Columna de Opinión

COLUMNA DE OPINIÓN

El Líbero

¿Disminuir el poder de los delincuentes o aumentar el de carabineros?

6 de mayo de 2022

por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP

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El gobierno debe dejar de lado ese idealismo de que el diálogo puede terminar con la violencia.

El asesinato del carabinero Breant Rivas en Chillán la madrugada del jueves llevó a la ministra del Interior Izkia Siches a declarar que “debemos trabajar unidos como país para disminuir el poder de fuego de los delincuentes”. Pero como los delincuentes no van a entregar voluntariamente sus armas, la mejor forma de lograr ese objetivo es aumentando el poder de fuego de los carabineros y de las fuerzas de seguridad. Solo fortaleciendo a Carabineros y aumentando las penas para las personas que atacan a los policías se podrá contrarrestar ese creciente poder de fuego de los delincuentes que preocupa al gobierno.

Es incuestionable el aumento de la delincuencia en Chile en meses recientes. Aunque el país sigue siendo más seguro que la mayoría de nuestros vecinos, es menos seguro ahora que hace unos años. Además, independientemente de los niveles de victimización, la percepción de inseguridad va al alza. La gente percibe que los delincuentes ahora tienen mayor poder de fuego. La gente quiere que el gobierno tome cartas en el asunto.

Parte del problema, no obstante, está en que la sociedad se ha puesto más tolerante con la violencia. Desde incluso antes del estallido social, la sola presencia de Carabineros no era suficiente para que se impusiera el orden. Se hizo costumbre en Chile que la gente atacara a Carabineros o que se resistiera a arrestos golpeando a sus funcionarios. En las marchas, y especialmente desde el estallido social, la gente no trepida en golpear a los carabineros cuando estos están tratando de hacer su trabajo. Mucha gente cree que es aceptable tirarle piedras a los vehículos de carabineros o incluso intentar incendiar esos automóviles ocupados por carabineros.  

La tolerancia a la violencia contra carabineros ha convertido a esos funcionarios públicos en blanco fácil para ataques de delincuentes. Si un delincuente ve en televisión que los manifestantes pueden golpear impunemente a carabineros —y que hay políticos que defienden a esos manifestantes—, el delincuente tendrá menos temor de resistirse a un arresto o incluso se animará a dispararles cuando es descubierto en una fechoría. 

La falta de respeto a la autoridad ha sido alimentada por muchos de los que ahora ocupan posiciones de poder en el Ejecutivo. El propio Presidente Boric, cuando era estudiante y luego diputado, participó de marchas junto a muchos manifestantes que atacaban impunemente a carabineros. La defensa que hicieron muchos de los actuales líderes del Frente Amplio a las violentas manifestaciones asociadas al estallido social de octubre —la llamada Primera Línea— buscó convertir en héroes a aquellas personas que se dedicaban a obstruir el trabajo de Carabineros y que continuamente atacaban a la policía cuando esta buscaba restablecer el libre tránsito por Plaza Baquedano. Es más, esas mismas personas osadamente se atrevieron a sugerir que ese lugar símbolo de la violencia se llamara Plaza Dignidad. No puede haber dignidad en un lugar en que la gente impunemente ataca a la fuerza policial. 

De poco sirve argumentar que Carabineros violó los derechos humanos o que sus procedimientos usaron excesivamente la fuerza. Tampoco se justifica atacar a cualquier carabinero porque algunos funcionarios de esa policía dispararon directamente a las personas. Si hubo carabineros que incumplieron su tarea y violaron la ley, hay vías para hacer que rindan cuentas en un estado de derecho como el que tiene el país. Es una muestra de salvajismo responder con piedrazos a carabineros cuando la fuerza policial hace su trabajo. 

Ahora que muchos de los apologistas de la retórica que normalizó los actos de violencia contra Carabineros están en el gobierno, su tarea es trabajar con la policía para garantizar la seguridad de la población y combatir la delincuencia. El desafío es especialmente complejo toda vez que es evidente que los delincuentes tienen ahora un mayor poder de fuego. 

Para enfrentar el problema, no basta con llamados bien intencionados a reducir el número de armas en las calles. Para lograr que haya menos armas en las calles, el gobierno deberá dotar a Carabineros de mayor poder de fuego para poder enfrentar a los delincuentes. De igual forma, el gobierno deberá trabajar con el Congreso para establecer severas penas a las personas que ataquen a Carabineros —independientemente de la circunstancia. El gobierno también deberá abandonar esa infantil lógica de criticar la criminalización de los movimientos sociales. Cuando la gente en las marchas se comporta como delincuentes, Carabineros debe responder con la mayor fuerza de la ley. Esa es la única forma de dejar en claro que delinquir, en una marcha o en cualquier otra situación, es un delito que traerá consecuencias graves. 

Finalmente, el gobierno deberá dejar de lado ese idealismo de que el diálogo puede terminar con la violencia. El gobierno debe atreverse a imponer el estado de derecho con el legítimo uso del monopolio de la violencia. A menos que el gobierno tome pasos decididos para dejar en claro que cualquier uso de fuerza contra Carabineros es intolerable y será severamente castigado, las buenas intenciones de la Ministra Siches no serán suficientes ni para evitar nuevos asesinatos de carabineros ni para cumplir su deber de dar más seguridad a la población. 

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Fuente: Página web medio digital El Líbero.

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COLUMNA DE OPINIÓN

El Líbero

Nicaragua: aquí hay chino encerrado

30 de abril de 2022

por Carlos Alberto Montaner, periodista y escritor

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Alguien tiene que decirle a China o a Rusia que no pueden continuar alentando el desorden antidemocrático sin sufrir sanciones institucionales y personales

El matrimonio que dirige Nicaragua con mano de hierro tiene fama de no ser inteligente, pero sí muy astuto. No es posible culpar al canciller Denis Moncada de la salida del país de la OEA. “El señor Moncada es un monigote de Ortega y de su esposa”, me dice un prominente exiliado nica que no quiso dar su nombre.  

Detrás de cualquier acción importante que suceda en Nicaragua está la mano de Daniel Ortega y de su mujer Rosario Murillo, “la Charo”, que es VP de Nicaragua. De manera que esta nueva deriva no es excepcional: ambos están metidos hasta las cejas en acusar a Luis Almagro, Secretario General de la OEA, sin ninguna imaginación ni prueba, de lamebotas del imperialismo yanqui.

Ambos han logrado expulsar a la Institución de su sede, con el pretexto de que es “un instrumento diabólico”, y de crear en la oficina de 296 metros cuadrados, en un lugar exclusivo de Managua, una especie de “Museo de la Infamia”, con el objeto de denigrar a la OEA, sin hacerle caso a Edgar Parrales, el exjesuita y exdiplomático a cargo de la OEA durante los primeros gobiernos sandinistas, que les explicó que esa campaña sería totalmente negativa. Ortega, sencillamente, lo encarceló.

De acuerdo con 14ymedio, el diario que dirige desde Cuba Yoani Sánchez, el inmueble pertenece a las hermanas Luz Marina y María Auxiliadora Navarrete Guevara. La primera está casada con Pedro Rioseco, periodista de Prensa Latina (suelen ser agentes del Ministerio del Interior), a quien conoció en Managua entre el 86 y el 89. El matrimonio vive en Cuba, pero María Auxiliadora vive en Managua, junto a su marido estadounidense. 

Se da la circunstancia de que una de las primeras actividades confiscatorias de Ortega, en esta segunda etapa (en la primera confiscó todo lo que pudo), sería contra estas hermanas. Pero si no llega a ocurrir, es por el dinero de los chinos, que facturarían a sobreprecio la conversión del inmueble en un museo, pagando con ese dinero “generosamente” la propiedad a sus “legítimos dueños”. A fin de cuentas, el “negocio” con los chinos lo manejan directamente los Ortega-Murillo por medio de su hijo Laureano, tenor y coleccionista de caros relojes Rolex, designado por Los Angeles Times, como “heredero y sucesor” de su padre. (En la era en que podían explotar a los venezolanos toda la plata pasaba por la caja de Ortega-Murillo. Ahora son «los chinos»).

La primera inversión “seria” que harían los chinos tiene que ver con las viviendas populares. Son cuatrocientos millones de Yuan o el equivalente de 60 millones de dólares. Se da la circunstancia de que existen casas prefabricadas en el mercado nicaragüense por mil seiscientos dólares, con un solo ambiente, y hasta con dos dormitorios y un baño por cinco mil, como llegó a realizar el efectivo alcalde Jaime Nebot en Guayaquil.

Previamente, los Ortega-Murillo llegaron a la convicción de que no valía la pena continuar disfrazándose de “liberales cristianos”. Resultaba más conveniente justificar esas agresiones a la democracia tildando de “hijos de perra” a cualquier persona que se les opusiera, o de seres “mediatizados por el oro de los gringos”. Incluso, era mejor asumir de una vez el ropaje de dictadores y meter en la cárcel a los exsandinistas que se les oponían, como la legendaria exguerrillera Dora María Téllez, ex Ministra de Salud durante el primer gobierno sandinista, y a Ana Margarita Vigil Guardián, ambas disidentes, junto a otros revolucionaros del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Así las cosas, los 7 u 8 candidatos que podían fácilmente derrotar a Ortega y a su mujer fueron privados de su derecho a aspirar a la presidencia por el procedimiento de encarcelarlos y acusarlos sin pruebas, o con pruebas amañadas, de emplear dinero malhabido en la campaña, o invocando el pretexto de la soberanía, puesta en peligro “ante el inminente asalto de los yanquis”. Estos fueron los casos de los hermanos Chamorro, Cristiana y Pedro Joaquín, hijos de Doña Violeta; y del economista Sebastián Chamorro; del historiador Arturo Cruz, a los que se agregan Noel Vidaurre, Félix Maradiaga, el periodista Miguel Mora y el líder campesino Medardo Mairena.

Fue una tragedia que Ortega y Murillo le quitaran su respaldo a Taiwán y se lo vendieran a China continental. Taiwán es la China liberal y democrática que ha sido capaz de evolucionar del autoritarismo a la democracia. Tan pronto Nicaragua traicionó a sus viejos aliados, el 10 de diciembre del 2021, cuando apareció la foto de Laureano Ortega Murillo junto al vice canciller chino Ma Zhaoxu, comenzó una cadena de “locuritas”, como les dicen en Nicaragua a las conductas lamentables, y el dúo de gobernantes nicas se entregó irremediablemente a los peores asuntos, como son la persecución de sus adversarios políticos.

En vista de que América Latina carece de política exterior -salvo las imperiales, aunque fracasadas, Cuba, Venezuela y Nicaragua-, la OEA es el sitio mejor o menos malo, para que Estados Unidos y Canadá se enfrenten a esa dificultad, como llevan a cabo en la Unión Europea y en la OTAN. Alguien tiene que ponerle punto final a los horrores de Díaz-Canel mandando en Cuba, o Nicolás Maduro en Venezuela, o el dúo nefasto en Nicaragua. Alguien tiene que decirle a China o a Rusia que no pueden continuar alentando el desorden antidemocrático sin sufrir sanciones institucionales y personales. Y ese sitio es la OEA.

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Fuente: Página web medio digital El Líbero.

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El Líbero

¡Lircay! ¡Lircay!

17 de abril de 2022

por Pablo Errazuriz

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Precisamente lo que principia ese 17 de abril de 1830, se pretende abolido el 18 de octubre de 2019. ¿Cuánto hay en esa antigua batalla que nos hable del presente político del país?.

¡Lircay! ¡Lircay! Gesta de matices, luces y sombras. ¿Leyenda épica de la forja de la República u oscuro triunfo del despotismo sanguinario?

Lo cierto es que la batalla librada el 17 de abril de 1830 a las afueras de Talca es un momento esencial en la construcción del Chile independiente, puerta de entrada al sistema portaliano, y por tanto un acontecimiento de primera magnitud.

Los juicios sobre esta batalla no se agotan en valorar el día de la gesta, sino que se adentran en las concepciones e interpretaciones del período que da a luz: sobre Lircay pesan Portales, Prieto, Bulnes y Montt, pesa el sistema institucional establecido, pesa la evolución del Estado chileno por el resto del siglo XIX, XX y XXI. Personajes tan disímiles y contradictorios como Alberto Edwards, Mario Góngora y Gabriel Salazar han visto en el nudo de 1829-1830 el quiebre del destino histórico de Chile independiente, un momento que empuja hacia una senda que habrá de definir la forma en que concebimos el Estado nacional.

Por esto es necesario recordar Lircay, más en un momento constituyente refundacional, en el que la tradición misma que ha sostenido al Estado chileno ha sido cuestionada hasta su núcleo. Precisamente lo que principia ese 17 de abril, se pretende abolido el 18 de octubre de 2019. ¿Cuánto hay en esa antigua batalla que nos hable del presente político del país?

El camino hacia Lircay

La expulsión de O’Higgins en 1823, impulsada por la aristocracia santiaguina y elementos del incipiente ejército nacional, termina con el primer intento de perfilar una estructura política independiente para Chile.

El Estado en forma nacional -como es llamado por Edwards- había sido demolido con la Independencia. Los sistemas de representación simbólica del poder y la legitimidad que sostuvieron al gobierno monárquico durante 300 años habían colapsado, sin que el andamiaje indiano pudiera resistir como tal al cambio de régimen político. El imaginario de una monarquía católica y compuesta no era compatible con una república ilustrada formada sobre la base del Estado-Nación.

Una primera respuesta para llenar este vacío fue el cesarismo militar de Bernardo O’Higgins. Ante el fracaso de este proyecto, los dirigentes nacionales se alistaron ansiosos a probar diversas formas de organización estatal. El problema no era uno meramente “constitucional”: no se agotaba en la técnica jurídica del texto, sino que versaba sobre la construcción de un sistema de mentalidades políticas que otorgaran legitimidad al proceso independentista, el que no era en caso alguno aún del todo seguro.

Se ensayaron así una serie de posibilidades: el sistema moralista de Juan Egaña (1823), el intento federal de José Miguel Infante (1826) y el liberalismo moderado de Joaquín de Mora (1828) se sucedieron unos a otros, fracasando todos en adquirir la legitimidad como modelo y reconstruir la autoridad política.

Y en el trasfondo de estos ensayos, la anárquica lucha entre las distintas facciones e intereses: pipiolos, pelucones, federalistas, o’higginistas y estanqueros se relacionaban en una intrincada y voluble red de apoyos y militancias. No eran en ningún caso partidos políticos en el sentido moderno, sino una compleja estructura de relaciones sociales, económicas, políticas y de intereses que cambiaban constantemente, al son de los destinos y opiniones de los hombres más ilustres del momento.

El fin de la Constitución de 1828 comenzó en estas dinámicas. Del enojo pelucón por la imposición -a su entender, inconstitucional- de Joaquín Vicuña como vicepresidente en 1829 se siguió un movimiento palaciego en Santiago y finalmente la revolución armada en Concepción, liderada por los propios pelucones, el o’higginismo, sectores del federalismo y los estanqueros, siendo los últimos acaudillados por el imputado cerebro del movimiento: Diego Portales. Por su parte, Joaquín Prieto, ex lugarteniente de O’Higgins, lideró el alzamiento militar en el sur. Se había cruzado el Rubicón.

No fue una reacción ideológica, sino que una respuesta dentro de las dinámicas de las luchas aristocráticas que habían dominado la década. Esto explica por qué incluso elementos liberales, como el mismo Ramón Freire, se encontraran -al menos en una primera fase- en una posición ambigua: ni partícipes directos ni opositores al movimiento, pensaron cosechar los frutos de este.

El primer choque armado, señala Salazar, concluye con la victoria constitucionalista-pipiola, pero con el triunfo político de los pelucones -gracias al pacto de Ochagavía-, quienes consiguen, en la práctica, el fin de la constitución liberal y su instalación en el gobierno.

La segunda fase comienza con el quiebre entre los pelucones y Freire, quien toma el mando de las fuerzas pipiolas, replegándose al sur perseguido por Prieto. El 17 de abril de 1830 ambas fuerzas se enfrentan a orillas del río Lircay.

Una batalla y sus frutos

El enfrentamiento fue sangriento para la época, estimándose alrededor de 600 muertos, entre los cerca de 4.000 soldados. Especialmente cruento fue el trato del ejército vencedor contra la oficialidad extranjera del ejército pipiolo, siendo ejecutado a sablazos Guillermo Tupper, quien había sido capturado durante la batalla.

Con la victoria militar, el dominio del bando pelucón quedaba asegurado, siendo eliminada la facción pipiola como agente político. Sin embargo, Lircay podía quedar en un mero golpe de Estado caudillista, sin una verdadera proyección de larga duración.

Los fines de los grupos revolucionarios no eran homogéneos. Las dos tendencias más marcadas eran las del peluconismo aristocrático -sin una posición ideológica clara, pero deseoso de orden luego del caos de la última década- y la postura o’higginista, que esperaba saciar esa ansia de orden intentando nuevamente un gobierno cesarista de O’Higgins. Los pelucones habrían estado abiertos a esta opción a cambio de terminar con la inestabilidad, por lo que fue una posibilidad real en los días que siguieron a Lircay.

Frente a estas dos tendencias surge la opción portaliana, que primero desarticula a los pipiolos, luego al o’higginismo y a la fronda pelucona.

La dureza de Portales con los vencidos ha sido ampliamente discutida desde el siglo XIX. No conforme con la victoria militar, el Gran Ministro abogó por el exilio de los líderes pipiolos, la purga de la oficialidad del ejército y la ejecución de cualquier insurrecto. Aplicó una ley de hierro contra cualquier persona o grupo que pudiera hacer peligrar el proyecto político que comenzaba a edificar, generando los resentimientos que habrían de estallar en el motín de Quillota de 1837 que cobraría la vida del Ministro.

Para neutralizar los planes o’higginistas, Portales promovió la candidatura de Joaquín Prieto a la presidencia, evitando la restauración del Director Supremo desde dentro de las propias filas del o’higginismo.

Finalmente, la fronda pelucona fue cautivada por el encanto de Portales, ganándose su lealtad y aquiescencia pasiva en el proyecto que pensaba materializar. Y este no era otro que la construcción del Estado sobre la base de un poder incuestionado: que se obedeciera al gobierno como en su momento se había obedecido al rey.

Para Edwards, esto se logra por la construcción de un poder impersonal y abstracto a la usanza de los reyes hispanos; para Góngora, por medio de un poder fundado en la aristocracia enamorada del orden. Las tesis no son excluyentes. La construcción de un poder abstracto -el gobierno- se apoya en la aristocracia como cuerpo político. Y esta respuesta es congruente con el único modelo político vivo y funcional que conocía la experiencia chilena: la monarquía hispánica, especialmente en su vertiente borbónica. En este sentido ha argumentado Bernardino Bravo, señalando que la construcción portaliana es una reimaginación del despotismo ilustrado, en el marco de una república ilustrada y aristocrática.

El éxito portaliano fue rotundo. Los pipiolos desaparecieron del esquema político sin continuidad alguna. Pasarían más de 20 años y 3 gobiernos pelucones antes de la reaparición de una propuesta liberal, la que fue más hija del Partido Pelucón que del pipiolaje. Portales encuentra su herencia en Errázuriz, Santa María y Balmaceda, presidentes liberales, pero dentro de la noción de Estado portaliana. Por otro lado, el caudillaje militar queda neutralizado luego de Lircay, no siendo derribado ningún gobierno en el período que va desde 1830 y hasta 1891.

Aquel ansiado orden del líder estanquero fue alcanzado gracias al modelo implantado, y sirvió de base a la idea de Estado durante el resto del siglo XIX, siendo modificado meramente en los accidentes luego de las crisis de 1924 y 1973. Este modelo se convirtió, a través de las generaciones, en el núcleo de la idea política del Chile republicano, alimentando imaginarios colectivos y formas de entender la política.

En Lircay, respirándose el ominoso aire de una guerra civil, se rompe el círculo de las constituciones pensadas, ensayadas y desechadas, engendrando una constitución viva que no reposaba en la tinta del texto, sino las prácticas políticas e imaginarios colectivos compartidos y respetados. La eliminación de estos presupuestos en miras a refundar toda nuestra experiencia y tradición política tiene una buena parte de infantilismo y desconocimiento de que las comunidades políticas son seres históricos, que construyen el futuro desde las experiencias del pasado.

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Fuente: Página web medio digital El Líbero.

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ENSAYOS ASUNTOS PÚBLICOS

El Líbero

La guerra en Ucrania, o de la fricción entre democracia y poder

por Miguel Ángel Martínez

5 de abril de 2022

Miguel Ángel Martínez, Doctor en conflicto político y procesos de pacificación

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El choque entre democracias y autocracias que efectivamente se aprecia en la guerra de Ucrania no debe hacernos perder de vista que la política de las grandes potencias obedece prácticamente siempre a la lógica del poder puro y duro.

Ya lo tenía claro Tucídides: ni las reglas del derecho ni las de la moral prevalecen cuando entran en conflicto abierto con las reglas del poder. Esta vieja lección recobra su frescura al cabo de tres décadas de aparente post-historia, cuando tanta gente dentro de nuestras sociedades occidentales, tras experimentar adelantos de toda índole a una escala nunca antes vista, parecía haberse ido convenciendo de que el deber ser siempre termina prevaleciendo sobre el ser. Esta confianza en la razón —y en una única razón—, a su vez, se hermana en nuestros tiempos modernos con la confianza en el progreso, induciéndonos a creer que estamos destinados a mejorar continuamente.

De acuerdo con esta perspectiva cognitiva y emocional, la fuerza que impulsa nuestra existencia sería la de una inercia que nos conduce colectivamente hacia lo mejor. Tan natural ha llegado a parecernos esta inercia que tiende a pensarse que sólo la perversa obstinación de un puñado de mentes obtusas y egoístas, por lo general ubicadas en posiciones de mayor poder, se interpone entre la gente y su espontáneo bienestar. ¡Ea, pues! Neutralicemos a estos seres anómalos; apartémoslos del Estado y la sociedad recuperará espontáneamente la senda del progreso a la que está predestinada.

Como consecuencia de este modo de ver las cosas, hemos tendido a dar por descontados los innumerables avances que la humanidad registró durante las últimas tres décadas, una vez consumado el fin de la Guerra Fría. Se tendió a confundir la tercera ola democratizadora con un tsunami irreversible, la caída de la Unión Soviética con la necesaria democratización de Rusia y el crecimiento de China con la domesticación del gigante asiático por parte de las grandes corporaciones transnacionales. Asimismo, se interpretó como una inevitable victoria de Occidente la afirmación de Deng Xiaoping sobre la irrelevancia del color del gato frente a su capacidad para cazar ratones. Llegamos a hablar de una Primavera Árabe y de exportar la democracia a Irak y Afganistán por medio de largas ocupaciones militares. 

Y sin embargo, ahí estamos nuevamente, asombrados de que Vladimir Putin se maneje bajo nociones geopolíticas “propias del siglo XIX”, según las han descrito varios voceros gubernamentales en la Unión Europea y los Estados Unidos. Dicho asombro deriva, a fin de cuentas, de nuestra dificultad para distinguir entre nuestra idea del deber ser y el ser propiamente dicho, entre lo que suponemos que deberían ser las cosas y lo que éstas son en realidad. Armonizar ambas esferas será en muchas ocasiones factible, pero en otras —por lo general las más decisivas en política internacional— puede resultar poco menos que imposible.

Ante países pequeños con regímenes autoritarios, por ejemplo, puede no sólo tener sentido sino ser plenamente deseable que las potencias occidentales impongan un marco de relaciones diplomáticas dentro del cual se espera que dichos regímenes se apeguen a las condiciones mínimas de un orden internacional demoliberal. La voluntad concertada de las grandes democracias occidentales tiene la capacidad para presionar a las autocracias de pequeño y mediano tamaño con la finalidad de que guarden un mínimo respeto por ciertos estándares democráticos internacionales; incluso pueden propiciar la democratización progresiva de tales regímenes.

No obstante, las cosas cambian cuando hablamos de la relación entre grandes potencias. En semejante terreno, lo que la experiencia histórica nos demuestra una y otra vez es que ninguna norma priva sobre las reglas del poder, según las cuales “el fuerte hace lo que quiere y el débil sufre lo que debe”. Desde este punto de vista, y por poner nuevamente un ejemplo, el deseo y la voluntad de que Rusia —con sus más de 6.000 ojivas nucleares, enorme territorio, larga historia de autoritarismo y muy fresca conciencia imperial— se comporte hoy como un Estado democrático no debería llevarnos a incurrir en el autoengaño de suponer que efectivamente se conducirá de semejante modo.

Es más: el hecho de que en Occidente existan grandes estados democráticos tampoco debería llevarnos a dar por descontado que su comportamiento en materia de geopolítica internacional necesariamente supeditará las reglas del poder político a las del deber ser democrático. En este sentido, con frecuencia se constata que las reglas de la casa no necesariamente se aplican en la calle, ya que ésta tiene sus propias reglas.

Por un lado es cierto que, tal como demuestra la evidencia empírica, prácticamente no existen casos de conflictos entre democracias que hayan sido dirimidos mediante la guerra: casi siempre que se ha producido un conflicto armado interestatal durante los últimos doscientos años, ésta ha tenido lugar sólo entre regímenes autoritarios, o también entre autocracias y democracias, pero no entre democracias exclusivamente. Según esta realidad, parece ser cierto que un mundo compuesto del mayor número de democracias posible tendería, al menos en principio, a ser un mundo más seguro.

Pero por otro lado, y asumiendo que no existe ningún ente supranacional realmente capacitado para obligar a todos los estados a cumplir con todas las disposiciones del derecho internacional, nada nos asegura que ciertos estados, por muy democráticos que sean internamente, dejen de valerse de su poder para imponer la satisfacción de sus intereses primordiales. Esto quizás no se aprecie con demasiada regularidad cuando de asuntos secundarios se trata, pero sí podemos constatarlo cada vez que están en juego los intereses fundamentales de un Estado —su integridad territorial, el ejercicio de su soberanía, su supremacía en ámbitos específicos, etc.— o, incluso, de un gobierno en particular.

De modo que, en efecto, la confrontación entre Rusia, Ucrania y la OTAN es un conflicto en el que una visión democrática entra en colisión con una visión autoritaria acerca de cómo dirimir ciertas discrepancias de orden internacional. Pero es también un conflicto en el que una nación que aún conserva varios de los elementos que la erigieron durante dos o tres siglos como gran potencia se enfrenta a una alianza internacional que expresamente fue creada para contenerla. El orden internacional de la post Guerra Fría no modificó esa realidad de un modo suficientemente significativo como para conjurar los recelos mutuos entre Rusia y la OTAN, con lo cual dicha circunstancia ha terminado por estallar en un punto de fricción ineludible como lo es Ucrania. 

Así pues, la naturaleza de esta guerra sugiere que su eventual canalización distará mucho de conducirse a través de los canales del derecho internacional. Muy por el contrario, éste parece ser uno de esos conflictos que, en virtud de la cantidad de poder y de actores que involucra directa o indirectamente en su desarrollo, por fuerza conllevará algún tipo de desplazamiento o revisión de las normas internacionales que hasta ahora han prevalecido.

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Fuente: Página web medio digital El Líbero.

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COLUMNA DE OPINIÓN

Volver a Jaime Guzmán

Jorge Jaraquemada

Publicado en CNN Chile, 29 de marzo de 2022

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Desde que la llamada clase política de nuestro país comenzó a discutir sobre la necesidad de contar con una nueva Constitución, después de la reforma que llevó a cabo el ex presidente Lagos, el nombre y las ideas políticas de Jaime Guzmán se han convertido en un recurso corriente en los diferentes sectores políticos, principalmente en las izquierdas.

Si bien este escrutinio público se entiende dada la relevancia histórica del ex senador, también resulta necesario separar aquellas ideas que se fundan en apariencias antes que en fundamentos doctrinarios o de las intenciones que realmente guiaban a Jaime Guzmán. Aun cuando algunos sectores han tratado de convencernos de que el plebiscito de salida evaluará la Constitución de 1980 y no el texto que debe proponer la Convención, de todos modos, resulta necesario afrontar algunos lugares comunes construidos ficticiamente en torno a su figura frente a la vorágine de exégetas que han aparecido.

Desde que fue asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1991, se ha mantenido un interés constante sobre el pensamiento y el rol de Jaime Guzmán en la política nacional. Hemos visto, en el mundo académico y político, variadas investigaciones y opiniones sobre las diferentes etapas de su vida. Se ha escrito y comentado sobre sus adolescentes intervenciones escolares, su protagonismo en la oposición al gobierno de Salvador Allende, su rol durante el gobierno militar y sobre lo que esperaba del sistema político una vez que volviera el país a la democracia.

Durante las tres décadas que han transcurrido desde entonces, más allá de las diferencias políticas, que evidentemente existieron, se aprecia que se han sumado mitos y apreciaciones que buscan presentarlo como un personaje contradictorio, en tanto ideólogo de un Gobierno que violó los derechos humanos y que impulsó un modelo economicista y materialista que contravendría la Doctrina Social de la Iglesia Católica, poco entusiasta por la democracia e incluso de ánimo refundacional (cuestión que se expresaría en la nueva institucionalidad que contribuyó a desarrollar).

Cada una de estas interpretaciones es refutable. En primer lugar, si bien las críticas a su apoyo al Gobierno militar son válidas y deben entenderse en el marco de una interpelación a una figura de relevancia, también es justo sopesar que, como el propio Guzmán señaló, la razón medular por la que decide seguir cooperando se funda en que consideraba que su “deber moral era permanecer en el Gobierno para colaborar al proceso de normalización e institucionalización que permitiera superar los excesos en materia de derechos humanos y contribuir a que el régimen culminara en una plena democracia, como en 1973 se lo propusieron las Fuerzas Armadas”. En sus propias palabras, “el desenlace demuestra que no estaba equivocado” (Jaime Guzmán: La otra visión. El Mercurio, Santiago, 10 de marzo de 1991).

También fue siempre clara su condena a las violaciones a los derechos humanos (Revista Cosas, Santiago, 11 de julio de 1985). Testimonios que dan cuenta de esto abundan. Y si bien siempre habrá refutaciones, suscribimos la opinión de monseñor Sergio Valech, quien no solo reconocía su esfuerzo por “procurar desde adentro corregir los errores de justicia social, tortura y otros atentados contra la vida”, si no además consideraba que la decisión de cooperar con el régimen militar fue “una opción respetable”, pues “la calidad humana y espiritual de Guzmán es por todos conocida” (La segunda, 3 de diciembre de 2004).

En segundo lugar, porque más allá de los énfasis que en diferentes épocas marcó Jaime Guzmán en su vida pública, todos sus proyectos políticos siempre estuvieron anclados a una noción antropológica que los fundan y les dan sentido. Así ocurre con el Movimiento Gremial, la Constitución de 1980 y la UDI. En todos ellos la naturaleza humana, su dignidad y trascendencia se enraízan en el tronco doctrinal que les da sentido.

El rol subsidiario del Estado tiene una raíz ética que responde a esa ontología del ser humano antes que a una económica. De otro modo, y contra lo que se ha vuelto un cliché, no hay una escisión entre subsidiaridad y solidaridad, ni con la Doctrina Social de la Iglesia Católica. De un lado, porque de acuerdo con el compendio de la misma doctrina (N°187), la subsidiaridad difiere del asistencialismo, la burocratización y centralización, por cuanto éstos ahogan la libertad. De otro, porque la solidaridad (Nº194 y 195) trasciende al Estado desde el momento que la conciencia de deuda hacia la sociedad implica, a la vez, un compromiso para saldarla mediante el aporte a la causa común de la iniciativa privada. Así también, cabe constatar que el progreso en Guzmán debía, además, acompañarse de un sentido espiritual.

En tercer lugar, Guzmán muestra un compromiso con la democracia desde sus primeras participaciones en la política nacional, hasta el final de su vida. Así lo muestra su rol en la campaña de Jorge Alessandri, la crítica al gobierno de Salvador Allende, su compromiso inscrito en la Constitución de 1980 de retornar a la democracia, la fundación de la UDI, además de su candidatura y luego rol como senador de la República.

Finalmente, la idea refundacional de la Constitución del ‘80 es cuestionable. Aunque es obvio que la nueva institucionalidad y el Gobierno militar generaron un claro cambio en el rol del Estado, también se debe ponderar que Jaime Guzmán (y el régimen) buscaba mantener elementos de nuestras tradiciones, como el presidencialismo, la chilenidad y los símbolos patrios, el bicameralismo (tan incierto hoy en medio del trabajo de la Convención), el lugar de la familia en nuestra sociedad y el reconocimiento al papel de la sociedad civil en el desarrollo de nuestro país. Incluso el principio de subsidiariedad había sido parte de la discusión pública en nuestro país desde que apareció en las encíclicas y, por lo mismo, su aplicación respondía y se hacía cargo de la realidad que vivía nuestro país. La reforma educacional es un ejemplo del rol activo que cumplió el Estado.

Jaime Guzmán tampoco pretendió crear un diseño social desde la verticalidad, como algunos columnistas han señalado. Al contrario, el espíritu de los contenidos del nuevo marco institucional, así como el que se plasma en todo su derrotero público, intenta reconocer una noción ontológica del ser humano que permite comprender un orden social, junto con el reconocimiento de sus derechos y el respeto a su dignidad. Dicho de otro modo, la Constitución reconocía un orden social sustentado en una antropología que lo hace posible. Ad portas de una nueva conmemoración del aniversario de su trágica muerte, la invitación es a abrirnos a repensar el pensamiento y figura de Jaime Guzmán.

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Fuente: Página web Fundación Jaime Guzmán.

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