Columna de Opinión

COLUMNA DE OPINIÓN

El Mostrador

Respuesta a FF.AA., Defensa y Constitución: una revisión necesaria

John Griffiths Spielman

16 de septiembre de 2021

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Con la finalidad de favorecer el intercambio de opiniones y diálogo académico en estas materias, me permitiré opinar respecto de algunos de los principales contenidos del texto publicado por el exsubdirector de la ANEPE, Sr. Mladen Yopo. Como la defensa es un tema de todos y al serlo requiere de diálogo, ese diálogo para que sea fructífero nos obliga a despojarnos –en lo posible– de todos nuestros sesgos y prejuicios, así como fortalecer acuerdos y consensos, ya que será nuestra patria la que nos demande mejores niveles de bienestar, desarrollo y seguridad. Y esa tarea es de todos, civiles y militares.

El exsubdirector de la ANEPE, Sr. Mladen Yopo, en su opinión del 15 de septiembre en el artículo que se titula “Fuerzas Armadas, Defensa y Constitución: una revisión necesaria”, materializa una serie de afirmaciones y propuestas con distintos ejemplos y fundamentos, dejando en el aire la idea de que, de ser aceptadas sus propuestas en el prospecto de una nueva Constitución, todos los males –que el autor adjudica a las instituciones de la Defensa– serían subsanados.

Seguidamente, enumera una serie de hechos, algunos aún en plena investigación, que –a juicio del autor– son evidencia de su propuesta, para continuar con la existencia en la historia constitucional de Chile de un poder oculto que ha consagrado determinadas conductas, volviendo de paso a presentar y confundir la denominada “Doctrina de Seguridad Nacional”, con el concepto de “Seguridad Nacional».

En consecuencia y con la finalidad de favorecer el intercambio de opiniones y diálogo académico en estas materias, me permitiré opinar respecto de algunos de sus principales contenidos.

Es necesario reflexionar, en primer lugar, sobre cuál es la finalidad de una Constitución Política. Ciertamente no es la explicitación de leyes, para evitar hechos específicos, ya que ellos son precisamente materia de los cuerpos legales jurídicos existentes. En consecuencia, pareciera que el propósito de una Carta Magna es establecer un marco regulatorio de las reglas del juego en una sociedad en la que priman la libertad e igualdad ante la ley de cada ciudadano, equilibrio de poderes, entre otras consideraciones. En otras palabras, su finalidad es establecer límites al ejercicio del poder, regulando las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos, para proteger los legítimos derechos y libertades individuales.

Si las FF.AA. deben o no estar en texto constitucional, no es un debate cualquiera. La importancia profunda de ese debate es que lo que debe estar en la Constitución Política de la República es la definición de cuáles instituciones y de qué características, materializarán el monopolio del uso legítimo de la fuerza entregado al Estado. Lo contrario sería argumentar que el Estado no debe monopolizar el uso de la fuerza, que nadie está obligado a renunciar a la violencia para el logro de objetivos políticos y que los ciudadanos deben defenderse a sí mismos, entre ellos y contra el Estado.

Si revisamos la Constitución Política, en el capítulo XI, artículos 101 al 105, y tratamos de encontrar en su contenido alguna disposición que haya impedido a las autoridades o la ley de operar en el marco de una sociedad democrática, creo no es posible encontrarla. La pregunta es entonces: ¿cuál es el motivo para no incluir en el texto constitucional la forma en que el Estado se organiza para ejercer el monopolio de la fuerza que le es entregado por el soberano?¿Es conveniente señalar qué instituciones y de cuáles características serán las que materializarán ese monopolio del uso de la fuerza? ¿Si se deja a criterio de una ley simple, podría el gobierno de turno legalizar milicias armadas, tropas paralelas, guerrillas revolucionarias, aprovechando que la Constitución no lo impide?

Parece más razonable especificar cuáles son las instituciones que serán depositarias, en forma exclusiva y excluyente, del monopolio del uso de la fuerza, las características que deberán tener para garantizar los contrapesos de poder que el monopolio del uso de la fuerza provee, y la determinación de la forma en que estas especialísimas instituciones se vincularán en su relación de mando con el poder político democráticamente elegido.

Adicionalmente, si se requiere y en eso estoy de acuerdo, precisar qué es la no deliberación, concepto establecido en la Constitución de 1833, y tomado por Mariano Egaña de la Constitución francesa de 1791 (Título IV, Art. 12). Existe consenso, en el ámbito jurídico, que la deliberación es del tipo política, ya que lo contrario sería que estas no pueden “reflexionar antes de tomar una decisión” y, en consecuencia, no podrían asesorar al poder político en ninguna circunstancia, como usted –si lo sabe– es la conducta normal en toda democracia.

Si queremos discutir estas nociones no debiéramos permanecer atados a un corsé ideológico, que no nos permite distinguir entre los prejuicios individuales de cada persona con lo que el Estado y sus ciudadanos requerirán a futuro, ante las amenazas que ya se explicitan en diversas publicaciones especializadas y están en nuestro horizonte cercano. En síntesis, la Seguridad Nacional no es lo mismo que la “Doctrina de Seguridad Nacional”. Le podríamos llamar seguridad estatal o como prefiera el señor Yopo, pero el cambio de nombre en nada afecta al concepto que está detrás.

En síntesis, la no deliberación es la del tipo partidista u opinar en política contingente, influyendo en el resultado de la deliberación o debate, en contra de lo ya resuelto, políticamente. La otra noción es apelar a que las Fuerzas Armadas no puedan expresar su opinión, en materias de su específico desempeño, con el debido respeto y consecuencia administrativa y jurídica. Apelar a que “se institucionalizó la securitización de la sociedad en el concepto de orden público”, desde 1833, no solo es errado sino que además requiere ser probado, cosa que no ocurre en el artículo en comento. El orden público, otro concepto tratado en forma errónea por el autor, está presente en la mayoría de los textos legales de sociedades democráticas modernas y el concepto de “securitización” es de finales de la década de 1980 y se refiere a una noción amplia de la seguridad que nunca ha sido propuesta por los militares o Fuerzas Armadas de ningún país, tampoco en Chile.

Otro asunto que creo necesario abordar es que no debemos confundir la “Doctrina de Seguridad Nacional” (Francisco Leal Buitrago: La Seguridad Nacional a la Deriva, 2002) con el concepto moderno de Seguridad Nacional, este último hoy consagrado en la legislación de muchos países, así como en la literatura de los estudios de seguridad y estratégicos. No en vano, las principales universidades del mundo poseen programas de Seguridad Nacional y la literatura de la disciplina está disponible a quien quiera acceder a ella. Es más, la seguridad, junto al desarrollo, dan forma al bienestar del ciudadano y todas las anteriores expresan el bien común, que es la finalidad última de todo Estado, como forma de organización política.

Si queremos discutir estas nociones no debiéramos permanecer atados a un corsé ideológico, que no nos permite distinguir entre los prejuicios individuales de cada persona con lo que el Estado y sus ciudadanos requerirán a futuro, ante las amenazas que ya se explicitan en diversas publicaciones especializadas y están en nuestro horizonte cercano. En síntesis, la Seguridad Nacional no es lo mismo que la “Doctrina de Seguridad Nacional”. Le podríamos llamar seguridad estatal o como prefiera el señor Yopo, pero el cambio de nombre en nada afecta al concepto que está detrás, porque el concepto explica una necesidad real que existe, y está íntimamente ligado a la finalidad y necesidad del Estado. Negarlo sería como pretender cambiarle nombre a la primavera para curar la alergia al polen. Con todo, adicionalmente, y ante el mayor impacto de las amenazas emergentes, los Estados ya han adoptado recientemente arquitecturas de seguridad para hacer frente a estos fenómenos, como es el caso de Reino Unido en 2010 o España 2011.

Creo que los grados de autonomía de las instituciones son en la práctica algo sobre lo que se puede conversar y mejorar, pero que, sin duda, ello es responsabilidad de los liderazgos del mundo político, ya que poseen sobradas atribuciones para dirigir, mandar y controlar y, de no tenerlas, debieran haber sido materia de ley hace mucho rato. Culpar a las instituciones de autonomía es precisamente situarlas en un plano superior, que no poseen ni constitucional ni legalmente. Así como los presupuestos que se formulan son claramente una responsabilidad política, en función de la mantención de un nivel de seguridad y defensa que se estima el adecuado, para hacer frente a los desafíos políticos e interés nacional. Ser más eficiente, por cierto que es un objetivo por robustecer. Es bueno comprender que las instituciones del Estado no quiebran, como algunos señalan, sino que se adaptan a las prioridades que, en última instancia, resuelve la conducción política.

Con todo, expresar que existe “una sobrerrepresentación de las FFAA en la Constitución Política”, es una afirmación que igualmente requiere ser demostrada. Si efectuamos un ejercicio comparado de las disposiciones sobre las Fuerzas Armadas, en textos constitucionales de los principales países de la OCDE, y aun de la región, veremos que son sensiblemente parecidas.

El autor menciona que la amplitud de las misiones de la Defensa afecta su eficacia y eficiencia, así como la de otros organismos públicos creados para ello. Al respecto, vale la pena señalar que tanto la Defensa como la diplomacia y otras funciones son instrumento de poder de un Estado que se deben combinar con distinto énfasis en el problema estratégico o de Seguridad Nacional a enfrentar. Las Fuerzas Armadas poseen un despliegue único en todo el territorio nacional y capacidades humanas y tecnológicas al servicio de su comunidad.

Luego, ¿cuál es el motivo para que no puedan servir a la comunidad, a la que se deben en tiempos de catástrofes o pandemias (COVID-19) como las que hoy enfrentamos?, si el conductor político así lo estima pertinente. ¿Existe algún Estado que haya dejado de lado estas capacidades por razones teóricas? ¿En qué impiden que otras instituciones afines robustezcan sus propios procesos, para los que fueron creadas? ¿Qué nos dice nuevamente la situación comparada? La mayor parte de los Estados, aun los más desarrollados, consideran el aporte y participación de sus Fuerzas Armadas, para enfrentar excepcionalmente singularidades catastróficas. Prescindir de ellas sería un serio error político. La evidencia de lo anterior se encuentra ampliamente difundida en los medios y redes de comunicación sociales. Por lo demás, las instituciones de la Defensa cumplen con las tareas encomendadas en esas áreas porque son obedientes y subordinadas y no porque sea de su interés particular.

Se expresa que “los conceptos de ‘seguridad nacional’ y de ‘orden público’ (…) son mecanismos destinados a dirimir controversias políticas internas y defender los llamados ‘valores nacionales’ (…) que hoy no se adecuan a la diversidad del país”, que constituyen afirmaciones infundadas. Estas afirmaciones, creo, requieren un mínimo de evidencia para ser expresadas. Más aún, el orden público es parte del Estado de Derecho del que todos gozamos y nos beneficiamos, uno de los verdaderos objetivos que una Constitución debe consagrar, para que nadie los afecte, con el debido equilibrio de las libertades individuales.

No percibo evidencia de que sean parte de una “mirada conservadora”, como la que se señala en el artículo, creo que es precisamente el orden público el que está al servicio de todos los ciudadanos, desde el más humilde al más poderoso, y de responsabilidad del gobierno su implementación y aseguramiento, con el debido respeto de todas las normas. Con razón, en la última encuesta de Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa (Athenalab) realizada en todo el país, en todos los grupos etarios y económicos, nueve de cada diez (9/10) chilenos perciben que su seguridad y orden público se encuentran seriamente afectados, así como la última encuesta CEP (agosto 2021) presenta que la principal preocupación del Gobierno debiera ser delincuencia, asaltos y robos, y no son percepciones conservadoras.

Finalmente, si estamos completamente de acuerdo en que la defensa es un tema de todos y al serlo requiere de diálogo, ese diálogo para que sea fructífero nos obliga a despojarnos –en lo posible– de todos nuestros sesgos y prejuicios, así como fortalecer acuerdos y consensos, ya que será nuestra patria la que nos demande mejores niveles de bienestar, desarrollo y seguridad. Esa tarea es de todos, civiles y militares, y en su cumplimiento debemos estar siempre dispuestos a dar lo mejor de nosotros con prescindencia de ideologías. Por sobre todo, debemos mirar cómo construimos una seguridad y defensa para Chile, de cara a los actuales y futuros desafíos y no mirando por el espejo retrovisor.

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A CONTINUACIÓN, COPIAMOS LA COLUMNA DEL EXSUBDIRECTOR DE LA ANEPE, SR. MLADEN YOPO, DEL 15 DE SEPTIEMBRE, TITULADA: “FUERZAS ARMADAS, DEFENSA Y CONSTITUCIÓN: UNA REVISIÓN NECESARIA”

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El Mostrador

FF.AA., Defensa y Constitución: una revisión necesaria

Mladen Yopo

15 de septiembre de 2021

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Miembros de las Fuerzas Armadas en servicio y en retiro, han declarado aprensiones sobre las reformas constitucionales que pudiesen producirse. En este sentido, es necesario aclarar desde ya que nadie quiere debilitarlas –esenciales para la Defensa–, sino que este cambio desde el escenario legal actual se explica como exigencia concreta a las FF.AA. en un Estado de derecho que eleva sus estándares, y en la necesidad del desarrollo del buen gobierno en el ámbito de la Defensa, lo que terminará potenciándolas y desarrollándolas profesionalmente, a través de la redistribución solidaria de un trabajo sistémico y el refortalecimiento de otros organismos públicos, especialmente creados para tareas específicas. Es claro, entonces, que hoy estamos en tiempos de remirarnos y buscar respuestas conjuntas.

A pesar de la campaña levantada en su contra, la Convención Constitucional entra en tierra derecha. Eso llevará a una segunda etapa, cual es la configuración de un debate para la confección de un texto definitivo (el marco de la vida nacional) a someter a la ciudadanía en un plebiscito de salida. Si bien los temas son diversos, específicos y transversales, una línea importante será la relación Fuerzas Armadas, Defensa y Constitución. Más aún ahora que hemos conocido de nuevos hechos que colocan una vez más actuaciones de las FF.AA. –de sus liderazgos principalmente y de su rol– en clara controversia con los estándares democráticos y que la nueva Constitución debe resolver tras la nueva realidad develada post 18 de octubre.

Entre estos hechos controvertidos, por ejemplo, han destacado las declaraciones y comunicados de los comandantes en Jefe (CJ) sobre hechos de la contingencia (estallido social, Araucanía, programa humorístico e incluso sobre el nuevo texto constitucional), lo que llevó a la Contraloría a mandarle un “recado” al ministro de Defensa y a las FF.AA. sobre la consideración de vulneración de la obligación de no deliberar (Art.101 de la Constitución actual). También esta el testimonio del general (r) Schafik Nazal, ante la Fiscalía, de cómo se intervinieron las comunicaciones de un periodista (Mauricio Weibel) y militares que denunciaban la corrupción en la institución (es decir, se espía al interior del país).

Como institución jurídica “matriz”, es la Constitución la encargada de definir el rol y potestades de las FF.AA., a pesar de que los imperativos militares se dan desde antes de la Independencia e imponen su marca autoritaria en la cultura estratégica de la chilenidad y, particularmente, en diversos acápites de la Carta Fundamental. Así, desde el orden portaliano con la Constitución de 1833, se institucionalizó la securitización de la sociedad en el concepto de orden público. El sobre-rol de las FF.AA. en función del estrecho y conservador concepto de “Razón de Estado”, fue reforzado en los 70 con la “Doctrina de Seguridad Nacional” y luego la ilegítima Constitución de 1980 y su concepción de «democracia protegida/autoritaria» (Jaime Guzmán), definió a las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad.

Luego están los casos de corrupción como el fraude de $3 mil millones en el Fondo de Ayuda Mutua (FAM) del Ejército (800 militares activos y retirados formalizados) y del ex-CJ del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, quien junto a su esposa, Ana María Pinochet, están formalizados por lavado de activos y malversación de $3.500 millones provenientes de gastos reservados, para no irnos más atrás y recordar casos como el de los Mirage, donde se procesa al ex-CJ de la FACH. O de los tanques Leopard, donde se condena altos oficiales por pagos indebidos, de los helicópteros Bell 412,  donde renuncia otro ex-CJ de la FACH; las coimas en el caso Fragatas, el Milicogate y el uso inadecuado de US$ 8 millones de la Ley Reservada del Cobre o de diversas denuncias de  sobreprecios y/o conflictos de intereses en la adquisición de bienes y servicios o enajenación de patrimonio –ahí está el intento de enajenación de parte de los terrenos del Hospital Militar en La Reina–.

Por último, en el mes del ignominioso golpe de Estado de 1973, están los casos de DD.HH. donde se confirmó el procesamiento del ex-CJ del Ejército, general (r) Juan Emilio Cheyre, como autor del delito de aplicación de tormentos a detenidos en el Regimiento Arica en 1973 (cuatro CJ han enfrentado juicios por corrupción o violaciones de los derechos humanos); de organismos de DD.HH. como Amnistía Internacional, que han acusado a las FF.AA. de “ataques generalizados en contra de la población, usando la fuerza de forma innecesaria y excesiva» durante las protestas del 2019-2020 –en una acto de defensa corporativa, las Fuerzas Armadas conjuntamente rechazaron el informe–, acusaciones que persiguieron al Presidente Piñera en su gira a Europa; o donde el 12 de septiembre se repiten marchas militares en un mall –la de la Escuela de Suboficiales en el mall Arauco Maipú– y que muchos consideraron “una provocación”.

Lo que hacen estos y otros hechos es constatar una realidad “paralela al Estado de derecho” vivida por las FF.AA.; una suerte de existencia de un Estado dentro del Estado (“deep state”), al referirnos a las prerrogativas que tienen la Fuerzas Armadas en relación con el Estado y la sociedad. Oxford Languages lo define como “maniobras secretas para manipular o controlar las políticas del gobierno”, con efectos negativos para la gobernabilidad democrática.

Como institución jurídica “matriz”, es la Constitución la encargada de definir el rol y potestades de las FF.AA., a pesar de que los imperativos militares se dan desde antes de la Independencia e imponen su marca autoritaria en la cultura estratégica de la chilenidad y, particularmente, en diversos acápites de la Carta Fundamental. Así, desde el orden portaliano con la Constitución de 1833, se institucionalizó la securitización de la sociedad en el concepto de orden público, el que proporciona elementos para comprender las realidades militarizadas y la institucionalización de lo excepcional expresado en un sobre-rol de las FF.AA. con consecuencias trágicas (episodios de represión y matanzas de connacionales).

El sobre-rol de las FF.AA. en función del estrecho y conservador concepto de “Razón de Estado”, fue reforzado en los 70 con la “Doctrina de Seguridad Nacional” y que sirvió para legitimar un nuevo militarismo y sus golpes en función de combatir un supuesto enemigo externo/interno. Luego, la ilegítima Constitución de 1980 y su concepción de «democracia protegida/autoritaria» (Jaime Guzmán), definió a las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad y con la atribución de representar su opinión frente a situaciones que, a su juicio, consideraran conflictivas. Esta concepción les consagra un supra-rol por encima de la figura clásica (democrática) de la Defensa. El Artículo 1º de la Constitución dice lo siguiente: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional”, una noción ambigua que amplía el rango de la amenaza/enemigo al ámbito interno y al uso de la fuerza militar como respuesta a este y otros desafíos a partir de una concepción de seguridad ampliada; es decir, extiende el rol de las FF.AA. (polivalencia) hacia ámbitos propiamente civiles o, en el mejor de los casos compartidos, con el desmedro de las instituciones civiles creadas para ello.

A partir de este estatus especial (particularmente en las Leyes Orgánicas Constitucionales) y de las funciones ambiguas que les conceden ciertos conceptos, es que cada CJ tiene las facultades para materializar una desmesurada autonomía en sus instituciones. Si bien el alto grado de poder/autonomía de las FF.AA. proviene del poder conservador histórico y fortalecido durante la dictadura cívico-militar, este se perpetuó con una transición pactada –las autoridades democráticas hicieron oídos sordos–, con enclaves autoritarios y una favorable maraña legal para defender los intereses corporativos. Pablo Contreras y Sebastián Salazar, tras analizar la normativa legal, dicen que “queda patente la existencia de amplios márgenes de autonomía en las FF.AA., (los que) grafican la compleja relación entre el poder civil y militar para materializar adecuadamente los principios de obediencia y no deliberación. Esta situación se concretiza por la subsistencia de privilegios y regímenes diferenciados, sin una justificación plausible, en favor de los militares; por las amplias decisiones discrecionales y carentes de motivación que adoptan sus autoridades en el ejercicio del mando; y por la falta de actualización de su normativa a partir de las reformas constitucionales del año 2005”.

En síntesis, hoy hay: a) una sobrerrepresentación de la FF.AA. en la Constitución (las homologa/equipara al Estado y la sociedad), lo que les otorga un estatus y grado de autonomía que afecta la subordinación al poder civil y genera otros problemas de transparencia/corrupción; b) la amplitud de la misión militar incrementa su influencia en asuntos ajenos a la Defensa, afectando su eficacia/eficiencia y la de otros organismos públicos creados para ello (rol-misión, presupuesto, planta de personal); c) la gobernabilidad y el desarrollo democrático pasan por garantizar que nadie las llame y/o apoye una solución militar en temas ajenos como la seguridad interna (salvo contadas excepciones); d) los conceptos de “seguridad nacional” y de «orden público» no solo están destinados a proteger la integridad del Estado, sino especialmente son mecanismos destinados a dirimir controversias políticas internas y defender los llamados “valores nacionales” (miradas conservadoras) y que hoy no se adecuan a la diversidad del país; e) la Defensa es un tema de todos, sus respuestas deben ser integrales y de todas las capacidades nacionales, a partir de una estrategia nacional democrática y de una Política de Defensa concordante (no hecha entre cuatro paredes); etc.

Además de un reanclaje de los relatos históricos a través de una desmilitarización social y cultural, es fundamental que el poder civil efectúe, en clave democrática, una revisión completa de la normativa vigente en estas materias. De este modo, se podrán eliminar o restringir todos aquellos aspectos, conceptos y leyes que distorsionen el rol esencial de la Fuerzas Armadas en su labor de la Defensa. Esto implica, entre otros: a) redimensionar su rol en la Constitución, incluyéndolas en el capítulo destinado a la Defensa como un organismo público especializado (desde su especificidad homologarlas al resto de la administración del Estado); b) consagrar al Presidente de la República en tiempos de paz y guerra como Jefe Supremo de las FF.AA. (hoy solo lo es en tiempos de guerra); c) instaurar un rol de tutelaje real del Ministerio de Defensa sobre las Fuerzas Armadas y que se refleje en una modificación de la Ley 20.424 (aprovechar de jerarquizar al conductor conjunto); d) definir la Política de Defensa como una expresión sistémica (de todos), pero teniendo a las FF.AA. como factor esencial; e) sacar del texto constitucional el concepto de «seguridad nacional» y cambiarlo por un concepto de seguridad democrática 2.0 (diferenciar seguridad interna y externa); f) precisar el concepto «orden público» en función de una gobernanza democrática; h) reformular los estados de excepción, sus usos y sus actores (mando civil en ellos).

Miembros de las Fuerzas Armadas, en servicio y en retiro, han declarado aprensiones sobre las reformas constitucionales que pudiesen producirse. En este sentido, es necesario aclarar desde ya que nadie quiere debilitarlas (esenciales para la Defensa), sino que este cambio desde el escenario legal actual se explica como exigencia concreta a las FF.AA. en un Estado de derecho que eleva sus estándares y en la necesidad del desarrollo del buen gobierno en el ámbito de la Defensa, lo que terminará potenciándolas y desarrollándolas profesionalmente, a través de la redistribución solidaria de un trabajo sistémico y el refortalecimiento de otros organismos públicos, especialmente creados para tareas específicas. Es claro, entonces, que hoy estamos en tiempos de remirarnos y buscar respuestas conjuntas.

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Fuente:  Página web medio digital El Mostrador

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COLUMNA DE OPINIÓN

El Líbero

Ernesto Tironi: Corrupciones, engaños y la sociedad que creamos

Publicado el 10 de septiembre de 2021

Ernesto Tironi, Economista

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Tal vez contribuimos más de lo que creemos a que prevalezcan estas conductas repudiables con la forma en que nos situamos ante ellas para desentendernos, alejarnos, “corrernos” o subrepticiamente justificarlas.

Hace ya décadas que nuestro país padece una grave falta de confianza de las personas en los demás, en las autoridades y en las instituciones que nos rigen. Las noticias de la última semana vienen ahora a empeorar esa lamentable y peligrosa situación. Digo peligrosa, porque esto ocurre en un momento crítico de nuestra historia, en que estamos abocados a diseñar una nueva Constitución que mejore nuestras formas de convivencia.

A la corrupción generalizada en muchas municipalidades desde hace tiempo, se ha sumado la acusación a un alcalde por muchos años de una de las más ricas del país. Por otra parte, hemos sabido que un joven constituyente fue elegido sobre la base de mentiras flagrantes sobre su salud. Otra figura nueva pretendió presentarse de candidato a presidente mediante firmas falsas. Y ahora se sabe de más de una decena de constituyentes, los mismos que han escandalizado al país subiéndose los sueldos, que no renunciaron a los subsidios estatales entregados por la pandemia, destinados a personas pobres sin trabajo.

¿Qué está pasando? ¿Cómo salimos de esta tendencia tan destructiva para la convivencia en el país? ¿Será acaso recordando las consecuencias nefastas que acarrean estas conductas tan poco éticas que observamos? ¿O tendrán que venir situaciones más graves para que al fin reaccionemos?.

No tengo respuestas. Pero sí considero que es tiempo de hablar más y distinto de este tema. Primero, recordar todas las nefastas consecuencias de estas distintas formas de abuso y corrupción. Por ejemplo, del enojo y molestia que todo esto genera. ¿Cuánto habrá contribuido a magnificar al estallido de octubre? Otro daño en el caso del deporte y salud en Vitacura ocurre sobre el respaldo a esas modalidades de asociación entre organismos públicos (en este caso la municipalidad) con prestadores privados (médicos, psicólogos, dentistas, etc.) que permiten reducir los costos de esos servicios. Con esa sola mala práctica se desprestigian todas las modalidades tipo concesiones. Entonces nos quedamos con sólo dos extremos: la atención privada a la que pueden acceder sólo los ricos o la estatal para los más pobres. Los damnificados: todos, y en especial los grupos medios.

Lo mismo ocurre con los abusos de los jóvenes constituyentes. Los mismos que exigen más gastos del Estado para garantizar derechos dan muestra de los abusos a que se presta ese asistencialismo estatal. No tienen ninguna consciencia, ni dan el ejemplo, ni se hacen cargo de que es a ellos a quienes corresponde verificar si cumplen con los requisitos para obtener las ayudas. Y renunciar a ellos si no los cumplen. Por el contrario, le echan la culpa al organismo estatal de no actualizar los datos. ¿A personas con esa ética y sentido de responsabilidad le estamos entregando el encargo de redactar las normas básicas de nuestra convivencia en sociedad?.

La segunda consecuencia de estas conductas es la conclusión que sacan de ellas muchas personas: a saber, “que yo también tengo el derecho a burlar las condiciones para obtener beneficios del Estado”. “Si ellos, que son autoridades, lo hacen, ¿por qué no yo?” He sabido además de jóvenes que por primera vez habían votado, y por estos candidatos que venían a terminar con los abusos, que ahora dicen: “Son de los mismos; no hay caso. Dudo que vaya a votar por ninguno para las próximas elecciones”.

Una tercera consecuencia de la creciente falta de confianza en lo público y social, es la reacción a encerrarse de las personas en sus grupos cercanos y familias. Así se empobrece toda la vida en sociedad. Se aumentan las distancias, se frena el acercamiento de las personas como seres humanos y las posibilidades de conocerse y encontrar nuevas formas mejores de convivir en paz en el país. Es importante constatar que estos abusos no son exclusivos de gente de una sola tendencia política o ideológica. Es algo ya generalizado. No debiera haber excusas entonces para justificaciones ideológicas ni defensas corporativas.

Podríamos intentar profundizar en el origen de la creciente corrupción y abuso por parte de personas en posiciones de poder o autoridad en Chile. Pienso que puede estar principalmente en la cultura que nutre el sistema materialista, consumista y capitalista de vivir que cada vez se extiende más; esta cultura centrada sobre todo en el tener más, progresar sin límites y sentirse superior a los demás. Pero prefiero no entrar en este tema.

Mejor preguntarse, ¿qué hacer? Creo que lo principal que debemos hacer es no resignarnos. Hacer lo que podamos, aunque sea cosas mínimas y sencillas, como hablar más de esto que nos está pasando. No seguir corriéndonos o justificando casos por motivos A, B o C. Darnos cuenta que esto es algo en que estamos afectados todos. Se da en nuestras relaciones. El exceso de abusos, corrupción, ocultamiento, medias verdades y mentiras no es algo que tiendan a hacer sólo personas muy distintas a nosotros con las cuales no tenemos nada que ver o que vivan en otro mundo. Las han hecho (y tal vez siguen) personas de nuestra misma religión, de los mismos partidos políticos, organización, empresa, vecindario, profesiones y colegios. No es un tema sólo de “otros”. ¿Cómo hemos reaccionado al saber de casos cercanos? Tal vez contribuimos más de lo que creemos a que prevalezcan estas conductas repudiables con la forma en que nos situamos ante ellas para desentendernos, alejarnos, “corrernos” o subrepticiamente justificarlas.

Y, sobre todo, ante estas circunstancias tan deprimentes o pesimistas que nos toca vivir, no dejemos de buscar lo que haya de positivo en lo que ocurre. En este caso creo que algo positivo es el rol jugado por la prensa. A diferencia de cierto espíritu de rebaño, alarmismo y repetición de interpretaciones políticas superficiales que siguió al estallido de octubre, esta vez la verdad surgió de reportajes y entrevistas bien hechas. Es útil que celebremos y valoremos tener una prensa libre y efectiva. Otra cosa positiva que recordar: que tengamos democracia y elecciones libres y periódicas. Nos da la oportunidad de votar por personas con estatura moral y ética ahora en noviembre. Celebremos no habernos ido todavía por el camino de Cuba y Venezuela. Hay esperanza.

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Fuente: Página web medio digital El Líbero.

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COLUMNA CONSTITUYENTE

El Líbero

Francisca Labbé: Banco Central en la mira

Publicado el 10 de septiembre de 2021

Francisca Labbé, F.Profesora Investigadora, Centro de Derecho Regulatorio y Empresa, Facultad de Derecho UDD

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Para que pueda seguir cuidando el bolsillo del pueblo de Chile, el Banco Central debe seguir siendo autónomo e independiente. De lo contrario, no existirá freno alguno al poder político de turno.

Funar a quien hace bien su trabajo es bastante fácil, especialmente si lo hacemos escondidos detrás de pantallas y redes sociales. A veces lo hacemos por maldad, otras, por ignorancia de cuál es el rol que cada individuo o institución está llamado a cumplir en la sociedad. 

Así como el pueblo lo formamos todos, el Estado se conforma por todas sus instituciones. Para bien o mal, cada una cumple un rol. De esta manera se va formando un engranaje, en donde cada pieza debe realizar su labor para que el mecanismo funcione, y las atribuciones de unos y otros se controlan entre sí. 

El Banco Central es una institución del Estado. Su rol es mantener la estabilidad de la moneda, es decir, controlar la inflación. No es una tarea menor, puesto que busca evitar caídas fuertes en los ciclos económicos, las que afectan directamente el bolsillo de todos nosotros. Como dijo Mario Marcel, “no hay nada más inhumano en la economía que la inflación”. Veamos por qué. 

Sabemos que inflación es el alza sostenida de los precios. Su consecuencia directa es que el peso chileno se desvaloriza. Así, lo que en julio de 2020 costaba $100.000., por el solo efecto de la inflación, hoy cuesta $104.538.-

La pregunta del millón entonces es ¿por qué, si la vida hoy es más cara que antes, es humano que el Banco Central suba la tasa de interés? La respuesta es simple: para controlar la inflación, es decir, para intentar evitar que los precios sigan subiendo, al hacer que el crédito sea más caro, evitando así que todos nos endeudemos sin justificación necesaria y salgamos a comprar bienes y servicios que otros pueden necesitar. En palabras más técnicas, el Banco Central sube la tasa de interés para evitar que suba descontroladamente la demanda, sin que se produzca el aumento correspondiente en la oferta, de manera de evitar escasez y por lo tanto, aumento en los precios.

El Banco Central está cumpliendo un rol importantísimo dentro del Estado. Cuando los poderes políticos se dedican a entregar y entregar billetes de manera descontrolada, lo natural es que el Banco Central salga a defender el valor del peso chileno. Es su deber; para eso existe. Su rol es ser el contrapeso del enfoque político en materia de política monetaria. Su existencia es fundamental, tanto así como lo son su autonomía e independencia. Porque, contrariamente a lo que algunos piensan, la inflación no afecta solo el bolsillo de las “7 familias ricachonas”. Es precisamente todo lo contrario: afecta a quienes no tienen de donde sacar para pagar la diferencia de $4.538.- que se ha venido generando por efecto de la inflación desde la fecha del primer retiro de fondos de las AFP.

Ahora bien, tenemos que recordar que cuando hay inflación no solo se devalúa el dinero de las personas, el del Estado también lo hace. Esto significa que cada programa de política social al final del día sale más caro.

El Banco Central, órgano esencialmente técnico, nos dio una lección estos días: a pesar de ser impopular y, arriesgándose a ser funado o a pagar costos políticos, adoptó la medida correcta. Puede que la decisión nos duela un tiempo, pero solo así es posible esperar un mejor futuro.

Para que pueda seguir cuidando el bolsillo del pueblo de Chile, el Banco Central debe seguir siendo autónomo e independiente. De lo contrario, no existirá freno alguno al poder político de turno.  

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Fuente: Página web medio digital El Líbero.

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ENSAYOS ASUNTOS PÚBLICOS

El Líbero

La sombra de Encina

Publicado el 23 de agosto de 2021

Pablo Errázuriz

Editorial Tanto Monta

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Una leyenda se creó en torno a la figura de Francisco Antonio Encina, difuminando los contornos de la persona real, la de carne y hueso. Al decir de Alfredo Jocelyn-Holt, es difícil distinguir el cíclope del titán en Encina, el monstruo del genio.

El 23 de agosto de 1965, a los casi 91 años de edad, fallecía Francisco Antonio Encina Armanet. Su figura no dejó indiferente a nadie en su tiempo. Críticos y admiradores del autor de Historia de Chile desde la prehistoria hasta 1891 incluso durante su vida construyeron una leyenda en torno a su figura, difuminando los contornos de la persona real, la de carne y hueso. Al decir de Alfredo Jocelyn-Holt, es difícil distinguir el cíclope del titán en Encina, el monstruo del genio.

Nacido en 1874 en Talca –de una agudeza intelectual precoz según propia confesión–, su infancia fue marcada por el ambiente intelectual familiar: su padre, un hombre educado y culto; su tío, rector del liceo de Talca; y el círculo del que ellos se rodeaban lo guiaron por la senda de la filosofía, la literatura, la ciencia y la psicología. Así, antes de iniciar sus estudios formales en el Liceo de Talca ya leía a autores como Suetonio, Ranke, Leibniz o Goethe. Especial impresión le generaron los Pensamientos de Pascal, leídos a los 11 años, planteándole “el problema atormentador del infinito”, como él mismo recordaría años más tarde. Alumno destacado, aunque conflictivo y soberbio, entró a estudiar Derecho en la Universidad de Chile, de donde se recibió en 1896, aunque no ejercería mayormente dicha profesión, dedicándose a sus negocios agrícolas, la política y el pensamiento.

Político, economista y sociólogo

Si bien la mayor fama de Encina es en cuanto a historiador, esta vocación fue de florecimiento tardío, recién a los 60 años. Antes de esto ejerció una reticente carrera política, aparejado de un trabajo intelectual como uno de los miembros más destacados de la Generación del Centenario.

En cuanto a su carrera política, fue diputado por el Partido Nacional durante dos legislaturas consecutivas (1906-1912). Estos serían los únicos cargos políticos que detentaría en su vida. Relata al respecto Guillermo Feliú Cruz que rechazó sistemáticamente ofertas para integrar ministerios, tanto durante su tiempo como parlamentario como después de él. Luego de su paso por el Congreso fundó la Unión Nacionalista (la fecha exacta de su fundación es discutida, pero en cualquier caso fue anterior a 1915), renombrada posteriormente como Partido Nacionalista, junto a Alberto Edwards, Luis Galdames, Guillermo Subercaseaux, entre otros. Sin embargo, el partido tendría una vida efímera, disolviéndose en 1920.

Ya al egresar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile su futuro académico se veía prometedor. Se cuenta que tanto Valentín Letelier –maestro de Encina– como el entonces rector de la universidad, Diego Barros Arana, le ofrecieron cátedras universitarias, e incluso la opción de crearle una cátedra de sociología. Misma propuesta haría unos años más tarde Domingo Amunátegui Solar. Todas estas ofertas fueron rechazadas por Encina.

A pesar de esto, logró desarrollar una exitosa carrera como ensayista e intelectual, en el contexto de la crisis del Centenario, denunciando la decadencia nacional producida por el Régimen Parlamentario establecido en 1891. Sus escritos más importantes de esta época son Nuestra Inferioridad Económica (1911) y Educación Económica y Liceo (1912). En ellos Encina muestra sus concepciones económicas, sociológicas y educacionales, proponiendo un proyecto económico y educativo para sanar la dañada alma nacional y retomar el rumbo del progreso del país.

Encina historiador

Luego de la disolución del Partido Nacionalista, y durante la convulsionada década de 1920, Encina se retiró de la esfera pública, dedicándose a sus negocios personales. Este retiro cincinatiano finalizaría en 1934 con la publicación de Portales, introducción a la historia de la época de Diego Portales, 1830-1891. El texto rápidamente llevó a su autor a la fama y le ganó el reconocimiento de la historiografía nacional, siendo admitido al año siguiente en la Academia de la Historia, aun cuando, a criterio de Jocelyn-Holt, “el Portales es ante todo un libro de un pensador que, si bien incursiona en el pasado como referente temático, no hace historia estricta, no al menos de la del tipo archivesco o monográfico. De entender a Encina, por tanto, hay que entroncarlo con la clásica tradición decimonónica hispanoamericana, la de los publicistas (…) sólo con el tiempo (…) Encina devino en historiador”.

El Portales fue seguido por un polémico trabajo sobre historiografía, titulado “La literatura histórica chilena y el concepto actual de historia” (1935), en el que criticaba la labor historiográfica nacional, con una particular dureza para con Barros Arana –aun cuando rescata elementos del trabajo realizado por el rector de la Universidad de Chile–. A su entender, las obras producidas en el país distaban mucho del nuevo concepto de historia que se asomaba en el siglo XX, concepto que esboza a lo largo del texto.

Este último escrito tiene la particularidad de servir de hoja de ruta, de declaración de principios, a la que Encina se ajustaría en la producción de la que sería su opus magnumHistoria de Chile desde la prehistoria hasta 1891, comenzada a redactar cuando su autor había pasado los 60 años, y publicada en 20 tomos entre los años 1940 y 1952. Fue un éxito inmediato, tanto en ventas como en críticas, afirmando Feliú Cruz que “Encina se alzó en definitiva con la monarquía de la Historia nacional”. Por sus méritos sería galardonado en 1955 con el Premio Nacional de Literatura.

La fama enciniana no estuvo exenta de polémicas. Su Historia fue criticada por el abuso que hizo de la psicología y teorías raciales, además de por sus ya repetidos ataques a Barros Arana y, paradójicamente, por supuestamente haber plagiado a dicho autor. La discusión en torno a la obra de Encina polarizó a tal nivel la historiografía nacional que aun hoy existen autores que han dedicado páginas a criticarlo, defenderlo o, sencillamente, a intentar entenderlo en sus verdaderas proporciones. Sin perjuicio de esto, es indudable que la Historia pasó rápidamente a ocupar un lugar central en la interpretación de nuestro pasado.

La Historia Genética

El gran objetivo de Encina en la Historia es materializar en una obra concreta la teoría historiográfica esbozada en Literatura Histórica, demostrando la diferencia entre el antiguo y el nuevo concepto de historia, siendo este último bautizado por Encina –en el prólogo al tomo XIX de su Historia– como Historia Genética.

Dicha concepción parte de la diferenciación entre las labores del investigador y del historiador. El primero sería el erudito, el coleccionista y comentarista de los textos, de las fuentes y restos que nos deja el pasado, sirviendo su labor como un presupuesto para la verdadera labor histórica. En esta primera fase, lo relevante es la recopilación y contrastación entre las distintas fuentes a fin de determinar la verdad histórica externa y material, es decir los hechos, las fechas y lugares.

Pero esta labor investigativa sería incompleta, y hasta cierto grado infértil, sin la labor propiamente histórica. Esta última bebe de una profunda intuición e imaginación evocativa del pasado –facultades innatas según Encina–, logrando articular las diversas esferas de la vida pasada en un todo coherente que explique el pasado desde su complejidad propia. Así mientras el investigador simplemente reúne datos sin un sentido de orden –matorral o arbusto lo llama el autor–, el historiador es el llamado a encontrar el encadenamiento histórico, simbolizándolo en ciertos hechos, personas o ideas que encarnan el acontecer, y haciéndolo inteligible al lector. Por ejemplo, para el caso chileno dice: “He utilizado la simbolización auténtica, que en nuestra corta historia se reduce a Portales, la entidad Montt-Varas, los prelados Valdivieso y Salas; y ya fuera del periodo que abarca esta obra (la Historia), Alessandri”.

Es por esto que el historiador propiamente tal sería llamado a reunir un extenso saber de lo humano en todas sus facetas, dado que solo desde ese amplio conocimiento podrá su intuición desvelar el pasado según como se representó a los hombres que lo vivieron –de ahí la insistencia en teorías raciales y psicológicas, que Encina creía que eran la única forma de entender cabalmente el pasado–, y no según marcos ideológicos preconcebidos por el historiador, actitud que Encina estima una “prostitución de la Historia”.

Una última etapa de la escritura histórica sería la propia del artista, quien materializa en el texto la simbolización del encadenamiento histórico. Sin arte no hay literatura histórica posible.

Frente al problema de la verdad histórica, Encina la divide en tres “fases”. En primer lugar, la verdad de los actores, esa de los hombres que vivieron los hechos, y que, por tanto, influyó directamente en el acontecer, siendo la base de la Historia Genética. Es la perspectiva más cercana a la realidad, aun si no puede ser plenamente rescatada en el presente, o incluso, cuando es ininteligible por los cambios de mentalidades, principios e ideas.

Una segunda fase es la verdad intermedia. Esta es la representación del pasado que hizo la comunidad y los autores posteriores para darle un sentido al acontecer pasado, desde una coordenada temporal posterior. En otras palabras, es la interpretación histórica posterior al hecho y que muta a medida que las sociedades avanzan y cambian, diciéndonos más del momento en que nació dicha “verdad intermedia” que de la verdad histórica primitiva.

Por último, nos encontramos con la verdad del autor concreto, quien se explica el pasado según sus criterios mentales personales, mediante los cuales hace inteligible y le entrega un sentido al pasado en el tiempo presente, sabiendo que eventualmente su interpretación será desplazada por otras, pasando a ser una fase de la verdad intermedia. En este punto es donde más existe el riesgo de la prostitución ideológica del pasado.

El historiador debe expresar la verdad de los actores sin mezclar en ella sus propias concepciones ideológicas, buscando simbolizar la realidad tal cual como se le presenta a su intuición, con sus sombras, luces y contradicciones, las que son muchas veces insalvables desde una perspectiva racionalista. Después de todo, los hombres somos volátiles y antojadizos en nuestra vida personal, cosa que se refleja en la historia, muchas veces aleatoria e impredecible. En cuanto a la verdad del autor, esta es necesaria para hacer el trabajo histórico inteligible al presente, pero siempre cuidando de no mezclarla con la verdad de los actores y hechos del pasado, y consciente de que toda historia debe ser reescrita en el futuro para hacerla nuevamente actual al presente lector, porque también existe la verdad del receptor, quien entiende distinto el pasado según avanza el presente.

El lugar de Encina

La concepción histórica de Encina dice mucho del lugar actual que le corresponde a su propio autor. En efecto, las interpretaciones hechas en la Historia y otras obras parecen a los ojos del lector actual como anacrónicas, incluso esotérica, al decir de Jocelyn-Holt. Pero a su vez “suele haber más pensamiento auténtico en una página de Encina que en un volumen entero de nuestras mejores historias”, como señala Feliú Cruz. Es por esto que Encina está a la vez añejo y vivo. La genialidad de su pensamiento y forma de trabajar la historia sigue apelando, a pesar de lo extraño que nos parece al observarlo desde el siglo XXI. Incluso es llamativo como la pieza de museo que en parte es. Un hombre decimonónico que en muchos aspectos nunca abandonó una visión decimonónica del mundo, pero que pudo ver y permearse de los grandes cambios operados durante las primeras décadas del siglo XX.

Volviendo a la pregunta de Alfredo Jocelyn-Holt sobre la naturaleza y recuerdo que le corresponde a Encina, si cíclope o titán, solo queda decir que hay algo divino en Polifemo y algo bestial en Atlas. Y ambos conviven de algún modo en Encina.

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Fuente:  Página web del Medio digital El Líbero.

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OPINIÓN

Golpe Austral: actualización de límites marítimos en Magallanes y la Antártica deja fuera de juego las pretensiones argentinas

por Jorge G. Guzmán y Richard Kouyoumdjian

27 de agosto de 2021

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La “actualización” de los límites marítimos australes es una respuesta desde el Derecho Internacional y desde las aplicaciones geo-científicas a la pretensión argentina de soberanía sobre suelo, subsuelo y ecosistemas bénticos de varios miles de kms2 que -conforme con el Art. 77 de la Convención de Naciones sobre el Derecho del Mar- son parte de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Desde la perspectiva argentina, el Decreto y la Carta chilena de 2021 importan un traspié estructural para las pretensiones geopolíticas que desde comienzos del siglo XX dicho país intenta construir en esa región del mundo.

La “actualización” de los límites marítimos australes es una respuesta desde el Derecho Internacional y desde las aplicaciones geo-científicas a la pretensión argentina de soberanía sobre suelo, subsuelo y ecosistemas bénticos de varios miles de kms2 que -conforme con el Art. 77 de la Convención de Naciones sobre el Derecho del Mar- son parte de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Desde la perspectiva argentina, el Decreto y la Carta chilena de 2021 importan un traspié estructural para las pretensiones geopolíticas que desde comienzos del siglo XX dicho país intenta construir en esa región del mundo.

Por iniciativa de la Cancillería, del Ministerio de Defensa y de la Armada Nacional, a través de un Decreto sintonizado con la normativa del Derecho Internacional del Mar, con fecha 23 de agosto de 2021 el Gobierno acaba de actualizar los espacios de soberanía marítima nacional de la Zona Austral. Entre esos espacios se incluye la actualización de la proyección de la plataforma continental de las Islas Diego Ramírez, hasta y más allá el meridiano del Cabo de Hornos.

Largamente esperada, esta “actualización” debe también entenderse como una respuesta desde el Derecho Internacional y desde las aplicaciones geo-científicas a la pretensión argentina que, desde abril de 2009, afirma soberanía sobre suelo, subsuelo y ecosistemas bénticos de varios miles de kms2 que -conforme con el Art. 77 de la Convención de Naciones sobre el Derecho del Mar- son parte de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

En ese mismo contexto, el nuevo Decreto chileno debe entenderse como una respuesta legal y diplomática a una reciente ley del Senado argentino que ha sancionado la pretensión de 2009, no obstante que, al menos desde mayo de 2020, por la vía diplomática Chile ha hecho ver con detalle la improcedencia legal y geopolítica de tal medida.

Sobre este último asunto la opinión pública ya está familiarizada con el muy extenso reclamo de territorios submarinos presentado en abril de 2009 por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ante un organismo internacional en Nueva York. Se trata de un reclamo que, junto con archipiélagos del Atlántico Sur administrados por el Reino Unido, incluye parte medular de la Antártica Chilena y, además, una “medialuna” de aproximadamente 9.000 kms2 de suelo, subsuelo y recursos bénticos chilenos situados dentro de la proyección legal de nuestras islas Diego Ramírez. Esto, porque si bien el Tratado de Paz y Amistad de 1984 impone una restricción a la proyección de nuestra Zona Económica Exclusiva, esta limitación no es aplicable a nuestra plataforma continental (tal como ésta está definida en el Derecho del Mar).

La evidencia indica que, aunque desde el inicio el Gobierno argentino estuvo consciente que dicho reclamo sobre territorios chilenos tendría, tarde o temprano, un impacto negativo y directo sobre la relación bilateral con Chile, de todas formas decidió llevarlo adelante. Por lo mismo, entendemos que, desde el comienzo, Argentina estuvo dispuesta a enfrentar el efecto de su acción unilateral sobre el conjunto de la relación bilateral con nuestro país.

Hasta mayo de 2020 la pretensión argentina se benefició de una actitud contemplativa de la diplomacia chilena que, contenta con afirmar que el reclamo territorial argentino tenía “importancia ninguna” para nuestro país, prefirió ignorar que, si bien en estricto derecho esto es efectivamente así, en términos geopolíticos y políticos nuestros vecinos dan “por hecho” que “Naciones Unidas” ha validado su pretensión sobre dichos territorios submarinos chilenos.

A comienzos de mes nuestra Cancillería entregó al Gobierno argentino una nota en la que, con tono firme, volvió a precisar que mientras la reclamación argentina sobre plataforma continental antártica está statu quo (el Tratado Antártico está plenamente vigente), por otra las pretensiones de Buenos Aires sobre territorios chilenos (que el mapa del nuevo Decreto ilustra para disipar cualquier duda) no tienen efecto sobre los derechos soberanos de Chile.

Si bien de forma gráfica la nueva cartografía oficial chilena retrata esta realidad respaldada tanto en el Derecho Internacional como en la realidad geológica del Mar Austral Circumpolar, es inevitable que la misma produzca una reacción en el gobierno vecino. Otra vez: al menos desde 2009 Argentina sabe que esto debía ser así.

Ocurre que la proyección geo-legal que ilustra la nueva Carta del SHOA publicada en el Diario Oficial  hace, por una parte, patente que, desde sus territorios sudamericanos, Argentina carece total y absolutamente de proyección directa hacia el Mar Austral y la Antártica y, por otra, hace evidente que Chile sí tiene una continuidad geográfica que, empleando ciertas fórmulas del Derecho Internacional, deben permitir comprobar de forma empírica nuestra proyección natural hacia y desde la tierra firme antártica.

Desde la perspectiva argentina, el Decreto y la Carta chilena de 2021 importan un traspié estructural para las pretensiones geopolíticas que desde comienzos del siglo XX dicho país intenta construir en esa región del mundo.

Desde la perspectiva chilena, la voluntad política que representa el Decreto de 23 de marzo debe entenderse como el punto de partida de un esfuerzo que debe convocar al conjunto de la sociedad chilena para, conforme con el Derecho Internacional y las ciencias aplicadas del siglo XXI, comprobar el concepto geo-legal y geo-estratégico que afirma el Decreto Antártico de 1940: Chile es una continuidad desde sus espacios sudamericanos hasta/desde sus espacios polares, ergo, que el Mar Austral Circumpolar Chileno y el Territorio Chileno Antártico son una sola unidad comprendida bajo la figura político-administrativa de nuestra Provincia Antártica. Bien por Chile.

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PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL

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Fuente:  Página web del medio digital El Mostrador.

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COLUMNA DE OPINIÓN

El Líbero

Carlos Alberto Montaner: Por qué han fracasado el comunismo y el fascismo

Publicado el 14 de agosto de 2021

Carlos Alberto Montaner

Periodista y escritor

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Una respuesta evidente es porque comunistas y fascitas hacen al Estado el objeto de todos los desvelos y se olvidan de los individuos y de sus sueños.

Ante los sucesos del 11 de julio, si yo fuera un comunista cubano, inevitablemente me haría la siguiente pregunta: ¿por qué el comunismo y el fascismo, su primo hermano, no funcionan y destruyen minuciosamente a las sociedades que recurren (o les es impuesto) ese modelo de gobierno?.

Al margen de los intereses personales, o la bárbara razón testicular, una respuesta evidente es porque hacen al Estado el objeto de todos los desvelos y se olvidan de los individuos y de sus sueños. Porque comunistas y fascistas dedican toda su energía a cancelar el impulso creativo de las personas, sustituyéndolo por los aburridos planes quinquenales, concebidos por burócratas sin alma que jamás toman en cuenta las necesidades reales de las gentes.

Ernesto (Che) Guevara no mentía en 1961 cuando vaticinó en Punta del Este que en una década Cuba alcanzaría y superaría a Estados Unidos en productividad. Lo decía por ignorancia. Por una limitación natural de sus lecturas. Sólo leía libros prosoviéticos o antiyanquis. O cuando Fidel Castro, el campeón de las iniciativas delirantes, anunció un quesoducto que abastecería al planeta de un camembert mejor y más barato que el francés. Tampoco era un embustero ni un loco. Eso sí: desvariaba, producto de la ignorancia supina que padecía.

Vilfredo Pareto, sin proponérselo, dio con el origen de la desigualdad. No era una ley y ni siquiera un “principio”. Era una observación inteligente y aproximada. En los días que corren no es políticamente correcto afirmar el “principio” de Vilfredo Pareto, conocido como 20-80. Hoy, debido a la supersticiosa búsqueda de la igualdad por encima de todo, no se hubiera podido formular ese apotegma. (Pareto fue un ingeniero, matemático y filósofo italiano. Enseñó Economía en Lausana, Suiza, a fines del siglo XIX y se adentró en el XX. Heredó, por cierto, la cátedra de Léon Walras).

Decir que el 80% de las consecuencias era producido por el 20% de las causas es hoy muy peligroso socialmente. Por ese hilo se llegaba al ovillo de que el 20% del capital de las familias italianas acaparaba riquezas semejantes al 80%. O de que el 20% de los productos generaban el 80% de las ventas en casi cualquier empresa. O de que los mejores vendedores “cerraban” el 80% de las ventas. O, más grave aún: que el 20% de las personas contaba con un espíritu emprendedor que no estaba presente en el 80% restante.

Quince de las personas más ricas del mundo, de acuerdo con la revista Forbes, responden a ese carácter emprendedor. Entre ellos poseen el capital capaz de eliminar la deuda externa de México o Argentina. El primero es Jeff Bezos, el creador de Amazon. Tiene, 177 billions (millardos en español). Elon Musk le sigue de cerca. Probablemente pronto lo sobrepase. Posee 151 billions. Comenzó por PayPal, luego creó Tesla y SpaceX entre otras empresas. El tercero en la lista es el francés Bernard Arnault. Se dedica a vender artículos de lujo. Forbes le calcula 150 billions. El cuarto (fue el primero durante algunos años) se llama Bill Gates y poseyó la mayor parte de las acciones de Microsoft. “Vale” 124 billions. Hoy está consagrado a la filantropía. El quinto es Mark Zuckerberg; su fortuna depende del valor de Facebook, pero el precio de sus acciones alcanza los 94 billions.

No sigo por no hacer esta crónica muy aburrida. Entre los quince, hay una mujer, la heredera de L’Oreal, dos chinos, un hindú, y un español, Amancio Ortega (el onceno), quien creara las tiendas Zara. La mayor parte se dedica a la tecnología y la computación, pero no hay duda de que hicieron sus fortunas en el mercado, haciendo crecer el pastel y no devorando el capital de otras empresas.

Hago esta salvedad porque el mayor de los errores procede de la mentalidad mercantilista, y consiste en responsabilizar a estas personas con la quiebra de ciertos empresarios desdichados, algo que pudo suceder en algún caso, pero como parte del ciclo de “creación destructiva” que explicara magistralmente Joseph Schumpeter. La mayoría de las fortunas se ha amasado con la sangre, el sudor y las lágrimas de los “capitanes de industrias”, como decía el polígrafo escocés Thomas Carlayle en el siglo XIX para explicar su “Teoría del Gran Hombre”.

Basta con contrastar las dos Coreas, recordar lo que fueron las dos Alemania y saber que Rumanía, lejos de sufrir un embargo norteamericano, tenía trato de “nación más favorecida” por los Estados Unidos, lo que no impedía que fuese un sitio espantoso para vivir. Recuerdo a una diplomática rumana, que estuvo en La Habana casada con un diplomático gringo de la entonces “Oficina de Intereses”; Me dijo, para mi sorpresa: “Es mucho peor que Rumanía”. Tenía razón. El 11 de julio se pudo ver.

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Fuente:  Página web del Medio digital El Líbero.

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ENSAYOS ASUNTOS PÚBLICOS

El Líbero

Juan Egaña y la fundación del Instituto Nacional

Publicado el 10 de agosto de 2021

Alejandra Saelzer y Agustín Ovalle

Editorial Tanto Monta

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A 208 años de la fundación del “primer faro de luz de la nación”, resulta interesante volver a examinar la visión de uno de sus más grandes impulsores.

Chile, como el resto de los reinos de la Corona Española, vivía tiempos convulsionados, empezando recién a proyectarse como república. Es en esta época —la denominada Patria Vieja— donde toma forma el Instituto Nacional, un 10 de agosto de 1813; centro educacional creado con el fin de “dar a la patria ciudadanos que la defiendan, la dirijan, la hagan florecer y le den honor” –en palabras de fray Camilo Henríquez—. Uno de sus impulsores fue don Juan Egaña Risco (1786-1836), quien ya en 1810 manifestaba el imperativo de su creación, a través de su Plan de Gobierno, así como en sus proyectos constitucionales de 1811 y 1813. Hoy, a 208 años de la fundación del “primer faro de luz de la nación”, resulta interesante volver a examinar la visión de uno de sus más grandes impulsores.

La república “egañiana”

Nació en Lima, donde estudió Cánones y Leyes. Posteriormente, se radicó en Chile para enseguida convalidar su título como abogado en la Real Universidad de San Felipe y luego dar cátedra de Elocuencia doctrinal, Oratoria y Panegírica en el Instituto Nacional. Es fundamentalmente conocido por su trayectoria política y su labor como redactor de las constituciones de 1811, 1813 y 1823, por las cuales también se le critica un supuesto exceso de “moralismo”. Por ese legado se le considera como uno de los “próceres de pluma” de la patria. Otra faceta (la menos estudiada) es la literaria. Escribió muchísimo sobre organización política, educación, derechos políticos y economía, entre otras materias. De las anteriores sin duda destaca su desarrollada idea sobre educación y el rol primordial que ésta jugaba en la conformación de la República.

Para entender de buena manera su pensamiento en torno a la educación, es necesario primero estar al tanto del régimen político que defendía y la relación que tenía con esta. Egaña, en los albores de la revolución de independencia, abogaba por un régimen monárquico constitucional federal, lo cual no implicaba una separación completa con España, sino gozar de mayor autonomía (autogobierno) manteniendo la fidelidad al rey. Con el transcurrir del tiempo, lo belicoso de los sucesos y la radicalización del discurso con un tono independentista, se resuelve por lo que consideró el mejor de los sistemas de gobierno para ese momento: la república.

Egaña optó por el régimen republicano influenciado por la lectura de los clásicos: Platón, Aristóteles y Cicerón, además de ilustrados como Rousseau, Montesquieu y Filangieri. La lectura de estos autores derivó en una idea de “república” que implicaba la unión de libertad (democracia), concentración del poder (oligarquía) y mérito (aristocracia). El régimen “egañiano”, en todo caso, “nunca fue democrático o representativo, sino aristocrático” (Javier Infante, Antiguo Régimen e Ilustración en Juan Egaña, p. 159), aunque no debemos aquí entender “aristocracia” en un sentido nobiliario o de nivel socio-económico, como se suele entender hoy, sino como “el gobierno de los mejores”, lo cual implicaba que no habría más requisitos para ser parte de aquella aristocracia que ser un hombre virtuoso. He ahí una clave en el pensamiento de Egaña: la República que él imaginaba se sostenía por la virtud de sus gobernantes, y la virtud se adquiría —según él— mediante la ley, la religión y la educación.

A lo anterior, que podríamos denominar como “una república basada en el gobierno de los virtuosos o educados”, se suma otra perspectiva de la república “egañiana”, y es que, como buen ilustrado, creía que uno de los principales objetivos del Estado era proveer educación a sus súbditos bajo la idea de que “un Pueblo únicamente puede ser feliz con alguna ilustración y moralidad general” (Juan Egaña, Reflexiones sobre el mejor sistema de educación que puede darse a la juventud de Chile, escrita por superior orden del Congreso Legislativo del reino). Así las cosas, se daba una especie de necesidad mutua, puesto que la república se sustentaba en la virtud (educación) a la vez que la república (el Estado, más específicamente) velaba por la educación de las personas; ninguna se concretaría de buena manera sin la otra.

Ley, religión y enseñanza

La educación, para Juan Egaña, cumplía la misma función que la ley y la religión: formar a los ciudadanos en la virtud, a quienes en un futuro gobernarán el país. Sobre el carácter educativo de la ley, pensó que “los gobiernos deben cuidar de la educación e instrucción pública, como una de las primeras condiciones del pacto social (…). En fuerza de esta convicción, la ley se contraerá especialmente a dirigir la educación y las costumbres en todas las épocas de la vida del ciudadano” (Sesiones de los Cuerpos Legislativos, Tomo I, p. 214). De esta forma, el carácter de la ley sería, por sobre todo, educativo: la ley educa. Esto se puede entender por la demarcación de ciertas conductas morales que la ley va realizando en la conciencia de las personas; al permitir, mandar o prohibir (y el consiguiente castigo por el incumplimiento de estas dos últimas) se le va señalando a la sociedad, en alguna medida, lo que es bueno y malo.

Respecto a la religión, Egaña la consideraba una herramienta que debía ser usada por el gobierno para que las virtudes se arraiguen en los ciudadanos, y para asegurarse de esto debía estar constantemente supervigilada. Aunque la idea utilitarista de la religión al día de hoy pueda parecer errónea, dada la separación que existe entre Iglesia y Estado, para entenderla se debe considerar la estrecha relación entre ambas instituciones en aquel tiempo y su trabajo en conjunto por un fin común, por ejemplo, en el contexto educacional: la primera hacía fortalecer la disciplina individual, y el segundo centraba sus pretensiones en asegurar la libertad de los individuos.

Otra idea interesante respecto a esta misma materia es la necesidad de la “uniformidad religiosa” para la conservación de la patria. Egaña plantea que “sin religión uniforme se formará un pueblo de comerciantes, pero no de ciudadanos” (Sesiones de los Cuerpos Legislativos, Tomo I, p. 250), lo cual se puede interpretar de la siguiente manera: la religión, al igual que la ley, aporta ciertas virtudes (obediencia a la autoridad, servicio al prójimo, cuidado del débil, etc.) y una determinada visión común de la vida y su fin a los creyentes; en ese sentido es que la religión también educa. Sin uniformidad religiosa (sin orden, sin una misma visión), entonces, sería impracticable la convivencia social, el patriotismo y el civismo, lo cual es signo de debilidad. Quizás es ilustrativo pensar en grandes naciones (Grecia, Roma, España, Francia, Estados Unidos y cuántas otras) y analizar si sus apogeos coinciden con los momentos en que sus habitantes comparten una misma religión, visión o costumbres en común.

Egaña deja plasmado su pensamiento en torno a la relación entre educación y religión en el Código Moral, designado por la Constitución de 1823 (de la cual fue redactor) para regular justamente dichos asuntos.

Resulta especialmente deslumbrante la visión que tuvo Egaña sobre la educación propiamente tal, tan distinta a la que hoy en día impera. Quien ha trabajado este aspecto (y varios otros) del personaje ha sido Javier Infante, en Antiguo Régimen e Ilustración en Juan Egaña, donde explica que “Egaña buscaba influir, mediante la educación, en la formación de un hombre nuevo (…) formado únicamente en la virtud y moral del hombre ilustrado” (pág. 153). Para realizar esta tarea, la educación debía basarse principalmente en la Filosofía Moral, que en palabras de Egaña es “la ciencia de gobernar las pasiones” (Discurso sobre el mejor sistema de educación nacional). Sobre todo, creía que eran las humanidades las que permitían la correcta formación del espíritu y posibilitaban el pensamiento crítico en las personas, y que una educación basada en el libre pensamiento sentaba bases integrales que a posteriori les permitían desarrollarse de buena manera en diversos campos y al mismo tiempo (Javier Infante, Antiguo Régimen e Ilustración, p. 162-163).

Familiarizado con los Clásicos, Egaña argüía a favor de la enseñanza de la Gramática Latina y la Lógica en las escuelas, por “promover la enseñanza del razonamiento, el aprecio por la estética, la conciencia moral y la tendencia a la emulación de las bellas acciones basadas en la virtud” (Javier Infante, Antiguo Régimen e Ilustración, p. 165). Resulta curioso ver el abismo que separa el razonamiento en torno a la educación entre aquella época y la nuestra, puesto que antes la enseñanza tenía como fin la virtud, “el hombre bueno”, ocupando como medios las humanidades (lenguas y literatura clásicas, retórica, lógica y música, por ejemplo) y hoy se observa una clara tendencia a una educación “práctica”: los alumnos adquieren un cierto conocimiento técnico (para dar una buena PTU, por ejemplo) usando como medios fórmulas matemáticas, aprendiendo técnicas de respuesta y ciertas reglas lingüísticas o memorizando hechos pasados, pero impidiéndoles, al fin y al cabo, adquirir un libre pensamiento.

Sería vago, sin embargo, instalar la idea de que Egaña únicamente promovía la educación humanista, al contrario, para él la educación se dividía en cuatro clases, a saber: “1) Moral práctica y costumbres cívicas. 2) Ciencias. 3) Artes. 4) Gimnástica o ejercicios que proporcionen salud, vigor y agilidad.” (Código Moral, art. 88).

Crítica historiográfica. Rescate del personaje y el modelo moralizador

A modo de síntesis o con el afán de abarcar mayor conocimiento se tiende a simplificar la historia y el pensamiento de los hombres, los cuales, como seres dinámicos y activos, son muchas veces complejos de entender. Esto sucedió de cierta forma con Juan Egaña: se le caracterizó de utópico y excesivamente moralista, dejando de lado la lógica y profundidad que implican sus postulados. Javier Infante comenta la causa: “se debe a que se tomó en cuenta sólo la forma y no el fondo de sus escritos perdiendo la profundidad y el valor de su obra y quedando en muy bajo puesto dentro de la historiografía nacional” (Javier Infante, Muy Señor mío, p. 28). Por otro lado, Mario Góngora cree que el enjuiciamiento posterior de tipo histórico-político no debe impedir la comprensión y valoración del pensamiento utópico en sí mismo, su interna coherencia, en su significación como símbolo de un momento histórico y, por último, también en su paradójica fecundidad, siendo necesario el pensamiento como el de Egaña para tal momento histórico y social (Mario Góngora, El rasgo utópico en el pensamiento de Juan Egaña, p. 96).

Debemos hacer justicia a uno de los padres de pluma de la patria, y valorar su pensamiento político educacional ya que su lectura no deja de ser vigente y estimulante para el debate actual, sobre todo si entendemos que “el verdadero hombre de Estado extiende su imperio más bien sobre las voluntades que sobre las acciones, sobre los hábitos más que sobre las leyes” (Mario Góngora, El rasgo utópico en el pensamiento de Juan Egaña, p. 104).

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Fuente:  Página web del Medio digital El Líbero.

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COLUMNA DE OPINIÓN

El Líbero

Originarios somos todos, pero no todos somos terroristas

Publicado el 6 agosto, 2021

Eleonora Urrutia

Abogada

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La historia universal evolucionó gracias al revoltijo y a la amalgama. Finalmente, todos tenemos un mismo origen y trazar la línea como originaria hace cinco o hace quince siglos es totalmente arbitrario. 

Decía Laclau que quien domina las palabras acaba por mandar, ya que no es un misterio la relación entre poder y lenguaje. Porque las palabras logran que las personas piensen de determinada manera y, por ende, actúen de la forma en que piensan, es que los socialistas deben apropiárselas. Así, provocan una fuerte deriva hacia la degradación del lenguaje porque los nuevos vocablos son adrede ambiguos, absurdos y con significados apartados de la realidad que, en teoría, pretenden enderezar. Si bien es cierto que la lengua es un ente vivo que refleja cambios en los usos y valores de una sociedad, los cambios forzados o la manipulación de las palabras, impulsados de arriba hacia abajo por la maquinaria estatal o por grupos minoritarios de presión que pretenden arreglar el mundo diseñando burocráticamente un lenguaje según su propio marco moral, no pueden justificarse.

En los últimos años, ninguna de las conquistas del progresismo ha venido como consecuencia de movimientos y demandas de masas. En términos del lenguaje, los nuevos vocablos surgen como imposición de una élite encumbrada, más allá que grandes sectores de la sociedad abracen acríticamente esos dogmas que marca la agenda totalitaria, ya sea por pereza, miedo a ser señalados o desconocimiento, dificultando su reconocimiento y refutación.

En este contexto surge la narrativa de los “pueblos originarios”, que inmediatamente alude a una legitimidad de origen que asistiría a quienes son merecedores de tal etiqueta, y con ella quedarían a salvo de cualquier objeción. Una mezcla de interpretaciones maniqueas de los hechos históricos, un anacronismo ideológico y bastante fantasía literaria han transformado en un ideal el supremacismo moderno abrazado por el progresismo, que determina a las personas, definiéndolas por su raza y su línea sanguínea; difícil encontrar una visión de la humanidad más racista. El individuo no vale como tal sino en función de la etnia a la cual pertenece, lo que constituye una terrible sentencia, pero cobra fuerza por la necesidad de la izquierda de reinventarse en la gerenciación de luchas a las que jamás había prestado atención pero que, en la actualidad, le son muy útiles.

En la narrativa de los “pueblos originarios”, el epítome del mal sería el descubrimiento de América, aunque se base en un relato infantil de un paraíso de paz y cordialidad sólo interrumpido por el arribo de los españoles que con saña habrían asesinado a millones de indígenas por gusto, generando una pobreza y sometimiento que no se ha podido revertir en cinco siglos. Esta reescritura de la historia tiene un claro componente racista, ya que niega la fusión del nativo y el europeo, que fueron la cuna de la sociedad criolla de la que somos los americanos sus orgullosos frutos, y fomenta el desprecio al mestizaje. Pero a la vez es una visión profundamente xenófoba en la medida que exalta el pasado precolombino y denigra la historia, cultura y civilización producida precisamente durante estos cinco siglos en los que nos forjamos como sociedad y en los que intervinieron muchos y muy diferentes pueblos y razas, cada uno aportando su legado en la formación de lo que hoy somos. 

Por otra parte, lo que el relato indigenista oculta es que los indios son tan protagonistas de la Conquista como los propios españoles. Colón nada hubiera logrado sin el apoyo de los taínos. Cortés hubiera sido insignificante frente a los aztecas de Moctezuma sin la ayuda de sus enemigos, los tlaxcaltecas, y Pizarro jamás habría conquistado una piedra sin los tallanes, los huancas y los chachapoyas. Los pueblos indígenas que se aliaron a los conquistadores no eran idiotas encantados por espejitos de colores, tal como reza el relato, sino que se unieron a los españoles porque eran salvajemente esclavizados y asesinados por los caribes, los aztecas y los incas; se trató de supervivencia. Los grandes imperios precolombinos eran salvajes conquistadores y su caída fue el producto de una selección cualitativa de las comunidades dominadas, sumada a la superioridad tecnológica y cultural de los vencedores. Desde luego todo proceso histórico conquistador o colonizador conlleva el uso de la violencia y de las armas. Si bien el Imperio Romano invadió y conquistó España desde el siglo III A.C., arrasando y aniquilando los habitantes de la Península Ibérica, a nadie se le ocurriría hoy decir que Roma es la culpable de la aniquilación de España y del sometimiento injusto de ese pueblo, porque la historia es al final una sucesión de conquistas.

El terrorismo bajo el neologismo “conflicto mapuche”

Otra palabra que los progresistas han puesto de moda es el “conflicto mapuche”, con lo que quieren aludir a una disputa entre dos partes, como si hubiera algún dilema a resolver del que la sociedad sería tributaria. Lo que esconde el uso de este neologismo, en cambio, es que se trata de actos de terrorismo que activistas en nombre del pueblo mapuche, despliegan en el sur chileno y argentino. Esto nada tiene que ver con la existencia de un problema con los mapuches como pueblo; estarían logrando su propósito si los identificamos con estos criminales. El accionar de estos grupos, siempre violento, incluye ocupación de tierras, cortes de rutas, imposición de peajes, pero también secuestros, robo de ganado, asesinatos, torturas y enfrentamientos armados. El país sufre esta violencia con organizaciones que reivindican la lucha armada y de donde surge una peligrosa deriva: la pretendida Nación Mapuche -lo mismo sucede en la Argentina. Estas organizaciones son violentas pero no son idiotas: pretenden quedarse con pozos petrolíferos, zonas turísticas únicas y bosques sembrados con tecnología de punta.

El relato del supremacismo mapuche no difiere en su filosofía de otros similares, todos anticapitalistas, y aunque no todo indigenismo es segregacionista, nunca responde a los parámetros occidentales de la democracia liberal. Demandan del mundo moderno todos los privilegios, pero se despegan de sus obligaciones. El terrorismo desplegado en nombre de los mapuches, pero curiosamente inundado de progresistas, es la manifestación más escandalosa de esta filosofía y, ciertamente, la más acorde a la herencia del terrorismo marxista de la que hoy toman prestadas metodologías, dirigencia política y formas de financiación.

Por eso es que no viene al caso discutir si los mapuches estaban o no antes de la Constitución de la República de Chile, como tampoco interesa distinguir qué tribu masacró a otra, cuál anexionó a quién, ni si los separatistas violentos vienen de Chile o de Marte. Es más, resulta peligroso determinar la originariedad de unas u otras comunidades sin abrir de este modo las puertas a nuevos reclamos segregacionistas que podrían llevar a una espiral interminable. Porque la llegada de los primeros habitantes a Chile se produjo hace 15.000 años, a partir de las últimas glaciaciones (producto de cambios en el clima, dicho sea de paso, que es algo que ha existido siempre y en todos los casos sin la presencia siquiera del hombre en el planeta), que permitieron que se redujera el nivel de aguas en el estrecho de Bering para convertirse en un puente cruzado por grupos de Asia. Lo cierto es que desde la primera cultura Chinchorro a la dominación Inca hasta el norte del Río Maule, pasaron por el territorio chileno innumerables grupos humanos que fueron evolucionando merced a la conquista y al mestizaje, que llegaron de diversas partes del mundo para aportar su cultura, su trabajo y su esfuerzo. El debate acerca del derecho a bienes y servicios basado en la ascendencia indígena implica el rechazo a esa historia, y por consiguiente, a nuestra cultura. Desprecia la huella que, en los criollos, tiene el clásico grecorromano, la moral judeo-cristiana, el desarrollo científico del Renacimiento y el individualismo liberal que forja la República. La historia universal evolucionó gracias al revoltijo y a la amalgama. Finalmente, todos tenemos un mismo origen y trazar la línea como originaria hace cinco o hace quince siglos es totalmente arbitrario.

Hace ya dos siglos que los chilenos son chilenos y punto, todos con los mismos derechos. Lo que se está viviendo no es una reivindicación por un legado atroz e injusto cometido hace quinientos años, sino un extorsión montada sobre la utilización espuria de la lengua: algunos vivos bucean en alguna asimetría, no importa que tenga siglos de antigüedad, identifican un colectivo como víctima y le otorgan un halo de santidad bajo un neologismo, y se largan a gerenciar la lucha contra la supuesta hegemonía que amenaza su existencia. El conflicto queda reducido a un esquema binario, en este caso colonizador vs. indígena, y el enemigo es a quien se quiere aniquilar, siempre Occidente y su cultura. Los datos no importan. Lo importante es ser el dueño del más débil, de esa víctima de la sociedad, aunque ni la propia víctima se reivindique como tal.

Este reclamo delictual no existiría sin el aval o el dejar hacer estatal, por lo que la actual situación de caos no se habría dado si la clase dirigente no hubiera sembrado ese camino. No hay justificación para que el Estado financie organismos que se confabulan contra sus propias bases, que conspiran contra la igualdad ante la ley, que otorgan pertenencias arbitrarias basadas en la autopercepción y que abogan por estatutos jurídicos diferenciados según la raza o privilegios de sangre. La así llamada “cuestión mapuche” es una mascarada que encubre acciones criminales de unos pocos activistas terroristas, permitida o apoyada por algunos funcionarios que a estas alturas ya se va tornando habitual y lo que es peor, se va naturalizando. Tanto es así que hoy mismo Chile tiene una Convención Constituyente en la que que con poco más de 89.000 votos y siendo el grupo menos votado, los “pueblos originarios” ocupan 17 bancas gran parte de ellas de activistas, mientras que quienes representan a más de 504.000 sufragios -el grupo que le sigue en números de votos- solo ocupan 11 bancas, en las que se encuentran representados numerosos descendientes de indígenas que reclaman su derecho a ser reconocidos como chilenos y a disfrutar los beneficios de esa sociedad para la que ellos y sus antepasados han contribuido tanto como cualquiera de nosotros.

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Fuente:  Página web del Medio digital El Líbero.

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