Artículos Patricio Schiavetti Rosas

COLUMNA DE OPINIÓN

EL SISTEMA INQUISITIVO EN EL JUZGAMIENTO DE LOS MILITARES EN RETIRO

Patricio Schiavetti Rosas

Abogado

Director ASOFAR A.G.

Los militares en retiro son juzgados en procesos por “infracción a los derechos humanos”, por un Ministro de Corte de Apelaciones, en que el Juez investiga, acusa y sentencia.

El sistema inquisitivo, es el modelo procesal penal opuesto al acusatorio. Este sistema tiene como caracteres, el de confusión de funciones, no consagra el debido proceso, no da lugar al acceso al sumario, tiene ausencia de imparcialidad judicial, ausencia de igualdad de armas, escrituralidad, ausencia de contradicción, reserva, presunción de culpabilidad, entre otros.

En el sistema inquisitivo los procesos y juicios penales son burocráticos y lentos, escritos en expedientes interminables y solo el que tiene interés jurídico accede al expediente. En cambio, en el sistema acusatorio las audiencias son públicas, con presencia del juez y de las partes que intervienen en el procedimiento.

El sistema inquisitivo se reprodujo desde la fundación de Roma en la época monárquica romana hasta el 509 antes de Cristo, a través del Arcaico Sistema Procesal de Acciones de la Ley; después de la República, en la época imperial, es decir, desde el imperio de Augusto, 27 AC., hasta la caída del Imperio Romano.

De allí que en el Gobierno del Presidente Eduardo Frei, se impulsó la modificación del procedimiento procesal penal, a través de su Ministra de Justicia Soledad Alvear, un cambio en el sistema de procesamiento de las causas judiciales penales, que terminó con el sistema inquisitivo, y estableció un esquema acusatorio, en que se dividen las funciones de investigar, que están radicadas en un ente autónomo, el Ministerio Público , quien solicita la formalización del imputado a los Juzgados de Garantía, que velan por el cumplimiento de las normas procesales y dicta fallos en delitos de penas bajas, hurtos de bajo monto, manejo en estado de ebriedad, etc.,  y Tribunales Orales, que dictan las sentencias en los juicios por delitos con penas altas, homicidio, violación, etc.

Esta reforma reemplazó el viejo sistema inquisitivo y escrito que operaba en Chile desde principios del siglo XX, por un sistema acusatorio y oral, cuyos protagonistas son los Fiscales del Ministerio Público y los Defensores, que deben litigar (acusando y defendiendo al imputado respectivamente) en procedimientos orales, ante los Juzgados de Garantía o Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, según sea el caso.

Las bases del nuevo sistema (denominado adversarial) son la controversia entre las partes involucradas, la elección de las audiencias como la metodología más eficiente para la toma de decisiones, y la inmediación, esto es que el juicio se desarrolla ante el juez, quien decide de inmediato de acuerdo con lo que vio, eliminándose los expedientes escritos. Otra de las características de este sistema es la existencia de criterios de oportunidad y salidas alternativas que otorgan al ministerio público la posibilidad de regular su carga de trabajo y proveen de mejores respuestas al sistema penal frente al conflicto.

Este cambio fue implementado gradualmente en todas las regiones de Chile, iniciándose en la Región de Coquimbo y la Región de la Araucanía, el 16 de octubre de 2000, para terminar en la Región Metropolitana de Santiago el día 16 de junio de 2005, durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar.

En definitiva, se estableció un “sistema democrático”, el acusatorio, oral, que consagra el debido proceso, con acceso de las partes a la carpeta investigativa, en que hay una igualdad de trata tanto al imputado con a la víctima. El primero tiene derecho a defensa, a través de la Defensoría Penal Pública y la víctima de ser representada por el Fiscal Local o Regional, según corresponda.

¿Qué es y qué hace la Fiscalía?

La Fiscalía es un organismo estatal autónomo, que no es parte de ninguno de los poderes del Estado, y se encarga de dirigir la investigación de los delitos, formalizar la investigación en contra de determinadas personas, acusar a los presuntos responsables y proteger a víctimas y testigos.

Trabaja en conjunto con Carabineros y Policía de Investigaciones y los organismos auxiliares, como, por ejemplo, el Servicio Médico Legal y el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Esta institución no forma parte del Poder Judicial.

¿Qué es y qué hace la Defensoría Penal Pública?

Es la entidad encargada de proveer un abogado defensor a todas las personas que así lo requieran y no puedan contratar a un abogado para su legítima defensa.

Funciona bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia.

Su labor es de defensa legal y profesional al imputado (acusado), informarle de sus derechos y de los procedimientos legales en que se verá involucrado, y solicitar al Tribunal medidas de protección a su favor.

Estos defensores son públicos o pueden ser privados, licitados por la Defensoría.

Esta Institución no forma parte del Poder Judicial.

Los principios que inspiran la Reforma Procesal Penal, están contemplados en el Código Procesal Penal. En el Libro Primero de este («Disposiciones generales»), su Título I («Principios básicos») se aboca a tal materia. Podemos destacar:

•     Juicio previo: Ninguna persona podrá ser condenada o penada, ni sometida a una de las medidas de seguridad establecidas en este Código, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público, desarrollado en conformidad con las normas de este cuerpo legal.

•     Única persecución: “La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho» Esto implica la consagración del principio procesal del non bis in ídem.

•     Juez natural: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”.

•     Exclusividad de la investigación penal: El Ministerio Público dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinaren la participación punible y los que acreditaren la inocencia del imputado, en la forma prevista por la Constitución y la ley.

•     Presunción de inocencia del imputado: Ninguna persona será considerada como culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.

•     Legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad: No se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación o restricción de libertad a ninguna persona, sino en los casos y en la forma señalados por la Constitución y las leyes. Las normas que autorizan dichas actuaciones, no pueden ser aplicadas por analogía, y deben interpretarse de manera restrictiva.

Estos principios que inspiraron la reforma procesal penal, por supuesto que no se encuentran presentes en el sistema inquisitivo.

Cuál fue mi sorpresa como abogado, al revisar la modificación del procedimiento penal, se pudo observar que a los militares en retiro se les continuaba aplicando el procedimiento inquisitivo, de la Roma del siglo 27 AC., siguiendo radicados ante los Ministros de Cortes, existiendo una absoluta falta de igualdad ante La ley, garantía que está consagrada en el artículo 19 N° 3° de la Constitución Política.

La Constitución en dicha norma dispone “la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”.

Es decir, existe una desigualdad aberrante, una justicia y un procedimiento penal para el grueso de los chilenos, el acusatorio, y un procedimiento inquisitivo anti democrático, para un pequeño número de ciudadanos, los militares en retiro.

Esta situación se ha tratado de revertir, por ejemplo, ante el Juzgado de Garantía de Villa Alemana, pero estos Tribunales se han negado a asumir el conocimiento de los procesos por “infracción a los derechos humanos”.

La odiosa diferencia que se mantiene desde el año 2000 en que se inició la aplicación de la reforma en las Regiones de Coquimbo y de La Araucanía, no tiene otra explicación y conclusión, que los militares “no tienen derechos humanos” y que el lema de la infame izquierda de “ni perdón ni olvido” nos acompañara por generaciones en la vida política del país.

Lo anterior, lo hemos observado en la implementación del indulto conmutativo de pena que tramitó el Gobierno y que favoreció a los reos comunes, sin que se concediera ningún indulto administrativo a los condenados de Punta Peuco y Colina Uno.

Tampoco hemos aprendido nada de nuestra historia. Luego de la violenta Guerra Civil de 1891, que provocó la muerte de muchos chilenos, el Gobierno de don Jorge Montt Álvarez, dictó cuatro leyes de amnistía, que fueron aceptadas por todos los sectores de la nación y vinieron a apaciguar los espíritus, que el país tanto requería, después de haber estado tan terriblemente dividido, entre Balmacedistas, Poder Ejecutivo, apoyado por los militares y el Congreso, apoyado por la Marina.

Para concluir este documento, no me queda, sino que invitarlos a que dialoguen con los candidatos que ustedes apoyarán para constituyente, de manera que, de salir elegidos, al escribir la próxima Carta Fundamental, consagren una norma a nivel constitucional que establezca como principio, que en Chile existe un solo sistema procesal penal, el acusatorio, oral, poniendo término al injusto, arbitrario y anti democrático sistema inquisitivo, que tanto afecta a nuestros militares en retiro.

Para ser consecuente, también se debería impulsar la modificación legal del Código de Justicia Militar, que aún mantiene la aplicación del sistema inquisitivo en el juzgamiento de los militares en la comisión de delitos militares.

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Crisis de la Constitución Política o crisis de incumplimiento

FRENTE A LA CONVENCIÓN: IDEAS FUNDAMENTALES PARA DEFENDER CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE A LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA

11 de diciembre de 2020

Patricio Schiavetti Rosas

1.- Defensa del Presupuesto de las Fuerzas Armadas, en dos aspectos:

a) Financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional: este aspecto está regulado por la Ley N° 21.174, que modificó la antigua Ley del Cobre.

El financiamiento de las Fuerzas Armadas estará integrado por los recursos económicos que disponga la Ley de Presupuestos del Sector Público como aporte fiscal e ingresos propios en moneda nacional o extranjera, y por los recursos que dispongan otras leyes.

Los recursos económicos que se asignen en la Ley de Presupuestos del Sector Público se destinarán a financiar el desarrollo de las actividades generales de las Fuerzas Armadas y las capacidades estratégicas de la defensa.

En vital mantener el financiamiento, para la lograr la renovación y mantención del material de guerra para permitir la conservación de la capacidad disuasiva de Chile.

 b) El financiamiento de las actividades generales: que corresponde a personal, infraestructura, material, no estratégico. En esta materia, será responsabilidad de los Comandantes en Jefe respectivos, remitir al Ministerio de Defensa Nacional sus necesidades generales de presupuesto, para que previo a escuchar al Jefe Estado Mayor Conjunto, sea aprobado por el MINDEF, para que en definitiva se incorpore al Proyecto de Presupuesto que elabora el Ministerio de Hacienda anualmente.

2.- Desarrollo de la Industria Nacional de la Defensa:

Coordinadamente entre todas las Instituciones la Defensa Nacional, lo que incluye a Carabineros. Se debe lleve llevar adelante, en un estrecho trabajo con los Científicos y las Universidades. Lo anterior, en materia de satélites, misiles, sistemas de armas, centrales de información y combate, drones, construcción naval, armamento, munición, mantención conjunta de aeronaves y helicópteros, etc. Solo para mencionar algunas, ASMAR, en el caso de la construcción de naves n avales y civiles, FAMAE, en lo que se refiere a la fabricación de armas y municiones, la Fuerza Aérea, con su Empresa ENAER que fabrica aviones. Especial mención debe hacerse sobre el Proyecto de Desarrollo del Sistema Satelital de Observación de la Tierra, que reemplazará al Fasat Charlie, que fue lanzado el 16 de diciembre de 2011, y que se incluye dentro de las obras que celebran el bicentenario del país.  A lo anterior, se debe establecer como política la mantención de Exposiciones Internacionales que realiza la Armada y la Fuerzas Aérea (ENADE) lo que permite tener acceso al conocimiento de nuevas tecnologías en el área de la defensa y compartir experiencias. La construcción del nuevo Buque Antártico de la Armada que reemplazará al “Viel” y las futuras construcciones de buques de transportes que reemplacen el actual “Aquiles” y las Barcazas tipo Batral, y la planificación futura de buques de guerra, es un buen ejemplo de lo que sostengo.

En esta materia, se debe tener presente toda la industria privada de DEFENSA, como SISDEF, DESA, DTS y otros. También, de alguna manera agregar a este concepto toda la industria de apoyo, como los contratistas de ASMAR. Esto último, para hacer ver a las autoridades, todo el impacto que implica la Industria de Defensa en el país, en materia de desarrollo científico, puestos de trabajos, ideas innovadoras, etc.

3.- Mantención de los beneficios que el Sistema Previsional actual de CAPREDENA y DIPRECA otorga a los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, ya que todos los sistemas previsionales de las Fuerzas Armadas extranjeras, de países organizados, se considera el sistema de reparto, dependiendo de los recursos del Estado y de las cotizaciones de sus integrantes. Abrir la puerta para explorar la posibilidad de avanzar hacia un sistema de cuenta individual abandonando gradualmente el de reparto, administrado por las referidas Cajas, tomando en consideración la especial condición de las carreras de los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, modificación que en ningún caso puede significar una pérdida de beneficios, puede resultar absolutamente dañino para el personal de las Fuerzas Armadas. Lo anterior, se deja en el plano del análisis, dado que hay que no puede desconocerse que el sistema de reparto ha producido un serio déficit en CAPREDENA, el cual debe ser anualmente cubierto con presupuesto de la nación.

4.- Defensa del Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas y de Carabineros:

Hay que oponerse drásticamente a la idea de establecer un Seguro Único Solidario, el que se formaría con la concurrencia de todas las cotizaciones de los distintos sistemas, FONASA, ISAPRES, CAPREDENA, DIPRECA, Mutualidades. Esta reforma produciría como consecuencia el término de la salud de las Fuerzas Armadas, dotadas de Hospitales y Centrales Odontológicas Institucionales, destinadas a la atención preferente de su personal.

En esta materia se debe defender la Ley N° 19.465 que establece el Sistema de Salud Conjunto de las Fuerzas Armadas, que, entre otras materias, permite la contratación de personal médico, dentistas y otros especialistas del área de la salud.

En cuanto a ésta ley se debe propender a que las Instituciones incorporen en sus presupuestos el financiamiento para la compra y renovación de equipos de alto costo, la mantención de las infraestructuras, materias todas que no pueden quedar sujetas al financiamiento de los Hospitales que generan fondos propios en su gestión.

5.- Mantención de la Inamovilidad Relativa de los Comandantes en Jefe y del General Director General de Carabineros:

Esta materia fue modificada en el Gobierno de Ricardo Lagos, que estableció en el inciso segundo del artículo 104 la posibilidad que el Presidente de la República, mediante decreto supremo fundado e informado previamente a la Cámara de Diputados y al Senado, pueda llamar a retiro a los Comandantes en Jefe del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros, antes de completar su respectivo período de cuatro años que estipula el inciso primero del artículo 104 de la Carta Fundamental.

6.- Escuelas Matrices:

Importancia de mantener la configuración de dos Escalafones separados, uno de Oficiales y otro de Personal de Tropa, Gente de Mar y Carabineros, por los distintos grados de preparación, funciones y ejercicios de mando. Los primeros con estudios con rango universitario y los segundo a nivel técnico. En ésta materia en muy importante impedir la modificación de las Leyes Orgánicas Constitucionales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros contenidas en las Leyes Números 18.948 y 18.961, respectivamente.

7.- Carrera Institucional:

En cuanto a los ascensos y el acceso a los altos grados de ambos Escalafones, se debe propender al ascenso por mérito y perfeccionamiento, en lugar de años de servicios, cuestión que en el caso de la Armada se ha ido estableciendo y perfeccionando.

8.- Justicia Militar: En esta materia se deben realizar una serie de modificaciones:

a) Consagrar en el Capítulo relativo a los derechos y garantías constitucionales, la existencia en Chile de un sistema procesal penal único, el oral, derogando el sistema inquisitivo, por ser absolutamente anti democrático, vulnerar la garantía de igualdad ante la ley, y no reunir los estándares mínimos de un debido proceso. Para ello se debe, además, derogar el Código de Procedimiento Penal.

b) Modificar el Código de Justicia Militar con el fin de poner término a la aplicación del juicio inquisitivo, estableciendo a nivel constitucional un solo sistema procesal penal. Esta reforma evitará, entre otros aspecto, que los mandos como los Comandantes en Jefes de Zonas, tengan además atribuciones judiciales.

Se deben establecer Tribunales Orales Militares, integrados por dos Oficiales Generales y un Oficial de Justicia del Grado de Coronel o Capitán de Navío, para el conocimiento de delitos graves y Tribunales de Garantía Militares, integrados exclusivamente por Oficiales de Justicia, para los delitos de poca gravedad.

Junto con lo anterior, se debe consagrar la existencia de un Ministerio Público Militar encargado de investigar los delitos de competencia de la justicia militar, de formalizar y acusar a los imputados militares ante los Tribunales que correspondan.

Esta modificación de la justicia militar requiere de voluntad política, presupuesto y un proceso gradual, al igual como se llevó adelante la reforma procesal penal. En todo caso, para avanzar en ésta modificación, se podría emplear la infraestructura y personal de apoyo tanto en las Fiscalías Regionales y Locales como en los Tribunales de Garantía y Orales, a lo largo del país, con la integración propuesta, para conocer de los delitos militares. En esta materia, soy partidario de mantener el funcionamiento de la Corte Marcial de la Armada situada en Valparaíso (solo para conocer de delitos cometidos por miembros de la Armada) y de la Corte Marcial radicada en Santiago, (cuyo conocimiento es para los delitos cuya responsabilidad es de militares, aviadores y carabineros), para conocer de los recursos interpuestos ante fallos de los Tribunales de primera instancia y conservar la competencia de la Corte Suprema, especialmente en el caso de recursos de casación y de queja, que en el caso de la justicia militar se integra además, por el Auditor General del Ejército.

c) Modificación del Escalafón de Justicia: Para cumplir lo antes señalado se debe llevar adelante una profunda modificación de los Escalafones de Justicia.

En mi opinión, estos deberían contemplar cuatro categorías de especialización:

1.- Auditores Asesores de los Mandos: Oficiales de Justicia especializados en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Comercial, Derecho del Mar, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, Reglamento de Disciplina de la Armada, para permitirles desempeñarse ante la CJA., Estado Mayor Conjunto, Estado Mayor de la Armada, Dirección General del Personal, Dirección General de los Servicios, Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, Dirección de Finanzas, Comandancias en Jefe de Zonas, etc.

2.- Asesores del Área Operativa: Especialistas en Derecho de la Guerra, con Cursos previos de Informaciones y/o de Estado Mayor, para asesorar al Comando de Operaciones Navales y sus fuerzas dependientes, Aviación Naval, Infantería de Marina, Fuerza de Submarinos, Comando de Transportes, Buzos Tácticos Fuerzas Especiales, etc.

3.- Auditores del Área de Justicia y Administrativa: Oficiales especializados en el Código de Justicia Militar, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, Reglamento de Disciplina, que los faculte para desempeñarse ante el Ministerio Público Militar, Tribunales Orales o de Garantía Militares, Fiscalías Administrativas, para establecer las responsabilidades penales. En el caso de las responsabilidades administrativas del personal de las respectivas Instituciones, estas deben ser investigadas por un Fiscal Administrativo y previos descargos, ser falladas en la línea del mando, por los Comandantes de Reparticiones, buques, Comandantes en Jefe de Zona, Comandante en Jefe de la Armada, Ministro de Defensa y Presidente de la República. Lo anterior, para evitar que estas responsabilidades sean investigadas por el Contralor General de la República , como ha sido el caso de 7 Generales de Carabineros a los cuales se indaga por hechos estratégicos y no administrativos.

9.- Orden Público:

En esta materia propongo 3 Cursos de Acción:

a) Creación del Ministerio de Orden Público: en cargado de mantener el orden público y de combatir el delito, de establecer políticas orientadas a éste aspecto, trabajando codo a codo con Carabineros y la PDI, dotado de Psicólogos, Sociólogos e Inteligencia, con un plan especial para detener el tráfico de estupefacientes y de cambiar la vida del barrio, en que la entretención no sea la droga, sino que el deporte. La creación del nuevo Ministerio no significaría un mayor gasto dado que toda la Subsecretaría de Prevención del Delito pasaría a depender del recientemente creado Organismo. En esto, debe producirse una racionalización del empleo de las Fuerzas Policiales sacándolas de labores administrativas de manera de destinarlas a la calle, con mejores y mayores equipos y planes de perfeccionamiento, regidas bajo un principio fundamental, cual es el de permitirles el empleo correcta de la fuerza, sin la existencia de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) que coartan su actuar y con respaldo concreto posterior después de su intervención, apoyo legal, no sumarios o decretos de retiro.

b) El Ministerio del Interior: sería el Ente coordinador del Plan de Gobierno con los distintos Ministerios, Gobiernos Regionales, Gobernaciones y Comunas, encargado del Presupuesto Regional y de su correcta implementación a través de los CORES. En su actuar, deberá tener una estrecha relación con la Secretaría de la Presidencia para intervenir el apoyo de la aprobación de proyectos de ley de interés del Ejecutivo. Para lo anterior, debe primar una política de diálogo y de buenas relaciones con todos los sectores políticos del país, sean de gobierno y de oposición, dado que interesa más el bien de Chile y no de los partidos que representa el Ministro.

c) Policía de Investigaciones de Chile: Como un aspecto novedoso que propongo incorporar, es consagrar a nivel Constitucional en el actual artículo 101 inciso segundo de la Carta Fundamental, que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública estén integradas por Carabineros y la PDI y que conforme al inciso final de dicha disposición de señale que las “Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, son obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas.

Lo anterior, teniendo en consideración que la PDI es un cuerpo armado, que no existe el deseo que dependa del Gobierno de turno y se transforme en una Policía Política, que teniendo la capacidad en personal, infraestructura e inteligencia, vigile ilegalmente a autoridades de gobierno, parlamentarios, empresarios, miembros de la Iglesias, periodistas y personas de influencia nacional, con los correspondientes perjuicios que ello conlleva.

Se debe tener presente que en la actualidad la PDI, conforme a su Ley Orgánica Constitucional aprobada por Decreto Ley N° 2.460, de 1979, sólo expresa en su artículo primero que su personal está sometido a un régimen jerárquico y disciplinario estricto y lo que es absolutamente insuficiente.

En este orden de ideas, se debe incorporar al Director General de la PDI al artículo 104 al Director General de la PDI, quién al igual que los respectivos Comandantes en Jefe de cada una de las ramas de las FF.AA. y General Director de Carabineros, gozarían de inamovilidad relativo, pudiendo ser llamados a retiro por decreto fundado del Presidente de la República, informado previamente a la Cámara de Diputados y el Senado.

d) Agencia Nacional de Inteligencia: Se debe llevar adelante una profunda reestructuración y modernización de la ANI, estudiando experiencias de Agencias Nacionales extranjeras, como el caso del Reino Unido y Francia, que permitan contar con inteligencia oportuna de manera que el Ejecutiva pueda tomar medidas oportunas y preventivas a tiempo. No puede volver a suceder lo del 18 de octubre del 2019, que sorprendió al Gobierno con un vandalismo desatado, sin saber qué hacer y como detener las acciones violentistas y terroristas. Situación similar se debe adoptar frente a lo que acontece en la Araucanía, en que reina el terrorismo hace años, con intervención extranjera, con financiamiento derivado del robo de madera, de la comisión de otros delitos, robo de armas y explosivos y tráfico de estupefacientes. No se puede permitir la consolidación de un Estado dentro del Estado chileno.

En esta materia, se debe coordinar la labor de inteligencia entre la ANI, Carabineros y PDI, dotándolos de medios modernos, equipos y personal especializado en el exterior, con el fin de adoptar cursos de acción preventivos y no tener que actuar cuando los hechos de violencia se producen. Ser proactivos y no reactivos.

Indudablemente que en esta tarea, falta un Área de Contrainteligencia que nos habría prevenido lo que ocurrió en octubre de 2019.

e) Modernización y no Reforma de Carabineros: Estimo que se debe llevar adelante un proceso de modernización de la Policía Uniformada, respetando sus normas constitucionales, legales, reglamentarias e históricas, modificando sus planes de estudios, estudiando experiencias de policías amigas extranjeras, apartando a su personal de labores administrativas, creando una buena Contraloría Institucional, con personal interno especializado, que realice periódicas auditorías de la implementación del presupuesto y los gastos, en ningún caso por especialistas externos. En definitiva, de debe llevar adelante su modernización con Carabineros y no contra Carabineros, sin considerar la Comisión nombrada para el efecto, que pretende una reforma radical, que desconoce la realidad policial y su historia.

La reforma más importante y urgente para que Carabineros pueda funcionar, es lo referido a la línea de mando en que deben estar involucrados los políticos que disponen su empleo. Resulta que Carabineros, lo que hace es poner fuerzas equipadas y entrenadas a disposición de las autoridades políticas (Intendentes y Gobernadores) quienes disponen su empleo operativo, pero al momento de rendir cuentas, la responsabilidad queda radicada en el Director General cuya única actuación fue entrenar y equipar las fuerzas, y no en la Autoridad que dispuso su empleo. Ni hablar que alguna Autoridad política vaya a firmar un plan de operaciones.

En resumen, una reforma urgente es determinar el involucramiento de las Autoridades que disponen el uso de Carabineros. Se tienen que hacer responsables de sus decisiones, de lo contrario seguirá pasando lo que presenciamos, que los Carabineros terminan sumariados, con procesos en que son tratados por el Ministerio Público como imputados en circunstancias que son las víctimas, apartados de sus funciones por resolución del Gobierno y afectados con resoluciones de retiro.

El peligro para la ciudadanía es que ya los miembros de la Institución no querrán intervenir, para no verse afectados por estas decisiones, dado que no tienen el respaldo del Gobierno ni de su alto mando, lo que puede conducir a una seria sublevación.

A lo anterior, se debe agregar la exigencia para el uso de sus armas, el cumplimiento de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), que limitan y coartan el actuar de la Policía Uniformada, debiendo probar siempre que obraron en legítimo defensa. A lo antes expuesto, se debe agregar la presencia permanente del Instituto de Derechos Humanos, que fiscaliza de manera parcial y poco objetiva el actuar de Carabineros. Por último, en los respectivos procesos, estarán presente abogados de Derechos Humanos que destina el Ministerio de Justicia, que en nada contribuyen a que se tenga un proceso justo, imparcial, teniendo además presente la filiación política de los Fiscales y Jueces.

f) Desarrollo de la Policía Marítima: En materia de combate al tráfico de estupefacientes, se debe continuar otorgando medios, personal, inteligencia, equipos, a la Policía Marítima que tiene presencia a lo largo de todo el territorio nacional, debiendo perfeccionarse la legislación para que no existan dudas sobre sus facultades y existencia. En esto la Dirección General del Territorio Marítimo debe jugar un rol vital dado que tiene el presupuesto y la capacidad para dar un eficiente resultado a esta misión, teniendo presente que más del 50% del tráfico proviene por mar. En su actuar debe actuar coordinadamente con el Ministerio Público, Carabineros e Investigaciones y requerir los apoyos a las Fuerzas Armadas en las fronteras en cuanto a aviones con visores nocturnos, drones, vehículos todo terreno, equipos de radio, etc.

g) Instituto Hidrográfico y Meteorología: La Armada debe seguir apoyando al SHOA en sus importantes tareas de ser los previsores de la ocurrencia de tsunamis, tarea que le corresponde cumplir coordinadamente con la ONEMI, y de confeccionar y publicar las cartas náuticas que permiten una segura navegación tanto a buques de guerra como barcos mercantes. Para ésta última tarea, se requiere continuar con el levantamiento hidrográfico a lo largo de todo Chile, en un trabajo mancomunada de la Marina con los científicos nacionales.

En lo que respecta al Servicio Meteorológico de la Armada, se debe perfeccionar su importancia a nivel nacional, designando a un Encargado Especialista, con un grado alto dentro de la Institución. Sabemos de su utilidad tanto para las Reparticiones terrestres como los buques de guerra y mercantes, destacando la labor que cumple la dotación Antártica a este respecto.

10.- Política Exterior:

Chile en materia de política exterior hemisférica debe salirse de la disputa bilateral entre Estados Unidos y China y crear nuevos e importantes nexos de relación con las potencias emergentes, como India, Nueva Zelanda y Australia.

El país debe continuar con su política de apertura de su comercio, manteniendo y desarrollando la suscripción de nuevos Tratados Comerciales con todos los países, estando pendiente el que debiera ratificarse con la Comunidad Europea y el TPP-11, Acuerdo de Asociación Transpacífico, el cual está firmado por Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur  y Vietnam, En el caso de Chile, el país firmó el Tratado, pero requiere su ratificación por el Congreso Nacional, estando pendiente su tramitación en el Senado.

En cuanto a la política exterior latinoamericana, Chile debe estrechar lazos con Brasil, su mayor socio comercial, debiendo mantener una relación cordial con Argentina, pero siempre expectante, de manera de defender en forma permanente los derechos nacionales tanto en la Plataforma Continental, Mar Austral, Plataforma Continental Extendida y derechos Antárticos.

En lo que respecta al Perú, se debe continuar con una relación amistosa, pero sin descuidar que ese país no da íntegro cumplimiento al fallo de la Haya, de fecha 27 de enero de 2014, que obliga, en atención a la nueva zona económica exclusiva establecida por la Corte. El país vecino debe concretar a la brevedad, su delimitación.

En lo que se refiere a Bolivia, se debe tener presente que la Corte de Justicia de la Haya mediante sentencia de fecha 1° de octubre de 2018, ratificó la postura chilena en el sentido que no debe negociar la salida al mar con el país vecino. Por consiguiente, se debe avanzar en una relación amistosa con Bolivia, pero teniendo como fundamento, para una posible nueva relación, el respeto irrestricto al Tratado de 1904, que no está sujeto a modificación alguna. Esta nueva política dependerá en gran medida de la actitud de su nuevo Presidente Luis Arce Catacora, del MAS. Ya nuestro país dio un paso, al haber asistido nuestro Canciller Andrés Allamand Zavala, al cambio de mando presidencial.

11.- Destacar la Importancia de la Armada a nivel Nacional:

La Armada debe continuar realizando todos los esfuerzos que sean necesarios, para que la Institución sea apreciada como una Organización seria, no corrupta y que está preocupada de velar por la defensa de los intereses marítimos, de la patria y de la seguridad nacional. Junto con lo anterior, deben apoyar a los ciudadanos en casos de pandemias, catástrofes, incendios y terremotos, cooperando en la mantención del orden público y del control sanitario. En esta labor se deben resaltar las tareas de los Buques “Sargento Aldea” y del “Cirujano Videla” que contribuyen a otorgar un serio apoyo sanitario y quirúrgico, éste último en las zonas australes del país.

La importancia de la Armada no puede ser puesta en dudas, para ello todo su personal debe contribuir en mantener su buena imagen. En esto juega un papel importante la Dirección de Comunicaciones de la Armada. En este aspecto debemos tener presente el resultado de las Encuestas, en que muestran un gran apoyo de los ciudadanos a la Institución.

En este aspecto, debemos lamentar lo ocurrido con las instituciones amigas del Ejército y Carabineros, en que se han llevado adelante varios procesos por Ministros de Corte por los delitos de fraude y malversación, en que han sido sometidos a procesos dos Comandantes en Jefe, un Director General de Carabineros, otros Generales y Oficiales del Alto Mando. En el entendido que las responsabilidades penales son personales, no se puede desconocer que ésta situaciones afectan seriamente a las Instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

12.- Plataforma Continental, Mar Austral, Plataforma Continental Extendida e Intereses Antárticos:

Por ser una materia de primera importancia para los intereses nacionales, la Institución se debe involucrar fuertemente en ésta materia, cooperando en las labores de la Cancillería con su conocimiento del tema y la elaboración oportuna de las cartas náuticas que permita al país realizar su defensa ante la Secretaría de la Plataforma Continental de la Organización de las Naciones Unidas, en el menor tiempo posible.

Lo anterior, teniendo en cuenta la presentación que el Gobierno Argentina ha hecho ante la Secretaría de la ONU, que afortunadamente carece de competencia, los últimos proyectos de ley aprobados por su Congreso gracias a la iniciativa del Gobierno del Presidente Alberto Fernández, las declaraciones de éste sobre la materia y los textos escolares que se han publicado, todos los cuales han sido repudiados por el Gobierno Chileno mediante las correspondientes notas diplomáticas de protesta.

A lo antes expuesto, se agrega la defensa de los intereses chilenos en la Antártida, para lo cual el país debe contar con una política de Estado, al igual que con el tema de la Plataforma Continental, debiendo dotar de medios navales, aéreos, personal especializado y bases dotadas de los elementos modernos e infraestructura, que permitan continuar con una presencia efectiva de Chile en dicho Continente, teniendo presente que éste constituye la mayor reserva de agua del planeta.

El país marcha hacia el precipicio y nadie puede permanecer como mero espectador del acontecer nacional. La situación amerita a ser protagonistas, más aún cuando deberemos luchar por lograr los 2/3 de los constituyentes, el próximo 11 de abril de 2021 y escribir una nueva Constitución, defendiendo con convicción fuerza, fe y pasión, un modelo libre.

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Crisis de la Constitución Política o crisis de incumplimiento

Viña del Mar, 16 de diciembre de 2020

Patricio Schiavetti Rosas

Crisis de la Constitución:

Algunos constitucionalistas como Fernando Atria, de la izquierda dura, junto al Frente Amplio y el Partido Comunista, pretenden sostener que la Constitución está en crisis, está quebrada y aún más, aseveran que el Presidente de la República está incapacitado para gobernar. Lo anterior, se suma a la querella interpuesta por Daniel Jadue contra el Ministro de Salud Jaime Mañalich y el Presidente Sebastián Piñera, en un plan concertado para dar la sensación de desgobierno.

Crisis de incumplimiento de la Constitución:

Por mi parte, yo sostengo que existe un reiterado incumplimiento de las normas constitucionales, por todos los integrantes de los diferentes Poderes del Estado, del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.

En efecto, el Presidente de la República, promulgó la ley de pagos de consumo básicos que se inició por una moción legislativa de un parlamentario, en circunstancias que, por ser una materia económica, debió ser de la iniciativa exclusiva del Presidente. A pesar de lo anterior, no la vetó y la promulgó.

El Presidente permitió que el Congreso aprobara el primer retiro del 10% de los Fondos de la AFP, por medio de la incorporación de artículo transitorios, en un claro parlamentarismo de facto, en una materia previsional, igualmente de iniciativa del primer Mandatario, y no recurrió al Tribunal Constitucional para que declara su inconstitucionalidad.

Solo frente a la aprobación del segundo retiro, ha recurrido tardíamente ante Tribunal Constitucional para que éste determine si el procedimiento empleado por el Poder Legislativo, es o no constitucional.

En mi opinión, todo lo obrado por el Congreso atenta en contra del estado de derecho y viola las normas constitucionales, constituyéndose en constituyentes en materias que no les compete. Si el Frente Amplio y el Partido Comunista desea destruir el sistema previsional, que se allane a permitir su modificación, respecto de un Proyecto, que por larga data permanece sin avance en el Poder Legislativo.

El Presidente propició una ley de indulto conmutativo de penas para los reos comunes, pero no hizo uso de sus facultades administrativas, para indultar a los presos políticos de Punta Peuco y Colina Uno, todos mayores de 70 años, que fueron condenados por hechos de hace más de 40 años y que mueren por padecer de enfermedades propias de la tercera y cuarta edad o por efectos de la pandemia, vulnerando las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de protección de la salud.

En cuanto al Poder Legislativo, la Presidente del Senado Adriana Muñoz, segunda autoridad a nivel nacional, afirmó que era mejor vulnerar la Constitución, que no dejar de llevar adelante proyectos contrarios a la Carta Fundamental. Una clara posición populista que atraviesa desde la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Socialista, Frente Amplio y Partido Comunista. Más se piensa en los intereses partidarios y personales, que en el real interés de las personas y el país.

En lo que respecta al Poder Judicial, ha sucedido exactamente lo mismo. Una Jueza dictó un fallo sin contar con una ley expresa que la autorice y decreta la inscripción de una menor en el Registro Civil, con dos madres, no estando regulado legalmente. La Jueza crea derecho, en circunstancias que los magistrados son meros aplicadores del derecho, teniendo la facultad exclusiva de discutir y aprobar las leyes el Poder Legislativo.

Los Ministros de Corte de Apelaciones, condenan a militares en retiro, aplicando el procedimiento inquisitivo, totalmente anti-democrático, que no consagra el debido proceso, actuando el Juez como investigador, acusador y sentenciador. Por su parte, los abogados defensores no tienen acceso al sumario y no se aplican dos instituciones mundialmente reconocidas, como son, la cosa juzgada y la prescripción.

Los militares no tienen derecho a que se les aplique el nuevo procedimiento penal oral, vulnerándose una vez más, las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley y el debido proceso.

Por eso, soy partidario que, en la nueva Constitución, se consagre una norma de rango constitucional, que consagre un solo procedimiento procesal penal, el oral, sin distingos entre civiles y militares. Para ser consecuente, también se debe reformar el Código de Justicia Militar, que aplica el procedimiento inquisitivo, en los juicios militares.

Por su parte, el Ministerio Público, al investigar eventuales delitos, cometidos en el estado constitucional de catástrofe, trata a los militares y carabineros como imputados, en lugar de considerarlos como víctimas.

En cuanto al actuar del Ministerio Público, llama la atención los pocos casos que se están investigando desde el estallido de la violencia social de octubre del año 2019, y las mínimas condenas por actos de vandalismo, incendio y daños a la propiedad pública y privada, demostrando una gran ineficacia. En los pocos casos en que ha habido investigación, el Ministerio Público ha ofrecido salidas alternativas a los imputados.

A lo anterior, hay que agregar la intención de ciertos parlamentarios de tramitar una ley de indultos, para todos aquellos que quemaron estaciones, incendiaron trenes del metro, cometieron actos de vandalismo en la propiedad pública y privada, destruyeron mobiliario municipal. Estimo que el Poder Legislativo, una vez más está cometiendo una ilegalidad, al inmiscuirse en el ámbito de acción del Poder Judicial, que ha sido el Poder, que ha dictado los fallos y condenas.

En cuanto a la Contraloría General de la República, ha llevado adelante un sumario administrativo en contra de siete Generales de Carabineros, vulnerando las normas constitucionales, la Ley Orgánica de Carabineros y su Reglamento de Disciplina. En esta materia, le corresponde al General Director de la Institución, determinar las responsabilidades administrativas de su personal subalterno.

Todos los pensadores nacionales como Carlos Peña, Gonzalo Cordero, Daniel Mansuy, Max Colodro y Cristián Warnken, piensan que más que una crisis de la Constitución, hay una crisis en el cumplimiento de las normas constitucionales.

A propósito de lo antes expuesto, a Ignacio Walker, ex Presidente de la Democracia Cristiana, le da mucha rabia, la abdicación de sectores intelectuales y políticos de izquierda que justificaron la violencia, de allí que estima que su Partido no puede pactar con el Frente Amplio y el Partido Comunista.

En cuanto al mantenimiento del Orden Público, las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones han estado absolutamente comprometidas en la mantención del orden público y la ayuda en el control sanitario, en el estado de excepción constitucional de catástrofe.

El Ejército, destinó a 31.145 efectivos para dedicarse exclusivamente a labores de control sanitario, entrega de alimentos, traslado de enfermos y asistencia médica.

La Armada, dispuso de 15.000 efectivos para apoyar el control sanitario y efectuar procedimientos quirúrgicos, con el Buque Hospital “Sargento Aldea”. Su actividad se centró principalmente, en la Región de Valparaíso y Biobío.

En el caso de la Fuerza Aérea, 4.500 de su personal están dedicados a la crisis de la pandemia, trasladando personal médico, militar, loas ventiladores mecánicos, especialmente en el caso de pacientes críticos. Esta Institución ha aportado más de 100 horas de vuelo, para cumplir esta misión.

Tratándose de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, todo su personal está dedicado a la prevención del delito, la lucha contra el crimen organizado, especialmente en materia de tráfico de drogas, junto con la tarea de mantener el orden público y ayudar a la ciudadanía, por problemas derivados de la pandemia.

Todo el actuar de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones, se ha visto afectado en su actuar, por la imposición desde los Ministerios del Interior y de Defensa, de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), que les impide actuar frente a la violencia y el desorden público, requiriendo estar frente a un caso concreto, bajo la causal de la legítima defensa, prevista en el artículo 10 N° 4 del Código Penal, que exime de responsabilidad penal.

En todos los Estados que impera la cordura, se consagra como principio, que el uso de la fuerza de la policía uniformada será siempre superior a la fuerza que emplee el delincuente.

Estimo que la violencia ha llegado para quedarse, desde octubre del año pasado, en que imperan fundamentalmente tres grupos: 1.- Los descontentos con los abusos, colusiones y corrupciones, de malos empresarios; 2.- Los delincuentes que son pagados para provocar violencia y desorden y 3.- Los anarcos, que no tienen pertenencia política, y que abogan por la abolición y destrucción del Estado, el capitalismo, el trabajo asalariado, la propiedad privada, pretendiendo una democracia directa.

Situación aparte, es el caso de la Araucanía, en que no impera el estado de derecho, existiendo un Estado dentro del Estado chileno, con zonas vedadas para ingresar, zona sur que está sometida al terrorismo, muerte de personas, ataques incendiarios, etc.

El financiamiento de los grupos terroristas lo obtienen fundamentalmente, de la comisión de delitos comunes, robo de madera, tráfico de estupefacientes, existiendo un problema de estado, que no ha sido solucionado por ningún Gobierno.

A lo anterior, se suma la actitud del Frente Amplio y el Partido Comunista que no ha querido aprobar ningún proyecto de ley que favorezca el combate al vandalismo y la delincuencia, la ley de protección de la infraestructura crítica, cuya tarea se entregaría al cumplimiento de las Fuerzas Armadas, la ley de reforma de la Agencia Nacional de Inteligencia, (ANI), las modificaciones de las Leyes de Control de Armadas y Explosivos y de Tráfico de Estupefacientes, etc.

De lo expuesto podemos concluir que la Constitución Política de 1980, reformada drásticamente en el Gobierno de Ricardo Lagos, en el año 2005, la cual ha experimentado más de 40 modificaciones, desde 1989, no está en crisis, sino que ha habido una reiterada y grave crisis de incumplimiento de sus normas, por todos los Poderes del Estado, Tribunal Constitucional, Ministerio Público y Contraloría General de la República.

Chile se merece una mayor seriedad de todas sus autoridades y un respeto mínimo a su ordenamiento jurídico y a los ciudadanos. Pareciera que no somos una República democrática.

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Carta al Director

Quiebre de los contrapesos constitucionales: crisis del Estado

Uno de los factores esenciales para mantener un Régimen Democrático, es la mantención de los contrapesos constitucionales.

Que el Poder Ejecutivo encabezado por el Presidente de la República, administre y gobierne el Estado, mantenga el orden público en el interior y la seguridad externa de la República. (Artículo 24 CP).

Por su parte, el Poder Legislativo debe discutir y aprobar las leyes. (Artículo 46 CP).

A su vez, el Poder Judicial administra justicia (Artículo 76 CP).

Finalmente, al Ministerio Público le corresponde investigar los hechos constitutivos de delitos (Artículo 83 CP).

Si un Poder del Estado se arroga las facultades de otro Poder del Estado, se produce un quiebre de los contrapesos constitucionales, se afecta el estado de derecho y se vulnera el régimen democrático. (Artículo 4 CP).

No está permitido que el Poder Legislativo propicie la dictación de leyes que son de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. (Artículo 65 CP). Esta grave alteración de las normas constitucionales, nos puede llevar a concluir que estamos frente a un Parlamentarismo de Facto y hay factores populistas que influyen en el actuar de los parlamentarios, para vulnerar las normas de la Carta Fundamental, motivados por una ansía de figuración personal, más que velando por los reales intereses de los ciudadanos chilenos.

No se puede seguir modificando la Constitución por la vía de introducir normas transitorias, ya que ello implica alterar gravemente el estado de derecho.

Atendido lo anterior, aprecio que el Presidente de la República haya recurrido ante el Tribunal Constitucional, para que este máximo Tribunal determine si el proceder de la oposición se ajusta a las normas constitucionales y constituye un mecanismo permitido.

En todo caso, he visto que, en alguna medida, el Gobierno ha recuperado la iniciativa, al haberse aprobado el segundo retiro del 10% desde las AFP, con la limitante que los beneficiados de mayores ingresos paguen impuestos.

Veremos qué pasará con este Proyecto en la Cámara de Diputados. ¿Ganará la Alianza del Frente Amplio y el Partido Comunista?.

En mérito a lo expresado, debemos exigir que todas las Autoridades del Estado, hagan un esfuerzo para mantener los contrapesos constitucionales, cumpliendo cada Poder del Estado las funciones que le fija la Carta Fundamental, sino Chile seguirá caminando hacia una grave crisis y avanzando hacia el precipicio.

La ciudadanía exige responsabilidad y seriedad a nuestras Autoridades. Chile lo demanda.

Patricio Schiavetti Rosas

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Ataque Terrorista

Estimado Fernando, Juan Sutil y CPC:
Junto con saludarlo, le ruego transmitir a Juan Sutil y la CPC., mi apoyo frente al ataque cobarde y miserable de un Grupo Terrorista por medio de herbicidas, que afectó a la producción de berries, frutillas y moras en el Fundo Santo Domingo ubicado en Talquita-Parral, el día 6 de octubre pasado. Comparto con Juan Sutil y la Confederación de la Producción y el Comercio, la lucha por mantener al país en un modelo libertario, impidiendo el establecimiento de uno socialista, que tanto daño causaría a nuestra querida patria. Por eso, estoy convencido que debe triunfar la opción RECHAZO para evitar dejar a Chile por un espacio de 18 meses sin normas constitucionales y legales claras, que aumenten la crisis económica, política, social y sanitaria, que no permitan la inversión de los empresarios chilenos y extranjeros. Vuelvo a reiterar el agradecimiento de Juan Sutil y de la CPC., una ayuda generosa que permitió la traída de 248 chilenos varados en el Asia, entre los que figuraban mi hija Valentina que estaba en La India. Chile nos demanda una actitud decidida, unida y con liderazgo.  Saluda afectuosamente a ustedes.,

Patricio Schiavetti Rosas

Abogado

Director Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro – ASOFAR AG

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