflicto mapuche”, que ha sembrado el terror en los habitantes de la zona y que ya dejó de ser un asunto de mero orden público, pues se convirtió en otro de grave quebrantamiento del orden institucional de la República y de soberanía nacional.

Este conflicto fue provocado por la instigación de activistas indigenistas y por políticos que generaron las condiciones para él (Ley Indígena 19.253 de 1993 y Convenio 169 de la OIT). También por gobiernos incapaces de ejercer su autoridad y de cumplir con su obligación esencial que es la conservación del orden público, empleando para ello la violencia física legítima del Estado si fuere preciso.

Lo ideal es solucionar este conflicto mediante grandes acuerdos nacionales, razonables y justos y que tiendan al bien común, pero el recurso al uso de la fuerza no debe ser descartado. Sea como fuere, cualquier solución que se proponga requiere, antes que nada, terminar con las acciones de violencia terrorista y guerrillera en la zona.

Estas acciones, realizadas por grupos de combatientes fuertemente armados, constituyen una verdadera guerra contra el Estado de Chile y debe ser enfrentada como tal; no por organizaciones policiales, sino que por fuerzas militares que empleen todo su potencial bélico; aplicando los procedimientos de tiempo de guerra, sin las restricciones para el uso de la fuerza que rigen en tiempo de paz.

Adolfo Paúl Latorre

.

PLOP:

“La policía no puede matar a una persona porque se resiste a un control de identidad” declaró el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. PLOP.

Adolfo Paúl Latorre

.

Quemarlo todo:

“¿Cómo quieren que no lo quememos todo?” declaró la diputada Catalina Pérez. Al respecto cabría citar a Jean Paul Marat: “Las revoluciones empiezan por la palabra y concluyen por la espada”.

También a Arturo Pérez-Reverte, quien en relación con la guerra civil española dijo: “fue una tragedia originada por unos pocos, en la que se involucraron muchos. Por eso mismo me indigna tanto que políticos de nuevas generaciones, que no han leído, escuchado y vivido lo suficiente, se atrevan a hablar de una manera tan irresponsable”.

Adolfo Paúl Latorre

.

Vehículos blindados:

El coordinador de la Macrozona Sur, Cristián Barra, en relación con la “escalada de violencia rural”, dijo que “aquí no se trata de delincuentes armados. Estamos hablando de grupos paramilitares, preparados, fuertemente armados… el Gobierno aumentará los medios para mejorar la acción policial, con la adquisición de vehículos blindados… Lo que tenemos que hacer es fortalecer las herramientas que tiene todo Estado en democracia, que en nuestro caso son las policías, Carabineros y la PDI”. Barra omitió incluir a las FF.AA. entre las herramientas fundamentales que tiene todo Estado democrático para asegurar, en última instancia, el orden público, la seguridad interior y la soberanía nacional; obligaciones esenciales de los gobernantes de un Estado, para cuyo cumplimiento cuentan con el monopolio de la violencia física legítima.

Por otra parte, cabría comentar que no estamos ante simples actos de violencia rural, sino que ante grupos de combatientes que están llevando a cabo una guerra de guerrillas, lo que constituye una verdadera guerra contra el Estado de Chile y que, por lo tanto, debe ser enfrentada como tal; no por organismos policiales (que no cuentan ni con los medios suficientes —sus armas tienen menor poder de fuego que las empleadas por los guerrilleros y los vehículos blindados no contribuirían mayormente para enfrentarlos eficazmente— ni con la voluntad de sus miembros para usar sus armas; ya sea por restriccciones impuestas por el escalón político o por temor a ser condenados por “violación a los derechos humanos”, por “uso excesivo de la fuerza” u otras figuras delictivas) sino que por fuerzas militares que actúen con todo el potencial bélico propio de su función que fuere necesario para derrotarlos, aplicando los procedimientos de tiempo de guerra, sin las restricciones para el uso de la fuerza que rigen en tiempo de paz.

Adolfo Paúl Latorre

3 Me gusta 🙂

CARTAS AL DIRECTOR

Afanes expansionistas:

En relación con los afanes expansionistas de nuestros vecinos de allende Los Andes, cabría comentar que la Argentina de hoy sólo puede explicarse por la Argentina que fue y nunca por la que quisiéramos que fuese.

Adolfo Paúl Latorre

.

No hay homicidio:

“No es que no esté probado, no hay homicidio”, señaló uno de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que dictó una sentencia absolutoria para los seis condenados en primera instancia por el supuesto homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva.

Al respecto cabría comentar que el artículo 108 del Código de Procedimiento Penal establece: “La existencia del hecho punible es el fundamento de todo juicio criminal, y su comprobación por los medios que admite la ley es el primer objeto a que deben tender las investigaciones del sumario”.

Ahora bien, ¿cómo fue posible que el ministro Alejandro Madrid haya condenado a seis personas inocentes sin haberse acreditado el hecho punible? Porque aplicó el antiguo sistema de procedimiento penal inquisitivo —que quedó tácitamente derogado el 16 de junio de 2005, día en que el nuevo sistema procesal penal entró en vigor en todas las regiones del país— el mismo que le es aplicado a los militares y policías imputados por violación a los derechos humanos; un sistema que no respeta el derecho humano a un debido proceso.

El juicio sustanciado por el ministro Madrid es equivalente al de la asamblea del Sanedrín que condenó a Jesucristo, en el que no se respetaron normas elementales del debido proceso establecidas en la Biblia y en la Mischná; tales como aquellas que señalan que los testigos deben declarar siempre en presencia del acusado y que quien acusa no puede ser la misma persona que dicta sentencia.

Tales normas fueron vulneradas en el proceso en comento, en que el ministro instructor actuó como investigador, interrogó a testigos sin la presencia de los imputados y de sus abogados dejándolos sin derecho a defensa, y luego —utilizando tales testimonios, cuando ya está convencido de la culpabilidad de los imputados— procedió a acusarlos, convirtiéndose acto seguido en juez sentenciador, con una absoluta falta de imparcialidad.

Adolfo Paúl Latorre

2 Me gusta 🙂

CARTAS AL DIRECTOR

Militares a la calle:

Las FF.AA. deberían ser utilizadas en labores de seguridad interior solo cuando las policías estén sobrepasadas y solo si sus actuaciones para enfrentar con éxito la guerra subversiva, revolucionaria o insurreccional y la guerra de guerrillas estuviesen debidamente respaldadas jurídicamente; de modo que posteriormente los militares no sean condenados por “delitos de lesa humanidad”, por “uso excesivo de la fuerza” u otras figuras delictivas, en circunstancias que ellos solo estaban cumpliendo con los procedimientos operacionales propios de su profesión.

Hay personas que dicen que los problemas de orden público deben ser solucionados con instrumentos políticos y no con fusiles. Al respecto cabría comentar que las FF.AA. son instrumentos políticos. Cuando los militares actúan están cumpliendo una función política. La decisión de emplear a las FF.AA. para enfrentar un conflicto es una decisión política, no militar.

En cuanto al denominado “conflicto mapuche” —cuyo origen inmediato reside en la promulgación de la “Ley Indígena” (19.253 de 1993) y en la ratificación del Convenio 169 de la OIT— el ideal es solucionarlo pacíficamente, mediante grandes acuerdos nacionales, razonables y justos y que tiendan al bien común, pero el recurso al uso de la fuerza no debe ser descartado.

Adolfo Paúl Latorre

.

Juicio de la historia:

Los ministros de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago absolvieron a los seis condenados en primera instancia por el supuesto homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva porque consideraron que los antecedentes probatorios no tienen la virtud de formar convicción de que realmente se cometió un ilícito penal sino que, por el contrario, tornan más que plausible la tesis de que falleció como consecuencia de complicaciones médicas; lo que coincide con lo manifestado por su yerno, el doctor Juan Pablo Beca Infante: “Fui testigo directo de las complicaciones quirúrgicas e infecciosas. Nunca he tenido dudas sobre las causas médicas de su muerte”.

El fallo de tales ministros fue pronunciado conforme al mérito del proceso y, probablemente, a fin de que el juicio de la historia no los condene por haber cohonestado un fallo arbitrario y sin sustento.

Adolfo Paúl Latorre

.

Aborto en Chile:

El proyecto de ley que busca despenalizar el aborto por decisión de la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación, al igual que la ley 21.030 que “regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”, sería una ley de aborto, no de despenalización. Para despenalizar el aborto bastaría introducir algunas breves modificaciones a los artículos 342 a 345 del Código Penal.

El aborto directo provocado de una persona humana que tiene catorce semanas de gestación es, en la práctica, un verdadero infanticidio; pues el feto ya tiene su cabeza, tronco y extremidades perfectamente definidos.

El mensaje que desean trasmitir quienes se oponen a llamar hijo, guagua o niño a la criatura que está por nacer, es que un feto no es un ser humano y, por lo tanto, puede ser eliminado.

Adolfo Paúl Latorre

3 Me gusta 🙂

CARTAS AL DIRECTOR

Volver al siglo XX. Socialismos reales:

El 30 de octubre de 1997, con motivo del 80º aniversario de la Revolución de Octubre de 1917, el diario moscovita Izvestia publicó un balance de las muertes provocadas por los regímenes comunistas en todo el mundo. Según el periódico, en los veintitrés países que han estado bajo gobierno comunista se ha asesinado a más de cien millones de personas.

Resulta incomprensible que haya personas que crean que la solución a los diversos problemas políticos, económicos y sociales que están afectando a Chile consiste en volver a los socialismos reales que se pusieron en práctica en varios países del mundo durante el siglo pasado y que continúan existiendo en Cuba, Corea del Norte y Venezuela.

Asimismo, resulta incomprensible que una ideología como la comunista, que no respeta los principios básicos del régimen democrático, que propugna la violencia, que procura el establecimiento de un sistema totalitario, que usa las armas de la democracia para destruir la democracia, y que en los países en los que ha sido instaurada como forma de gobierno solo ha acarreado destrucción, miseria, muerte, desastre económico y humanitario y pérdida de la libertad —y en los que los gobernantes han ejercido el poder con absoluto desprecio por la persona humana— pueda atraer a tantas personas, partidos, movimientos u organizaciones políticas.

Puede entenderse que el discurso utópico de la creación de un hombre nuevo, que abra paso a una sociedad sin clases ni egoísmos —en la que imperan la justicia, la igualdad, la paz, el bienestar y la armonía— convenza a jóvenes altruistas e idealistas que desconocen la historia universal y nacional, y que no vivieron en el Chile pobre y mendicante de mediados del siglo pasado, pero no a personas educadas e instruidas.

En la actualidad, el dominio de la izquierda y de las corrientes políticas que adhieren al marxismo en diversos ámbitos de la comunidad nacional, especialmente en los medios de comunicación social y en las universidades —incluso católicas, en las que alumnos cantan «¡Somos los hijos de Guevara, los hijos de Chávez y Fidel… unidos combatiendo hasta vencer o morir!»— es mayor que en ninguna otra época de nuestra historia.

Lamentablemente los izquierdistas chilenos ni aprenden ni olvidan. ¿No valdría la pena aprender y olvidar?.

Adolfo Paúl Latorre

.

Empleo de las FF.AA.:

El general Eduardo Aldunate Herman manifestó —en una entrevista publicada el domingo 17 en El Mercurio de Santiago— que en La Araucanía estamos ante problemas profundos, que deben ser solucionados con instrumentos políticos y no con calibre 5.56. Al respecto, vengo en comentar lo siguiente:

Las FF.AA. son instrumentos políticos. Cuando los militares actúan están cumpliendo una función política. La decisión de emplear a las FF.AA. para enfrentar un conflicto es una decisión política, no militar.

Aldunate dice: “Los militares no son sustitutos de la policía, y ellos actuarán cuando las policías a las cuales les corresponde esta función —la conservación del orden público— son sobrepasadas, lo cual no es el caso”. Los hechos demuestran lo contrario.

Se dice que en las regiones de La Araucanía existe “violencia rural”, en circunstancias que lo que existe es una “guerra de guerrillas”; una guerra irregular llevada a cabo por grupos de combatientes armados que ejecutan actos terroristas y otros de enorme violencia. Esta guerra irregular es una verdadera guerra y debe ser enfrentada como tal; no por organizaciones policiales —preparadas para investigar los delitos y restablecer el orden público— sino que por fuerzas militares que empleen todo su potencial; aplicando la estrategia y los procedimientos operativos de tiempo de guerra, sin las restricciones para el uso de la fuerza que rigen en tiempo de paz.

Esta guerra irregular es muy difícil de neutralizar, pues los guerrilleros tienen las ventajas de su gran movilidad; del conocimiento del terreno; actúan en pequeños grupos; no usan uniformes identificativos y se confunden entre la población civil, lo que les permite operar de manera oculta y sorpresiva, moverse con rapidez y reunirse y dispersarse sin dejar rastro. Por ello, para alcanzar el éxito en este tipo de guerra, es preciso que las fuerzas militares del Estado estén en una relación del orden de 10 a 1 con respecto a los guerrilleros.

Lo ideal es solucionar el denominado “conflicto mapuche” —cuyo origen inmediato reside en la promulgación de la “Ley Indígena” (19.253 de 1993) y en la ratificación del Convenio 169 de la OIT— pacíficamente, mediante grandes acuerdos nacionales, razonables y justos y que tiendan al bien común, pero el recurso al uso de la fuerza no debe ser descartado.

Adolfo Paúl Latorre

.

Despenalización del aborto:

El proyecto de ley que busca despenalizar el aborto por decisión de la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación, al igual que la ley 21.030 que “regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”, sería una ley de aborto, no de despenalización. Para despenalizar el aborto bastaría introducir algunas breves modificaciones a los artículos 342 a 345 del Código Penal.

El aborto directo provocado de una persona humana que tiene catorce semanas de gestación es, en la práctica, un verdadero infanticidio; pues el feto ya tiene su cabeza, tronco y extremidades perfectamente definidos.

Adolfo Paúl Latorre

2 Me gusta 🙂

CARTAS AL DIRECTOR

Orden y libertad: 

Manuel Montt, al brindar por su triunfo al término de la guerra civil, en septiembre de 1851, dijo: “Celebráis el imperio de la libertad y del orden público; no el de la libertad con mengua del orden, ni del orden con mengua de la libertad, sino la justa armonía de estos dos principios salvadores de la República”. Para Montt el orden era una condición fundamental para el progreso.

La libertad sin orden es anarquía y orden sin libertad es tiranía. Puede haber orden sin libertad, pero no libertad sin orden.

Adolfo Paúl Latorre

.

Particulares también violan DD.HH.:

Las violaciones a los derechos humanos también pueden ser cometidas por “organizaciones” o por “particulares” -como lo establecen el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (artículos 7 2a y IV, respectivamente)- y no sólo por organismos o agentes del Estado, como postulan algunas personas (entre ellas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos).

¿O no violan los derechos humanos quienes destruyen estaciones del Metro; saquean e incendian supermercados; queman iglesias patrimoniales; impiden el libre tránsito de personas o vehículos; dejan sin su fuente laboral a millones de trabajadores, comerciantes y pequeños industriales; asesinan a personas e incendian maquinarias y cosechas con el solo propósito de provocar terror y atemorizar a la población y cometen otros actos de barbarie?.

Adolfo Paúl Latorre

.

Cámara de Diputadas y Diputados:

Espero que la propuesta de texto constitucional que apruebe la Convención Constitucional no utilice un lenguaje tan grotesco como el de la Constitución de Venezuela, que dice:  «Artículo 41 Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Procurador o Procuradora General de la República, Contralor o Contralora General de la República…» (siguen otros cargos con sus formas masculina y femenina).

Adolfo Paúl Latorre

.

Respaldo de la fuerza:

En todo momento histórico el poder político ha necesitado tener respaldada su autoridad moral por la fuerza militar o policial. Sin el respaldo de la fuerza no hay interés defendido ni objetivo alcanzable ni, en suma, política posible. Derecho y fuerza parecen indisociables como anverso y reverso del Estado de Derecho. Como le decía don Quijote a Sancho: “para gobernar tanto son menester las armas como las letras, y las letras como las armas”.

Maquiavelo considera la política como un asunto de fuerza, como un combate continuo, que no es un fin sino un medio para conquistar el poder y mantenerlo; y que ni las ideas ni el derecho sirven para preservar el orden social sin el apoyo del recurso al uso de la fuerza.

Resulta incomprensible la actitud de aquellos gobernantes que buscan debilitar o destruir a sus fuerzas armadas y policiales.

Adolfo Paúl Latorre

.

Operativo en Temucuicui:

El operativo antidrogas en las comunidades de Temucuicui y Chacaico llevado a efecto por la Policía de Investigaciones el día 7 de enero, que por su magnitud —participaron 850 detectives— es asimilable a una operación de carácter militar, podría haber tenido otro resultado si, como se realiza en las academias de guerra de las FF.AA., previamente se hubiesen practicado “juegos de guerra”; los que permiten prever las posibilidades del enemigo por una parte y, por otra, estudiar, analizar, comparar y evaluar los cursos de acción propios y los medios —estratégicos, tácticos, operacionales, logísticos, comunicacionales, etc.— más eficaces para alcanzar los objetivos perseguidos.

Adolfo Paúl Latorre

4 Me gusta 🙂

CARTAS AL DIRECTOR

Inteligente

Inteligente es aquel que, aprovechando sus propias experiencias y las enseñanzas de la historia, sabe donde quiere ir y donde no tiene que volver.

Adolfo Paúl Latorre

.

Lenguaje inclusivo:

En el sistema gramatical español basta el uso genérico del masculino para designar la clase; es decir, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos. La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto.

Resulta grotesca la utilización del “lenguaje inclusivo de género” en la prensa escrita o en documentos estatales, en los que es posible leer, por ejemplo: “todos y todas” o, más grotesco aun, el uso de la palabra “todes” o del símbolo arroba, como aparece en la página web del Poder Judicial: abogad@, funcionari@.

La actual tendencia al desdoblamiento del sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje, produce repeticiones que generan dificultades sintácticas y de concordancia, y complican innecesariamente la redacción y la lectura de los textos.

Tal lenguaje se funda en razones extralingüísticas teñidas de ideologías, a la que obedecen las instrucciones dadas por el ministro secretario general de la presidencia Nicolás Eyzaguirre en su oficio 934 del año 2016 sobre “consideraciones de género en la formulación de proyectos de ley”.

Adolfo Paúl Latorre

5 Me gusta 🙂
PUBLICACIONES POR AUTOR
PROGRAMA REVELANDO
REVISTA ESLABÓN
HAZTE SOCIO DE ASOFAR
TRÁMITES DE DEFUNCIÓN
SUBSECRETARIA FF.AA.
CAPREDENA
MULTIGREMIAL FACIR
DEMODIGITAL.CL
REVISTA TRES ESPADAS

ASOFAR AG - Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro

Esmeralda 1074 Of. 401, Valparaíso - Tel 32 2254314 - asofar@gmail.com