Columna de Opinión

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El Líbero

Renacionalizar el cobre: la agenda que reivindica el PC en la constituyente 50 años después

Publicado el 9 junio de 2021

Autor: Daniela Bas

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Desde todos sus frentes el Partido Comunista respalda la idea de volver a nacionalizar el cobre, una iniciativa que, aseguran, debe quedar consagrada en la nueva Constitución y para ello ya comenzaron las gestiones. Dos de sus constituyentes electos, entre ellos Hugo Gutiérrez, firmaron un manifiesto en apoyo. Mientras en el Congreso el royalty sería el punto de partida, y en los sindicatos mineros hay representantes comunistas difundiendo la propuesta.

Una medida implementada por el expresidente Salvador Allende hace 50 años es la que intenta reivindicar el Partido Comunista desde todos sus frentes. Volver a nacionalizar el cobre, hecho que Allende enmarcó bajo el “día de la dignidad nacional”, es la agenda que se ha ido gestando desde el PC y se ha transmitido tanto a sus parlamentarios como a sus representantes sindicales relacionados con las mineras y, sobre todo, a sus constituyentes electos que tendrán la tarea de dejarlo consignado en la nueva Constitución.

Lo adelantó el secretario general del partido, Lautaro Carmona, quien en febrero se mostró expectante de que en la futura Carta Magna se consagre la nacionalización del cobre. Aseguró que “la propiedad del Estado es más o menos un tercio del total de los yacimientos que hay en Chile” por lo que nacionalizar el resto sería un elemento clave para avanzar hacia un “nuevo modelo de desarrollo que se sostuviera en primer lugar en la soberanía económica del país respecto a sus grandes riquezas naturales”.

También lo consignó el partido en su XXVI Congreso de septiembre 2020 cuando aseguraron que “la recuperación de las riquezas naturales en poder de grupos económicos locales y transnacionales es fundamental”. Y durante el comité central que formalizó la candidatura presidencial de Daniel Jadue en abril, en el que fijaron como objetivo inmediato aprobar el royalty a la extracción del cobre y el litio, “nuestras principales riquezas nacionales”.

Volver a nacionalizar el cobre fue la bandera de campaña de al menos tres aspirantes a la Convención Constitucional del Partido Comunista que no fueron electos, pero también hubo algunos que, mediante dos manifiestos que prometen la “renacionalización y la construcción de un modelo alternativo de desarrollo económico”, comprometieron su apoyo a retomar el proyecto promulgado por Allende el 1971, sumándose a decenas de académicos y parlamentarios.

El exdiputado Hugo Gutiérrez (PC), la abogada fiscal en la Municipalidad de Recoleta Bárbara Sepúlveda (PC), Jorge Baradit en cupo del PS y el independiente por la Lista del Pueblo Manuel Woldarsky, son algunos de los firmantes del manifiesto que fueron electos para escribir la nueva Constitución, por lo que serán quienes intenten legislar sobre este y otros temas en la Convención. En los documentos aseguran que “de la nacionalización de nuestros bienes comunes naturales dependerá el país que entreguemos a las próximas generaciones” y agregan que desde las raíces del pueblo recuperarán “la propiedad y el uso racional de nuestras riquezas”.

El texto también señala que la “rebelión popular de octubre le abrió una gran grieta irreparable al corrupto modelo neoliberal” y que “la propia historia nos llena de simbolismos y señales recordándonos que este año 2021 se cumplen 50 años de la nacionalización del cobre”. “Sin el control nacional de nuestros grandes bienes comunes naturales, seguiremos condicionados y a merced de los grandes capitales trasnacionales”, aseguran.

La idea viene creciendo desde hace varios años atrás y hoy estaría más vigente por el auge en el precio del metal y debido a que se comenzará a escribir una nueva Constitución en la que buscan establecerlo, 50 años después de su primera aprobación en el Congreso. En 2018 en la conferencia nacional del PC, el timonel del partido, Guillermo Teillier, recalcaba la importancia de la nacionalización de los recursos naturales y ahora Jadue, junto a los parlamentarios y constituyentes, buscan hacerlo realidad, comenzando por el royalty minero.


Para el candidato presidencial PC “recuperar el cobre para el beneficio de Chile y no de unos pocos es una tarea urgente”, ya que “podría financiar desafíos económicos y sociales impostergables”. En una columna de opinión, Jadue calificó como fundamental que la gran minería aumente sus aportes económicos, “a través de un verdadero royalty que hoy no existe” y aprovechó de recordar el legado de Frei y Allende. “A 50 años de su nacionalización, tenemos la oportunidad histórica de poner las riquezas del país al servicio del desarrollo nacional”, apuntó.

Royalty como punto de partida

En el Congreso, tomando en cuenta la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19 y aprovechando el boom en el precio del cobre, la minería se ha puesto en el centro del debate. El recurso sigue siendo la principal exportación chilena y representa entre el 7% y el 10% de los ingresos fiscales, por lo que el alza en su precio ha sido utilizado como punto de partida para que algunos parlamentarios establezcan que la minería debe hacer una mayor contribución a la economía chilena con proyectos como el royalty e, incluso, hay quienes han ido más allá mencionando la nacionalización.

Para el diputado Francisco Eguiguren (RN), miembro de la Comisión de Minería de la Cámara, “todas las acciones legislativas que ha impulsado la izquierda para poner como interés nacional el litio y otros minerales, tienen detrás el interés genuino de nacionalizar el cobre y el resto de los recursos naturales”. Advierte que la nacionalización del cobre es un tema que vienen escuchando desde hace mucho tiempo por parte de legisladores del PC y el Frente Amplio como el diputado Daniel Núñez (PC) y también por parte de Daniel Jadue.

El diputado por la región de Coquimbo no se sorprende ante las gestiones del PC, ya que plantea que actualmente “es un interés desenmascarado y transparentado por la izquierda”, quienes, asegura, “no desmienten el interés de la nacionalización del cobre y lo han dicho directamente”.

Así fue como lo afirmó la diputada Carmen Hertz (PC) el año pasado al decir que la nacionalización y la reforma agraria debían ser reivindicadas “hoy más que nunca”.

De acuerdo con el diputado de RN, la nacionalización tendría “consecuencias nefastas para la gran, mediana y pequeña minería en Chile porque la destrucción de todo lo que se ha hecho sería patente”. Eguiguren advierte que hoy “Codelco tiene una deuda de US$14 mil millones por lo que no tiene capacidad de crecer en la industria minera”. Al respecto señala que la empresa no podría estatizar las mineras privadas que componen cerca del 70% de la extracción nacional. “Imagina el gasto que es estatizar la minería, cuánto tendría que pagar el Estado de Chile por todas esas mineras que tendría que estatizar y después quién te asegura que la libra del cobre va a mantenerse en el valor que está hoy día”, sostiene.

De los sindicatos a la Constitución

Entre los sindicatos de las mineras privadas no hay consenso absoluto sobre su apoyo o no al royalty minero, por lo que las posturas no han sido transparentadas y nuevas opciones se les han dado a conocer a los trabajadores. En Antofagasta Minerals, el principal grupo minero privado chileno, en medio de la discusión sobre el impuesto minero, apareció otra idea presentada por un sindicato.

Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), desde donde lidera a 20 mil contratistas de la minería, ha sido el encargado de materializar y difundir las ideas del partido a los sindicatos mineros, sobre todo en cuanto a la renacionalización del cobre, la cual lleva años comentando en su rol de presidente de la CTC, militante del PC y consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. El representante sindical fue contactado por El Líbero con respecto a este asunto, pero al cierre de esta nota no se había recibido una respuesta.

En el discurso por los 48 años de la nacionalización del cobre, Ahumada afirmó que establecieron entre sus pilares estratégicos “la lucha por la renacionalización del cobre y nuestros recursos naturales como el litio, el agua y la energía, tal como lo hiciera la otrora Confederación del Cobre en 1951”. Para la víspera de los 50 años retomó el discurso asegurando que la nacionalización del cobre sigue vigente en una lucha permanente por lograr la soberanía económica definitiva para Chile.

Fuentes del gremio minero sostienen que Ahumada, junto a Manuel Riesco -economista fundador del MAPU y de la UP, también miembro de las juventudes comunistas en 1972 y parte de la campaña de Allende- son quienes han difundido las ideas entre los sindicatos. Ambos llevaron a cabo un conversatorio con las bases de las cuatro mineras que componen Antofagasta Minerals, pero desde el sector aseguran que los sindicatos no han tomado una postura con respecto a apoyar la “renacionalización” del recurso, y tampoco en cuanto a respaldar el proyecto del royalty minero que se debate en el Congreso.

Fuente:  Página web medio digital El Líbero

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COLUMNA CONSTITUYENTE

El Líbero

Germán Concha: La Constitución y “el mundo de Caín”

Publicado el 9 junio de 2021

Germán Concha Abogado constitucionalista y profesor de Derecho

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Si se toma en consideración la narración completa, y no sólo su frase final, el orden social que más se asemeja al “mundo de Caín”, es uno que está dominado por la envidia y el resentimiento frente al éxito y el mérito individuales.

“Yahveh preguntó a Caín: “¿Dónde está tu hermano?” Respondió: “No lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano?”. Este pasaje de la Biblia ha sido usado en los últimos años entre nosotros, poniendo especial énfasis en su frase final, para graficar lo que algunos han denominado “el mundo de Caín”, o, si se quiere, un orden social dominado por el egoísmo, consecuencia de una visión individualista extrema, que sería el que la Constitución de 1980 habría venido a instalar en Chile.

Esta crítica al orden institucional vigente, aceptada sin mayor cuestionamiento en ciertos círculos intelectuales, puede tener efectos muy graves en el análisis de los últimos cuarenta años de la historia de nuestro país y en los efectos que la actual Carta Fundamental ha tenido en ellos. ¿De qué sirve, podría decirse a partir de ella, que la reforma institucional y económica realizada en Chile haya hecho posible las que muy probablemente son las mejores décadas de su historia, y haya cambiado, para bien, las condiciones de vida de gran parte de su población, si ello se ha logrado a partir de un sistema que, en su base, es contrario a los principios, cuando no derechamente inmoral?.

Existen buenas razones para sostener que esta crítica es infundada y supone desconocer la clave del éxito que alcanzó nuestro país bajo el orden institucional vigente, la que radica, precisamente, en que dicho orden se funda en principios fundamentales para la convivencia humana. Antes de entrar en ese análisis (que por razones de espacio queda para una próxima columna), parece oportuno detenerse a considerar si la asimilación del “mundo de Caín” (donde prima la violencia), al reino del egoísmo es tan acertada como se ha sostenido y acríticamente parece haberse aceptado ampliamente.

En efecto, según la narración que se contiene en el texto bíblico, la pregunta que Dios hace a Caín por el paradero de su hermano no se formula en cualquier contexto, ni siquiera en uno que pudiera considerarse neutro, sino después que Caín ha dado muerte a Abel. Es decir, después que Caín ha cometido un crimen. Si se retrocede un poco en el relato, se puede apreciar que el origen de dicho crimen está en la molestia de Caín ante el trato desigual que Dios ha dado a los hermanos, en concreto, al preferir la ofrenda de Abel a la de Caín.

Parece posible afirmar, entonces, que si se toma en consideración la narración completa, y no sólo su frase final, el orden social que más se asemeja al “mundo de Caín”, es uno que está dominado por la envidia y el resentimiento frente al éxito y el mérito individuales. Uno que recuerda las más tristes experiencias colectivistas que ha conocido Occidente a lo largo de su historia.

No parece estar de más tenerlo en cuenta ahora que se inicia un proceso constituyente en nuestro país. No vaya a ser que, por tratar de huir del orden social que, según se nos ha venido diciendo por académicos y columnistas, corresponde al “mundo de Caín”, terminemos construyendo de verdad dicho mundo entre nosotros … y justificando el asesinato de Abel.

Fuente:  Página web medio digital El Líbero

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COLUMNA DE OPINIÓN

El Líbero

Patricio Navia: Cuánto vale una promesa presidencial

Publicado el 4 junio de 2021

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La decisión del Presidente Piñera de apoyar el matrimonio igualitario representa un incumplimiento de promesa que, aunque avance la causa de la igualdad de derechos, tiene también altos costos para la credibilidad y fortaleza de la democracia.

Para que la democracia funcione, los políticos deberían hacer mayores esfuerzos por cumplir sus promesas de campaña. Es más, cuando los candidatos se comprometen a hacer algo o a oponerse a algo, una vez electos debieran hacer lo imposible por hacerlo realidad. La decisión del Presidente Piñera de apoyar el matrimonio igualitario representa un incumplimiento de promesa que, aunque avance la causa de la igualdad de derechos, tiene también altos costos para la credibilidad y fortaleza de la democracia.

La promesa de campaña es un compromiso esencial en el proceso democrático. En campaña, los candidatos se comprometen a defender ciertas prioridades y a oponerse a otros asuntos. Al menos en parte, los electores optan por apoyar a determinados candidatos a partir de esas promesas. Una vez electos, los políticos tienden a cumplir sus promesas porque aspiran a volver a ser electos y para ello deben evitar decepcionar a sus votantes. Cuando no existe la reelección inmediata, los incentivos para cumplir las promesas de campaña son mucho más débiles. Si un político no puede buscar la reelección, se centrará más en buscar su próximo trabajo que en cumplir las promesas que hizo en campaña.

Obligar a los políticos a cumplir sus promesas tampoco es una buena alternativa. Porque las circunstancias cambian, los políticos tienen la misma libertad que tienen los pilotos de avión para cambiar la hoja de ruta en caso de emergencia. Lamentablemente, esa misma flexibilidad hace que a veces prometan cosas que saben no podrán cumplir. Como siempre habrá imprevistos, es cosa de culpar después a algún imprevisto para justificar un incumplimiento de promesas.

Como es inconveniente obligar a los políticos a que cumplan sus promesas, es esencial que los propios políticos hagan su mejor esfuerzo para mantenerse fieles a sus compromisos, incluso cuando algunas de esas promesas pudieran no ser lo que hoy quiere la mayoría. Precisamente porque la voz del pueblo se expresa de forma mucho más clara cuando la gente vota, los políticos debieran hacer esfuerzos especiales para cumplir con sus promesas de campaña.

En su discurso del 1 de junio, el presidente Sebastián Piñera sorpresivamente anunció su apoyo a legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. De ser promulgada, esa ley pondría a Chile a la par de la gran mayoría de las democracias desarrolladas y eliminaría una restricción que discrimina a muchos miembros de la comunidad LGTB+ que no pueden acceder al mismo derecho que tenemos los heterosexuales.

Lamentablemente, independientemente de lo que uno piense sobre el matrimonio igualitario, hay razones para sentirse decepcionado por la decisión del presidente Piñera. En su campaña en 2017, el entonces candidatos repetidas veces aseguró oponerse al matrimonio igualitario. Ya que es una persona de edad que lleva décadas en la vida pública, esas declaraciones no pueden ser entendidas como una decisión irreflexiva. En tanto el matrimonio igualitario ha existido por varios años ya en otros países, las declaraciones de Piñera —un hombre culto, leído e instruido— oponiéndose al matrimonio igualitario fueron resultado de, presumiblemente, un proceso de reflexión profundo. Como su coalición entonces estaba dividida entre los que apoyaban el matrimonio igualitario y aquellos que se oponían —entre los que se contaba una parte importante del mundo evangélico—, la oposición de Piñera no fue tomada a la ligera. Es más, precisamente porque Piñera hizo esfuerzos especiales para atraer el voto evangélico, su postura en contra del matrimonio igualitario fue bastante clara y militante.

Ahora que, sorpresivamente, Piñera ha cambiado de postura, hay buenas razones para sospechar que hubo oportunismo. Aunque es posible que la gente cambie de posición, en este caso no hay muestras de un proceso de reflexión o una transición que permita comprender esa evolución, sino un acto oportunista por abrazar una causa cada vez más popular.

Por eso, es razonable la molestia en grupos moralmente conservadores. Uno puede discrepar de esos grupos respecto al matrimonio igualitario. Pero se entiende su decepción con este sorpresivo cambio de posición de Piñera. Un líder que efectivamente haya evolucionado en sus creencias hubiera hecho un esfuerzo para explicar su cambio de postura y justificar el incumplimiento de tan importante compromiso de campaña.

En cambio, lo que hizo Piñera fue una acción que —aunque avanza una causa de igualdad de derechos— debilita el correcto funcionamiento de la democracia y de la rendición de cuentas de las autoridades. Por eso, aunque pase a la historia como el presidente que promulgó la ley de matrimonio igualitario, Piñera también pasará a la historia como un presidente que traicionó la confianza de muchos evangélicos, uno de los grupos que con más entusiasmo lo apoyó en 2017, incumpliendo una de las promesas que más repitió en campaña.

Fuente:  Página web medio digital El Líbero

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COLUMNA DE OPINIÓN

El Líbero

Eleonora Urrutia: Lo que se juega en Chile este fin de semana

Publicado el 14 mayo de 2021

Tres elecciones de días pasados han comprobado que, sin remilgos, ni ambages, ni centrismos, la derecha termina conectando con una parte sustancial de votantes posibles, y que es más honesto y rentable confrontar el mensaje y las maneras de la izquierda, incluso sus leyes ideológicas, que seguirles el juego.

Días pasados se ha podido observar a nivel mundial lo que sucede cuando la derecha se rebela ante el “centro” -esa especie de conjuro con el que la izquierda la hipnotiza para tenerla sometida– y hace campaña explicando y defendiendo en lo que cree, dejando que los ciudadanos elijan, sin engañarlos ni tutelando su mente: en cuanto alguien rompe el hechizo, las derechas logran mayorías. Y es razonable: ¿qué alternativa ofrece una izquierda nostálgica de comunismo, 32 años después de la caída del Muro?.

El 1 de mayo se realizaron en Texas primarias abiertas para cubrir la vacante creada por la muerte del representante republicano, Ron Wright. La contienda atrajo a 11 republicanos, 10 demócratas, un independiente y un libertario, compitiendo por dos lugares para la segunda vuelta que se celebrará en el verano boreal. Aunque una elección especial no establece el patrón para las intermedias, para las que aún faltan 18 meses, es interesante analizar sus resultados. Los demócratas eran optimistas sobre cambiar el signo del distrito que Mitt Romney logró por 17 puntos en 2012, pero el presidente Trump solo por 3 en 2020. Sin embargo, se eligieron dos republicanos: Susan Wright, la viuda del ex congresista, y el representante estatal Jake Ellzey, un aviador de la Marina y piloto de línea aérea, candidatos que hicieron campaña por la libertad y la responsabilidad individual, y contra el miedo impuesto por el gobierno de Biden. Con esta victoria de republicanos sobre demócratas (62 a 37%) y dado que las cuatro vacantes que faltan cubrir corresponden a escaños ocupados anteriormente por demócratas, es probable que la Cámara se conforme, cuando se resuelvan todas las contiendas, por 222 demócratas y 213 republicanos. Esto significa que un vuelco de cinco bancas en 2022 le daría control al GOP (“Grand Old Party”, como se conoce también al Partido Republicano). Los resultados de Texas son consecuencia de una reacción orgánica de los votantes de centro derecha a las propuestas de billones de nuevos gastos federales, gigantescos aumentos de impuestos sobre los ahorros y las empresas, y una expansión masiva del estado de bienestar. La brecha de casi 25 puntos entre los republicanos y demócratas en el distrito texano también debería ser un desengaño para los ideólogos de Biden de que su agenda progresista es apoyada por los independientes.

Casi en simultáneo, sin centrismos ni necedades, con una política activa de confrontación contra la estrategia del miedo y bajo el lema “Comunismo o Libertad”, Isabel Díaz Ayuso demostró el camino para derrotar al socialcomunismo, no sólo en Madrid, sino quizás en toda España: decir las cosas como son. Si la verdad es que la ideología de género choca con la realidad, no se pastelea con el pacífico consenso y se le combate. Si sobran políticos, se promete reducirlos a la mitad mientras el resto de los partidos protestan. Si hay que decir que el coronavirus de tipo 2 es un virus chino y que China tiene que pagar por haber ocultado la enfermedad que ha destrozado la vida de millones de personas y la economía de Occidente, se dice y se reclama. Se trató con la madrileña de dar la batalla contra la supuesta supremacía cultural, no sólo de la izquierda, sino del consenso en el que tan feliz han vivido algunos partidos que se dicen liberales, que se dicen centrados, que se dicen reformistas. Un conocido artista español de izquierda confesó haber votado a la candidata del PP “porque para mí la defensa de las libertades individuales es sagrada”. “Si supieras cuántos famosos rojos han votado a Ayuso —añade a continuación— te quedarías flipado”. Pero, acaso, lo más interesante de estas elecciones sea el fin de Ciudadanos, una supuesta derecha liberal que luego de su fulgurante nacimiento comenzó a escorarse hacia la izquierda sin disimulo. El punto cúlmine de la carrera de Ciudadanos hacia la izquierda se produjo el pasado marzo cuando, junto al PSOE, pactó sacar al PP del gobierno de Murcia y del ayuntamiento de su capital.

Un tercer episodio llama la atención en igual sentido. Aunque las elecciones locales rara vez merecen atención mundial, la votación de los británicos del jueves 6 –llamado “super jueves”- en el que unos 48 millones estaban llamados a elegir 5.000 concejales de 143 asambleas regionales en Inglaterra, al alcalde de Londres y los parlamentos regionales de Gales y Escocia, no cuenta como una elección más. El resultado más importante fue la victoria en Hartpool, noreste de Inglaterra, en las únicas elecciones al parlamento nacional que se celebraron ese día y en donde ganaron los conservadores por primera vez desde 1974. Y aunque el éxito tiene relación con el apoyo que la región le da al Brexit -logro de las derechas contra todo el establishment político, cultural y financiero- dadas las narrativas de campaña que se escucharon, está claro que los votantes rechazaron fundamentalmente el radicalismo de izquierda del ex líder del partido Jeremy Corbyn y que tampoco están dispuestos a adoptar la línea más centrista de su reemplazo, Keir Starmer.

Estos tres episodios resuenan en Chile, en vísperas de la próxima elección que definirá quienes serán los encargados de redactar la nueva Constitución, el mejor antídoto contra cualquier pretensión totalitaria y que, por ello, es detestada por los movimientos socialistas porque dividen el poder. Durante los últimos años se ha esperado que los partidos y candidatos de la centroderecha en el país planten cara a la izquierda. La esperanza no era vana: tenían una militancia repleta de humanismo cristiano, conservadurismo clásico y un liberalismo pragmático. Pero a cambio, y salvo contadas excepciones, solo se fue recibiendo un desplazamiento del centro político hacia la izquierda que ha colocado a esta fuerza en una posición de tinte socialdemócrata que, en comparación, situaría a la Concertación de Ricardo Lagos en moderada a conservadora.

Gota a gota la centro derecha, con sus candidatos que creen que la moderación consiste en hablar bajito, y con una preocupación incorregible por el qué dirán, ha aceptado sin debate la agenda social, económica y política de la izquierda, con medidas que en su mayoría han resultado atajos para la destrucción de Chile.

Bajo el paraguas del centro, los personeros de la derecha han perdido el rumbo. Y es que nadie sabe qué es una política fiscal de centro. ¿Tal vez bajar, tal vez subir los impuestos? O una política antidelincuencia de centro. ¿Detener, pero soltarlo rápido? Lo único que se sabe del centro es que, al final, no tiene capacidad institucional de torcer la cosmogonía socialista, vive a la defensiva y con bastante miedo, y se dedica a fluir por lo políticamente correcto, sin sacar las patas del plato para maximizar las opciones de permanencia en el poder. Pero esto no justifica por sí solo su existencia; solo confirma su laxitud moral.

Desde hace años, por ingenuidad o complacencia, no se ha dado batalla a un sinfín de ideas, de adoctrinamientos, de medias verdades que terminaron conformando el relato de la izquierda en el que se educan las generaciones y que difunden los medios masivos de comunicación. Sin transmitir un planteo teórico seductor, una épica de la libertad, el orgullo de una historia científica y ética de progreso, y sólo a la defensiva para librarse de los complejos derivados de una historieta revisionista maniquea a la que no se desventó como era debido -la derecha se dejó asociar con los procesos autoritarios sin presentar batalla como si el terrorismo comunista, y su zaga de muerte y miseria, no hubiesen ocurrido. A las derechas en Chile le ha faltado filosofía, historia, datos, pasión y, sobre todo, entender las jugadas del otro: la izquierda no sabe perder; no se agacha, sólo toma impulso.

La agenda de género, climática, ecologista, indigenista, igualitarista, la supuesta gratuidad de los servicios públicos y necesidad pétrea del Estado presente son calcados entre los políticos del país. Cuando el arco político inició su viraje al centro, en la convicción de un mayor reporte de votos, ya nunca pudo dejar de correr el eje. Hoy, defender la propiedad privada o la libertad de expresión en Chile es ser facho.

La existencia de una derecha sin complejos, haciendo oposición a la izquierda, con sentido común y valentía, abriría -en cambio- el camino para librarse de las cadenas que le intentan imponer desde los “mínimos comunes”. Una derecha que entienda que su adversario no puede ser la derecha, sino la izquierda y que actúe en consecuencia: que cuente en qué cree, lo explique y defienda, y deje que los ciudadanos elijan sin engañarlos, sin tutelar sus mentes, sin tomarlos por idiotas, como hemos visto recientemente en Madrid y en el Reino Unido. Y si, en el fondo, algunos de los que hoy están en la derecha no creen en la libertad, en la república, en la iniciativa privada, en la familia o en los impuestos bajos, existen muchos otros lugares en donde el socialcomunismo estaría encantado de acogerlos.

En estos últimos años se han disculpado las claudicaciones de la centro derecha alegando cuestiones tácticas, incluso estratégicas y hasta electorales. Pero ya no se puede disculparles más. Si la amenaza terrorista consiguió una reforma constitucional en Chile es gracias a la cobardía y el colaboracionismo de las elites políticas que han traicionado a sus representantes. Así, poca esperanza para los honestos, los trabajadores, los amantes de la ley y el orden. Su representación política los ha despojado de un horizonte de victoria.

Las tres elecciones comentadas de días pasados han comprobado que sin remilgos, ni ambages, ni centrismos, la derecha termina conectando con una parte sustancial de votantes posibles, y que es más honesto y rentable confrontar el mensaje y las maneras de la izquierda, incluso sus leyes ideológicas, que seguirles el juego. Lo que está en peligro en Chile este fin de semana son el principio de equilibrio y el contrapeso entre las instituciones republicanas, y la legitimidad de la sujeción a la ley. Postergar las expectativas de los votantes con el objetivo de calmar el descontento de los sectores sociales que no votan a la centro derecha ya no puede seguir siendo una opción para el país si quiere prosperar.

Fuente:  Página web medio electrónico El líbero

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Orlando Sáenz: ¿Neocomunismo o herejía?

Publicado el 5 de mayo de 2021

La política de China, especialmente en el plano económico, no solo no es comunista sino que es una herejía para los dogmas del marxismo–leninismo. No hay mas que observar la actitud de los líderes comunistas chilenos en relación con China para constatarlo. ¿Se ha oído a algunos de ellos alabar a lo que China hace?

He defendido con tozudez la tesis de que, siendo el marxismo–leninismo una doctrina totalitaria y dogmática, priva a los partidos políticos que se inspiran en ella de toda capacidad evolutiva. Para apoyar esa tesis, no he dudado en afirmar que, por eso, el comunismo se parece más a una religión que a un partido político convencional.

Más aún, puesto que los dogmas del marxismo se centran en el aspecto sociológico, la rigidez que trasmiten es especialmente sensible en el plano político y económico. Por eso los partidos comunistas no pueden dejar de ser revolucionarios ni cuando son gobierno, ni pueden dejar de ser destructores del progreso individual ni cuando les va la vida en ser constructivos.

Ya en una anterior reflexión expresé las razones que postulan a la dogmática señalada como la que convierte en estructural el fracaso económico de los regímenes comunistas. Si se acepta esa tesis, también hay que aceptar la estructuralidad de las consecuencias que invariablemente se desprenden de ese fracaso económico: como este implica la carencia de perspectivas de progreso para la población, crece el descontento y surge la necesidad de controlarlo mediante la represión, lo que invariablemente desemboca en el estado policial en que el régimen necesita mantener la fidelidad del aparato represivo y militar creando allí una clase privilegiada. Esa secuencia de fracaso económico, descontento popular, represión, estado policial y finalmente dictadura militarizada se da en todos los regímenes comunistas que registra la historia y siempre el final es el mismo: el colapso, generalmente sangriento, y sin duda será el que sufran los regímenes afines que subsisten.

Pero ¿lo que ocurre en China no demuestra que la tesis del inmovilismo marxista–leninista que he defendido con tanto ahínco como abundancia de referentes históricos está completamente equivocada? ¿Acaso China no es un éxito económico a pesar de su gobierno comunista? ¿No es el gigante asiático un neocomunismo que para nada camina hacia el fracaso o la dictadura militar? Esa sería la conclusión inevitable si es que bastara con un régimen dictatorial de partido único llamado comunista y sin instancias democráticas para definirse como un gobierno neocomunista. Si tal fuera el caso, Venezuela no sería otra cosa que un régimen comunista sin membrete, como lo sería también Siria o podría haber sido México durante toda la larga época de la República imperial del PRI.

En cambio, si por régimen comunista entendemos solo aquellos que profesan y practican la dogmática marxista–leninista, concluimos que la China de hoy está muy lejos de serlo y ello porque su desarrollo económico se basa en un capitalismo no solo desvergonzado sino que políticamente protegido, la lucha de clases está proscrita, no hay ninguna revolución que exportar, no hay que enviar cohetes nucleares a Cuba ni carrera armamentista con Estados Unidos. Lo que sí hay es un pragmatismo progresista que habría espantado a Carlos Marx.

Si se analiza con cuidado lo que hace China, se llega a la conclusión de que en las casas de sus dirigentes está enterrado en un cajón muy profundo el Libro Rojo de Mao puesto encima de “El Capital” de Marx. Está, en cambio, muy expuesto y destacado el aforismo que hizo famoso al genial enano que fue Deng Xiao Ping que, al serle reprochada su heterodoxia, contestó: “no importa que el gato sea blanco, negro o anaranjado si es que caza ratones”. Se puede estar seguro de que cuando se escriba una historia objetiva de nuestro tiempo, se reconocerá que el creador de la China moderna y hegemónica fue el pragmatismo de Deng y no el fanatismo homicida de Mao.

En realidad, la política de China, especialmente en el plano económico, no solo no es comunista sino que es una herejía para los dogmas del marxismo–leninismo. No hay mas que observar la actitud de los líderes comunistas chilenos en relación con China para constatarlo. ¿Se ha oído a algunos de ellos alabar a lo que China hace? ¿Se ha visto a alguno de ello correr a China para asistir a las escuelas como hacían en el pasado con Moscú? Para ellos, la China que conquista el mundo con su exitosísimo capitalismo de estado y se mueve a su gusto en el libre comercio y la globalización, es mas un baldón que un motivo de orgullo y satisfacción.

En realidad, lo que ocurre en China no solo no destruye mi tesis del inmovilismo del marxismo–leninismo sino que la confirma. No es el mismo gato de otro color, sino que es un tigre capaz de comerse al mundo porque aprendió a utilizar las poderosas armas de un neoliberalismo. Todo lo que China necesita para ser hegemónica es tiempo, paz y libre comercio, y, por supuesto, que terminen de morirse los comunistas.

Fuente:  Página web medio electrónico El líbero

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ENSAYOS ASUNTOS PÚBLICOS

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Mauricio Rojas: ¿Es injusto el mérito?

Publicado el 11 de abril de 2021

El populismo argumentativo, sofisticado o brutal, puede ser atractivo y muchos se dejan seducir por él, tal como por sus propuestas para atacar los molinos de viento que los señores andantes del descontento han construido con su florida imaginación. Unos, como Michael Sandel, venden libros y otros, mucho más peligrosos, ganan votos, pero al final del día todos perdemos por las andanzas de estos terribles simplificadores.

La idea del mérito, del esfuerzo que potencia nuestras capacidades, como fundamento de una sociedad justa constituye la piedra angular del discurso político imperante en las sociedades abiertas y democráticas. Su opuesto es el privilegio, la ventaja no ganada sino heredada, la cuna como determinante clave de nuestro destino, la cancha dispareja que brinda generosas posibilidades a los afortunados en la lotería del nacimiento y frustra las de tantos otros. En consecuencia, la tarea política central ha sido definida como la construcción de una sociedad que promueva la igualdad de oportunidades, es decir, condiciones que les permitan a todos realizar los talentos que cada uno trajo al mundo. Ese es el ideal meritocrático contra el que Michael Sandel, prolífico autor y académico de la Universidad de Harvard, descarga una cerrada crítica en una obra de gran impacto: La tiranía del mérito (2020). A su juicio, la meritocracia no solo promueve desigualdades intolerables, sino también actitudes que atentan contra el bien común y la cohesión social. Su resultado sería “una mezcla tóxica de soberbia y resentimiento”, como aquella que según Sandel habría creado las condiciones para la revuelta populista que llevó a Donald Trump al poder el año 2016. Se trata, en suma, de un desafío mayor a la idea central del amplio consenso político que por largo tiempo ha imperado en las democracias avanzadas.

La tiranía del mérito

El libro de Michael Sandel es la más destacada de una larga serie de obras antimeritocráticas recientes, con títulos tan llamativos como Contra la meritocracia de Jo Littler (2018), La trampa de la meritocracia de Daniel Markovits (2019) o El culto de la inteligencia de Fredrik deBoer (2020). Su fuente de inspiración en una obra publicada ya en 1958, El auge de la meritocracia (The Rise of the Meritocracy) del sociólogo y emprendedor social británico Michael Young. En ella se critica, bajo la forma de una sátira futurista, el ideal meritocrático y se pronostica, para el año 2034, una gran revuelta populista que remecería los cimientos del orden basado en el mérito.

La premisa del libro de Sandel es que la revuelta contra el mérito profetizada por Young ya tuvo lugar, con casi dos décadas de anterioridad a la fecha anunciada: “Esa revuelta llegó en 2016, dieciocho años antes de lo previsto, cuando Gran Bretaña votó a favor del Brexit y Estados Unidos eligió a Donald Trump”.

Esta rebelión populista sería la consecuencia última de un desarrollo iniciado en los años 80 del siglo pasado, cuando la “globalización neoliberal” impulsada por el mercado desencadena una ola inédita de desigualdades: “la elección de Donald Trump en 2016 fue una airada condena a décadas de desigualdad en aumento y a una versión de la globalización que beneficia a quienes están en la cima pero deja a los ciudadanos comunes sumidos en un sentimiento de impotencia”.

La consecuencia de este proceso no es solo económica, sino que, además, ha resquebrajado tanto las identidades como las lealtades nacionales. En vez de sentir que viajaban en la misma embarcación con el resto de la población de sus respectivos países, los ganadores de la globalización han desarrollado una identidad cosmopolita y abandonado a su destino a sus compatriotas, que han visto deteriorarse sus condiciones relativas de vida bajo el impacto de la desindustrialización, las deslocalizaciones, la competencia de los productos importados y un gran flujo migratorio. Ello ha generado una doble presión, tanto externa como interna, sobre las clases medias tradicionales de las sociedades desarrolladas, privilegiando a los sectores más talentosos, educados y globalmente competitivos de la fuerza laboral y castigando al resto.

Políticamente, tanto derechas como izquierdas habrían validado esta lógica meritocrática del mercado que premia a los más talentosos, poniendo énfasis en la igualdad de oportunidades a fin de que todos puedan realizar sus habilidades y en la creación de mejores condiciones para ser globalmente competitivos. La respuesta a la desigualdad creciente no ha sido un cuestionamiento de la desigualdad en sí misma, sino una apuesta por la movilidad social o “la retórica del ascenso social”, como Sandel la llama. Esa sería la fe imperante en nuestros tiempos:

“Conforme a esa fe, los partidos tradicionales y sus políticos han respondido a la creciente desigualdad invocando la necesidad de aplicar una mayor igualdad de oportunidades: recapacitando a los trabajadores cuyos empleos han desaparecido debido a la globalización y la tecnología; mejorando el acceso a la educación superior y eliminando las barreras raciales, étnicas y de género. Esta retórica de las oportunidades la resume el conocido lema según el cual quienes trabajan duro y cumplen las normas deben poder ascender «tan lejos como sus talentos los lleven».”

El problema, según Sandel, es que nada de esto altera el hecho esencial que debe ser cuestionado si es que de verdad se quiere contrarrestar la creciente desigualdad basada en el mérito: la lógica del mercado para asignarle valor y, por ende, retribuir las diversas prestaciones humanas. Pero el autor plantea que la amenaza meritocrática va mucho más allá del tema distributivo y afecta, tal como Michael Young lo subrayó repetidamente en su obra de 1958, la autoestima de las personas, fomentando la soberbia egoísta de unos y la autohumillación resentida de otros:

“El énfasis incesante en la creación de una meritocracia imparcial, en la que las posiciones sociales reflejen el esfuerzo y el talento, tiene un efecto corrosivo sobre el modo en que interpretamos nuestro éxito (o la ausencia de este). La idea de que el sistema premia el talento y el trabajo anima a los ganadores a considerar que su éxito ha sido obra suya, un indicador de su virtud, y a mirar con displicencia a quienes no han sido tan afortunados como ellos. La soberbia meritocrática refleja la tendencia de los ganadores a henchirse con su propio éxito, olvidando lo mucho que en su camino les han ayudado la suerte y la buena fortuna. Se trata de la convicción engreída de quienes llegan a la cima de que ellos se merecen su destino y de que quienes están abajo también se lo merecen.”

Es por esto que, a su juicio, “la convicción meritocrática de que las personas merecen la riqueza con la que el mercado premia sus talentos hace de la solidaridad un proyecto imposible”, fomentando y justificando moralmente el egoísmo sin límites de las élites meritocráticas.

Sin embargo, el impacto psicológico sería aún más nocivo para los perdedores, ya que “combina el resentimiento hacia los ganadores con una inquietante duda sobre sí mismos: tal vez los ricos sean ricos porque ellos son más meritorios que los pobres; quizá los perdedores sean, después de todo, cómplices de su propio infortunio”. Esta mezcla de resentimiento y humillación, de la displicencia y el egoísmo de las élites con una autoestima herida de las clases subalternas, conformaría, a juicio de Sandel, “el corazón de la reacción populista y la victoria de Trump”.

Las soluciones que Sandel propone al desafío meritocrático son, en lo fundamental, dos. La primera es instaurar un sistema de sorteo, una lotería, para decidir, entre los postulantes que estén cualificados para ello, quienes ingresarán a las universidades de élite. De esa manera se podría, al menos, “desinflar” o morigerar la soberbia del mérito, recordándoles a los exitosos el factor suerte que se oculta tras el mérito: la gran lotería del nacimiento y de los genes.

La segunda solución es mucho más radical y consiste en relanzar la propuesta igualitaria del “Movimiento Populista” que Michael Young reseñó en su novela, la que persigue el reconocimiento de la igual dignidad de todo trabajo que realice un aporte al bien común. Se trata de crear “una agenda política centrada en la dignidad del trabajo y en la necesidad de cuestionar los resultados del mercado para afirmar aquella”, nos dice Sandel. De esa manera, se podrían revertir “cuatro décadas de fe en el mercado y de soberbia meritocrática”, creando una “justicia contributiva”, es decir, aquella que brinda “una oportunidad de ganarse el reconocimiento social y la estima que acompañan el hecho de producir lo que otros necesitan y valoran”.

Para hacer realidad esta agenda sería necesario, según Sandel, suscitar un debate público sobre lo que debe considerarse “una contribución valiosa al bien común”, así como “sobre qué roles económicos son dignos de honra y reconocimiento”, a fin de establecer una política redistributiva basada en fuertes impuestos “al consumo, la riqueza y las transacciones financieras” que sea capaz de corregir los resultados del mercado, alineándolos con el verdadero valor de los aportes que cada uno hace al bienestar de todos. Se trata de “una agenda política con la que se reconozca la dignidad del trabajo”, que “debería utilizar el sistema fiscal para reconfigurar la economía de la estima, desalentando la especulación y mostrando respeto por el trabajo productivo”. Así, se podría restablecer el sentido de comunidad erosionado por la “globalización neoliberal” y “recomponer los vínculos sociales que la era del mérito rompió”.

Estas son las ideas centrales de una obra que, más allá de ser bastante repetitiva, nos ofrece interesantes pasajes sobre los temas que Sandel, como filósofo político, realmente domina.

Populismo y meritocracia

Como hemos visto, el eje dramatúrgico de La tiranía del mérito y lo que le da su actualidad política es la supuesta conexión entre los agravios del orden meritocrático y la revuelta populista encabezada por Donald Trump. Según esta tesis, la victoria del candidato republicano en 2016 se debería a su capacidad de captar y articular hábilmente el resentimiento antimeritocrático de los perdedores de la globalización. Sin embargo, un análisis más cuidadoso del fenómeno Trump nos muestra algo bastante distinto a lo que Sandel plantea: ni su discurso fue antimeritocrático ni sus votantes se rebelaron contra “la tiranía del mérito”.

Poca duda cabe acerca del cariz antielitista y crítico de lo que Sandel denomina “globalización neoliberal” del mensaje de Donald Trump. Tampoco se puede dudar de la rabia acumulada que lo encumbró a la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, derivar de ello un rechazo a la idea del mérito como fundamento de un orden social justo, es decir, basado en el talento y el esfuerzo de las personas, carece de todo sustento. Lo que Trump reiteradamente planteó es justamente lo contrario, a saber, que la globalización, tal como se ha desarrollado con la complicidad de las élites políticas y económicas, ha creado condiciones injustas para los trabajadores estadounidenses, privándolos inmerecidamente de sus fuentes de trabajo y exponiéndolos a la competencia desleal de los productos importados y de una inmigración descontrolada. “The system is rigged”, “el sistema está manipulado”, repetía Trump insistentemente durante su campaña de 2016 y acusaba a “Washington” (la élite política) y “Wall Street” (la élite económica) de ser los causantes de esta manipulación dirigida contra la gente de esfuerzo de su país. En suma, no sería la falta de mérito lo que habría condenado a tantos trabajadores estadounidenses a su triste destino, sino una cancha dispareja que tramposamente los habría puesto en desventaja frente a sus competidores.

En uno de los discursos centrales de la campaña del año 2016 (Monessen, Pensilvania, 28.6.2016), Trump hablaba, como de costumbre, del sistema manipulado y de la traición de las élites contra los trabajadores estadounidenses, razón por la cual:

“Estados Unidos cambió su política de promover el desarrollo de Estados Unidos por la de promover el desarrollo de otras naciones. Permitimos que las naciones extranjeras subsidien sus exportaciones, devalúen sus divisas, violen los acuerdos y nos engañen de todas las maneras imaginables. Trillones de nuestros dólares y millones de nuestros trabajos se fueron al extranjero de esta manera (…) Esto no es un desastre natural. Es un desastre causado por la política. Es la consecuencia de un liderazgo que adora el globalismo por sobre el americanismo.”

El mensaje de Trump denunciaba la “ideología globalista” y hacía un llamado “patriótico” a reconocer y defender la excelencia del trabajador estadounidense, ofreciéndole condiciones justas para hacerse valer. Como dijo el 13 de agosto de 2019, dirigiéndose a trabajadores de una nueva planta de la Shell en Pensilvania:

“Nadie en el mundo lo hace mejor que nosotros, nadie. Nadie lo hace mejor. No hay nadie en el mundo que lo hace. Y estamos desplegando ese poder de nuevo, de una manera nunca vista antes diría yo. Y lo estamos haciendo bien, y estamos luchando contra una serie de países que durante muchos, muchos años, se han aprovechado de nosotros.” 

Lo decisivo en este contexto es que este mensaje estaba en plena sintonía con la opinión promeritocrática tan ampliamente predominante en Estados Unidos. El mismo Sandel nos brinda detalles al respecto:

“Los estadounidenses muestran, más que otros, una mayor adhesión a la creencia de que el trabajo duro trae el éxito y que el destino de las personas está en sus manos. De acuerdo a sondeos globales de opinión pública, la mayoría de los estadounidenses (77 por ciento) cree que la gente puede alcanzar el éxito si trabaja duro; de los alemanes solo la mitad piensa así. En Francia y Japón, son mayoría quienes consideran que trabajar duro no es una garantía del éxito (…) Los estadounidenses profesan una mayor fe en el dominio de las personas sobre su propia vida que los ciudadanos de casi todos los demás países.” 

Además, esta opinión tan leal con la esencia meritocrática del “sueño americano” ha mostrado una notable estabilidad en el tiempo, desmintiendo la existencia de una creciente frustración a partir de los años 80 con un ideal que sería cada vez más inalcanzable. Pero aún más interesante y llamativa es la opinión de quienes según la argumentación de Sandel deberían haber desarrollado el mayor nivel de rechazo frente al ideal meritocrático, a saber, los votantes de Donald Trump. En vez de ello, los estudios realizados al respecto muestran que justamente esos votantes no solo no rechazan, sino que son los partidarios más fervientes del ideal meritocrático. Esto es lo que se lee en La tiranía del mérito sobre ello:

“Tras las elecciones de 2016, se realizó una encuesta tanto entre los partidarios de Trump como entre sus adversarios a los que se les preguntó si estaban en acuerdo o en desacuerdo con diversos enunciados sobre cuán bien los Estados Unidos se adecuaban a principios meritocráticos como los siguientes: «En general, la sociedad estadounidense es equitativa y justa»; «Los individuos son personalmente responsables por la posición que ocupan en la sociedad»; «Hay oportunidades de progreso económico para todo aquel que se preocupe de buscarlas»; «La sociedad ha alcanzado un punto en el que los estadounidenses blancos y los de las minorías raciales o étnicas tienen las mismas oportunidades de triunfar» (…) Con independencia de la clase social, los partidarios de Trump se mostraron más claramente de acuerdo con cada uno de estos enunciados que quienes no lo apoyaron.” 

En suma, si algo puede decirse acerca del movimiento que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca es que se trató de una revuelta promeritocrática, que exigía un respeto pleno al principio del mérito como fundamento de una sociedad justa. Poco o nada tenía ello que ver con la rebelión antimeritocrática de la saga distópica de Young que, según el relato de Sandel, se habría hecho realidad con la elección de Trump como presidente de los Estados Unidos.

Mérito, meritocracia y mercado

Un punto esencial de la argumentación de Sandel es que el mérito, basado en el uso de nuestros diversos talentos, poco o nada tiene de meritorio y por ello no puede justificar moralmente la distribución altamente desigual de las recompensas que reciben, en base a un esfuerzo similar, los distintos aportes productivos. Lo que consideramos mérito se basaría, en el fondo, en la suerte:

“¿Por qué suponer que nuestros talentos deberían determinar nuestro destino y que nos merecemos las recompensas que se derivan de ello? Existen dos motivos para cuestionar este supuesto. En primer lugar, yo no he hecho nada para tener un talento innato u otro, sino que esto ha sido una cuestión de buena suerte y, por lo tanto, no soy merecedor de los beneficios (o las cargas) que derivan de la fortuna (…) En segundo lugar, el hecho de que viva en una sociedad que premia las aptitudes que casualmente tengo no es algo acerca de lo que pueda atribuirme mérito alguno. Esto es también una cuestión de suerte.” 

Por ello, nada justificaría las recompensas extraordinarias que han reportado la voz privilegiada de un Pavarotti o una María Callas, la genialidad emprendedora de un Steve Jobs o un Jeff Bezos, o la habilidad futbolística de un Alexis o la financiera de un Warren Buffett. El que hayan dedicado mucho esfuerzo a desarrollar sus talentos no debería diferenciar sus recompensas de las de cualquier otra persona que pone un empeño similar en las tareas que realiza.

Por tanto, la meritocracia de la economía de mercado, basada en los talentos de las personas, sería una meritocracia moralmente indefendible. Su defecto, sin embargo, no estriba en el hecho de ser una meritocracia, sino de ser una meritocracia tramposa, que transforma la suerte en mérito.

El supuesto en que se basa este tipo de razonamientos es que el mercado funciona de acuerdo a una lógica meritocrática. Pero este supuesto no hace sino reflejar una confusión fundamental acerca de los mecanismos de mercado que hace ya unas seis décadas expuso con toda exactitud Friedrich Hayek en el capítulo de Los fundamentos de la libertad titulado “Igualdad, valor y mérito”.

El mercado no emite, a través del precio o valor comercial que le asigna a un bien o servicio determinado, juicios morales ni se pronuncia sobre el mérito, cualquiera que sea su definición, de quienes los producen. Solo expresa las preferencias de los consumidores y lo que estos están dispuestos a pagar por esos bienes o servicios a partir de una cierta relación existente entre la oferta y la demanda. La idea de una economía de mercado que sea libre y, al mismo tiempo, se ajuste a los dictados de un orden meritocrático se basa en un error conceptual, entre otras cosas porque en una economía así se respetan las diversas preferencias o valoraciones individuales y no existe un juez o autoridad suprema que defina, cuantifique y compare lo que se considera mérito, fijando precios y salarios de acuerdo con ello. Una sociedad que de verdad pretendiese realizar algo semejante sería, tal como lo dijo Hayek en la obra citada, “el opuesto exacto de una sociedad libre”.

Esto lo demuestra, más allá de toda duda razonable, la experiencia de las sociedades de economía planificada, que asignan precios y salarios de acuerdo a las valoraciones y preferencias establecidas por quienes detentan el poder político. Estas han sido, de hecho, las únicas economías verdaderamente meritocráticas que han existido, es decir, donde tanto los esfuerzos productivos como sus recompensas son asignados de acuerdo al mérito o utilidad que se les otorga administrativamente de acuerdo a los fines estipulados por las élites dirigentes. La consecuencia de ello ha sido, en todo tiempo y lugar, el desabastecimiento crónico de los bienes y servicios deseados por la población pero que, a juicio de las autoridades planificadoras, no tenían mucho mérito en comparación con sus propias preferencias. El mercado negro y la especulación han sido, igual que ocurre con las fijaciones de precios tan comunes en la historia latinoamericana, las consecuencias inevitables de estos intentos de establecer un sistema meritocrático por los únicos medios que lo hacen posible, a saber, aquellos autoritarios.

Para enfrentar este dilema, Sandel propone un solución que, francamente, no resiste ni el más mínimo análisis serio. Su propuesta es definir “qué roles económicos son dignos de honra y reconocimiento (…) por medio de un debate público sobre qué es lo que debe considerarse una contribución valiosa al bien común”. Es fácil imaginar el desarrollo de un debate semejante y el ranking del mérito que finalmente sería aprobado. Además, el autor está plenamente consciente de la dificultad insuperable de semejante empeño para producir un acuerdo que respete las valoraciones y preferencias de todos. Tanto es así que ya antes nos había advertido que “no sería realista esperar que un debate así vaya a concluir en un acuerdo” ya que “el bien común es algo inevitablemente debatible”.

En suma, lo que Sandel propone como alternativa a la supuesta “tiranía del mérito” del mercado es, en realidad, una utopía estrictamente meritocrática y, de llegar a aplicarse, genuinamente tiránica, aunque se trate de la tiranía de la mayoría sobre las preferencias de las minorías y los individuos.

Sin embargo, es importante puntualizar que constatar la imposibilidad conceptual de que una economía libre de mercado funcione de acuerdo a una lógica meritocrática no pone en cuestión el valor que en sí mismo tiene el mérito ni la importancia, tanto económica como moral, de impulsar políticas públicas que incrementen la igualdad de oportunidades y la movilidad social. Es evidente que, independientemente de las recompensas exactas que el mercado otorgue, las posibilidades de tener éxito en el mismo y de construir una sociedad más cohesionada se potencian mediante una política que brinde las mejores condiciones para poder desplegar los talentos de cada uno.

La economía libre de mercado no es una panacea, pero nos ofrece la mejor solución hasta ahora encontrada para combinar la libertad con la eficiencia productiva. Pensando en ello, tal vez podríamos concluir, parafraseando a Churchill, que la economía de mercado es el peor de los sistemas económicos, exceptuando todos los demás que han sido probados de tiempo en tiempo.

Meritocracia, democracia y autoritarismo

Esto último nos lleva directamente a considerar los aspectos políticos de la opción meritocrática. Según Sandel, estaríamos viviendo no solo bajo un sistema económico meritocrático, sino igualmente bajo un sistema político similar, que privilegia el saber tecnocrático de los expertos. Esto habría “debilitado a las sociedades democráticas de diversas maneras”, generando un debate político frustrante que consiste ya sea “de discursos estrechos, gerenciales y tecnocráticos que no inspiran a nadie” o de “combates a gritos en los que cada parte habla sin escuchar realmente a la otra”.

A juicio del autor, la forma meritocrática de gobierno tiene una larga historia que va desde la China imperial, inspirada por las enseñanzas de Confucio y conocida por su sistema de exámenes para entrar a formar parte de la burocracia gobernante, hasta las propuestas de los fundadores de la república estadounidense sobre el gobierno de una “aristocracia natural”, pasando por los reyes filósofos de Platón y el gobierno de los aristoi, es decir, de los mejores, de Aristóteles.

La diferencia con la meritocracia reinante hoy sería que en las versiones precedentes se acentuaba tanto la virtud como la excelencia técnico-profesional como elementos constitutivos del mérito, mientras que en la actualidad imperaría una mirada exclusivamente tecnocrática: “Nuestra versión tecnocrática de la meritocracia corta el vínculo entre mérito y juicio moral” y “en el terreno del gobierno, presupone que el mérito significa un conocimiento experto tecnocrático”.

Las implicancias de este planteamiento, es decir, la necesidad de restablecer el “juicio moral” acerca del bien común como base de la selección del plantel técnico-administrativo del Estado, son vastas y nos llevan de nuevo a alternativas más propias de los sistemas autoritarios, donde los funcionarios deben probar, ante todo, que su visión del mundo es la correcta, es decir, coincidente con los valores de los detentadores del poder. Esta sería una burocracia ideológica, muy distinta de aquella profesional de que hablaba Max Weber como elemento esencial del Estado moderno o “racional”.

En todo caso, lo más característico del sistema democrático es exactamente lo inverso de lo que sugiere Sandel, es decir, el no ser un régimen meritocrático o, para decirlo de otra manera, donde el único mérito de los gobernantes que realmente cuenta es el haber sido elegidos por la voluntad popular. En otras palabras, ni la democracia ni el mercado se basan en criterios objetivos de mérito, sino en las preferencias individuales, con total independencia de las motivaciones y lo correcto de las apreciaciones de las personas sobre el mérito.

Esta es, justamente, la crítica más importante que desde siempre se ha esgrimido contra la democracia y que en la actualidad forma parte esencial del arsenal antidemocrático del régimen chino y de sus defensores. Obras como las del profesor de la Universidad de Fudan, Zhang Weiwei (The China Wave, 2012), o del profesor de la Universidad Tsinghua de Pekín, Daniel Bell (The China Model, 2015), expresan con claridad este punto de vista. Para ellos, el régimen chino, inspirado por ideales meritocráticos con raíces en la China imperial, sería una alternativa superior a la democracia y el Partido Comunista funcionaría como el gran filtro meritocrático para elegir a los más capaces que pasarían a conformar la élite política de aquel inmenso país. Excelencia profesional y experiencia administrativa, fuera de ser miembro del Partido Comunista, serían los criterios esenciales en una selección en la cual, como dice Daniel Bell refiriéndose a Barack Obama, los presidentes estadounidenses no calificarían “ni para administrar un pequeño condado en el sistema chino”.

En resumen, la meritocracia sobre la que habla Sandel parece ser más un espejismo forjado por los discursos políticos que la ensalzan que una realidad. La economía de mercado y la democracia merecen, sin duda, ser sometidas a una constante consideración crítica. Sin embargo, poner el acento en su carácter supuestamente meritocrático no parece acertado ni productivo. Tampoco lo parece el proponer formas de enfrentar sus eventuales deficiencias que se mueven en el mundo de las utopías o, peor aún, de las soluciones autoritarias.

Palabras finales sobre el populismo argumentativo

Como hemos visto, Michael Sandel construye su relanzamiento de las ideas de Michael Young asumiendo la existencia de un resentimiento que habría impulsado, en el caso de Estados Unidos, la rebelión populista contra la “tiranía del mérito” que supuestamente encabezó Donald Trump. Sin embargo, la evidencia disponible, que el mismo Sandel cita, no avala ese relato. Nada indica que realmente existiese un resentimiento semejante ni que Trump hubiese articulado un discurso de ese tipo. Más bien todo lo contrario. Al mismo tiempo, podemos constatar que tampoco la supuesta existencia de un sistema económico y político realmente meritocrático parece tener asidero. Ni la economía de mercado ni el régimen democrático se rigen por una lógica meritocrática. La razón es simple, un sistema genuinamente meritocrático, con independencia de cómo se defina el mérito, es incompatible con la libertad económica y política que funda tanto la economía abierta de mercado como la democracia. Por esa misma razón, la crítica de Sandel a la organización económica y política de las sociedades occidentales termina necesariamente orientándose en una dirección autoritaria. Ahora bien, si eso es así ¿cómo explicar entonces el éxito innegable que tanto su obra como otros textos de la misma tendencia han tenido?.

Pienso que una parte importante de la explicación está en lo que podríamos denominar populismo argumentativo. Se trata de un razonamiento aparentemente sofisticado que simplifica tanto la explicación como la solución de problemas complejos, señalando culpables y victimas en una narrativa cargada de condena moral. Esta forma argumentativa es, sin el toque de sofisticación que puede darle un académico de Harvard, la misma usada por Donald Trump, cuyos planteamientos tienen, en muchos aspectos, un notable paralelismo con los de Sandel. Un ejemplo significativo de ello es la desigualdad.

El fenómeno de la desigualdad ha cobrado gran vigencia en aquellas democracias avanzadas que en el curso de las últimas décadas han experimentado un aumento importante de la misma. Se trata, con particular fuerza, de los países de raigambre anglosajona, siendo el caso de Estados Unidos uno de los más representativos. El relato de Sandel al respecto culpa, como hemos visto, a la globalización propulsada por el mercado o “neoliberal” por el incremento de la desigualdad al promover una distribución de los beneficios que los concentraría en manos de unas élites meritocráticas con altos niveles educativos y sesgo cosmopolita. Esas élites no solo serían las ganadoras del “globalismo”, como diría Trump, sino sus grandes promotoras al ocupar los puestos de comando tanto del gobierno como de las grandes empresas. Se trata, “de las élites meritocráticas con potentes credenciales educativas que nos gobiernan” y cuya “política nos ha llevado hasta aquí” (Sandel p. 147). Son, en suma, los culpables, aquellos que han “manipulado el sistema”, para usar la expresión favorita de Trump, en desmedro del ciudadano común.

El problema de esta dramaturgia tan simple y atractiva, y por ello al gusto de tantos, es que prescinde de la compleja interacción entre diversos factores que explica la evolución de la desigualdad. Estos factores van desde la demografía y la inmigración hasta las largas olas de cambio tecnológico, pasando, entre otros, por la dotación comparativa de capital humano, el grado de apertura y competencia comercial, la regulación financiera y las reglas de funcionamiento del mercado de trabajo. Es la interacción de estos factores lo que nos permite comprender, por ejemplo, porqué una misma causa, la globalización, tiene efectos tan dispares en diversas economías avanzadas.

Más aún, si estudiásemos más a fondo la realidad de lo que de acuerdo al relato de Sandel sería el régimen meritocrático por excelencia, el de Estados Unidos, veríamos que las élites meritocráticas, aquellas que habrían “manipulado el sistema” a su favor, en vez de verse favorecidas han ido perdiendo terreno en términos del rendimiento económico comparativo de sus estudios superiores medido en términos de las variaciones netas de la riqueza (“college wealth premium”; ver William Emmons et al, ”Is College Still Worth It?”. Federal Reserve Bank of St. Louis Review 101:4, 2019).

En suma, contradiciendo el núcleo de la argumentación de Sandel, la evidencia muestra que la meritocracia se ha hecho cada vez menos rentable. Lo que no contradice la existencia de crecientes disparidades de ingreso y riqueza en Estados Unidos ya que el motor de esta desigualdad se ha concentrado, a diferencia de lo ocurrido en otras épocas, en las ganancias de capital, con un impacto muy significativo sobre la fortuna del 1 por ciento más rico de la población.

En fin, el populismo argumentativo, sea sofisticado o brutal, puede ser atractivo y muchos se dejan seducir por él, tal como por sus propuestas para atacar aquellos amenazantes molinos de viento que los señores andantes del descontento han construido con su florida imaginación. Unos venden libros y otros, mucho más peligrosos, ganan votos, pero al final del día todos perdemos por las andanzas de estos “terribles simplificadores”.

Fuente: Página web medio digital El Líbero

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ACTUALIDAD INFORMATIVA

El Líbero

El plan del PC-FA para torcer las reglas de la Convención Constitucional: instalar plebiscito para eliminar el quórum de 2/3

Autor: Florencia Donoso

Publicado el 21 de abril de 2021

Llamar a plebiscito cuando se alcance una mayoría simple pero no los 2/3. Esa fue la declaración de Fernando Atria (FA) que causó revuelo y que fue secundada por dichos de Marcos Barraza (PC). Mientras Felipe Harboe (PPD) señala que “la Convención no está habilitada para obedecer a ese tipo de cambios”,  el constitucionalista Arturo Fermandois hace un llamado a aquellos que no están de acuerdo con las reglas del proceso constituyente “a transparentarlo ante sus electores”.

No es primera vez que la izquierda plantea cambiar la regla para llegar a acuerdos en la Convención Constitucional mediante el quórum de los dos tercios, que está definida en el Acuerdo de noviembre  del 2019 y en la reforma constitucional. que da el marco legal al proceso constituyente.

En noviembre del año pasado, la diputada Camila Vallejos (PC) presentó un proyecto de ley que pretendía que la Convención pudiera modificar el quórum. Y en estos días, el sector retomó el tema. El ex ministro y candidato constituyente por el PC, Marcos Barraza dijo en CNN: “Me resisto a la legitimidad de los dos tercios”. Y el también candidato, y abogado constitucionalista Fernando Atria (FA), planteó en entrevista con El Mercurio que cuando haya mayoría pero no se alcance el quórum establecido (de dos tercios), se debería “plebiscitar para evitar que se trabe la discusión”. Precisamente el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio fueron las fuerzas políticas que decidieron restarse del Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución.


Atria dice proponer el plebiscito como un mecanismo de “participación de la ciudadanía”. Respecto a esto, el abogado constitucionalista Arturo Fermandois, que integró la Mesa Técnica Constituyente tras el acuerdo del 15-N, hace una distinción entre incentivar la participación de la ciudadanía con plebiscitos e instrumentos de democracia directa, como la Iniciativa Popular de Ley, por ejemplo, y caer en un sistema de gobierno que convoque plebiscitos siempre que algo relevante exija ponerse de acuerdo a los representantes de la ciudadanía. “Esta clase de gobierno, llamada democracia plebiscitaria, es una ruleta rusa, hace ganar a unos por sobre otros en decisiones de todo o nada, y exime a los representantes del pueblo de su tarea más  básica que es ponerse de acuerdo en los temas importantes”, advierte Fermandois.

Por esto mismo, el constitucionalista precisa que se estaría negando la esencia de una Constitución, “que es un gran acuerdo social entre mayorías y minorías, que a todos o a la gran mayoría que está representada con 2/3, interpreta”. Agrega también que “las constituciones son por definición reglas generales, representativas de un consenso, y de contenidos moderados. Trastocar este concepto mediante sucesivos plebiscitos es pisotear el intento que todo país debe hacer para converger en una Constitución que a todos represente”.

Las posturas de Barraza y Atria fueron refutadas por el ex ministro Gonzalo Blumel (Evópoli), actual candidato a constituyente y quien tuvo un rol clave para lograr el acuerdo del 15-N.  “Este llamado a cambiar las reglas de la Convención, concordadas transversalmente en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 (salvo por el PC y algunos sectores del FA), que fue ampliamente refrendado por la ciudadanía en el plebiscito del 25 de octubre del año pasado, es pavimentar el camino para impedir el éxito del proceso constituyente”, planteó en carta a El Mercurio junto a Herán Larraín Matte.

Por otro lado, Sergio Verdugo, abogado constitucionalista y académico de la Universidad del Desarrollo, declara que “los plebiscitos son, por esencia, instrumentos defectuosos en términos democráticos porque no ayudan a encontrar espacios donde diversas opiniones puedan encontrarse, lo que debiera ser el fin de establecer una Constitución”.

Puntualiza que este tipo de mecanismo fuerza y obliga a elegir entre dos alternativas binarias, “de todo o nada, de blanco y negro” que impiden encontrar un espacio común. “Esa es una muy mala forma de legislar, es una muy mala forma de establecer políticas públicas y es una muy mala forma de establecer contenidos en la Constitución, sobre todo porque los contenidos debieran hacer que nos identifiquemos todos y no solamente una mayoría simple”, añade Verdugo.

Fermandois también resalta que el proceso constituyente ya consta de dos plebiscitos, el de entrada -que se llevó a cabo el 25 de octubre del año pasado- y el de salida, en el que se plebiscitará si se aprueba o rechaza la nueva Carta Magna. “Agregar más plebiscitos es recargar un proceso que ya bastante tiempo está tomando y que aspira a cerrarse lo antes posible para terminar con el suspenso jurídico que no le sirve a un país que desea prosperar”, manifiesta el abogado.

¿”Rodear la Constituyente” vía reformas?

Los dichos de Atria que pretenden cambiar los lineamientos ya definidos y entregarle facultades a la Convención para plebiscitar temas son rechazados por Ernesto Silva abogado que también participó en la Mesa Técnica Constituyente. Destaca que el mandato de la Convención está totalmente claro y que lo establece expresamente la Constitución. “La Convención Constitucional no puede llamar a plebiscitos, no tiene facultades para hacer ninguna acción distinta que hacer una propuesta de texto constitucional que la tiene que aprobar con 2/3”, explica.

Por otro lado, el ex senador y candidato a constituyente PPD por el distrito 19, Felipe Harboe, que participó activamente en el Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución, destaca que “no hay potestad jurídica, es decir, la Convención no está habilitada para obedecer a ese tipo de cambios. De hecho, hay norma expresa en la Constitución. Por eso, llama la atención que algunos planteen esto, como Barraza o Atria, cuando saben perfectamente que no se puede”.

Respecto a esto último, Harboe plantea que las razones detrás de estos dichos podrían ser que quieran “crear un ambiente de presión a la Constitución o quieran ponerse el parche antes de la herida”. Agrega: “En cualquiera de los dos casos, me parece que lo que debieran hacer los candidatos, por lo menos, es intentar respetar las normas”, agrega.

En este sentido, Fermandois hace un llamado a pronunciarse a aquellos candidatos que no estén de acuerdo con las normas ya establecidas. “Sin calificar la intención de unos u otros, me parece sano que quienes discrepan de las reglas que rigen el proceso constituyente, lo transparenten ante sus electores y agreguen qué otras reglas les parecen inconvenientes o inaceptables. Porque por el resultado del plebiscito rotundamente aprobatorio de la idea de este proceso bajo las reglas que contiene la ley de Reforma Constitucional número 21.200, hemos asumido que quienes participan en él están dispuestos a regirse por sus reglas”, concluye.

Fuente:  Página web medio digital El Líbero

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ACTUALIDAD INFORMATIVA

El Líbero

50.000 armas inscritas en La Araucanía: la amenaza real de un conflicto armado en la región

Publicado el 16 de abril de 2021

Autor: Emily Avendaño

En la IX Región hay 50.114 armas inscritas formalmente. Sin embargo, la multiplicidad de hechos de violencia da cuenta de que hay una cifra negra que se abulta con la existencia de armas de guerra. Las tomas, quemas y usurpaciones hacen que exista una preocupación latente ante la posibilidad de la autodefensa, un escenario que sería “trágico” en opinión del diputado RN René Manuel García. El Líbero investigó la procedencia de las armas y municiones que andan “dando vuelta” en la macrozona.

Un audio del diputado RN René Manuel García se filtró la tarde del 14 de abril. “Aquí estamos a punto de entrar a una autodefensa y eso le advertimos al Gobierno hoy otra vez temprano. Serían ellos los culpables si eso pasa en la Región de la Araucanía”. El mensaje del legislador no tarda en concluir que un escenario de ese tipo sería “trágico”. El audio llegó tras la noche de terror que vivió Quidico, en la Provincia de Arauco (Región del Biobío) que también hace parte de la macrozona sur. Solo en ese sector el saldo de la jornada fue de cuatro casas incendiadas, disparos con armas de guerra contra un cuartel de Carabineros y amenazas de muerte a personal de un consultorio.

Ahora sí para los micrófonos el diputado García se explica sobre sus dichos: “La gente se va a ver en la obligación de defenderse si es que el Gobierno no toma acción contra el narcotráfico y los terroristas. Están quemando casas, están quemando camiones, están quemando todo. La gente ve que el Gobierno no ejerce ninguna acción, por eso yo creo que si llega a una cosa extrema el gran culpable será el Gobierno. Jamás vamos a promocionar, ni promover una autodefensa, eso sería el peor de los suicidios dentro de la región. Por eso estamos dando la voz de alerta para que esto se calme, se pare, y el Gobierno tome acción contra los narcotraficantes y terroristas. Ese es el mensaje que estamos mandando”.

La preocupación no solo es del legislador. Es un tema latente entre quienes hacen vida en la macrozona sur. Solo en el primer trimestre de 2021 los atentados ascienden a 427, de acuerdo con una carta difundida ayer por diputados de Chile Vamos que exigen al senador Huenchumilla tramitar el proyecto sobre delito de usurpación, una acción que habría aumentado en 688% si se compara con el mismo período de 2020. Solo en el sector de Quidico, un área urbana con 2.800 habitantes, han quemado más de 50 cabañas.

Situación que se agrava ante la falta de eficacia de los procesos judiciales. La Asociación de Contratistas Forestales AG (Acoforag) emitió un comunicado ayer en respuesta de la comparecencia del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, en la sesión especial en la Cámara de Diputados realizada el miércoles. El texto le “recuerda” al fiscal que desde el año 2014 han ocurrido 260 atentados que involucran a contratistas forestales entre las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos; de esos solo dos han sido esclarecidos. Es decir, que solo el 0,77% ha tenido condena. 

Es en este escenario que la preocupación del diputado García no resulta descabellada, sino que más bien es compartida. Fernando Fuentealba, presidente del Comité de Seguridad Ciudadana de Quidico, plantea: “Al ver la displicencia con la que el Estado, a través del gobierno de turno, se hace de la vista gorda para tratar de terminar su período lo menos magullado posible, efectivamente lo único que queda para los civiles es la autodefensa. Nosotros le traspasamos la responsabilidad al Estado de defendernos, para que lo administre a través de los organismos públicos, pero si ellos no hacen la pega, a la gente lo que le queda es defender su libertad, su seguridad, su propiedad privada”. 

Fuentealba rápidamente aclara que está en contra de esa determinación. “Vamos a volver a la barbarie”, subraya. Además, porque en una situación así plantea que son muchas más las vidas en riesgo. 

En el universo de 839.221 armas legalmente inscritas en el país, 50.114 corresponden a la Región de La Araucanía y 60.977 al Biobío. En el ranking entre las 16 regiones de Chile, la IX Región se ubica como la sexta con más armas y la VIII como la tercera (por detrás de la RM y Valparaíso), de acuerdo con cifras entregadas por la  Dirección General de Movilización Nacional (DGMN). 

Otro dato que entrega la DGMN es que al comparar el número de armas inscritas en el primer trimestre de 2020, con el primer trimestre de 2021 la variación ocurre a la baja. Es de -14,4% en La Araucanía y de -39,4% en Biobío.  El coronel de Carabineros José Manuel Benítez, jefe del Departamento de Control de Armas y Explosivos de la DGMN explica que la baja de inscripciones de armamento puede ser consecuencia de la pandemia. “Sin haber estudiado el fenómeno, podría deberse a que en ese período estuvimos gran parte sin atender con las autoridades fiscalizadoras por asuntos de la pandemia. Había sectores en los que estábamos en Fase 1(…). Pienso, sin haber estudiado en profundidad el caso, que esa es la causa que ha originado ese efecto, de que haya menos armas inscritas como regularmente se observaba”.

La autoridad es enfática en señalar que desde la DGMN solo atienden el registro nacional y la trazabilidad de las armas legales, y no forma parte de su quehacer ver el delito.

Otro escenario propone el cientista político Jaime Abedrapo, al analizar por qué ha bajado el número de inscripciones: “A modo solo de interpretación es muy posible que ya no se estén comprando en el mercado formal las armas, porque coincido con que en la zona haya mucho más interés por tener una suerte de autodefensa o tener un arma para repeler cualquier ataque. Es difícil entender el comportamiento, eso solo se podría entender porque estén dispuestos a renunciar a sus predios, a sus hectáreas, a sus propiedades y finalmente abandonar y sabemos que eso no está ocurriendo”. Abedrapo durante años estuvo vinculado a materias de seguridad y defensa y fue subdirector de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), del Ministerio de Defensa.

159 armas incautadas en 15 meses

Si bien corren por un carril distinto, a esta radiografía hay que sumar las armas en manos de los grupos irregulares, de las cuales no es posible tener un catastro. Sin embargo, cifras entregadas por Carabineros señalan que durante todo 2020 y hasta el 9 de abril de 2021 se incautaron en total, únicamente en La Región de La Araucanía, 159 armas, y de estas 65 son armas largas.

En detalle durante 2020, la policía uniformada recuperó en la IX Región 54 armas cortas, 56 armas largas, 28 hechizas y una adaptada. Mientras que en 2021 especifican haber recuperado 6 armas cortas, 9 armas largas, 3 hechizas y 2 adaptadas.

“160 armas es la nada misma. Nada. Es mucho menos que las armas que entrega la gente voluntariamente. En consecuencia, no se ha hecho bien la pega porque a los Carabineros los tienen a pie, sin vehículos, sin confianza. No se atreven actuar porque si los pillan les meten los derechos humanos y los dan de baja y más encima van a la cárcel. No pueden hacer su trabajo de policía, el problema es que no tenemos estado de derecho y la gente en la macrozona sur está desprotegida”, insiste el diputado García.

El reporte de Carabineros indica que las armas entregadas voluntariamente en 2020 fueron 187 y en 2021 van 20.

Para Abedrapo, “se ha podido incautar poco armamento”. Agrega: “La pregunta que se está haciendo hace mucho tiempo el mundo de defensa, seguridad interna, es precisamente cuáles serán realmente sus capacidades de fuego porque si con el despliegue que tuvo la PDI no consigue entrar a Temucuicui, la verdad es que las capacidades que deben tener son inimaginables, en comparación a lo que podríamos suponer”.

Desde Argentina y con ayuda del FPMR

Un ejemplo de esto es el caso del funcionario del Poder Judicial detenido en Traiguén el 5 de abril. El hombre además de tener una amplia red de contactos fue hallado con arsenal de guerra y explosivos.

Andrei Serbin Pont, analista internacional, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) y especialista en rastrear y analizar conflictos y armas plantea que en ese caso “hay dos armas que son particularmente interesantes, un fusil tipo FAL, que tiene en la culata pintada la bandera de la CAM. Es llamativo en términos de que el FAL no fue un fusil ampliamente utilizado ni por las FF.AA. ni los Carabineros en Chile, por lo cual hay sospecha de que pudo venir de afuera. Incluso Argentina ha sido fuente de fusiles FAL que han llegado por ejemplo a las favelas en Brasil”.

Si bien Serbin Pont no tiene confirmación de que el arma en posesión del detenido provenga de Argentina explica que es una opción viable. “Hay esa tendencia. En los últimos años han salido muchas armas de los arsenales del Ejército argentino y han caído en manos de grupos armados paraestatales”.

El analista recuerda que en octubre de 2020 ocurrió un robo de 25.000 municiones 7.62mm de FAL del Batallón de Ingenieros de Montaña 6, de Neuquén cercano a la frontera con Chile. “La policía en ese momento entre las hipótesis que barajó era que esa munición o podía estar yendo para un comprador en Brasil, probablemente vinculado con estas grandes organizaciones criminales como el PCC o el Comando Vermelho o que podía estar cruzando al lado chileno de la frontera a alguna de estas organizaciones vinculadas al movimiento mapuche”.

La otra arma que llamó su atención es una subametralladora Carl Gustav M45. “Hasta donde yo tengo entendido el único usuario en América Latina de esas subametralladoras fueron los Carabineros. Así que lo más probable, esto con las armas es muy común, yo te diría que con 99% de seguridad esa subametralladora proviene de los stocks de los Carabineros. Material que ha sido dado de baja en algún momento y que después ha sido desviado”, afirma Serbin Pont.

El director de CRIES explica que en América Latina una de las principales fuentes para el tráfico de armas son los desvíos de stocks estatales que pueden ocurrir por ejemplo por robos a personal militar, o pueden ser sustraídos por el mismo personal policial o militar de las instalaciones oficiales. 

Fuentes conocedoras de cómo funciona el tema de seguridad en la IX Región afirman que en todo caso si esto llegara a ocurrir el porcentaje de estas armas en manos de los grupos radicales debiese ser mínimo, pues el Ejército de Chile tiene una muy buena fiscalización tanto en los regimientos, como en las armerías y polvorines. 

Por su parte, el coronel de Carabineros José Manuel Benítez, apuntó no estar familiarizado con el tema, pero dijo: “Me da la impresión de que todas las empresas del Estado tienen un estricto control de todo sus elementos de material de uso bélico o para la seguridad pública. Lo que te puedo decir es que Carabineros tiene un estricto control de todos los elementos que se relacionan con las armas y las municiones”.

Otro episodio al que apunta Serbin Pont para identificar el origen de las armas es a la exhibición hecha en febrero por los grupos radicales portando fusiles M16. Específicamente se trataría de M16A1. “Hubo lotes grandes de M16 que entraron en diferentes momentos a Chile, para grupos armados paraestatales. Entonces, es muy probable que estos sean rezagos de aquella época”. Específica que estos lotes ingresaron y fueron a parar a manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. “No sé decirte cuándo fue el ingreso, pero la realidad es que un arma si se guarda bajo condiciones adecuadas puede durar un siglo. No va a tener corrosión de ningún tipo”.

En esta línea corresponde volver a remitirse a la detención del funcionario del Poder Judicial, quien entre las armas que le fueron decomisadas tenía un fusil FAL, calibre 7.62, con cargador y munición. “Las armas encontradas en el sitio del suceso tienen más de 30 años (…), pero estaban mantenidas para ser disparadas en cualquier momento”, dijo el general Álex Chaván Espinosa, director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros.

Con esta sospecha coincide la dirigente de Mujeres de Chile, Gloria Naveillán, quien recuerda el episodio de la internación de armas de Carrizal Bajo llevada a cabo por el FPMR en 1986, como una de las posibles fuentes de las armas que ahora se ven en la macrozona sur. “Hay que esperar la investigación, cruzar todos los hilos, para que se logre descubrir su origen”. 

La dirigente plantea que actualmente hay muchísimo armamento “dando vuelta” en la macrozona. Sin embargo, diferencia que “las armas no están en manos de particulares que quieren defenderse, están en manos de las personas que están atacando. Esos jamás van a acudir a inscribirlas. Yo diría que el 99,9% de las armas en manos de los agricultores están registradas, quienes no acuden a hacer esto son los terroristas y los delincuentes, que por razones obvias no las registran y esas sí que han aumentado de manera sideral”. 

Al consultar a fuentes especializadas en la seguridad de la macrozona sur, que prefieren resguardar su identidad, coinciden en recordar el episodio del robo de los 25.000 tiros del regimiento argentino, así como los nexos que existen entre la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que opera en Argentina y cuyo principal dirigente es Facundo Jones Huala y la Coordinadora Arauco-Malleco.

Plantean como un elemento que facilita este tránsito la porosidad de esa frontera que tiene pasos fronterizos no controlados desde Alto Biobío hasta Los Ríos. Se cree que el otro punto de ingreso es por las costas de Arauco, en las caletas de Tirúa en donde existen informaciones de lanchones que cruzan armas y las ingresan a los territorios protegidos por los violentistas. Sin embargo, la fuente aclara que hasta el momento nada de esto ha sido comprobado “pero hay que sumar dos más dos”. Estas rutas además operarían en ambos sentidos, no solo desde Argentina hacia Chile. 

La misma fuente afirma que hay distintos tipos de armamentos circulando, como fusiles SIG, Kenwood, M4. también hay fusiles de procedencia rusa que se utilizan en el Ejército de Perú y de México, y también hay armas chinas. “Tienes una cantidad de fusiles dando vueltas impresionante”, sostiene. 

Con respecto a las balas, Serbin Pont plantea que “si hay algo que no falta en el mundo es munición. La munición es muy común y no solo es común, es recargable. Puedes disparar un proyectil de 9mm y guardar la cápsula y con una prensa recargar esa munición, entonces munición hay en todos lados”.

En este escenario, René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales AG, afirma que hay “una sensación de desprotección que aumenta todos los días. No tenemos certeza de que exista autodefensa, pero sin duda es una posibilidad cierta. En algún momento alguien se va a defender y ese es un punto de partida que nos preocupa. Sin embargo, es irresponsable decir que existe un conflicto civil”.

El diputado García subraya que el énfasis tiene que estar en el Estado de Derecho en la vulnerabilidad que sufre la gente y en la poca confianza que hay en el gobierno. Destaca que las policías tienen que tener facultades para actuar y estar dotadas con los equipos necesarios para hacer el trabajo. Esta es la forma de que ve de evitar que la situación se agrave, ya que, como concluye el mensaje de su audio filtrado: “Si no toman las cartas luego, por Dios, que va a ser trágico”. 

Fuente: Página web medio digital El Líbero

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COLUMNA DE OPINIÓN

El Mostrador

EL SISTEMA DE PENSIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS NO SE PUEDE MEZCLAR CON EL DEBATE DE LAS COTIZACIONES INDIVIDUALES DE LOS CHILENOS

por Richard Kouyoumdjian Inglis

16 de abril de 2021

No es recomendable mezclar el arreglar las pensiones de los chilenos, basadas en cotizaciones individuales, con un debate sobre la pensión de los militares, ya que obedecen a lógicas distintas y no comparables. En un caso, estamos hablando de pensiones y, en el otro, de la inversión en el capital humano de la Defensa Nacional. Si se pretende reformar el sistema de pensiones militares, se tendrán que subir los sueldos para homologarlos con la administración pública, pagar horas extras, bonos de desempeño y muchos otros gastos adicionales, que de seguro salen mucho más caros que el posible ahorro que algunos piensan realizar a costa de los uniformados.

El Mostrador Mercados publicó el lunes 12 de abril algunos comentarios y un extracto de lo que algunas panelistas dijeron en un conversatorio organizado por la FEN de la Universidad de Talca, llamado “Reforma de Pensiones: los nudos del debate”.

Las panelistas en cuestión eran Alejandra Cox, nueva presidenta del directorio de la Asociación de AFP; Alejandra Krauss, exministra del Trabajo; y Paula Benavides, consultora y consejera del Consejo Fiscal Autónomo. Todas ellas son profesionales y expertas en materias previsionales civiles, pero ninguna de ellas con experiencia profesional en el sistema de carrera y previsión de policías ni hombres y mujeres de armas.

Desconozco todo lo que se discutió en el conversatorio y esta opinión solo se refiere a lo que se publicó en este medio y, por ende, a lo publicado por El Mostrador Mercados respecto del conversado en esa instancia. Lo que sí es un hecho es que el titular de la nota muestra que, al terminar el conservatorio organizado por la Universidad de Talca, la noticia principal dice relación con el sistema de previsión de las FF.AA. y de las policías.

Lo primero que llama la atención es que la presidenta del directorio de las AFP se refiera al tema de las pensiones de las FF.AA., un tema que uno pensaría no es materia especializada de las AFP, salvo por el hecho de que un eventual término del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas significaría un importante negocio para la industria que la señora Cox representa. Tal vez, ella emitió los comentarios en su rol de experta y no como la presidenta del directorio de la asociación que agrupa a las empresas que administran los ahorros previsionales. En ese caso, no estaríamos ante el complejo conflicto de intereses que ello podría implicar y solo requiere una aclaración del medio y de los organizadores del encuentro, respecto de la calidad en la que fue invitada.

Lo segundo que llama la atención es que los comentarios y extracto del debate se concentren en el tema de la previsión de las FF.AA., tema que dista mucho de ser el nudo principal del debate sobre pensiones en el país y definitivamente no es solución a ninguno de los múltiples problemas de nuestras pensiones. Queda la impresión de que la conclusión del conversatorio de la Universidad de Talca sería que la reforma previsional se financiará con las pensiones de las Fuerzas Armadas, ya que no logro encontrar la conexión entre la reforma previsional y las pensiones de quienes trabajaron en los institutos armados, las policías y Gendarmería. Digo eso, producto del lapidario comentario de una de las panelistas, que indica que el sistema de reparto de los militares se caerá por su propio peso.

Lo tercero y más importante es que se comete un error fundamental, al no entender que el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas no se puede analizar en forma aislada de las características, exigencias laborales y la estructura remunerativa de las mismas. Ese es un error serio que han cometido varios en el pasado y que lleva a conclusiones erróneas, como las expuestas y mencionadas en el conversatorio de la FEN de la Universidad de Talca. Las remuneraciones militares –que incluyen la jubilación– son parte de la inversión en defensa que hacen los países, una inversión que se comporta en forma similar en todas partes del mundo, es decir, con el Estado asumiendo la jubilación militar como parte de la inversión que hacen en defensa y en particular de esta materia.

La carrera militar arranca tempranamente, ya que requiere entrenar y preparar con cargo al Estado a los hombres y mujeres de armas y policías que servirán en las FF.AA. y de orden y seguridad, un servicio que incluye dar la vida si fuese necesario, que tiene sueldos más bajos que sus pares equivalentes de la administración pública, que no tiene horario de trabajo y que no permite el pago de horas extras, pero que sí incluye traslados frecuentes, sacrificios familiares y una disponibilidad de 24×7. Además, las plantas están fijadas por ley y requieren, forzosamente, un proceso de selección anual para ir generando espacio en los escalafones para las generaciones que se incorporan al servicio. Estas características únicas de la vida militar requieren ser reconocidas y pagadas, ya sea durante la extensión de la carrera o, bien, a su término con una pensión adecuada, como una forma de retención e incentivo para que las personas permanezcan en las instituciones el mayor tiempo posible.

Es una carrera en donde solamente el Estado puede ser el empleador, pues es el único que posee el monopolio del uso de la fuerza en nuestra sociedad. Un único empleador fija las condiciones laborales y salariales en que hombres y mujeres se deben desempeñar, sin derecho a ningún tipo de reclamo o negociación, pues son cuerpos no deliberantes. Dicho sea de paso, es lo habitual en todas partes del mundo para los que trabajan en la profesión de las armas.

Todo lo anterior no quiere decir que la carrera militar y sus aspectos remunerativos, que incluyen lo previsional, no sean perfeccionables. Actualmente está en el Congreso una iniciativa del Ejecutivo que busca alargar la carrera militar, a objeto de aprovechar más tiempo la inversión del Estado en su capital humano de las Fuerzas Armadas. Esa misma iniciativa trae, obviamente, como contraprestación una disminución de los años en que las personas están jubiladas y, por ende, hace más eficiente el gasto, al destinar fondos públicos a personas que están en servicio activo.

Quizás no es adecuado mezclar el tema de la reforma a las pensiones, una reforma que tiene toda la lógica del mundo, con una reforma a las pensiones del mundo militar y policial. Tampoco es adecuado comparar los montos de las pensiones de las FF.AA. con respecto al promedio de las pensiones nacionales. Lo correcto es comparar por segmento de calificación profesional y de capacitación académica a lo largo de toda la vida laboral, hasta llegar a la jubilación. No se puede comparar a un ingeniero con varios diplomados, magíster y fluido en tres idiomas, con el promedio de las pensiones. Lo correcto es comparar vida laboral y jubilación entre equivalentes de los mundos civil y militar.

En conclusión, no es recomendable mezclar el arreglar las pensiones de los chilenos, basadas en cotizaciones individuales, con un debate sobre la pensión de los militares, ya que obedecen a lógicas distintas y no comparables. En un caso, estamos hablando de pensiones y, en el otro, de la inversión en el capital humano de la Defensa Nacional. Si se pretende reformar el sistema de pensiones militares, se tendrán que subir los sueldos para homologarlos con la administración pública, pagar horas extras, bonos de desempeño y muchos otros gastos adicionales, que de seguro salen mucho más caros que el posible ahorro que algunos piensan realizar a costa de los uniformados.

Fuente:  Página web medio digital El Mostrador

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COLUMNA DE OPINIÓN

MI RESPUESTA AL PROFESOR PATRICIO ZAPATA LARRAÍN SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Patricio Schiavetti Rosas

Abogado

14 de abril de 2021

El día jueves 8 de abril de 2021, el Profesor de Derecho Constitucional procedió a publicar un documento en carta al Director del diario El Mercurio de Santiago, sobre las Fuerzas Armadas en la Nueva Constitución.

Esta es mi opinión constitucional y legal frente a sus comentarios.

El Profesor Zapata comienza su artículo refiriéndose al rol asignado en la Constitución de 1980 a las Fuerzas Armadas, que, según él, negaban principios esenciales del constitucionalismo democrático.

Su rol de garante, la inamovilidad de los Comandantes en Jefe, el establecimiento del Consejo de Seguridad Nacional, que se podía auto convocar y podía contra la voluntad del Jefe del Estado, reprochar actos de los Poderes clásicos del Estado, y la existencia de cuatro senadores designados provenientes del mundo militar.

Todas estas normas, que constituían algunos de los pilares básicos de defensa de la nueva institucionalidad, fueron modificados o derogados el 2005, con la reforma constitucional llevada a cabo en el Gobierno de Ricardo Lagos.

A continuación, expondré mi pensamiento sobre lo formulado por el Profesor Zapata, sobre las Fuerzas Armadas en la nueva Constitución:

1.- Él hace presente que debiera mantenerse, en la Carta Fundamental, un reconocimiento explícito a las FF.AA., y a la misión esencial que ellas tienen. El acápite ad hoc sobre FF.AA., debiera ir inmediatamente después del tratamiento del Presidente de la República. Sin recaer en nociones militaristas que veían a las FF.AA., como un cuarto poder. Este cambio en la ubicación de tratamiento de las FF.AA., del Capítulo XI a un Capítulo cercano al del Presidente, Capítulo IV, estimo que no tiene un mayor fundamento constitucional y legal y más parece, que tiene un alcance ideológico, dado que la Fuerzas Armadas, no constituyen el Cuarto Poder del Estado. 

Esto lo hemos podido apreciar desde los hechos de violencia del 18 de octubre de 2019, los actos de La Araucanía, y las actuaciones de vandalismo, en que se han mantenido al margen, dado que le corresponde a Carabineros y la PDI., la mantención del orden público. La FF.AA., existen de acuerdo con el artículo 101 de la Constitución para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Una de las actuaciones más meritorias de las FF.AA., ha sido de liderar las Zonas de Catástrofe y cooperar en el control de la lucha sanitaria contra el covid-19, proporcionando personal y medios, para el transporte de pacientes críticos y camas clínicas críticas, controlando las cuarentenas, los permisos sanitarios, el buque Aldea, etc.

2.- Plantea que debiera declararse que las FF.AA., y las Fuerzas de Orden y Seguridad tienen el monopolio de la fuerza legítima, cuestión que yo concuerdo, a lo que habría que agregar que todos los que lleven adelante actos vandálicos, incendiarios, terroristas, y hagan uso de la fuerza, esta fuerza será reputada como ilegítima. Por ende, en los enfrentamientos entre Carabineros y la PDI con manifestantes que provocan desorden público, los primeros hacen uso de la fuerza legítima y los segundos de una fuerza ilegítima. Por consiguiente, en su actuación las Policías tienen el beneficio de la legítima defensa que consagra el Código Penal en su artículo 10 N°4.

3.- Señala que debiera afirmarse la sujeción de las FF.AA., al orden constitucional vigente, debiendo ceñirse a las atribuciones que la Constitución le otorgue al Jefe de estado y al Ministro de Defensa Nacional. Se las debe definir como cuerpos disciplinados, obedientes y no deliberantes.

En este planteamiento el Profesor Zapata parece olvidar que en el artículo 101 inciso 2° de la Carta Fundamental se señala que “las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”. Por lo mismo, sugiero no innovar.

En éste punto, si propongo integrar a la Constitución Política a la Policía de Investigaciones de Chile, un cuerpo armado, que tenga un tratamiento similar al de Carabineros de Chile y que su Director General pueda ser llamado a retiro por el Presidente de la República, mediante decreto fundado y pueda ser acusado constitucionalmente.

4.- El Profesor Zapata manifiesta que debiera garantizarse el carácter profesional de las FF.AA. Agrega a continuación que los ascensos en la carrera militar deban ser confirmados por el poder civil.

En cuanto a ésta proposición, estoy en absoluto desacuerdo, no debe tener injerencia alguna el poder civil en los ascensos de los oficiales, dado que se prestará para la búsqueda recíproca de simpatías de un Gobierno o de un Partido.

Deben mantenerse los dos Escalafones, de Oficiales y de Personal de Tropa o Gente de Mar, y los ascensos se produzcan en razón del mérito de la carrera del militar, reflejada en su Hoja de Vida, cumpliendo, además, los cursos correspondientes para ir accediendo al grado superior, por ejemplo, el Curso de Mando y Administración en el caso de los Sargentos.

Recuerdo en el pasado, el paseo de Parlamentarios a casas de Oficiales Jefes, que requerían la aprobación del Senado para acceder al grado superior. 

Respecto de los Oficiales se deben mantener las funciones de las Juntas Clasificadoras Anuales, las cuales determinan en que lista quedan clasificado el Oficial, tomando como antecedentes la Hoja de Vida, como igualmente las facultades de los Comandantes en Jefes y General Director de Carabineros para proponer el Alto Mando Institucional, año a año, al Presidente de la República, quien la puede aprobar o rechazar, respecto de alguno o de todos.

5.- Comparto lo señalado por el Profesor Zapata en cuanto a que deben conservarse las fórmulas actuales sobre nombramiento y remoción de los Comandantes en Jefe y el General Director de Carabineros, y que consagra el artículo 104 de la Carta Fundamental.

Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y el General Director de Carabineros serán designados por el Presidente de la República de entre los cinco Oficiales Generales de mayor antigüedad, que reúnan los requisitos que exijan los respectivos estatutos institucionales para desempeñar tales cargos, según el artículo 104 inciso 1° de la Constitución Política.

Por otra parte, los Comandantes en Jefe del Ejército, Armada, de la Fuerza Aérea y el General Director de Carabineros, en su caso, podrán ser llamados a retiro por el Presidente de la República, mediante decreto fundado e informado previamente a la Cámara de Diputados y al Senado, de conformidad con lo dispuesto el artículo 104 inciso 2°, materia que fue reformada por Ley N° 20.050, con la Reforma Constitucional introducida en el Gobierno de Ricardo Lagos, terminando con la inamovilidad de los Comandantes en Jefe y General Director de Carabineros. En esta materia, sugiero, como lo expresé, integrar al Director General de la PDI.

6.- También coincido con el Profesor Zapata en cuanto a la mantención de lo establecido en el artículo 105, en cuanto a la necesidad de contar con una Ley Orgánica Constitucional, que determinará las normas básicas respectivas sobre nombramientos, ascensos y retiro de los Oficiales de las Fuerzas armadas, cono asimismo las normas básicas sobre carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión, antigüedad, mando, sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

La incorporación a las plantas y dotaciones de las FF.AA., sólo podrá hacerse a través de sus propias escuelas institucionales especializadas.

7.- Las Fuerzas Armadas deben estar sometidas a las normas constitucionales y no con el pretexto de evitar la deliberación, algunas Constituciones Latinoamericanas, como la de Venezuela, las someten a la dirección política contingente y directa del Gobernante de Turno. En el caso de Maduro las ha transformado en verdaderas Guardias Pretorianas, confiriéndoles cargados políticos incorporándolas a la corrupción gubernamental.

En esto, coincido absolutamente con el Profesor Zapata y no debemos olvidar que en nuestra historia tenemos ejemplos que recordar, como fue la intervención de los militares en la contienda política contingente, que partió con el nombramiento del General José Velásquez como Ministro de Guerra, en enero de 1890, siendo uno de los factores que conducirían posteriormente a la Guerra Civil de 1891.

8.- El Profesor estima, que debe declararse que las FF.AA., actuarán siempre con sujeción al derecho humanitario y con respeto irrestricto sin excepciones a los derechos humanos.

Se debe tener presente que el artículo 5° de la Constitución Política señala que la soberanía reside esencialmente en la Nación, que reconoce como limitante el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por ésta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Por consiguiente, estimo no necesario consignar una norma especial para las FF.AA., de respeto a los derechos humanos, ya que como órganos del estado deben respetar y promover tales derechos.

Por otra parte, Chile tiene suscrito Tratados Internacionales sobre derechos humanos, como de derecho humanitario, que lo obligan a aplicar en los conflictos armados.

Junto con lo anterior, hay que tener presente que, en el texto de la nueva Constitución, que redacten los constituyentes en el proceso Convencional, se deberán respetar los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de conformidad con el inciso final del artículo 135 de la Constitución Política.

9.- El Profesor Zapata sugiere eliminar la expresión “Seguridad Nacional”. Según él, esta expresión de la época de la guerra fría que veía en todo disidente un “enemigo interno”. Sugiere reemplazar por “Seguridad de la República”.

Las FF.AA., según el artículo 101 de la Carta Fundamental existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. El cambio que propone el docente no tiene ningún fundamento constitucional. Más bien, tiene su base en una consideración ideológica, que debiera estar ajena al proceso Convencional, ya que impedirá llegar a acuerdos y la guerra fría hace rato que quedó en el pasado.

10.- Deben desligarse con claridad las tareas de la Defensa, asignadas a las FF.AA., de las funciones de seguridad interna, correspondientes a las policías.

En esta línea de acción coincido plenamente con el Profesor Zapata. Las Fuerzas Armadas no están para cumplir funciones de mantención del orden público que les corresponde a Carabineros y a la Policía de Investigaciones.

Como lo he propuesto, la PDI debería pasar a tener un rango constitucional y su Director General debiera tener el mismo trato en cuanto a inamovilidad, acusación constitucional e integración al Consejo de Seguridad Nacional, que el resto de los Comandantes en Jefe y el General Director de Carabineros.

A la brevedad se debería crear el Ministerio de Orden Público integrado por Carabineros y la PDI, separado del Ministerio del Interior. El primero encargado de prevenir y combatir la delincuencia y mantener el orden público y el segundo, en una gestión eminentemente política, encargado de llevar adelante la coordinación de los planes de Gobierno con el Congreso y los Entes Regionales.

Las FF.AA., solo deben intervenir en materia de orden público y combate al narcotráfico, con la proporción por ejemplo, de capacitación por la Brigada de Operaciones Especiales del Ejército (BOE) a Carabineros y PDI, en La Araucanía, dándoles entrenamiento en campo de tiro y asesoría en el uso de armamento de guerra, desplazamiento táctico en zonas rurales, entrenamiento en el uso de blindados Mowag, donados por el Ejército a la Policía, visores nocturnos, drones, asesoría, etc., pero no estar involucradas directamente en el tema. Lo mismo acontece con la lucha contra el narcotráfico. Situación distinta acontece con la Policía Marítima, que está facultada legalmente para combatir el narcotráfico en la zona económica exclusiva.

11.- Por último, el Profesor Zapata propone eliminar el Consejo de Seguridad Nacional.

En esto, no comparto para nada su proposición. Como aconteció con la reforma constitucional llevada a cabo en el Gobierno de Ricardo Lagos, el 2005, se pusieron término a los mal llamados enclaves autoritarios y se dio lugar a una nueva Carta Fundamental, que dejó en el pasado la Constitución “Militar de Pinochet”.

En efecto, se puso término a la existencia de los Senadores Designados y a la inamovilidad de los Comandantes en Jefe y General Director de Carabineros.

En cuanto al Consejo de Seguridad Nacional  este fue creado por la Constitución Política de 1980.

El COSENA podía auto convocarse por dos de sus miembros y tenía atribuciones como “hacer presente, al Presidente de la República, al Congreso Nacional o al Tribunal Constitucional, su opinión frente a algún hecho, acto o materia que, a su juicio, atente gravemente en contra las bases de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad nacional”. Además, intervenía en la designación de tres de los nueve senadores institucionales (de carácter vitalicio) y dos de los siete ministros del Tribunal Constitucional. El jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional actuaba como secretario del Consejo.  En la reforma constitucional de 1989 se agregó al Contralor General de la República como integrante del Consejo.

A partir de 1990, el COSENA fue duramente criticado principalmente por la gobernante Concertación, ya que a juicio de sus personeros sus atribuciones lo hacían “un órgano antidemocrático”,  ya que bastaba que dos Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas acordaran convocarlo y evitaran la autoridad del presidente de la República, pudiendo incluso acusarlo de abandono de deberes al Congreso o al Tribunal Constitucional.

Por otro lado, la opositora Alianza defendía su existencia, garantizando así la participación de las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones clave para la seguridad del país, siendo el COSENA un foro que permite a las FF.AA., expresar su malestar sobre cuestiones relacionadas con el gobierno, pero sin interferir en política.

En 2005, con las reformas a la Constitución impulsadas por el gobierno de Ricardo Lagos, se convirtió en un organismo meramente asesor, pudiendo ser convocado sólo por el presidente y para llegar a acuerdo requiere como cuórum la mayoría absoluta de sus miembros.  Desde entonces, fue convocado en tres ocasiones, una por el propio Lagos y una en cada uno de los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Michelle Bachelet no convocó al órgano en ninguno de sus periodos en la Presidencia.

A pesar de dichos cambios, la existencia del COSENA continúa siendo cuestionada; en 2013, Bachelet —entonces candidata presidencial— propuso la supresión del órgano, medida que fue cuestionada desde la oficialista Alianza, sin embargo no han existido iniciativas de derogación del Consejo en los años consecutivos, es más, el Proceso constituyente en Chile del año 2015 y el posterior borrador constitucional del gobierno de Michelle Bachelet lo conservaba, pero incluyendo al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

La última vez que el Presidente convocó al COSENA fue el 11 de noviembre de 2019, en plena crisis del vandalismo social, pero su funcionamiento fue absolutamente inútil. El Presidente de la Corte Suprema don Guillermo Silva, señaló que nada tenía que manifestar y el Presidente del Senado Gonzalo Quintana, tampoco contribuyó a un resultado exitoso.

Con posterioridad veríamos, que el día 15 de noviembre del 2019, se suscribiría por prácticamente todos los Partidos Políticos el llamado “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, que tiene a todos los chilenos en el precipicio y la incertidumbre frente a la redacción de una nueva Carta Fundamental.

En cuanto al COSENA estimo que observaremos en el proceso constituyente su defunción, dado que no hay voluntad política alguna de escuchar a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, asesorando al Presidente de la República, en materias propias de su quehacer, como lo es la seguridad nacional, el orden y la seguridad pública interior.

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